STS, 5 de Febrero de 1997

El primer motivo del recurso se apoya procesalmente en el artículo 5.4 de la LOPJ y alega la vulneración por haberse infringido el artículo 24.1 y 2 de la CE.

El motivo alega que existe tal vulneración de precepto constitucional por haberse tramitado toda la instrucción de la causa sin haber sido previamente informados los acusados y policías locales de su condición de imputados y habérseles recibido declaración como si de simples testigos se tratase. Examinadas las diligencias se comprueba la realidad de tales alegaciones, asi como que se procedió a la apertura del juicio oral por auto de 28 de diciembre de 1993 (folio 51).

Partiendo de ello ha de señalarse que este supuesto es idéntico al que tuvo en cuenta la S.TS. 1.123/95, de 15 de noviembre y por ello a continuación se reproduciran las consideraciones efectuadas en dicha resolución en el fundamento siguiente.

Conforme a la doctrina sentada por la S.TC. 186/1990 de 15 de noviembre, «a) Es indudable que al imputado, no sólo no le está legalmente vedada la posibilidad de comparecer en las diligencias previas, sino que el examen del art. 789.4, a la luz del art. 24 C.E., ha de llevar también a la siguiente conclusión: en primer lugar, la de que el Juez de Instrucción, en cualquier caso, está siempre obligado a determinar dentro de la fase instructora (haya dirigido "ab initio" o no las diligencias previas) quién sea el presunto autor del delito a fin de citarlo personalmente de comparecencia, comunicarle el hecho punible cuya comisión se le atribuye, ilustrarle de la totalidad de los derechos que integran la defensa (y, de modo especial, de su derecho a la designación de Abogado en los términos del art. 788 y 118,4º) y tomarle declaración con el objeto de indagar, no sólo dicha participación, sino también permitir que el imputado sea oído por la Autoridad judicial y pueda exculparse de los cargos contra él existentes con independencia de que haya prestado declaración ante otras autoridades que hayan intervenido en el sumario. b) La acusación no puede exclusivamente, desde un punto de vista subjetivo, dirigirse contra persona que no haya adquirido previamente la condición judicial de imputada, puesto que, de otro modo, se podrían producir en la práctica, acusaciones sorpresivas de ciudadanos con la consiguiente apertura contra ellas del juicio oral, aun cuando no hubieren gozado de la más mínima posibilidad de ejercitar su derecho de defensa a lo largo de la fase instructora. En este sentido, no hay que olvidar que una de las funciones esenciales de la instrucción es la de determinar la legitimación pasiva en el proceso penal (cfr. arts. 299 y 789.3º, en cuya virtud constituye objeto de las diligencias previas determinar "las personas que en él hayan participado"), función que en el proceso común se realiza a través del procesamiento y que en el proceso penal abreviado, suprimido el procesamiento, dicha función debe llevarse a cabo mediante la previa imputación judicial, pues, de lo contrario, las partes acusadoras, públicas o privadas, serían enteramente dueñas de dirigir la acusación contra cualquier ciudadano, confundiéndose el principio acusatorio con el dispositivo.>>

