STS, 12 de Julio de 2001
| Ponente | SAMPER JUAN, JOAQUIN |
| ECLI | ES:TS:2001:6120 |
| Número de Recurso | 4302/2000 |
| Procedimiento | SOCIAL - . |
| Fecha de Resolución | 12 de Julio de 2001 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a doce de Julio de dos mil uno.
Vistos los autos pendientes ante la Sala en virtud de recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto en nombre y representación del Servicio Gallego de Salud (SERGAS) contra sentencia de 22 de septiembre de 2000 dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia por la que se resuelve el recurso de suplicación interpuesto por el SERGAS contra la sentencia de 23 de abril de 1998 dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 de los de Pontevedra en autos seguidos por D. Fermín frente al SERGAS y el Instituto Social de la Marina sobre reintegro de gastos médicos.
Con fecha 23 de abril de 1998 el Juzgado de lo Social de Pontevedra nº 3 dictó sentencia en la que consta la siguiente parte dispositiva: "Que estimando la demanda de D. Fermín, condeno al SERGAS a que reintegre al actor por gastos de internamiento psiquiatrico la cantidad de 759.300 por el periodo de 16-XI-94 al 15-XII-94, absolviendo al ISM de las pretensiones de la demanda".
En dicha sentencia se declararon probados los siguientes hechos: "I.- D. Fermín, mayor de edad, esta afiliado a la seguridad Social al Régimen de Trabajadores del Mar con el número NUM000, siendo beneficiario su hijo D. Alejandro. II.- Con fecha 14-VI-94 el Juez de Primera Instancia número 2 de Cambados ordenó el ingreso del hijo del actor en el hospital Rebullón por presentar descompensación esquizofrénica, con carácter de urgencia, dados los signos externos y actitud violenta del mismo. III.- El día 23-VI-94 se notificó tal ingreso al I.S.M. por el actor. IV.- El hijo del actor permaneció ingresado en el Hospital Rebullón desde el 16-XI-94 al 15- XII-94 por el que abonó 759.300 ptas. V.- Se agotó la vía administrativa previa".
La citada sentencia fue recurrida en suplicación por el SERGAS y el Instituto Social de la Marina ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia la cual dictó sentencia en fecha 22 de septiembre de 2000 en la que dejando inalterada la declaración de hechos probados de la sentencia de instancia, consta la siguiente parte dispositiva: "Que desestimando el recurso de Suplicación interpuesto por Servicio Galego de Saúde e Instituto Social de la Marina, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. tres de Pontevedra, en fecha veintitrés de abril de mil novecientos noventa y ocho, en proceso núm. 926 y 927/97 promovido por Fermín frente a INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (sic) Y SERVICIO GALEGO DE SAUDE sobre reintegro gastos psiquiátricos debemos confirmar y confirmamos la sentencia recurrida".
Por la representación procesal del SERGAS se preparó recurso de casación para unificación de doctrina. En su formalización se invocó como sentencia de contraste la dictada por esta Sala de fecha 29 de marzo de 2000.
Por providencia de fecha 7 de marzo de 2001 se procedió a admitir a trámite el citado recurso y, tras ser impugnado el recurso, pasaron las actuaciones al Ministerio Fiscal, que presentó informe en el sentido de considerarlo improcedente, e instruido el Magistrado Ponente, se declararon conclusos los autos, señalándose para votación y fallo el día 5 de julio de 2001, en el que tuvo lugar.
La cuestión planteada en este recurso consiste en determinar que Entidad, Instituto Social de la Marina o Servicio Gallego de Salud, es la obligada a reintegrar al beneficiario de la Seguridad Social los gastos derivados de internamiento de su hijo en un centro psiquiátrico ordenado con carácter de urgencia por el Juzgado, durante el período 16-XI-94 a 15-XII-94 y que alcanzaron la cantidad de 759.300 pesetas. El debate no ha surgido porque se discuta la obligación de pago de dicho importe, que nadie cuestiona. En lo único que discrepan las dos citadas Entidades es sobre cual de ellas debe asumirlo en razón a que el período de internamiento y su consiguiente gasto, son anteriores al 1 de marzo de 1.996, fecha en que por R.D. 212/96 de 9 de febrero, se produjo la transferencia al Servicio Sanitario de la Comunidad Autónoma de Galicia (SERGAS) de los bienes, derechos y obligaciones derivadas de la asistencia sanitaria, que hasta entonces prestaba el Instituto Social de la Marina.
