STS 1495/2004, 20 de Diciembre de 2004

Por el cauce del art. 5,4 LOPJ se ha denunciado vulneración del principio de presunción de inocencia. El argumento es que la sala de instancia sólo contó con un indicio para incriminar a la que recurre y es el de ser la propietaria del piso en el que se hallaron 997,2 gramos de cocaína. Pero sin tener en cuenta que estaba arrendado y que, en consecuencia, no tenía acceso al mismo.

La lectura de la sentencia pone de manifiesto que esta afirmación carece totalmente de fundamento. En primer término, porque siendo cierto que el piso era de propiedad de la que impugna y, aun aceptando como hipótesis que estuviera formalmente alquilado en la época de los hechos, no lo es, en cambio, que no tuviera acceso a él. En efecto, existe en la causa precisa información de fuente policial a la que se refiere el tribunal, por la que se comprueba que Cecilia fue seguida hasta esa vivienda en varias ocasiones, y que, muy en concreto, en una de ellas, se la vio esperando la llegada del también condenado Domingo en un automóvil, del que sacó una bolsa de plástico y un maletín, con el que ambos subieron al piso.

A esto habría que añadir las complejas relaciones de la misma con los restantes implicados, que carecerían de explicación plausible de no ser por la implicación en el tráfico de estupefacientes. También, la expresiva declaración de Antonia, ratificando sin fisuras ante el instructor lo declarado en comisaría; declaración contrastada en el juicio. Y, en fin, la no menos expresiva conversación de Camila con la recurrente (folios 203-205) en la que hay un momento en que le habla de "documentos", reclamando 400 porque los últimos recibidos eran "recortados".

El principio de presunción de inocencia da derecho a no ser condenado sin prueba de cargo válida, que es la obtenida en el juicio (salvo las excepciones constitucionalmente admitidas), que haya sido racional y explícitamente valorada, de forma motivada, en la sentencia, y se refiera a los elementos nucleares del delito (por todas, STC 17/2002, de 28 de enero y STS 213/2002, de 14 de febrero). Por otra parte, cuando se trata de la prueba habitualmente conocida como indiciaria, para que la conclusión incriminatoria pueda ser tenida por válida, según jurisprudencia asimismo muy conocida (por todas, STC de 21 de mayo de 1994 y STS de 2 de febrero de 1998) es preciso que los hechos indicadores o hechos-base sean varios y viertan sobre el hecho principal u objeto de imputación; estén bien probatoriamente acreditados, mediante prueba de la llamada directa; y que la inferencia realizada a partir de aquellos sea racional, fundada en máximas de experiencia fiables, y cuente con motivación suficiente.

Pues bien, aplicando este estándar jurisprudencial a los datos que acaban de enumerarse, que no son, ni mucho menos, los únicos que cabría invocar, debe concluirse que no hay sólo un indicio sino una verdadera constelación de datos, procedentes de fuentes diversas, que apuntan inequívocamente en el sentido de la hipótesis de la acusación recogida en la sentencia. Es por lo que el motivo debe rechazarse.

Se ha alegado, también por el mismo cauce del art. 5,4 LOPJ, vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. Y esto -se dice- por la ausencia de control judicial efectivo del desarrollo de las interceptaciones telefónicas, y porque en su inicio no se dio intervención al Ministerio Fiscal.

Pero, salvo en lo relativo a la inicial ausencia de intervención del Fiscal, sobre cuyo alcance se razonará enseguida, en lo demás resulta advertible una patente falta de rigor en la calificación de esas intervenciones. Seguramente es por ello que no se les hace objeto del menor análisis.

En efecto, el examen de las actuaciones correspondientes permite comprobar que el instructor, en vista de que el oficio inicialmente presentado en solicitud de la injerencia no contenía información suficiente, recabó una ampliación de la misma, que obtuvo de inmediato por comparecencia. Así, pudo evaluar la calidad del fundamento de la petición, comprobando que tenía como presupuesto una seria actividad investigadora. Y es con este fundamento como resolvió en un auto motivado. Del mismo modo que fueron también motivados los relativos a las prórrogas, por norma precedidas de información obtenida en el curso de la averiguación. A todo lo que debe añadirse que durante el curso de tales actuaciones existió una fluida comunicación de los agentes policiales con el Juez de Instrucción, que siempre pudo decidir con conocimiento de causa, y, en fin, dispuso de todo el contenido de las escuchas, sobre cuyo desarrollo, se insiste, consta que estuvo informado puntualmente.

