STS 550/1995, 10 de Junio de 1995

Estimada por la sentencia recurrida la acción de reclamación de filiación extramatrimonial ejercitada por doña Carmelaen nombre y representación de su hijo menor de edad, don Carmela, contra don Jesús Luis, se ha interpuesto el presente recurso de casación cuyo primer motivo, amparado el número 4º del art.1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, alega error en la apreciación de la prueba, citándose como documento que, según el recurrente, evidencia el pretendido error las diligencias previas instruidas por el Juzgado de Instrucción de Linares con el número 259 de 1975, unidas en cuerda floja a los autos. Es doctrina reiterada de esta Sala la de que carecen de idoneidad para servir de soporte documental a un motivo por error de hecho en la apreciación de la prueba, los testimonios de actuaciones penales y de atestados policiales (sentencia de 9 de julio de 1994 y las en ella citadas); doctrina jurisprudencial que conduce a la desestimación del motivo, no siendo obstáculo para ello que, en este caso, las actuaciones penales en que se apoya el recurso hayan sido unidas en cuerda floja y no por testimonio.

El motivo segundo, por el cauce procesal del ordinal 5º del art.1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, alega infracción del artículo 1214 del Código Civil. Tiene reiteradamente declarado esta Sala (sentencia de 14 de septiembre de 1994 y las que en ella se citan) que el artículo 1214 del Código Civil no contiene norma alguna sobre valoración de prueba, sino que simplemente regula la distribución de la carga de la misma entre las partes, por lo que su presunta infracción sólo puede ser invocado en casación cuando, ante la ausencia de prueba de un hecho concreto, la Sala "a quo" no haya tenido en cuenta dicha regla distributiva del "onus probandi" al determinar la parte que haya de soportar las consecuencias de esa falta de prueba, quedando casacionalmente vedada la invocación de dicho precepto cuando el Tribunal de instancia haya obtenido su convicción por cualquiera de la pruebas obrantes en los autos, con independencia de quien las haya proporcionado al Juzgador.

Es doctrina reiterada y uniforme de esta Sala, recaída en interpretación del artículo 135 del Código Civil, la de que en él se admiten dos clases de pruebas acreditativas de la filiación: las directas entre las que figura la llamada heredo-biológica o antropomórfica, y las indirectas o presuntivas, como indiciarias de la cohabitación sexual necesaria y suficiente para la procreación, de las que el citado precepto hace una enumeración abierta o "ad exemplum" (reconocimiento expreso o tácito, posesión de estado y convivencia con la madre en la época de concepción), para conceder en su último inciso la facultad de poner en juego el art.4.1 del Código Civil, en orden a permitir que se tomen en consideración "otros hechos de los que se infiera la filiación de modo análogo" (sentencias de 5 de octubre de 1992, 29 de marzo y 20 de octubre de 1993 y 16 de julio de 1994, entre las más recientes).

Deducida de las pruebas aportadas a los autos la existencia de unas relaciones sexuales ente la actora y el demandado-recurrente en tiempo hábil para la procreación del menor cuya filiación paterna se reclama, es claro que la sentencia combatida no altera la carga de la prueba que pesa sobre cada una de las partes litigantes al hacer recaer sobre el demandado las consecuencias de una falta de prueba desvirtuadora de la indiciaria obrante en autos que, unida a la negativa del demandado a someterse a la prueba biológica, negativa carente de fundamento y que no puede basarse en la vulneración o ataque a derechos fundamentales, como tiene reconocido tanto esta Sala como el Tribunal Constitucional, ha llevado a la Sala sentenciadora de instancia a declarar la paternidad propugnada en la demanda. Por todo ello, procede la desestimación de este segundo motivo.

La desestimación de los dos motivos del recurso determina la de éste en su integridad con las preceptivas consecuencias que en orden a la imposición de costas y pérdida del depósito establece el art.1715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

