ATS, 17 de Octubre de 2003
| Ponente | D. JOAQUIN SAMPER JUAN |
| ECLI | ES:TS:2003:10686A |
| Número de Recurso | 16/2003 |
| Procedimiento | Queja |
| Fecha de Resolución | 17 de Octubre de 2003 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social |
AUTO
En la Villa de Madrid, a diecisiete de Octubre de dos mil tres.HECHOS
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Las Palmas), dictó, en el recurso de suplicación núm. 103/2001 Auto de fecha 19 de septiembre de 2002, por el que al no haber consignado el principal objeto de condena, se acordaba "no ha lugar a tener por preparado el recurso de casación para la unificación de doctrina que se proponía formalizar D. Luis Antoniocontra la sentencia dictada en fecha 30 de abril de 2002, por esta Sala en el recurso de suplicación". Disconforme el interesado con dicha resolución formuló recurso de súplica, que fue desestimado por Auto de 20 de marzo de 2003.
Contra los mencionados autos de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Las Palmas), el Procurador D José Luis Pinto Marabotto, en nombre y representación de D. Luis Antonio, interpuso el presente recurso de queja, que tuvo entrada en el Registro del Tribunal Supremo en fecha 15 de abril de 2003.
El presente recurso de queja se interpone frente a los autos de 19 de septiembre de 2002 y 20 de marzo de 2003 en los que la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Canarias (Las Palmas) acordó tener por no preparado el recurso de casación para la unificación de doctrina que pretendía interponer y ello, por incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 228 de la Ley de Procedimiento Laboral en cuanto a la obligación de consignar "la cantidad objeto de la condena".
El recurso, se basa en los siguientes motivos: 1) la existencia de otro recurso de casación en unificación de doctrina anterior, idéntico y en iguales circunstancias, que fue tenido por preparado, sin que el aquí recurrente, consignara la cantidad objeto de condena, al aparecer ésta ya realizada por el otro condenado solidario; 2) la naturaleza subsanable de la consignación preceptiva, en base a lo dispuesto en los artículos 207.3, 223 y 227 de la Ley de Procedimiento Laboral, en relación con los artículos 231 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil; y 3) la innecesariedad de la consignación preceptiva por las dos empresas condenadas solidariamente. En definitiva las mismas razones expuestas en el recurso de queja interpuesto por el Sr. Luis Antoniofrente a otros autos de la Sala de Canarias que tuuvo por no preparado recurso de casación unificadora que el citado intentó interponer en anterior proceso, en el que ya ha recaido Auto de ésta Sala IV (rec 17/2003) de fecha 16 de octubre de 2003 que desestima la queja: identidad de pretensiones que aconseja reiterar, literalmente, los argumentos de dicho Auto.
Con carácter general, el artículo 228 de la Ley de Procedimiento Laboral establece que "será indispensable que el recurrente que no gozaré del beneficio de justicia gratuita acredite ... al preparar el recurso de casación, haber consignado ... la cantidad objeto de condena". La jurisprudencia viene estableciendo de manera reiterada que la consignación del importe de la condena es un presupuesto necesario para poder recurrir contra la sentencia que la establece en garantía de su ejecución y, que el incumplimiento de este requisito constituye un defecto insubsanable, al no estar recogido -- en virtud de la remisión del artículo 207 de la Ley de Procedimiento Laboral -- entre los defectos subsanables del artículo 193.3 del citado texto legal, que se concretan en la insuficiencia de consignar la condena o de asegurarla, no presentar el resguardo del depósito al que se refiere el artículo 227 de la misma Ley, o no acreditar la representación debida por el que anuncia el recurso; solo para estos supuestos el artículo 193.3 establece que se concederá a la parte un plazo de subsanación que en ningún caso será superior a 10 días. Incluso cabe añadir que, el propio artículo 228 de la Ley de Procedimiento Laboral, para evitar o al menos paliar, en la medida de lo posible, que la obligación de garantizar el importe de la condena pueda suponer una carga insostenible para la empresa y, facilitar que la consignación de la cantidad objeto de condena se realice dentro del plazo legalmente establecido -- al ser un presupuesto necesario e indispensable en la preparación del recurso de casación y por tanto no subsanable --, concede la facultad de sustituir la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario.
Además es conocida y reiterada la doctrina constitucional que declara, en relación con la consignación del importe de la condena, que el obstáculo al acceso a la tutela judicial que supone su exigencia está justificada para asegurar la efectividad de otro derecho fundamental, también comprendido en el derecho a la tutela judicial efectiva, como es de asegurar la ejecución de la sentencia.