Es cierto que la solicitud inicial no fue trasladada al Fiscal para informe, pero no existe una precisa exigencia legal al respecto, y es advertible que el acusador público tuvo enseguida conocimiento de lo actuado. Por otra parte, y, aunque en línea de principio, esta circunstancia no pueda reputarse indiferente para el afectado por la medida, en cuanto es la única garantía externa al juez que cabe en ese momento en que las diligencias se siguen en secreto, lo cierto es que la aludida omisión no produjo ninguna consecuencia concreta de indefensión: la mejor prueba es que la propia recurrente no ha podido precisar nada al respecto.

Por todo, el motivo es inatendible, sin que sea preciso hacer mayores consideraciones, en particular, de derecho y jurisprudenciales, pues el esquematismo y parquedad del planteamiento de la impugnación no lo requiere.

Por la misma vía que en el caso anterior, se aduce infracción del art. 18 CE, que garantiza el derecho al secreto de las comunicaciones. El argumento es que sólo se ha llevado a cabo la audición de algunas de las conversaciones grabadas y no ha existido prueba de identificación de voces. Pero ocurre que no existe ningún precepto legal que imponga esta clase de pericia y un tribunal puede formar criterio sobre la identidad de ciertos interlocutores a partir del número del teléfono utilizado, de las peculiaridades de las voces directamente perceptibles en el curso de la vista, por la forma en que ellos mismos se identifican frente al interlocutor y se llaman durante las conversaciones, y en virtud del contenido de las mismas. Es lo que en este caso ha sucedido, de manera que, circunscrita la objeción a la existencia de una infracción formal y puesto que ésta no se ha producido, el motivo debe rechazarse.

Igualmente a través del cauce del art. 5,4 LOPJ, se ha denunciado vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. El argumento es que las actuaciones se iniciaron el 17 de junio de 1997, que el juicio se celebró 4 años más tarde y que la sentencia fue dictada 17 meses después de finalizado éste.

El examen de las actuaciones permite comprobar que la fase de investigación se desarrolló entre el momento que se indica, y el mes de octubre de 1999, en que se concluyó el sumario respecto del acusado Jose Manuel, para el que este trámite había quedado pendiente. Las sesiones del juicio parten del 13 de noviembre de ese año y se prolongan a lo largo del siguiente, debido a vicisitudes no imputables al tribunal, en cuanto debidas a problemas de agenda de algunos letrados por razón de otras causas.

Con todo, es constatable un vacío de actividad en la Audiencia Nacional, entre febrero y octubre de 2000; y, sobre todo, el que siguió a la finalización de las sesiones de la vista y hasta la firma de la sentencia, que, en efecto, completan un total de 17 meses.

Lo expuesto, obliga a afirmar que el tiempo de la investigación, sin ser breve, no resultó excesivo, habida cuenta de la complejidad de la causa, por el número de partes, que tiene reflejo en los 12 tomos del sumario. Tampoco cabe hacer reproche alguno por las aludidas vicisitudes del juicio, que, con toda seguridad, hicieron difícil al tribunal incluir su celebración en la propia agenda.

Pero dicho esto, debe afirmarse también que hay un resto de en torno a 25 meses (los que van del 10 de febrero al 12 de octubre de 2000 más los transcurridos en la elaboración de la sentencia) cuyo empleo carece objetivamente de justificación y constituye, efectivamente, una dilación indebida.

Pues bien, a tenor de esas circunstancias se ha de estar al criterio que se expresa en la sentencia de 8 de junio de 1999, según lo acordado en Junta General de esta sala de fecha 21 de mayo de 1999, y en la línea de lo resuelto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se decantó por un atenuación proporcionada de la pena, como forma de reparar la infracción del derecho a ser juzgado en un plazo razonable (caso Eckle, sentencia de 15 de junio de 1952).