La Procuradora Dª María Dolores Blesa de la Parra en nombre y representación de D. Jose Carlosy Dª María Luisa, formuló ante el Juzgado de Primera Instancia número Cuatro de los de Linares, demanda de juicio declarativo ordinario de menor cuantía contra Banco de Financiación Industrial, S.A. (INDUBAN), sobre reclamación de cantidad, alegó los hechos y fundamentos de derecho que constan en autos y terminó suplicando en su día se dicte sentencia por la que se declare: 1º Que D. Jose Carloses titular de la concesión administrativa de navegación aérea y servidumbre constituida sobre la finca rústica propiedad de la sociedad demandada Banco de Financiación Industrial, S.A. (INDUBAN), sita al pago de "DIRECCION000", término municipal de Bailén, con una cabida de diecisiete hectáreas, noventa áreas y ochenta y siete centiáreas, inscrita en el Registro de la Propiedad de La Carolina, al Tomo NUM000, Libro NUM001, Folio NUM002vto., finca NUM003, inscripción NUM004.- 2º Que la sociedad demandada viene obligada a soportar sin menoscabar de modo alguno el uso de la servidumbre y la concesión administrativa.- 3º Que se adopten las medidas judiciales oportunas que eviten la persistencia del abuso, consistente en la perturbación de la posesión, uso y disfrute del derecho de D. Jose Carlos.- 4º Que se condene a la sociedad demandada a indemnizar a los demandantes los daños y perjuicios causados.

Admitida la demanda y emplazada la demandada, se personó en autos la Procuradora Dª Julia Torres Hidalgo en nombre y representación de Banco de Financiación Industrial, S.A. (INDUBAN); quién contestó a la demanda, oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que constan en autos y terminó suplicando en su día se dicte sentencia por la que se rechacen todas las peticiones de los actores condenándoles en costas por su temeridad.

Convocadas las partes para comparecencia, se celebró en el día y hora señalados con los resultados que constan en autos. Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente y figura en las respectivas piezas separadas. Unidas a los autos las pruebas practicadas, se entregaron los mismos a las partes para conclusiones.

El Ilmo. Sr. Juez de Primera Instancia de Linares dictó sentencia en fecha dieciocho de Junio de mil novecientos noventa y uno, cuyo fallo es el siguiente: "Que desestimo íntegramente la demanda presentada por la Procuradora de los Tribunales Dª Mª Dolores Blesa de la Parra, en nombre y representación de D. Jose Carlosy María Luisa, contra el Bando de Financiación Industrial S.A. debiendo satisfacer la parte actora las costas del presente procedimiento."

Apelada la sentencia de primera instancia por D. Jose Carlosy Dª María Luisa, la Audiencia Provincial de Jaén dictó sentencia en fecha cuatro de Febrero de mil novecientos noventa y dos, cuya parte dispositiva a tenor literal es la siguiente: "Que desestimando el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia num. 4 de Linares, con fecha 18 de Junio de 1.991, en autos de juicio de menor cuantía seguidos en dicho Juzgado con el Num. 6 del año 1991, debemos de confirmar y confirmamos la misma en todo su sentido, por ser ajustada a derecho, imponiendo las costas de esta alzada al apelante Don Jose Carlos."

El Procurador de los Tribunales D. Antonio Pujol Ruiz en nombre y representación de D. Jose Carlos, interpuso recurso de casación con apoyo en los siguientes motivos: PRIMERO.- Al amparo del nº 1º del art. 1692 de la L.E.C. por incidir la sentencia recurrida en exceso en el ejercicio de la jurisdicción por inobservancia de lo dispuesto en el art. 74 de la misma citada Ley Procesal Civil. SEGUNDO.- Se interpone por el nº 3º del art. 1692 de la L.E.C., por infracción del art. 372.2 de esta Ley procesal y art. 248.3 y 4 de la L.O.P.J., normas reguladoras de las sentencias, que se consideran infringidas por la recurrida. TERCERO.- Se fundamenta en el nº 1º del art. 1692 de la L.E.C., por abuso en el ejercicio de la jurisdicción en el que incide la sentencia recurrida. CUARTO.- Al amparo del nº 5º del art. 1692 de la L.E.C., por infracción de las reglas octavo y decimotercera del art. 131 de la L. Hipotecaria y párrafo segundo del art. 133 de la misma Ley, normas que no aplica la sentencia recurrida para resolver las cuestiones objeto de debate. QUINTO.- Se fundamenta en el nº 5º del art. 1692 de la L.E.C., por falta de la debida congruencia de la sentencia con la demanda y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito. SEXTO.- Al amparo del nº 1º del art. 1692 de la L.E.C. por defecto en el ejercicio de la jurisdicción por cuanto la sentencia recurrida se inhibe del conocimiento del objeto litigioso en infracción de lo dispuesto en los arts. 51 de la L.E.C. y concordantes al art. 22.1 y 2º de la L.O.P.J. SEPTIMO.- Al amparo del nº 5º del art. 1692 de la L.E.C. por infracción del art. 551 del C.c., como precepto aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate.

