STS, 31 de Mayo de 2012

La Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 remitió a la entidad Hércules Seguros, S.A., las facturas correspondientes a las liquidaciones por precio público por asistencia sanitarias consistentes en traslados en ambulancias asistenciales o medicalizadas en casos de urgencia vital de personas aseguradas en la citada entidad.

Contra dichas liquidaciones, la aseguradora formuló los correspondientes recursos de reposición ante la Fundación, que fueron desestimados.

Frente a las anteriores Resoluciones, la entidad aseguradora interpuso las correspondientes reclamaciones económico- administrativas núms. 4688-C-08/03, 4690-C-08/03, 4728-C-08/04, 4746-C-08/05, 4805-C-08/07, 4819-C-08/08 y 4829-C-08/09, que tras su acumulación, fueron desestimadas por Resolución de la Xunta Superior de Facenda, de la Consellería de Economía e Facenda de la Xunta de Galicia, de fecha 16 de junio de 2009, que rechazo las alegaciones de la reclamante sobre la improcedencia de remitirle las facturas del servicio en lugar de hacerlo al usuario y sobre la ausencia de urgencia vital, invocando para ello el art. 83 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, y el Anexo II del Real Decreto 63/1995, de 20 de enero , por entender que las tarifas aplicadas en las liquidaciones lo fueron en virtud del Decreto 159/2005, de 5 de julio, una vez acreditado que los pacientes tenían contratada con la reclamante una póliza de seguros.

Disconforme con la Resolución, la representación procesal de Hércules Salud Seguros, S.A. interpuso recurso contencioso-administrativo núm. 16.417/2009, formulando escrito de demanda en el que alega que: a) es ilegal el Decreto 150/2007, de 5 de julio, que sirve de fundamento a las resoluciones impugnadas, por infringir el principio de reserva de ley; b) que no concurre prueba de que el traslado en ambulancia se corresponda con un riesgo de urgencia vital; y c) que la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061 carecía de acción para reclamar a la aseguradora el pago de los servicios prestados a los pacientes asegurados.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia dictó Sentencia, de fecha 10 de febrero de 2011 , desestimando el recurso, con base en lo ya resuelto, entre otras, en las Sentencias recaídas en los recursos núms. 8920/06 y 7235/07, en las que se dijo que « los servicios de salud de las Comunidades autónomas con la gestión sanitaria transferida tienen la obligación de reclamar a los terceros obligados los abonos de las prestaciones sanitarias que faciliten directamente a las personas necesitadas de ellas, no solamente en el supuesto de que la lesión esté cubierta por un seguro obligatorio -como es el caso del previsto para el tráfico y seguridad vial-, sino también en el caso de accidentes de trabajo o en el supuesto de funcionarios cubiertos por regímenes especiales mutualistas» (FD Segundo).

Y tras exponer el régimen jurídico de la reclamación o reintegro a las Administraciones sanitarias de los costes derivados de la asistencia sanitaria prestada, las referidas Sentencias recogen que la «xurisprudencia define a URXENCIA VITAL como toda situación patológica que, presuntamente, poña en perigo inmediato a vida do pacente ou a súa integridade física, requirindo unha actuación inmediata (que, para o caso presente, imposibilita acoder ós servicios da compañía de seguros).

La Fundación Pública Urxencias Sanitaria de Galicia-061, de acuerdo con el Decreto 172/1999, de 27 de mayo, tiene como objeto .. la atención extrahospitalaria en caso de emergencia e urgencia sanitaria ... conceptos equiparables - en gran medida - al de urgencia vital.

Su protocolo de actuación -como indica el letrado de la Xunta- consiste en dar las primeras instrucciones al paciente -o acompañantes- e enviar una ambulancia siempre que las circunstancias lo hagan necesario.

Por tanto, existe una presunción de que la actuación da Fundación 061 deriva de una urgencia vital.

[...]

Procede mantener el criterio expuesto « pues las resoluciones citadas por la recurrente son anteriores al Decreto 116/2006 que, al amparo de lo dispuesto en el apartado 6 del Anexo II del Decreto 63/1995, de 20 de enero, incorpora, como lo hacía el Decreto 159/2005, que, para la liquidación de las tarifas del Anexo IV, como las presentes, se considerarán terceros obligados al pago las compañías privadas de Salud en aquellos supuestos de transporte sanitario urgente de carácter vital, cuando el paciente, sea o no beneficiario de la SS, suscribe voluntariamente una póliza con esa compañía» (FD Segundo) .