Como se razonó en el acuerdo citado, si el legislador ha dispuesto que la legítima privación cautelar de derechos durante el proceso debe compensarse en términos de reducción del tiempo de pena por cumplir (arts. 58 y 59 C. Penal), con tanta o más razón deberá operarse de ese modo cuando la lesión del derecho del imputado carezca de justificación legal. Cierto es -se dice también- que el legislador no ha proporcionado reglas específicas al respecto para este tipo de supuestos, pero sí ha contemplado la posibilidad de que circunstancias posteriores a la ejecución del hecho punible puedan producir el efecto de disminuir la culpabilidad, con la consiguiente adecuación de la pena (art. 21, 4ª y 5ª C. Penal). Es verdad que en estos casos concurre un cambio actitud del interesado, positivamente valorable, que aquí, en cambio, no se daría. Pero ello no debe ser obstáculo para aplicar el aludido criterio legal puesto que hay analogía en lo fundamental, que es la orientación a conseguir la máxima adecuación a la culpabilidad en la imposición de la pena, en la que ha de comprenderse el gravamen derivado de un inadecuado tratamiento procesal como el representado por una injustificada dilación en el curso de la causa. Este efecto puede obtenerse al amparo de la previsión del art. 21,6ª C. Penal, operándose el ajuste de la pena que corresponda, según el caso, dentro de las reglas generales de individualización de la misma.

En este sentido, pues, debe estimarse el motivo.

Lo alegado es infracción de ley, de las del art. 849,1º Lecrim, porque se estima infringido el art. 21,6ª Cpenal, al no haberse tomado en consideración esta circunstancia, en vista de las dilaciones indebidas que se denuncian. Pero el motivo carece ahora de contenido, por la estimación del anterior.

Invocando el art. 851,1º Lecrim, se ha denunciado defecto de forma, porque, se dice, la sentencia, más que establecer los hechos probados, hace una copia del acta del juicio, y éstos no se expresan con claridad.

Pero el motivo carece del mínimo de seriedad en el planteamiento. En efecto, la resolución impugnada tiene un capítulo de hechos probados bien diferenciado y en el que los presentados como tales figuran con encomiable claridad. Y, como antecedente, se ofrece una elaborada presentación analítica del cuadro probatorio, cuya valoración se justifica de manera expresa y detallada. De este modo es posible conocer la ratio decidendi en todos los aspectos relevantes de la decisión. En definitiva, la impugnación es totalmente gratuita y, por ello, inatendible.

Recurso de Domingo

Se denuncia la vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. De este modo, al tratase de cuestión ya planteada y resuelta al examinar el anterior recurso, debe estarse a lo decidido.

Citando el art. 849,1º Lecrim, se denuncia vulneración del art. 21,6ª Cpenal, por no haber valorado las denunciadas dilaciones como constitutivas de atenuante analógica. Y como el motivo es mera reiteración de uno de los planteados por la anterior recurrente, hay que estar a lo resuelto sobre el particular.

Recurso de Gustavo

El planteamiento de la totalidad del recurso coincide miméticamente con el primero de los examinados. Así, basta remitirse a lo decidido.

Recurso de Millán

Invocando el art. 5,4 LOPJ, ha aducido violación del art. 18,3 CE en relación con el art. 579 Lecrim, por vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones. Este motivo reitera las cuestiones planteadas en los motivos segundo y tercero de la primera recurrente y debe rechazarse por las mismas razones.

Por el cauce del art. 5,4 LOPJ se ha denunciado vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, por defecto de motivación y porque se han producido dilaciones indebidas en la tramitación de la causa. En concreto, se denuncia que la pena impuesta a este recurrente no es la mínima, pues aunque carece de antecedentes y se le atribuye la realización de "funciones de auxilio, distribución de la droga y dinero", se la sanciona como a los calificados de organizadores. Asimismo, se reprocha al tribunal de instancia que no ha dado respuesta a la objeción de que Millán sólo habría participado en la distribución de una cantidad notoriamente inferior a 750 gramos de cocaína. Y, en fin, se señalan la existencia de ciertas paralizaciones del trámite, en particular, la producida en el momento de dictar sentencia.

Este último asunto se ya ha abordado en lo que antecede.

