STS, 24 de Septiembre de 2001
| Jurisdicción | España |
| Emisor | Tribunal Supremo, sala tercera, (Contencioso Administrativo) |
| Fecha | 24 Septiembre 2001 |
D. JUAN ANTONIO XIOL RIOSD. MARIANO BAENA DEL ALCAZARD. ANTONIO MARTI GARCIAD. RAFAEL FERNANDEZ MONTALVOD. RODOLFO SOTO VAZQUEZ
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veinticuatro de Septiembre de dos mil uno.
Visto por la Sección Cuarta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo el recurso de casación núm. 8345/95, interpuesto por el Letrado de la Administración de la Seguridad Social, en nombre y representación de la Tesorería General de la Seguridad Social, contra la sentencia, de fecha 19 de septiembre de 1995, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso de dicho orden jurisdiccional núm. 1317/95, en el que se impugnaba resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de 24 de febrero de 1993 sobre recaudación de la Seguridad Social. Ha sido parte recurrida el Abogado del Estado, en la representación que le es propia.
En el recurso contencioso administrativo núm. 1317/95 seguido ante la Sala de dicho orden jurisdiccional de la Audiencia Nacional se dictó sentencia, con fecha 19 de septiembre de 1995, cuyo fallo es del siguiente tenor literal: "PRIMERO DESESTIMAR el recurso contencioso administrativo interpuesto por la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de 24 de Febrero de 1993, de que se hizo suficiente mérito, por entender que es conforme a Derecho. SEGUNDO DESESTIMAR las demás pretensiones de la actora. TERCERO No hacer especial pronunciamiento sobre costas".
Notificada dicha sentencia a las partes, por el Letrado de la Administración de la Seguridad Social se preparó recurso de casación y, teniéndose por preparado, se emplazó a las partes para que pudieran hacer uso de su derecho ante esta Sala.
Dicha representación procesal, por escrito presentado el 1 de diciembre de 1995, formaliza el recurso de casación e interesa resolución que case la sentencia recurrida y se dicte otra más ajustada a Derecho.
El Abogado del Estado formalizó, con fecha 6 de abril de 1998, escrito de oposición al recurso de casación interesando su desestimación por contener la sentencia recurrida una doctrina ajustada [a Derecho].
Por providencia de 7 de junio de 2001, se señaló para votación y fallo el 18 de septiembre, en cuya fecha tuvo lugar el referido acto.
El recurso de casación se fundamenta en un único motivo formulado al amparo del artículo 95.1.4º de la Ley de la Jurisdicción de 1956, en la redacción dada por la Ley 10/1992, de 30 de abril (LJ, en adelante), que se concreta en infracción de los artículos 130 del Real Decreto 1999/1981, de 20 de agosto, por el que se aprobó el anterior Reglamento de Procedimiento de las Reclamaciones Económico Administrativas (RPEA, en adelante), y 447 de la Ley Orgánica del Poder Judicial LO 6/1985, de 1 de julio (LOPJ, en adelante). Dichas infracciones se atribuyen a la sentencia de instancia al confirmar la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC, en adelante) que inadmite el escrito presentado por Letrado de la Administración de la Seguridad Social, por el que se interponía recurso de alzada contra resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional del País Vasco, entendiendo que la legitimación para la interposición de dicho recurso correspondía exclusivamente, en lo que aquí interesa, al Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social e Interventor General de la Seguridad Social.
El desarrollo argumental del motivo, muy breve, se limita a señalar que el artículo 447 LOPJ otorga la representación y defensa de la Tesorería General de la Seguridad a los Letrados de la Administración de la Seguridad Social y, al ser una Ley Orgánica "debe tener general aplicación a todo el ordenamiento jurídico y eficacia en toda clase de Tribunales, incluso los órganos arbitrales como es el Tribunal Económico Administrativo" (sic). Y, por otra parte, el que el artículo 130.1 del RPEA atribuya legitimación para interponer los recursos de alzada ante el TEAC al Director General de la Tesorería no significa que prohiba "a este órgano administrativo valerse para la actuación procesal de los funcionarios del Cuerpo de Letrados de la Administración de la Seguridad Social... El Director General, como órgano administrativo al que se le confía la representación de la Tesorería por el Real Decreto 1314/84, está legitimado para interponer recurso de alzada ante el TEAC como tal representante de la Tesorería y en este carácter puede valerse para su actuación procesal de la representación prevista en el artículo 447 de la Ley Orgánica del Poder Judicial" (sic).