Partiendo de la doctrina general antes expuesta y contestando a los distintos motivos del recurso de queja, procede señalar en cuanto al primero, que la circunstancia de que la Sala no detectase la falta de consignación, por la parte aquí recurrente, en el recurso de casación número 8/1116/02, no vincula en otros recursos que puedan existir, pues es obligación del órgano judicial velar por el cumplimiento de las normas de orden público como es la del artículo 228 de la Ley de Procedimiento Laboral en materia de consignación. Cabe añadir a efectos dialécticos que, el indicado recurso, aún cuando se tuvo por preparado a pesar de la falta de consignación, fue inadmitido por auto de fecha 24 de junio de 2003, por incumplimiento de dos requisitos insubsanables, la falta de referencia en el escrito de preparación al núcleo de la contradicción que se invoca y, el no haber verificado en el escrito de interposición, una exposición comparativa de los hechos, fundamentos y pretensiones de las respectivas controversias, capaz de ofrecer a la Sala los argumentos sobre los que se sustenta la contradicción que se invoca. Y, el presente recurso, el escrito de preparación también adolece de ese defecto insubsanable, pues se limita exclusivamente a mencionar las sentencias que estima de contraste, sin identificar en lo mas mínimo, el núcleo básico -- el sentido y alcance de la divergencias entre las sentencias -- de la contradicción.
En cuanto al segundo motivo, el carácter insubsanable ha sido acogido por esta Sala entre otras resoluciones por autos de 3 de marzo de 1997 y 11 de enero de 1999 y 20 de septiembre de 2002 (recursos 4551/96, 4291/98 y 24/02)), estableciendo que "... el requisito de la consignación en cuanto que fue incumplido en su totalidad no puede considerarse susceptible de subsanación, no solo porque así viene contemplado en el art. 207. 2 de la LPL, sino porque así lo ha interpretado igualmente el Tribunal Constitucional cual puede apreciarse en su sentencia 343/1993, de 22 de noviembre en la que expresamente ha considerado insubsanable la falta total de consignación argumentando que en estos supuestos en los que "hay inexistencia de actividad consignatoria y no solo insuficiencia, no cabe la subsanación, ya que no puede dejarse al arbitrio de la parte la ampliación del plazo... previsto en la LPL para recurrir". Y no es de aplicación lo dispuesto en el artículo 231 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, -- con independencia de que se trata de requisito insubsanable --, porque en el escrito de preparación no se manifiesta la voluntad de cumplir con el expresado requisito, ya que se limita a decir que "... apareciendo ya consignada la cantidad objeto de condena por el condenado solidario, dicha consignación beneficia a ahora recurrente, en consideración a que la deuda es una aunque sean varios los obligados solidariamente al pago".
Además, tal alegación solo es válida cuando la solidaridad impuesta en suplicación no se recurre en esta sede. Pero ello no ocurre en el supuesto de autos, puesto que el ahora recurrente en queja, pretende su absolución por entender que la responsabilidad solo alcanza al codemandado. En tal sentido se manifiesta el Auto de fecha 10 de diciembre de 1998 (recurso 1325/98), cuando dice "Tampoco hay infracción de los arts. 1137 del Código civil, pues la solidaridad de la obligación actúa cuando es firme, pero no puede invocarse cuando queda "sub iudice" y no es actuada voluntariamente por quien cumple el requisito del depósito o del afianzamiento. El razonamiento es llano: Si el recurso de quien ha depositado o afianzado es estimado, habrán de serle devueltos los depósitos y levantado el aval establecido respecto de él, con lo que quedará la obligación de los restantes obligados, sin depósito ni caución. Sólo mediante su afección conjunta y solidaria a las obligaciones de cada uno de los condenados y recurrentes, podrá un sólo depósito o una sóla caución, ser útil para cubrir el requisito legal, en relación con cada uno de aquéllos y en tanto en cuanto lo sea. Pero no cuando se limite al deber individualizado, que puede obtener resultado favorable en el recurso, y seguir la suerte prevista en el artículo 226.3 de la misma Ley de Procedimiento Laboral". Lo que determina el fracaso del tercer motivo de recurso.
Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.LA SALA ACUERDA:
Desestimar el recurso de queja formulado por el Procurador D José Luis Pinto Marabotto, en nombre y representación de D. Luis Antonio, contra los autos de fecha 19 de septiembre de 2001 y 20 de marzo de 2003 dictados por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Las Palmas) en el recurso de suplicación núm. 103/2001, que se mantienen íntegramente.
Así lo acordamos, mandamos y firmamos.
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