Por lo que se refiere a la pena, es cierto que se trata de un extremo que en la sentencia no aparece abordado de manera específica. Pero no debe perderse de vista que el tribunal dedica un apartado a valorar la relevancia criminal de las aportaciones de los integrantes de cada uno de los grupos de imputados que distingue, y que lleva a cabo esa clasificación atendiendo previamente a la significación objetiva de las conductas que, en cada caso, aparecen acreditadas. Así, consta que el recurrente habitaba el apartamento en el que se aprehendieron 17.892 gramos de cocaína, de una riqueza media del 77,45 por ciento, y también que, en relación directa y constante con la principal implicada, intervino en el movimiento de importantes cantidades de dinero procedentes del tráfico de esa sustancia, y estuvo presente en Tenerife, con activa participación, durante el desarrollo de la operación descrita en los hechos. Realizando, por tanto actividades de suma relevancia en el contexto de los hechos, de forma regular. Estos elementos de juicio, que son hechos probados en la sentencia, justifican de forma satisfactoria el tratamiento dado a Millán en el plano de la pena, y aunque pudiera atribuirse a la misma algún defecto de sistemática en el particular, no así falta de fundamento ni de motivación en el aspecto considerado.

Ya en fin, es preciso decir que la afirmación de que falta respuesta en la sentencia a la objeción de que Millán habría limitado su participación a traficar con una cantidad muy inferior a 750 gramos de aquella droga, no se sostiene, pues el tribunal concluye con suficiente fundamento probatorio que no fue así y el interesado tiene, pues, información bastante del porqué de tal aspecto de la decisión.

En consecuencia, y por todo, el motivo debe desestimarse.

Se ha alegado vulneración del derecho a la presunción de inocencia, debido a que la condena carece de sustento probatorio. El argumento es que el interesado sólo reconoce haber participado en una entrega de 50 gramos de cocaína, dice no saber nada de la sustancia aprehendida en Canarias y la policía no le relaciona con ninguna otra cantidad superior de droga.

Pero no puede seguirse al recurrente en este intento de banalizar y dispersar los datos probatorios que le incriminan. En efecto, él mismo reconoce haber facilitado medios para realizar el transporte clandestino de relevantes cantidades de dinero, por cuenta de Cecilia y Domingo; asimismo admite haber recibido alguna cantidad de cocaína de este último y traficado con ella en ese contexto de relaciones; y consta que en el apartamento que ocupaba con el propio Domingo, junto a una importantísima cantidad de dinero en metálico, se aprehendió la aludida de cocaína. Pues bien, inferir de semejante conjunto de datos -que no son ni mucho menos los únicos de que dispuso el tribunal- que la implicación del recurrente es del grado que se dice en la sentencia, no sólo no puede considerarse una arbitrariedad, sino que es lo exigible en el plano lógico, a tenor del criterio de valoración probatoria expresado en la jurisprudencia antes citada, al tratar del primer recurso. El motivo debe, pues, desestimarse.

Recurso de Antonia

Aunque el recurso se plantea formalmente por un único motivo, en realidad lo es por vulneración del derecho a la presunción de inocencia y por vulneración del derecho a un proceso por dilaciones indebidas. Como este segundo aspecto reitera una causa de impugnación ya decidida, se abordará aquí sólo la primera.

Y no es en absoluto cierto que la condena de la recurrente se haya producido en el vacío probatorio que se dice.

Es verdad que en el acto del juicio declaró en términos exculpatorios, pero con anterioridad, en manifestaciones ratificadas sin fisuras ante el instructor, había informado de que su compañero, también condenado y recurrente, Millán realizaba actividades de transporte oculto de importantes cantidades de dinero y sabía de su implicación en asuntos de drogas. Incluso reconoció haber estado directamente implicada con él en un hecho de tráfico de 150 gramos de cocaína, en Valencia. Hecho al que inequívocamente se refiere la conversación mantenida por esta recurrente con Domingo, que destaca el tribunal.

Por tanto, y a la luz del criterio jurisprudencial reiteradamente citado, la conclusión que de estos y otros datos ha obtenido el tribunal es de una racionalidad irreprochable. Y el motivo no resulta atendible.

Recurso de Camila

Como primero y segundo motivos del recurso denuncia vulneración del derecho a la presunción de inocencia. El argumento es que en los hechos de la sentencia no existe afirmación alguna relativa a las acciones delictivas que se describen, que tenga que ver con esta recurrente. En todo caso, lo único que podría incriminarla es una conversación mantenida por Cecilia con Domingo, en la que ella habría intervenido accidentalmente y no en nombre propio.