La S.TC. 152/1993, de 3 de mayo, señala que «es doctrina consolidada de este Tribunal (SS.TC. 135/1989 y 186/1990 y reiterada en las SS.TC. 128/1993 y 129/1993) la de que la vigencia del derecho constitucional de defensa en el ámbito del proceso penal abreviado conlleva una triple exigencia: a) en primer lugar, y a fin de evitar acusaciones sorpresivas de ciudadanos en el juicio oral sin que se les haya otorgado posibilidad de participación alguna en la fase instructora, la de que nadie puede ser acusado sin haber sido, con anterioridad, declarado judicialmente imputado, de tal suerte que la instrucción judicial ha de seguir asumiendo su clásica función de determinar la legitimación pasiva en el proceso penal (art. 299 LECrim.), para lo cual ha de regir también en este proceso ordinario, una correlación exclusivamente subjetiva entre la imputación judicial y el acto de acusación; b) en segundo y, como consecuencia de lo anterior, nadie puede ser acusado sin haber sido oído por el Juez de Instrucción con anterioridad a la conclusión de las diligencias previas, garantía que ha de reclamarse en este proceso penal como consecuencia de la supresión del auto de procesamiento y que se plasma en la necesidad de que no pueda clausurarse una instrucción (a salvo, claro está, que el Juez adopte una resolución de archivo o de sobreseimiento) al menos sin haber puesto el Juez en conocimiento del imputado el hecho punible objeto de las diligencias previas, haberle ilustrado de sus derechos y, de modo especial, de la designación de Abogado defensor y, frente a la imputación contra él existente, haberle permitido su exculpación en la "primera comparecencia", contemplada en el art. 789.4º LECrim.; y c) no se debe someter al imputado al régimen de las declaraciones testificales cuando, de las diligencias practicadas pueda fácilmente inferirse que contra él existe la sospecha de haber participado en la comisión de un hecho punible, bien por figurar así en cualquier medio de iniciación del proceso penal, por deducirse del estado de las actuaciones o por haber sido sometido a cualquier tipo de medida cautelar o acto de impugación formal (art. 118.1º y 2º LECrim) ya que la imputación no ha de retrasarse más allá de lo estrictamente necesario, pues, estando ligado el nacimiento del derecho de defensa a la existencia de la imputación (art. 118 LECrim), se ha de ocasionar la frustración de aquel derecho fundamental si el Juez de Instrucción retrasa arbitrariamente la puesta en conocimiento de la imputación, razón por la cual dicha actuación procesal habría de estimarse contraria al art. 24 CE. y por ende, acreedora de la sanción procesal de nulidad.

Es claro, pues, que al omitirse dentro de las diligencias previas por el órgano judicial trámite procesal de tanta relevancia, como es el de que los hoy recurrentes adquieran la condición de imputados, y clausurar la instrucción, sin haberles ilustrado de sus derechos y sin siquiera haberlos oído en dicha condición, se ha producido la indefensión alegada por los actores y, en consecuencia se ha vulnerado el art. 24 CE. Ello, independientemente de que en contra de lo que alegan también los actores, no sea de aplicación la doctrina sentada por la S.TC. 66/1989 respecto del art. 627 LECrim. en cuanto a que la intervención del imputado en la fase de preparación del juicio oral tenga lugar en un momento posterior y no en el trámite previsto en el art. 790 LECrim., puesto que dicha doctrina fue completada por la S.TC. 186/1990 del Pleno de este Tribunal Constitucional, en la que se resolvió la duda de inconstitucionalidad que plantea el recurrente, y reiterada en las posteriores SS.TC. 21/1991, 22/1991 y 23/1991 entre otras>>.

En consecuencia debe estimarse este primer motivo del recurso, lo que hace inviable el examen del segundo y por ello, como estimó el Ministerio fiscal al evacuar el trámite de instrucción, declarar la nulidad de todo lo actuado en la causa desde el auto de apertura del juicio oral, éste incluido, y derivadamente acordar la reposición de las actuaciones al momento en que se produjo la vulneración del derecho fundamental y que se proceda con arreglo a derecho en la forma que se dirá en la parte dispositiva de la presente resolución, pues ello viene impuesto por la aplicación analógica de los artículos 901 bis a) y 901 bis b) de la LECrim.III.

FALLO

QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACION, estimando el motivo primero del recurso interpuesto por la representación de los acusados Miguel, Francoy Benito, acordando la nulidad de lo actuado en la causa respecto a los mismos a partir del auto declarando la apertura del juicio oral, dicha resolución incluida; debiéndose hacer saber a dichos recurrentes su condición de imputados con instrucción de los derechos que le corresponden como tales y continuando la tramitación de la causa con arreglo a derecho por órgano del mismo tribunal provincial distinto al que dictó la sentencia recurrida para preservar la imparcialidad objetiva del órgano jurisdiccional.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos

PUBLICACION.- Leida y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D Ramón Montero Fernández-Cid , estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.