La sentencia recurrida, dictada por la Sala de lo Social de Galicia el 22 de septiembre de 2.000, confirmó la de instancia y declaró que es el SERGAS el obligado al abono de dicho gasto. Llegó a tal conclusión, aplicando la doctrina de esta Sala IV del Tribunal Supremo contenida en sus sentencias de 12-XII-96 (rec. 2651/1996) y 7-III-97 (rec. 2588/1996), que declaró que con motivo de la ya aludida transferencia de funciones del ISM al SERGAS se produjo una subrogación legal a favor de este último. Y en consecuencia es el Servicio Gallego de Salud el que, al quedar constituido en el gestor único del servicio sanitario y asumir todos los bienes, derechos y obligaciones presentes y futuros que pudieran derivarse de dicha asistencia, quedaba obligado al pago de las obligaciones pendientes por tal concepto.
El recurrente para cumplir con el requisito de acreditar la contradicción, exigido por el art. 217 LPL, invoca como término de comparación, la sentencia de 29-III-00 (rec. 2130/99) dictada también por esta Sala, que en efecto es hábil a tales efectos, dada la identidad subjetiva y objetiva de los supuestos contemplados por ambas sentencias, y la disparidad de sus pronunciamientos.
La cuestión debatida ha sido definitivamente resuelta por la sentencia de ésta Sala de 7-VI-01 (rec 3748/2000) que ha superado la divergencia existente entre la doctrina de la sentencia de contraste, ya referenciada, y la contenida en las anteriores de esta misma Sala de 12-XII-1.996, 7-III-1.997 -- citadas expresamente como fundamento de su fallo por la hoy recurrida -- y 8-V-1.997 (rec. 3945/1996). La doctrina que unifica la sentencia de 7-VI-01, ha sido reiterada luego en otras varias de ese mismo mes, entre las que cabe citar las de 12-VI (rec. 3443/2000), 11-VI (rec. 3370/2000) y 18-VI (rec. 3743/2000).
En todas ellas se establece, en síntesis, que el traspaso, al afectar al conjunto de "bienes, derechos y obligaciones" en relación con las funciones objeto de transferencia, supone una subrogación legal que afecta no sólo a la parte activa del patrimonio - bienes y derechos - sino también a la pasiva - obligaciones con independencia de su fecha y constitución -. Y que si bien esa doctrina se estableció en atención al artículo 2 y Anexo E), i) del Real Decreto 1679/1990, sobre el traspaso de funciones del Instituto Nacional de la Salud a la Comunidad Autónoma de Galicia, es aplicable también al régimen de transferencias establecido por el Real Decreto 212/1996, pues la regulación es coincidente, con la única excepción del inciso que se incorpora en su Anexo E), i), que se refiere a "los compromisos por gastos no reconocidos por el ISM en dicha fecha - se refiere a la de la transferencia -- (...) derivados de sentencias judiciales firmes por actuaciones anteriores al traspaso". Pero ésta excepción no es aplicable al presente caso, en primer lugar porque, como señala la sentencia de 7 de junio de 2.001, no estamos ante un gasto por actuaciones procesales iniciadas antes de la fecha de efectos de la transferencia (1 de marzo de 1.996) ya que estas se iniciaron por demanda posterior esa fecha -- en este caso consta que se presentó el 28 de noviembre de 1.997 y que la reclamación previa se formuló ante el ISM y el SERGAS el 22-8-97 --. Y en segundo lugar, porque en todo caso y con independencia de lo anterior, dicha Disposición, atendiendo al lugar donde está ubicada dentro del anexo, lo que establece es una facultad de la Comunidad Autónoma para poder reclamar a la Administración del Estado lo pagado por ella, en dicho supuesto una vez que alcance firmeza la resolución judicial de condena; es pues una norma que regula las relaciones entre la Comunidad Autónoma y la Administración del Estado, no entre el beneficiario de la Seguridad Social, que reclama una prestación, y el ente gestor, SERGAS, que esta obligado a abonarla como consecuencia de la subrogación producida.
Procede, por tanto, la desestimación del recurso, como propone el Ministerio Fiscal en su informe, sin que haya lugar a la imposición de costas por tener reconocido el organismo recurrente el beneficio de justifica gratuita (art. 233.1 LPL en relación con el art. 2. b) de la Ley 1/1996 de 10 de enero.
Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
Desestimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto en nombre y representación del Servicio Gallego de Salud (SERGAS) contra sentencia de 22 de septiembre de 2000 dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que declaramos firme, por la que se resuelve el recurso de suplicación interpuesto contra la sentencia de 23 de abril de 1998 dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 de los de Pontevedra. Sin costas.
Devuélvanse las actuaciones al órgano jurisdiccional que corresponda ,con la certificación y comunicación de esta resolución.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN.- En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Joaquín Samper Juan hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.