La argumentación expuesta no puede ser acogida y, en consecuencia, ha de rechazarse el motivo por las siguientes razones:
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Afirmar que los llamados Tribunales Económicos Administrativos, el TEAC en concreto, son tribunales en el sentido de órganos jurisdiccionales a los que les resulta de aplicación la LOPJ es no acertar al señalar su verdadera naturaleza jurídica que es la de órganos administrativos, no de gestión sino de resolución de reclamaciones (art. 90 de la Ley General Tributaria y 107.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común); esto es, órganos especializados dentro de la propia Administración. Y la reclamación económica administrativa era una vía específica para impugnar los actos, en este caso, de gestión recaudotaria de la Seguridad Social ante la propia Administración, que se erigía en vía previa de necesario agotamiento para acudir a la vía contencioso-administrativa.
Por consiguiente, ni desde el punto de vista orgánico, pues se trata de órganos encuadrados en la Administración -aunque mantengan una cierta independencia respecto de los órganos de gestión- ni desde el punto de vista funcional -ya que no ejercen potestad jurisdiccional (art. 117.3 CE)- puede considerarse a los Tribunales Económico-administrativos como órganos judiciales, y, por tanto, no puede sostenerse la aplicación directa de normas orgánicas o procesales que regulan los requisitos subjetivos para la comparecencia en juicio, o, más concretamente la representación y defensa del Estado y de los demás entes públicos en los procesos judiciales.
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La sentencia de instancia y, antes, la resolución administrativa confirmada hacen una correcta interpretación del artículo 130.1 del RPEA en la versión del Real Decreto 1999/1981, de 20 de agosto, que expresamente limitaba, en lo que aquí interesa, la legitimación para recurrir en alzada ante el TEAC al Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social e Interventor General de la Seguridad Social. Esto es, cuando era aplicable la vía económico-administrativa a los actos recaudatorios de la Seguridad Social, resultaban equiparadas, al determinar los órganos que podían interponer el recurso de alzada frente a las resoluciones de los Tribunales Económico-Administrativos Regionales, la Administración Tributaria y la Administración de la Seguridad Social; de tal manera que por disposición normativa expresa, cuando la propia Administración disentía de un acto también dictado por ella (aunque lo fuera por órganos de reclamación y no de gestión) y pretendía impugnarle en la propia vía administrativa era necesaria la constancia de la decisión de recurrir del mencionado Director General, sin que pueda confundirse legitimación o competencia para disponer la interposición del recurso de alzada con representación, como parece abocar la tesis que subyace en el motivo del recurso aducido.
Las anteriores razones justifican el rechazo del motivo de casación, la desestimación del recurso y la imposición legal de las costas a la parte recurrente.
Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey y por la potestad que nos confiere el pueblo español,
Que no acogemos el motivo casación invocado, por lo que declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Letrado de la Administración de la Seguridad Social, en nombre y representación de la Tesorería General de la Seguridad Social, contra la sentencia, de fecha 19 de septiembre de 1995, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso de dicho orden jurisdiccional núm. 1317/95; con expresa imposición de costas a la parte recurrente de acuerdo con la Ley.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACION.- Leída y publicada ha sido, la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, Don Rafael Fernández Montalvo, hallándose celebrando audiencia pública, ante mí, el Secretario Certifico.
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STSJ Galicia 189/2018, 6 de Junio de 2018
...de resolución de reclamacións; isto é, órganos especializados dentro da propia Administración. Véxanse tamén en análogos termos, as SSTS de 24 setembro 2001 ( RJ 2001, 9333), Recurso de Casación núm. 8345/1995, 23 febreiro 2002 ( RJ 2002, 2251), Recurso de Casación núm. 8358/1996, 16 setemb......