Asimismo, la Sentencia de instancia, remitiéndose a lo acordado en su Sentencia de 24 de abril de 2007 (rec. núm. 8550/2003), rechaza la falta de acción de la Fundación 061, pues la póliza solo cubre los gastos de traslado en ambulancia hechos por la propia aseguradora, porque, « sentado que el SERGAS no tiene porque asumir el coste de la asistencia sanitaria prestada, estando legitimado dicho Servicio para facturar el importe del coste de la prestación de asistencia sanitaria al tercero obligado al pago, condición que, sin duda, ostenta aquí la entidad aseguradora demandante por mor del título legal al que se hizo referencia, resulta inoperativa frente a terceros, en este caso el SERGAS, aquella cláusula que establece la citada franquicia » (FD Segundo).

Contra la anterior Sentencia, la representación procesal de la aseguradora preparó recurso de casación, formalizando la interposición por escrito registrado el 1 de junio de 2011, en el que, al amparo del art. 88.1.d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), formula un único motivo de casación, en el que denuncia que la Sentencia impugnada infringe las siguientes normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia sobre interpretación de las mismas:

1. En primer lugar, señala que «la aplicación del artículo 1, párrafo 2 del Decreto 150/2007, de 5 de julio, de la Xunta de Galicia , así como las normas anteriores que reproduce y las subsiguientes que mantienen su misma redacción vulneran el art. 31.1 de la Constitución Española , así como la STC 185/1995, de 14 de diciembre , que lo interpreta y, en correlación con los mismos, la Ley 8/1989 de Tasas y Precios Públicos y la Ley 6/2003, de Tasas, Precios y Exacciones de Galicia» (pág. 5), en la medida en que el fallo se sustenta en el citado Decreto que «es ilegal en cuanto establece quiénes son "terceros obligados al pago", pues contraviene el principio de reserva de ley en esta materia establecido en el artículo 31.3 de la Constitución española de 1978 respecto a las pretensiones personales o patrimoniales de carácter público» (pág. 7).

2. En segundo lugar, se dice infringida la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la acreditación de la urgencia vital, a tenor de la cual «la declaración de urgencia vital exige, por quien la pretenda, una prueba sobre el tipo de dolencia y la situación del paciente que demuestre ciertas condiciones» (pág. 11), chocando así con la tesis de la Sentencia recurrida que considera que «el hecho de que se solicite un traslado urgente de servicio en ambulancia a la Fundación Pública Urgencias Sanitarias de Galicia-061 justifica la urgencia vital» (pág. 13).

3. En tercer lugar, considera vulnerado el art. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJyPAC), porque «la Xunta Superior de Facenda ha cambiado de criterio arbitrariamente», lo que «va contra la doctrina de los actos propios, quiebra la confianza legítima de [su] mandante y rompe las reglas de buena fe en las relaciones de los poderes públicos con los ciudadanos», obligando a la recurrente a sostener ante los Tribunales la doctrina que la propia Xunta mantuvo en resoluciones anteriores (pág. 14).

4. Y, por último, se alega la infracción del art. 1 de la Ley 50/1980, del Contrato de Seguro , y de los arts. 1.088 y ss. del Código Civil , al mantener la Sentencia impugnada «que la FUNDACION PUBLICA URGENCIAS SANITARIAS DE GALICIA 061 ostenta acción para reclamar a Hércules salud seguros, s.a. el pago de los servicios prestados a sus asegurados» (pág. 14), sin cubrir dicha situación la póliza suscrita, estando ante un ámbito de relaciones privadas entre asegurador y asegurado.

La representación procesal de la Xunta de Galicia formuló oposición al recurso de casación por escrito presentado el día 14 de octubre de 2011, solicitando la desestimación del mismo y la imposición de las costas a la parte recurrente.

En dicho escrito, se alega, con carácter previo, la inadmisibilidad del recurso por no alcanzar la cuantía casacional, sin que sea suficiente la impugnación indirecta del Decreto de 2006 de la Xunta de Galicia, y de serlo, tan solo podría entrarse a valorar este concreto motivo.

Respecto del fondo del asunto, se niega la ausencia de cobertura legal del precio público, remitiéndose a la cita que recoge la Sentencia de instancia de las normas legales estatales y autonómicas que dotan de cobertura al principio de legalidad. Y en cuanto al análisis de la urgencia vital, la parte recurrida aduce que no aportando dato alguno que cuestione la urgencia vital, considera que dicha discusión no debe formar parte del recurso, por cuanto la prestación del servicio público de urgencias no puede ser objeto de un análisis posterior de si correspondía o no ser calificado el supuesto como urgencia vital.