En el recurso de casación por infracción de Ley que ante Nos pende, interpuesto por Julietacontra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Valencia, que la condenó por delito de incendio, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la Votación y Fallo bajo la Presidencia del primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. Don José Manuel Martínez-Pereda Rodríguez, siendo también parte el Ministerio Fiscal y estando dicha recurrente representada por el Procurador Sr. Ruiz Esteban.I. ANTECEDENTES

1. - El Juzgado de Instrucción nº 15 de los de Valencia instruyó sumario con el número 3/93 contra Julietay, una vez concluso, lo remitió a la Audiencia Provincial de la citada Capital que, con fecha 24 de noviembre de 1995 dictó sentencia que contiene los siguientes HECHOS PROBADOS:

"PRIMERO.- La procesada Julieta, de entonces 48 años de edad por haber nacido el 16 de mayo de 1945, y sin antecedentes penales, al tiempo que se dirá, era dueña de la vivienda sita en esta Ciudad, CALLE000nº NUM000, piso NUM001puerta NUM002, que forma parte de un edificio de quince plantas con sesenta viviendas, todas ellas habitadas, y cuya distribución consiste en una sola puerta de acceso, blindada, que da paso a recibidor y pasillo distribuidor con tres dormitorios, cocina con terraza y comedor, de una superficie de unos 90 metros cuadrados. En la referida vivienda residía junto a la procesada, su compañero Felipe, y sus hijos Jesúsde entonces 28 años de edad y Raúl, de 19 años de edad. La procesada al tiempo de los hechos tenía concertada póliza de seguro con la Compañía Winterthur número NUM003, tipo hogar con efecto desde el 26 de octubre de 1992 y que cubría el riesgo de incendio con un capital asegurado para continente de 5.000.000 pesetas y para contenido de 6.000.000 pesetas, y asímismo tenía concertada póliza de seguro número NUM004con la Compañía Finisterre S.A. del tipo multirriesgo hogar, con efecto desde el 10 de agosto de 1992 que cubría los riesgos de incendio y explosión, entre otros, y con un capital asegurado de cinco millones de pesetas de continente y cinco millones quinientas mil de contenido.

Sobre las 16 horas del pasado 23 de febrero de 1993, la procesada se encontraba en el interior de la vivienda junto a su hijo Jesúsy un amigo de éste llamado Pedro Miguelque vive en el mismo edificio en su puerta NUM005, y como quiera que estaba próxima la hora de recoger a su hija menor que se encuentra afectada de una paraplegia, la procesada mandó a su hijo y a su amigo a recogerla al autobús, y encontrándose ya sola en la vivienda y con ánimo de beneficiarse del pago de las indemnizaciones que pudiera percibir de las entidades con las que tenía asegurada su vivienda, decidió prender fuego a ésta, utilizando para ello el contenido inflamable de un bidón de plástico de cinco litros que contenía gasolina o una sustancia similar, con el cual roció el colchón de una cama nido que se encuentra en la habitación del fondo, prendiéndole fuego y cerrando a continuación la puerta, lo que determinó el que finalmente se autosofocara, de igual forma roció el colchón de la habitación de matrimonio dejando la puerta del mismo abierta y se dirigió al comedor y a la habitación contigua de ésta donde roció con igual líquido inflamable los muebles y enseres de aquella, prendiendo fuego los mismos para acto seguido abandonar la vivienda, cuando como consecuencia del vertido excesivo del combustible y la excesiva concentración de calor por la existencia del aire acondicionado con calefacción de que disponía la vivienda, se produjo una fuerte explosión y rápida combustión de los elementos del inmueble que ocasionó el derribo del tabique medianero de ambas habitaciones y el arrancamiento del ventanal del comedor que cayó al exterior, afectando a la propia procesada quien sufrió quemaduras en los pies y talones por lo que fué trasladada a la Fe para ser tratada en una ambulancia y resultaron afectados los bajos de los pantalones que portaba que a continuación cortaría previamente a entregar a la policía cuando se los requirió. El incendio en cuya extinción participaron ocho vehículos y un total de veinticuatro bomberos quedó sofocado y extinguido sobre las 17,50 horas del mismo día.

Como consecuencia del fuego se produjeron daños en la fachada del inmueble por acción del humo y del fuego afectando a una superficie de unos ochenta metros cuadrados y daños en parámetros horizontales y verticales del rellano de la quinta planta, que ascendieron a la suma de 1.270.570 pesetas; la Comunidad de Propietarios del edificio en cuestión, al tiempo de los hechos, tenía concertada con la Cía. de Seguros Caser-Caja de Seguros reunidos póliza número NUM006tipo seguro integral de inmuebles con un capital garantizado de 180.000.000 pesetas y contenido de 250.000 pesetas, habiendo abonado a la referida Comunidad de Propietarios el importe de los referidos daños, lo que ocasionó el que ésta se apartara del procedimiento y en consecuencia de la reclamación que hasta entonces venía manteniendo. Asímismo resultaron afectadas las siguientes viviendas:

-puerta NUM007, propiedad de Amparo, tasados en catorce mil pesetas.