El examen de los hechos probados arroja el resultado siguiente: El hecho identificado como A) se llevó a cabo con la implicación de Millán y Antonia, a propuesta de Domingo, que actuaba bajo dirección de Cecilia. El hecho B) fue realizado por los mismos Millán y Antonia, en relación con Jose Manuel y Jose Carlos y consistió en el suministro de cocaína facilitada por Cecilia y Domingo. El hecho C) se llevó a cabo con intervención de Cecilia, Domingo, Gustavo, Millán, Marí Luz y Jose Ramón. Y, en fin, los hechos D) y E) relatan registros de domicilios en los que no se hace mención alguna a la que recurre.

Así las cosas, resulta que lo único atribuido a esta última es la "consciente colaboración" con su marido, pero este aserto expresa, en realidad, una conclusión de síntesis que carece de apoyo concreto en datos de los que el tribunal considera probados. Constituye pues una afirmación más valorativa que propiamente descriptiva, que no permite saber con la necesaria precisión en qué, de todo lo que la sala considera realizado por Domingo, colaboró esta acusada. Y, por la forma de presentar las acciones mencionadas, tampoco se advierte con qué segmento de las mismas o de alguna de ellas pudo tener relación la recurrente. Por tanto, es forzoso concluir dándole la razón, ya que en los hechos probados de la sentencia no se pone a su cargo con precisión suficiente ninguna actuación susceptible de ser subsumida en los preceptos que, sin embargo, se aplican. Es por lo que debe estimarse el motivo, lo que hace innecesario el examen de los demás del recurso.

Recurso de Jose Ramón

Lo alegado es vulneración del derecho a la presunción de inocencia, del art. 24,2 CE, debido a que, se dice, la condena se funda en meras suposiciones o conjeturas.

Pero, tiene razón el Fiscal, en el juicio se produjo una expresiva testifical de agentes que vigilaron los movimientos del recurrente en Tenerife, y de tales declaraciones resulta que la maleta incautada en manos de la también condenada Marí Luz, con casi 10 kilogramos de cocaína de 81 por ciento de riqueza, había sido llevada momentos antes hasta el aeropuerto por el que ahora recurre, y, hecho esto, a pesar de compartir viaje y tener ambos patente relación, se separaron, situándose en distintas filas de facturación. A lo que hay que añadir -como señala el tribunal- que no es cierto lo argumentado por Jose Ramón, en el sentido de que se desplazó a la isla para jugar al golf y por lo barato que le salía viajar, en su condición de empleado de Iberia, pues en este caso utilizó un pasaje del mismo precio que el de aquélla, adquirido al mismo tiempo y dentro de la misma reserva.

Cierto que el interesado trató de justificar ese modo de proceder y las precauciones adoptadas en sus desplazamietos -de las que hay constancia de fuente policial- con el argumento de que era dinero lo que iban a transportar, pero, dado el contexto y el despliegue de medios, entre ellos la duplicidad de vehículos y el cambio en el uso de los mismos, no resulta creíble. Más, cuando hay constancia de que la maleta de que se trata era la adquirida, precisamente, por Millán y Domingo. Y, en fin, dadas las particularidades del modus operandi en su conjunto, puede decirse sin asomo de exageración que, incluso a una persona de cultura media y no particularmente avisada, le habría resultado imposible no relacionarlo con el mercado de las drogas ilegales.

Es por lo que, de nuevo, hay que afirmar que la conclusión más racional en términos de experiencia, a partir del cúmulo de datos probatorios disponibles en el caso de este acusado, es la obtenida por el tribunal, que se ajusta plenamente al estándar jurisprudencial inicialmente citado.

Recurso de Marí Luz

Se ha denunciado infracción de ley, de las del art. 849,1º y 2º Lecrim, en relación con el art. 368 Cpenal. El argumento es que no existe el menor rastro de la acusada en las conversaciones telefónicas, que la recurrente no tenía la llave de la maleta, que siempre habló de transporte de dinero y que dijo haber recibido el encargo de transportarlo de una mujer llamada Rosa, que, sin razón, no ha sido investigada. Por otro lado, hay constancia de que Marí Luz había sido interceptada el día antes por la policía, lo que hace poco razonable que después de esto pudiera haberse implicado en una actividad como la que se le atribuye.

Pero aparte de las consideraciones que se han hecho al tratar del anterior recurso, en este caso es forzoso poner de relieve la existencia de información testifical sobre un contacto de la que recurre, precisamente, con Domingo, lo que obliga a desechar como falsa la hipótesis de que su relación era con la tal Rosa. Pues consta que aquél adquirió la maleta que, al fin, fue hallada en poder de Marí Luz, después de haber estado en manos de Jose Ramón. Por tanto, y como en el caso anterior, sólo cabe concluir que la sala ha obrado con el exigible rigor en su inferencia, y el recurso debe rechazarse.

Bajo este ordinal se reitera la denuncia de vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Hay, pues, que estar a lo que acaba de razonarse.

Aquí la denuncia es de existencia de dilaciones indebidas, lo que obliga asimismo a remitirse a lo ya resuelto al respecto.

Recurso de Jose Carlos

Lo aducido, invocando el art. 852 Lecrim es vulneración del derecho a la presunción de inocencia, del art. 24,2 CE. El argumento es que lo reprochado a este recurrente es que actuó como intermediario en la entrega de 150 gramos de cocaína a Jose Manuel, una vez en Valencia y otra en Tarancón (Cueca); y todo sin otra información que la obtenida de la coimputada Antonia, si ningún género de corroboración.

El Fiscal se ha opuesto al recurso señalando que las manifestaciones de esta última se habrían visto corroboradas por las de Millán y la de Jose Manuel. Pero se da la circunstancia de que también éstos tienen la condición de coimputados.

Es bien conocida la jurisprudencia relativa al valor probatorio de las declaraciones de los coimputados y a las cautelas con que deben tomarse los datos incriminatorios de esa procedencia, debido a que podrían estar mediatizados por un interés en la autoexculpación o en la atenuación de la pena de quien los facilita; y, además, por la circunstancia de que, dado el estatuto procesal del declarante, el principio de contradicción sólo puede operar en estos casos de forma muy limitada (por todas, STC 297/2002, de 11 de noviembre y STS 658/2002, de 12 de abril).

Es a lo que se debe la exigencia de valorar con particular cuidado la información procedente del imputado y atípico testigo, cuidando, muy especialmente, de comprobar que la misma cuente, además, con el aval representado por la confirmación mediante datos de otra procedencia (por todas, SSTC de 14 de octubre de 2002 y de 13 de mayo de 2003). En este punto, la jurisprudencia más reciente del Tribunal Constitucional -entre otras, la sentencia nº 65/2003, de 7 de abril- es sumamente rigurosa: "las declaraciones de un coimputado, por sí solas, no permiten desvirtuar la presunción de inocencia constitucionalmente reconocida, de modo que para que pueda fundarse una condena en tales declaraciones sin lesionar el derecho fundamental a la presunción de inocencia, es preciso que se adicione a las mismas algún dato que corrobore mínimamente su contenido". De esta manera, se niega aptitud constitucional para ser valorada a la declaración del coimputado que no goce de alguna corroboración externa. O lo que es lo mismo, se sitúa en este punto el umbral del acceso al cuadro probatorio para los elementos de juicio que, en principio, podrían operar como de cargo.

Por otra parte, esa misma instancia ha precisado en diversidad de ocasiones (así, SSTC 65/2003, 7 de abril que hace referencia a otras) "que la circunstancia de que la condena se funde exclusivamente en las declaraciones de más de un coimputado no permite considerar desvirtuada la presunción de inocencia del condenado, siendo exigible también en tales casos la mínima corroboración del contenido de esas declaraciones de la pluralidad de coimputados mediante algún dato, hecho o circunstancia externos a las mismas, [pues] la declaración de un coimputado no constituye corroboración mínima, a los efectos de la declaración de otro coimputado".

Pues bien, lo antes expuesto obliga a concluir que la información probatoria de cargo relativa a este recurrente fue obtenida de manera exclusiva en el círculo de los coimputados, en cuanto debida de manera exclusiva a sujetos investidos de esta calidad. Por ello, el motivo debe estimarse, lo que hace innecesario entrar en el examen del siguiente.

III.