Señalada para votación y fallo la audiencia del día 30 de mayo de 2012, en esa fecha tuvo lugar el referido acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Angel Aguallo Aviles, Magistrado de la Sala

El presente recurso de casación se interpone por la aseguradora Hércules Salud de Seguros, S.A., contra la Sentencia de 10 de febrero de 2011, dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia , desestimatoria del recurso del citado orden jurisdiccional núm. 16.417/2009, formulado frente a la Resolución de la Xunta Superior de Facenda de la Consellería de Economía e Facenda de la Xunta de Galicia, de fecha 16 de junio de 2009, que desestimó las reclamaciones económico-administrativa instadas contra las liquidaciones de precios públicos emitidas por la Fundación Pública Urxencias Sanitarias 061, por traslados en ambulancias en casos de urgencia vital, de pacientes asegurados en la entidad aquí recurrente, por un importe total de 7.468 euros.

La citada Sentencia fundamenta su desestimación en que « los servicios de salud de las Comunidades autónomas con la gestión sanitaria transferida tienen la obligación de reclamar a los terceros obligados los abonos de las prestaciones sanitarias que faciliten directamente a las personas necesitadas de ellas, no solamente en el supuesto de que la lesión esté cubierta por un seguro obligatorio -como es el caso del previsto para el tráfico y seguridad vial-, sino también en el caso de accidentes de trabajo o en el supuesto de funcionarios cubiertos por regímenes especiales mutualistas».

Contra dicha Sentencia, la aseguradora formuló recurso de casación, planteando un único motivo en el que, al amparo del art. 88.1.d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), denuncia las siguientes infracciones:

1. La vulneración del art. 31.1.de la Constitución española (CE ), de la STC 185/1995, de 14 de diciembre , la Ley 8/1989 de Tasas y Precios Públicos y su correlativa gallega Ley 6/2003, por infracción del principio de reserva de ley, al establecer la identidad de los terceros obligados al pago del precio público en cuestión, sin la cobertura legal necesaria, creando un tributo y determinando uno de sus elementos esenciales, como es la definición del sujeto pasivo.

2. La infracción de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la acreditación de la urgencia vital, al afirmar la Sentencia cuestionada que la solicitud del traslado urgente del servicio de ambulancia justifica la urgencia vital, siendo insuficiente, a tenor de la citada doctrina, con el aviso al servicio de ambulancia para considerar que estamos ante una urgencia vital.

3. La violación del art. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , al infringir la doctrina de los actos propios, de la confianza legítima y buena fe, por modificar el criterio precedente.

4. Y, por último, la vulneración del art. 1 de la Ley 50/1980, del Contrato de Seguro , y 1.088 y ss. del Código Civil , por ejercitar una acción contra una compañía aseguradora por los servicios prestados a un asegurado, sin cubrir dicha situación la póliza suscrita, estando ante un ámbito de relaciones privadas entre asegurador y asegurado

Por su parte, la Xunta de Galicia formuló oposición al recurso de casación, solicitando su desestimación por los motivos expuestos en los Antecedentes.

Con carácter previo, debemos rechazar la causa de inadmisibilidad del recurso planteada por la Administración recurrida, al no apreciarse un defecto de cuantía en el mismo, toda vez que se discute la legalidad del Decreto 150/2007, de 5 de julio, que sirve de fundamento a las resoluciones impugnadas, lo que permite estimar su inicial admisibilidad, de conformidad al art. 86 de la LJCA .

Entrando ya en el fondo del recurso, cabe señalar que sobre las mismas cuestiones aquí formuladas ya existen varios pronunciamientos de esta misma Sala y Sección, de fecha 24 de noviembre de 2011 (rec. cas. núm. 4528/2009), de 2 de febrero de 2012 (rec. cas. núm. 858/2009), y de 22 de marzo de 2012 (rec. cas. núm. 2940/2009), por liquidaciones por precio público exigidas por idéntico motivo, entre las mismas partes y con fundamentos similares, por lo que, en virtud del principio de unidad de doctrina, hemos de resolver la el presente proceso en los mismos términos que en aquéllas.