-puerta NUM008, propiedad de Tomás, tasados en la cantidad de 52.700 pesetas;

-puerta NUM009, propiedad de Carlos Daniel, tasados en 5.625 pesetas;

-puerta NUM010, propiedad de Frida, tasados en doscientas cincuenta y siete mil ciento cincuenta pesetas;

-puerta NUM011, propiedad de Ángel Danielen siete mil pesetas,

-puerta NUM012, propiedad de Cosme, tasados en la cantidad de siete mil quinientas pesetas;

-puerta NUM013, propiedad de Guillermo, tasados en veinticuatro mil cuatrocientas pesetas.

-puerta NUM014, propiedad de María Rosa, tasados en la cantidad de seis mil doscientas pesetas;

-puerta NUM015del patio colindante número NUM016de la misma calle, propiedad de Fidelque fueron tasados en la cantidad de 22.725 pesetas.

-la vivienda de la procesada, que figura registralmente inscrita con reserva de dominio a favor del Instituto Nacional de la Vivienda, también sufrió daños que han sido tasados en un millón seiscientas seis mil ciento treinta y seis pesetas.

También resultaron afectadas las viviendas señaladas con los números NUM017, propiedad de Elena, por importe de 37.231 pesetas; la numero NUM018propiedad de Rodolfopor importe de 33.094 pesetas; la vivienda número NUM019, propiedad de Carlos Manuelpor importe de 38. 058 pesetas, la de la puerta NUM020propiedad de Marco Antonio, por importe de 53.390 pesetas, la de la puerta NUM021propiedad de Clementepor importe de 59.731 pesetas y la de la puerta NUM022propiedad de Josépor importe de 52.950 pesetas. Daños todos ellos que fueron abonados por la Compañía de Seguros Ocaso que tenía concertada con los referidos propietarios póliza multiriesgo hogar.

Por el contrario no consta que los daños sufridos en las viviendas números uno y dos propiedad respectivamente de Jose Ángely Luis Pabloy las viviendas propiedad de Andrésy Enriquesufrieran daños como consecuencia de este incendio.- El día anterior a los hechos los ascensores del inmueble sufrieron un incendio cuyas causas se desconocen.

En el referido inmueble vivía en su puerta NUM023, Santiago, quien el día del incendio permaneció en todo momento acompañado de una pareja de agentes de Policía que allí se encontraban por si era necesario prestarle auxilio, o proceder a su evacuación, siendo atendido por el servicio médico de urgencias a través de la doctora Rebecaquien consideró que no había necesidad de trasladarlo dado que en ese momento no se observaron signos de asfixia y por ser enfermo crónico de bronquitis en su propio domicilio contaba con una botella de oxígeno, teniendo sus constantes vitales dentro de la normalidad y encontrándose únicamente aquejado como varias de las personas en ese día tratadas de una crisis nerviosa. El día 10 de marzo fué ingresado en el Hospital por reagudización de su enfermedad en donde fallecería el 5 de mayo de 1993, sin que se pueda establecer relación de causa a efecto entre la inhalación de humo y la reagudización de su enfermedad.

Al día siguiente en que se produjeron los hechos, esto es el 24 de febrero el Sr. Felipe, acudió a la Compañía de Seguros Winterthur refiriendo que sobre las 16 horas del día anterior y por causas desconocidas se había producido un incendio en su vivienda, dando formal parte a la Compañía aseguradora a quien se ocultó la existencia de otra póliza concertada con la entidad Finisterre, siendo la procesada la que comunicaría a esta última el día 2 de marzo los hechos acaecidos el pasado 23 de febrero.