Admitido el recurso y evacuado el trámite de instrucción, se señaló para la celebración de la vista, el día 24 de Mayo de 1995.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. FRANCISCO MORALES MORALES

El proceso de que este recurso dimana fué promovido por los esposos D. Jose Carlosy Dª María Luisacontra la entidad mercantil Banco de Financiación Industrial, S.A. (INDUBAN), en el que postularon se dicte sentencia por la que se declare: 1º Que D. Jose Carloses titular de la concesión administrativa de navegación aérea y servidumbre constituida sobre la finca rústica propiedad de la sociedad demandada Banco de Financiación Industrial, S.A. (INDUBAN), sita al pago de "DIRECCION000", término municipal de Bailén, con una cabida de diecisiete hectáreas, noventa y seis áreas y ochenta y siete centiáreas.-2º Que la sociedad demandada viene obligada a soportar sin menoscabar de modo alguno el uso de dichas concesión administrativa y servidumbre conforme a la naturaleza de los servicios e instalaciones del "Aeródromo DIRECCION001" para la entrada y salida de aeronaves y demás servidumbres que se constituyan por la Administración Pública referentes al área de maniobra y al espacio aéreo de aproximación que afectan a la finca propiedad de la sociedad demandada INDUBAN, al sitio de "DIRECCION000".- 3º Asimismo, se adopten las medidas judiciales oportunas que impidan la persistencia en el abuso, consistente en los actos perturbadores de la posesión, uso y disfrute del derecho del que es titular legítimo el demandante D. Jose Carlos, ejecutados por la sociedad demandada que ha tomado posesión violenta y en contra de la voluntad de su dueño, de las instalaciones del "Aeródromo DIRECCION001" desde el día veintidós de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve.- 4º Y se condene a la sociedad demandada Banco de Financiación Industrial, S.A. (INDUBAN) a indemnizar a mi mandante por los daños y perjuicios que le han sido irrogados en la cuantía que se determine en el período de ejecución de sentencia.

En dicho proceso, en su grado de apelación, recayó sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén, por la que, confirmando la de primera instancia, desestima todos los pedimentos de la demanda.

Contra la referida sentencia de la Audiencia, el demandante D. Jose Carlosha interpuesto el presente recurso de casación, que articula a través de siete motivos.

Para poder resolver adecuadamente la muy atípica cuestión que se somete a esta revisión casacional, determinada dicha atipicidad por las muy peculiares y no fácilmente comprensibles connotaciones que presentan, sobre todo, los dos primeros pedimentos de la demanda (que anteriormente han sido transcritos), en relación con la cuestión que verdaderamente, aunque de forma indirecta, velada e, incluso, capciosa, pretende el demandante plantear a través del proceso de que este recurso dimana, se estima necesario invertir el orden de estudio de los dos primeros motivos del recurso, comenzando por el segundo de ellos.

Por dicho motivo segundo, con residencia procesal en el ordinal tercero del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y denunciando textualmente "infracción del artículo 372 de esta Ley procesal y artículo 248.3 y 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, normas reguladoras de las sentencias, que se consideran infringidas por la recurrida", el recurrente acusa a la sentencia impugnada de no haber realizado declaración de los hechos que considera probados, con lo que, según dice, le ha causado indefensión.

La resolución del presente motivo ha de venir determinada por las consideraciones que a continuación se exponen. Es cierto, como ya declaró esta Sala en Sentencia de 17 de Marzo de 1994, que los juzgadores de la instancia han de fijar concretamente, aunque lo hagan a través de los distintos fundamentos jurídicos de su sentencia (no dedicando a ello, necesariamente, un párrafo o fundamento específico y separado), cuáles son los hechos, de entre los alegados por las partes y debatidos en el proceso, que consideran probados, al constituir ello la premisa fáctica ineludible del juicio mental o silogismo correspondiente (la otra de cuyas premisas es la norma jurídica aplicable) para poder obtener, a través del mismo, la conclusión resolutoria adecuada que, dentro de los límites configuradores de la congruencia ("causa petendi" y "petitum" de los respectivos escritos rectores de las partes), decida o resuelva todas las cuestiones de hecho y de derecho debatidas en el proceso, de tal manera que si la sentencia prescinde en absoluto de la previa e ineludible concreción o fijación de los hechos que considera probados (o no probados) ha de entenderse que carece de motivación, con la consiguiente indefensión para la parte a la que perjudica el "fallo" pronunciado, cuya fijación o concreción fáctica, en su totalidad, no puede ser hecha por esta Sala, pues ello entraña una necesaria valoración de toda la prueba practicada en el proceso, lo que es totalmente ajeno a esta vía casacional, al no ser este recurso extraordinario una tercera instancia. Distinto supuesto del que acabamos de expresar (carencia total y absoluta de fijación o concreción de los hechos que la sentencia recurrida considera probados) es aquél en que la referida sentencia parte de unos hechos que tiene por probados, pero no los explicita con la necesaria e, incluso, exigible amplitud o concreción, pues en dicho caso esa falta de suficiente y adecuada explicitación puede ser completada por esta Sala mediante su facultad integradora del "factum" (Sentencias de 2 de Junio de 1981, 15 de Julio de 1983, 17 de Marzo de 1987, 8 de Octubre de 1988, 8 de Febrero de 1991, 11 de Julio de 1992, entre otras). Este último es el supuesto aquí contemplado, pues la sentencia recurrida, aunque con poco afortunada redacción, tiene en cuenta unos hechos que considera probados, pero no los expresa clara y suficientemente, por lo que esta Sala habrá de completarlos, haciendo uso de la aludida facultad que corresponde, como seguidamente se hará, por lo que el referido motivo segundo ha de ser desestimado.