Así, la primera de las Sentencias citadas rechazó las infracciones denunciadas con la siguiente fundamentación jurídica:

QUINTO.-Respecto a las infracciones normativas señaladas en el segundo motivo de casación y amparadas en el apartado d) del art. 88.1 de la LJCA , la respuesta debe ser igualmente desestimatoria, por las siguientes razones:

A) El art. 1 del Decreto 116/2006, de 6 de julio, de la Xunta de Galicia , no vulnera el principio de reserva de ley al establecer la identidad de los terceros obligados al pago del precio público en cuestión, pues ya la sentencia recurrida enumera una amplia cobertura legal tanto estatal como autonómica que define el hecho causante de la exigencia del precio público, señala al obligado a su pago y permite cuantificar su importe mediante la correspondiente norma reglamentaria.

En efecto, no cabe olvidar que estamos ante un precio público, que constituye un ingreso de derecho público, no tributario, sin carácter coactivo, que se define por el ordenamiento vigente como una contraprestación pecuniaria satisfecha por la prestación de un servicio o la realización de actividades efectuadas en régimen de Derecho Público, cuando sean de solicitud voluntaria por los administrados y puedan prestarse, en su caso, por el sector privado.

Las características fundamentales de esta figura que la diferencian de la tasa son, por un lado, el carácter voluntario que tiene la solicitud del servicio o la actividad que se solicita a la Administración y, por otro, la posibilidad de que el sector privado pueda prestar esos servicios. La ausencia de cualquiera de los dos requisitos supondrá que la actividad o el servicio prestado por la Administración se configura dentro del hecho imponible de las tasas. Su administración y cobro se realizará por los órganos y entes públicos competentes, y se podrán exigir mediante el procedimiento de apremio.

Sobre esta cuestión, merece destacar las reflexiones de la Sentencia de esta Sala de 16 de julio de 2009 (rec. cas. núm. 536/2003 ), cuando dice:

"Para la sentencia del Tribunal Constitucional 185/1995, de 14 de diciembre , que declaró la inconstitucionalidad de los párrafos a ) y b) del art. 24 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos , la categoría de los precios públicos, tal y como se regulan por la Ley 8/1989, de 13 de abril, han de cumplir simultáneamente dos requisitos: que el supuesto de hecho que les dé lugar se realice en forma libre y espontánea o, lo que es lo mismo, que la solicitud del servicio o actividad administrativa sea una manifestación real y efectiva de voluntad por parte del interesado y que dicho servicio o actividad no se preste por los entes de Derecho público en situación de monopolio de hecho o de derecho. De no concurrir ambas circunstancias, tales precios públicos, en cuanto comportan coactividad para los interesados, revisten la naturaleza de prestaciones patrimoniales de carácter público, cuya constitucionalidad depende del respeto al principio de legalidad.

Como consecuencia de esa doctrina establecida por el Tribunal Constitucional, se dictó la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público, que aborda también una solución idéntica en el ámbito de las Haciendas Locales.

Legalmente, se califican como precios públicos las contraprestaciones recibidas por un Ente público como consecuencia de la prestación de servicios o realización de actividades administrativas cuando es voluntaria su solicitud o recepción y ese servicio es prestado o la actividad es realizada también por el sector privado (arts. 24 LTPP y 41 LHL). En estos casos, el sujeto puede optar libremente entre acudir al Ente público para recibir el servicio o la actividad, debiendo pagar un precio público, o demandarlo al sector privado, pagando un precio privado.

La tasa se diferencia claramente del precio, al menos, por la concurrencia de dos notas: a] es una obligación ex lege, que no tiene su causa en un contrato, a diferencia de lo que ocurre con los precios; b) la tasa origina un ingreso de Derecho público, lo que conlleva la aplicabilidad de un régimen de Derecho público, régimen que no concurre en el caso de los precios" (FD Cuarto).

Como se dice en el fundamento Quinto de la referida Sentencia, "[l]a Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público, restableció la ortodoxia en materia de tasas, que volvieron a comprender la utilización del domino público, suprimiéndose en este punto concreto los precios públicos, y redactando de nuevo el art. 24 de dicha Ley , con el siguiente texto: "Tendrán la consideración de precios públicos las contraprestaciones pecuniarias que se satisfagan por la prestación de servicios o la realización de actividades efectuadas en régimen de Derecho público cuando, prestándose también tales servicios o actividades por el sector privado, sean de solicitud voluntaria por parte de los administrados", y así se redactaron de nuevo el art. 26.1 de la Ley General Tributaria , el art. 6 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos y los arts. 20 y 24, entre otros, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, de Haciendas Locales ".