Con anterioridad a los hechos que hoy se enjuician, en fecha 2 de abril de 1992 tuvo lugar un incendio cuyas causas no fueron precisadas en la vivienda puerta NUM002del inmueble de la CALLE000NUM000, y con cargo a la póliza de hogar número NUM024que el Sr. Felipetenía concertada con la entidad aseguradora Santa Lucía y a la póliza de incendio que la procesada tenía concertada con la entidad Finisterre amén de la de la Comunidad con la entidad Mapfre, recibieron una indemnización de dos millones seiscientas ochenta y una mil treinta y ocho pesetas. Y asímismo en fecha 31 de julio de 1991 en la vivienda propiedad de la procesada se produjo un nuevo incendio siendo indemnizados en la suma de ocho millones doscientas cuarenta y nueve mil setenta y cinco pesetas por las Compañías La Estrella por la póliza combinada de vivienda suscrita por el Sr. Felipe, Finisterre por la de incendio contratada por la procesada, Caser por el seguro de ésta última tipo hogar y finalmente Mapfre por la comunidad de vecinos.

2. - La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento:

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia en su sentencia de 24 de noviembre de 1995 condenó a la procesada, Julietacomo autora criminalmente responsable de un delito de incendio en casa habitada, como medio para cometer un delito de estafa, en grado de frustración sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

La representación y defensa de la acusada impugna tal fallo condenatorio con un recurso de casación articulado en cuatro motivos de infracción de Ley.

El recurso, totalmente ajeno a la más elemental ortodoxia casacional, se abre con un motivo, que transcurre por la vía procesal del art. 5,4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y denuncia vulneración del art. 24,2 de la Constitución Española que consagra el principio fundamental a la presunción de inocencia. Añade al respecto que no existe prueba de cargo directa o indiciaria con entidad suficiente para desvirtuar el principio constitucional invocado.

Añade a continuación la inexistencia de un móvil claro que incitara a la procesada a la comisión de los hechos imputados, porque su vivienda había sufrido previamente dos incendios y las indemnizaciones recibidas las había empleado en rehabilitar el piso con muebles y adquisiciones de gran valor. A continuación, y al no encontrar explicación, se lanza a la conjetura y alude a una enfermedad psicológica (sic) porque si hubiera pretendido poner fuego a su vivienda no hubiera realizado tal inversión.

Niega asímismo que pretendiera cobrar doble indemnización, a través de las dos compañías aseguradoras, apoyándose en los folios 482 y siguientes de la instrucción, especialmente con la manifestación del perito de Finisterre S.A. Don Carlos Miguel(folio 487) que recoge que la procesada realizó una declaración de siniestro a tal Compañía Aseguradora, con indicación de otros seguros, sin determinar, en Caser y Winterthur.

Después reprocha a los peritos de las aseguradoras de testimonio subjetivo, niega que pueda traerse a colación lo referente a los incendios anteriores, critica el informe emitido por el Cuerpo de Bomberos, destacando que las propias manifestaciones de la imputada en el acto del juicio oral porque estaba sometida a una gran tensión nerviosa, acrecentada por la lesión cardíaca que padece, de lo que da prueba el hecho de que tuviera que suspenderse la sesión para que se acreditara por el Sr. Médico Forense la aptitud de la acusada para seguir en la vista.

Resume toda la extensa literatura del motivo en la inexistencia de un móvil económico convincente, que descarta por inexistencia de padecimiento mental en la acusada, toma en cuenta la apreciación de lo manifestado por el perito de Finisterre, realiza una valoración subjetiva y parcial de las declaraciones de diversos bomberos, referentes a la producción de los tres focos de fuego por propagación aérea o por irradiación del principal para concluir con la presunción de inocencia de la procesada.

Con dicho planteamiento el motivo tiene que perecer inexcusablemente. Como destacó la sentencia 434/1996, de 17 de mayo, una vez más hay que destacar que la presunción de inocencia se circunscribe a la culpabilidad del acusado, como término opuesto a la inocencia, pero entendido no en su sentido técnico jurídico de la dogmática penal, sino en el propio del Derecho anglosajón de la efectiva comisión por el acusado del hecho punible que se le imputa - sentencias, por todas, 166/1995, de 9 de febrero, 374/1995, de 15 de marzo, 881/1995, de 11 de julio y 1059/1995, de 20 de octubre-. Se trata de un derecho fundamental que según la sentencia 576/1996, de 23 de septiembre, presenta las siguientes características, indicadas entre muchas en las sentencias del Tribunal Supremo 61/1995, de 28 de enero, 119/1995, de 6 de febrero y 833/1995, de 3 de julio: a) El derecho fundamental a la p