Los hechos probados de que, con muy deficiente explicitación, parte la sentencia recurrida, completados adecuadamente por esta Sala, a virtud de la ya dicha facultad integradora del "factum" que le corresponde, son los siguientes: 1º D. Jose Carlosera propietario, con carácter ganancial, de diversas fincas rústicas, colindantes entre sí, denominadas "DIRECCION000", en término municipal de Bailén, todas las cuales sumaban una extensión superficial de diecisiete hectáreas, noventa y seis áreas y ochenta y siete centiáreas.- 2º Sobre una parte no concretada de alguna de dichas fincas rústicas de su propiedad, D. Jose Carlos, con la debida autorización administrativa, instaló un aeródromo privado y, con fecha 26 de Octubre de 1979, la Dirección General de Aviación Civil autorizó al Sr. Jose Carlospara el inicio de las actividades aéreas en el referido aeródromo.- 3º Mediante escritura pública de fecha 9 de Febrero de 1981, autorizada por el Notario de Bailén D. Manuel Cruz Gimeno (bajo el número 90 de su protocolo), D. Jose Carlosagrupó todas las expresadas fincas rústicas (a las que nos hemos referido en el anterior apartado 1º) que pasaron a formar una sola, con la ya dicha extensión superficial de diecisiete hectáreas, noventa y seis áreas y ochenta y siete centiáreas. En esa misma escritura pública, D. Jose Carlos, con el consentimiento de su esposa, constituyó sobre la expresada finca rústica ya única (formada por la aludida agrupación) una hipoteca en favor del Banco de Vizcaya, S.A., en garantía de un préstamo que dicha entidad bancaria le había concedido.- 4º En la referida escritura pública de constitución de hipoteca no se hizo ninguna mención expresa al aeródromo privado que el Sr. Jose Carlostenía instalado dentro de los linderos de la finca rústica hipotecada, pero en el apartado a) de la estipulación Tercera de la mencionada escritura pública las partes (entidad acreedora y deudor) pactaron lo siguiente: "Que la hipoteca se extenderá a cuanto determinan los artículos 109 y 110 de la Ley Hipotecaria y, además, en virtud de pacto expreso, .... a los objetos muebles colocados permanentemente en la finca hipotecada y a todas las mejoras, edificaciones y obras de todas clases que existan o en adelante se realicen sobre todo o parte de la finca hipotecada, salvo lo dispuesto en el artículo 112 de la citada Ley, y a las indemnizaciones a que el propietario tenga derecho por razón de la finca que se hipoteca".-5º En el año 1982, el acreedor hipotecario Banco de Vizcaya, S.A. promovió contra el deudor D. Jose Carlosy su esposa, y con relación a la finca hipotecada, el correspondiente procedimiento judicial sumario (artículos 131 y siguientes de la Ley Hipotecaria), del que conoció el Juzgado de Primera Instancia número Uno de La Carolina (autos número 114/83). Celebrada segunda subasta, por auto del Juzgado de fecha 20 de Enero de 1986, la finca rústica hipotecada y subastada fué adjudicada a la entidad mercantil Banco de Financiación Industrial, S.A. (INDUBAN), en calidad de cesionaria del remate, pues éste había sido aprobado en favor de D. Cristobal, el cual intervino en la subasta a calidad de cederlo a un tercero, como así lo hizo en favor de la expresada entidad mercantil (INDUBAN), la cual pagó el precio de dicho remate, ascendente a quince millones de pesetas.- 6º En ejecución del expresado auto de 20 de Enero de 1986 y en cumplimiento de los correspondientes exhortos, el Juzgado de Distrito de Bailén, en sendas diligencias de 22 de Diciembre de 1989 y de 9 de Enero de 1990, dió posesión a la entidad mercantil INDUBAN de la finca rústica hipotecada y subastada, con todas las edificaciones e instalaciones existentes en la misma.

El motivo primero aparece textualmente formulado "al amparo del número 1º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por incidir la sentencia recurrida en exceso en el ejercicio de la jurisdicción por inobservancia de lo dispuesto en el art. 74 de la misma citada Ley Procesal Civil". En el alegato integrador de su desarrollo, después de afirmar que el recurrente D. Jose Carloses titular legítimo del aeródromo civil privado denominado "Aeródromo DIRECCION001", que "está construido sobre unas fincas rústicas al sitio de 'DIRECCION000' del término municipal de Bailén que fueron adquiridas en subasta pública por la sociedad demandada", el recurrente viene, en esencia, a sostener que si la sentencia recurrida, como antes la de primera instancia, consideran que la jurisdicción civil carece de competencia para conocer de la cuestión litigiosa a que se refiere este proceso "han debido, se dice textualmente, de abstenerse del conocimiento de la demanda, previa declaración de nulidad de todo lo actuado, previniendo a las partes que hicieran uso de su derecho ante quien correspondiese, oído el Ministerio Fiscal en esta cuestión de competencia suscitada de oficio por el propio Juzgado de instancia y recogida por el Tribunal. Requisitos de orden público, concluye el alegato del motivo, previstos en el art. 74 de la L.E.C. que por inobservancia incurren las sentencias y que constituye un exceso en el ejercicio de la jurisdicción que sirve de fundamento al presente motivo de casación al amparo del nº 1º del art. 1692 de la Ley Procesal Civil".

Ante todo, para poder dar una respuesta razonada a este motivo, dentro de las ya dichas muy peculiares y atípicas connotaciones que presentan los dos primeros pedimentos de la demanda, ha de puntualizarse que la sentencia recurrida, con la desafortunada redacción que la caracteriza, y la de primera instancia (cuyos fundamentos jurídicos acepta aquélla en su totalidad), con una mayor precisión técnica, lo que vienen a decir es que el otorgamiento o reconocimiento de una concesión administrativa de navegación aérea (como de cualquiera otra) no es competencia de la Jurisdicción civil y, después de hecha dicha afirmación, entran a conocer del fondo del asunto, por que entienden que las pretensiones que deduce el actor que, en definitiva, consisten en que se le reconozca una servidumbre sobre la finca rústica propiedad de la entidad mercantil demandada, se adopten las medidas oportunas para que ésta no le perturbe en el ejercicio de esa pretendida y supuesta servidumbre y se le condene a indemnizarle por daños y perjuicios, son cuestiones de índole privada, por lo que su conocimiento corresponde a la Jurisdicción civil. Sobre la base de la anterior puntualización, el motivo ha de ser desestimado, por las consideraciones siguientes: 1ª El artículo 74 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (único que el recurrente denuncia como infringido) se refiere a los supuestos de falta de competencia objetiva dentro de la propia Jurisdicción civil, por lo que, en todo caso, carecería de aplicación al tema sometido a esta revisión casacional. Los supuestos de falta de jurisdicción aparecen contemplados en el artículo 9.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero dicho precepto tampoco ha sido infringido, toda vez que la Sala "a quo" no ha apreciado de oficio su falta de jurisdicción, sino que, como ya se ha dicho, ha conocido del fondo del asunto y lo ha resuelto.- 2ª Los artículos 51 a 54 de la Ley de Navegación Aérea, de 21 de Julio de 1960, en los que el demandante trata de basar su pretendida servidumbre aeronáutica (al parecer, de índole personal) sobre la finca rústica de la entidad demandada (en parte de la cual estuvo instalado el aeródromo privado litigioso), carecen en absoluto de aplicación al presente supuesto, pues dichos preceptos, como acertadamente dice la sentencia de primera instancia (cuyos fundamentos jurídicos acepta íntegramente la aquí recurrida), se refieren exclusivamente a las servidumbres que, por razón de la navegación aérea, han de soportar los terrenos, construcciones e instalaciones que circunden los aeropuertos, aeródromos y ayudas a la navegación (cuya imposición y delimitación corresponde, efectivamente, a la Administración), pero no contemplan, en modo alguno, como es obvio, ningún tipo de servidumbre que, sobre el mis