Sentada la naturaleza jurídica del precio público, aplicable en el presente litigio de manera plena a la liquidación exigida por la Administración de la Xunta de Galicia, el principio de legalidad impone que los elementos esenciales estén determinados por ley, lo que implica el examen de la cobertura legal de la liquidación exigida a la recurrente, que viene perfectamente descrita por la sentencia combatida. Así, es el art. 83 de la Ley 14/1986, General de Sanidad , complementado en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia por el art. 9.3 de la Ley del Parlamento de Galicia 13/1991, de 9 de diciembre , que regula los precios, tasas y exacciones parafiscales, y el art. 47 de la ahora vigente Ley 6/2003, de 9 de diciembre , es el que permite exigir el ingreso de derecho público en materia sanitaria:

"Los ingresos procedentes de la asistencia sanitaria en los supuestos de los seguros obligatorios especiales y en todos aquellos supuestos, asegurados o no, en que aparezca un tercer obligado al pago, tendrán la condición de ingresos propios del Servicio de Salud correspondiente. Los gastos inherentes a la prestación de tales servicios no se financiarán con los ingresos de la Seguridad Social. En ningún caso estos ingresos podrán revertir en aquellos cese intervinieron en la atención a estos pacientes. A estos efectos, las Administraciones públicas que hubieren atendido sanitariamente a los usuarios en tales supuestos tendrán derecho a reclamar del tercero responsable el coste de los servicios prestados".

También la disposición adicional 22 del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social , aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, dispone que, en determinadas asistencias sanitarias "los servicios públicos de salud deberán reclamar a los terceros obligados al pago el importe de la atención o prestaciones sanitarias facilitadas directamente a las personas".

Por ello, no puede prosperar la pretensión de ilegalidad del art. 1 del Decreto 116/2006, de 6 de julio, de la Xunta de Galicia , por el que se establecen las tarifas de los servicios sanitarios prestados en los centros dependientes del Servicio Gallego de Salud y en las fundaciones públicas sanitarias, pues viene a aprobar unas tarifas aplicables a los servicios sanitarios prestados por la Administración pública gallega a pacientes que cuentan con un tercero obligado que debe asumir el gasto sanitario, en virtud de la relación contractual de aseguramiento suscrita con una compañía privada de salud, en aquellos supuestos de transporte sanitario urgente de carácter vital cuando el paciente, sea o no beneficiario de la Seguridad Social, hubiera suscrito voluntariamente una póliza con esa compañía.

B) Tampoco cabe acoger la argumentación sobre la supuesta vulneración de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la acreditación de la urgencia vital, habida cuenta que el recurso menciona sentencias muy antiguas de este Alto Tribunal y que manifiestan una situación de hecho inaplicable al supuesto de autos, suponiendo una mera elucubración teórica sin relevancia jurídica.

Por otra parte, esta particular cuestión de la urgencia vital, debe respaldarse, por el contrario, en el criterio seguido por la Sala de instancia de que la solicitud del traslado urgente del servicio de ambulancia justifica a priori la urgencia vital, no pudiendo debatir tal concepto en caso de aviso al servicio de ambulancia, pues hay que presuponer prudentemente una urgencia y no proceder al examen de una póliza y sus diversas cláusulas al respecto, cuestión que puede quedar para un mejor momento a discutir entre el asegurado y su compañía, sin un acuciante problema de salud por en medio.

Finalmente, estamos ante meras afirmaciones relativas a una cuestión cuya prueba ya fue valorada en la instancia, y sobre la que esta Sala no ha de realizar pronunciamiento alguno, debiéndose mencionar a estos efectos la Sentencia de la Sección Segunda del Tribunal Supremo, de 1 de Julio del 2010 (rec. cas. núm. 2973/2005 ), según la cual, "conforme a reiterada doctrina de este Tribunal, "la formación de la convicción sobre los hechos en presencia para resolver las cuestiones objeto del debate procesal está atribuida al órgano judicial que, con inmediación, se encuentra en condiciones de examinar los medios probatorios", sin que, en principio, salvo supuestos taxativos enumerados por este órgano judicial, "pueda ser sustituido en tal cometido por este Tribunal de casación, puesto que la errónea valoración probatoria ha sido excluida del recurso de casación en la jurisdicción civil por la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, y no ha sido incluida como motivo de casación en el orden contencioso- administrativo, regulado por primera vez en dicha ley"; y ello como consecuencia de la "naturaleza de la casación como recurso especial, cuya finalidad es la de corregir errores en la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico, y no someter a revisión la valoración de la prueba realizada por el tribunal de instancia" [entre muchas otras, Sentencias de esta Sala de 25 de marzo de 2002 (rec. núm. 9171/1996), FD Primero ; de 9 de julio de 2007 (rec. núm. 4449/2004), FD Cuarto ; de 14 de marzo de 2008 (rec. cas. núm. 1629/2007), FD Tercero ; de 21 de mayo de 2008 (rec. cas. núm. 8380/2004), FD Cuarto ; de 18 de junio de 2008 (rec. cas. núm. 11399/2004), FD Cuarto ; de 9 de julio de 2008 (rec. cas. núm. 4341/2004 ); y de 8 de octubre de 2008 (rec. cas. núm. 6220/2004 ), FD Cuarto].

Y en esta tesitura, debemos coincidir necesariamente con el Abogado del Estado en que estamos en una cuestión de valoración de la prueba en la que este Tribunal no puede entrar. En efecto, conforme a reiterada doctrina de este Tribunal, "la formación de la convicción sobre los hechos en presencia para resolver las cuestiones objeto del debate procesal está atribuida al órgano judicial que, con inmediación, se encuentra en condiciones de examinar los medios probatorios", sin que, en principio, salvo supuestos taxativos enumerados por este Tribunal, "pueda ser sustituido en tal cometido por este Tribunal de casación, puesto que la errónea valoración probatoria ha sido excluida del recurso de casación en la jurisdicción civil por la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, y no ha sido incluida como motivo de casación en el orden contencioso-administrativo, regulado por primera vez en dicha ley"; y ello como consecuencia de la "naturaleza de la casación como recurso especial, cuya finalidad es la de corregir errores en la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico, y no someter a revisión la valoración de la prueba realizada por el tribunal de instancia" [entre muchas otras, Sentencias de esta Sala de 25 de marzo de 2002 (rec. cas. núm. 9171/1996), FD Primero ; de 9 de julio de 2007 (rec. cas. núm. 4449/2004), FD Cuarto ; de 14 de marzo de 2008 (rec. cas. núm. 1629/2007 , FD Tercero); de 21 de mayo de 2008 (rec. cas. núm. 8380/2004), FD Cuarto ; de 18 de junio de 2008 (rec. cas. núm. 11399/2004), FD Cuarto ; de 9 de julio de 2008 (rec. cas. núm. 4341/2004 ); y de 8 de octubre de 2008 (rec. cas. núm. 6220/2004 )" (FD Cuarto).

C) Tampoco es de recibo la tercera infracción denunciada, referida al art. 54 de la LRJyPAC, por infringir la doctrina de los actos propios y los principios de confianza legítima y de buena fe, al modificar la Xunta el criterio precedente, pues ninguna prueba de tal contradicción y cambio de postura se aporta en el recurso de casación que resulte de utilidad. En efecto, esta Sala no puede enjuiciar situaciones distintas sin tener la mínima información sobre ellas, debiendo tan solo afrontar la revisión del concreto supuesto que nos ocupa, sin que constituya un paradigma de legalidad y de obligatorio seguimiento administrativo la existencia de dos resoluciones distintas a la ahora combatida.

D) Por último, debe rechazarse la alegación de infracción del art. 1 de la Ley 50/1980, del Contrato de Seguro , y de los arts. 1.088 y ss. del Código Civil , por ejercitar una acción contra una compañía aseguradora por los servicios prestados a un asegurado, sin cubrir dicha situación la póliza suscrita, pues se trata de una cuestión relativa al ámbito de relaciones privadas entre asegurador y asegurado sobre la que, precisamente, y por el propio razonamiento de la parte recurrente, esta Sala no puede entrar a conocer, ya que las relaciones privadas y las normas legales de cobertura de las mismas son propias de la jurisdicción civil, procediendo únicamente analizar, como se ha hecho con anterioridad, las actuaciones sujetas al Derecho Administrativo, con un resultado desestimatorio para las pretensiones de la recurrente

.

Los argumentos anteriormente expuestos conducen inexorablemente a que el motivo de casación invocado deba ser rechazado.

En atención a los razonamientos anteriores, procede declarar la desestimación del recurso de casación interpuesto por Hércules Salud Seguros S.A., lo que determina la imposición de costas a la recurrente, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 139 de la LJCA .

La Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el art. 139.3 de dicho texto legal , señala 6.000 euros como cuantía máxima de los honorarios de Letrado, a los efectos de las referidas costas.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución