STS, 13 de Diciembre de 2001
| Ponente | D. ALFONSO GOTA LOSADA |
| ECLI | ES:TS:2001:9804 |
| Número de Recurso | 5605/1996 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO CASACION |
| Fecha de Resolución | 13 de Diciembre de 2001 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. PASCUAL SALA SANCHEZD. JAIME ROUANET MOSCARDOD. RAMON RODRIGUEZ ARRIBASD. JOSE MATEO DIAZD. ALFONSO GOTA LOSADA
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a trece de Diciembre de dos mil uno.
VISTO ante esta Sección de la Sala Tercera el recurso de casación núm. 5.605/96, interpuesto por la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra la sentencia dictada en 12 de Febrero de 1996, por la Sección Sexta de la Sala de esta Jurisdicción de la Audiencia Nacional, en el recurso número 105/94, sobre solicitud de devolución de retenciones del Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas, en el que ha comparecido como parte recurrida la entidad "F. Moreno Pérez, S.A.", representada por el Procurador D. Jose Luis Herranz Moreno, con la asistencia de Letrado.
La Sala de esta Jurisdicción, Sección Sexta, de la Audiencia Nacional, con fecha 12 de Febrero de 1996, en el recurso anteriormente referenciado, dictó sentencia con la siguiente parte dispositiva: "FALLAMOS: Que debemos estimar en parte y estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de F. MORENO PEREZ, S.A., contra el Acuerdo dictado el 11 de noviembre de 1993 por el Tribunal Económico-Administrativo Central, descrito en el fundamento jurídico primero de esta sentencia, y en consecuencia lo anulamos, y condenamos a la Administración al pago a la actora de las cantidades a determinar en ejecución de sentencia, indebidamente retenidas entre el 19 de spetiembre de 1981 y el 31 de diciembre de 1985, en el pago de las certificaciones de las obras a que se contrae este recurso, excepto aquellas descritas en el fundamento jurídico cuarto. Y debemos desestimar y desestimamos las restantes pretensiones de la actora, sin efectuar condena al pago de las costas".
Contra la anterior sentencia, la Abogacía del Estado preparó recurso de casación, y emplazadas las partes y remitidos los autos, la recurrente lo interpuso mediante escrito fundado en dos motivos, al amparo del artículo 95.1.4º de la Ley de esta Jurisdicción, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, concretamente considera infringido el artículo 123,3º del Reglamento de Procedimiento de las Reclamaciones Económico-Administrativas de 20 de Agosto de 1981 y las sentencias del Tribunal Supremo de 20 de Diciembre de 1991 dictadas en los recursos de revisión nºs 947 y 992/90 y la de 11-Mayo-1994, dictada en el Recurso de Casación 1061/93, terminando por suplicar sentencia en la que estimando el recurso de casación, se case, anule y revoque la recurrida, dictando en su lugar otra más conforme a derecho, revocando los pronunciamientos de los apartados 2) y 3) del Fallo de la sentencia recurrida y confirmando sobre este punto la resolución impugnada.
Conferido traslado para contestación a la recurrida "F. Moreno Pérez, S.A.", se opuso al recurso interesando sentencia en la que se desestime el recurso de casación, confirmando la recurrida; tras de lo cual quedaron los autos pendientes de deliberación y fallo por la Sala, acto que tuvo lugar en el día de ayer,
Dado el carácter improrrogable de la competencia de las Salas de lo Contencioso-Administrativo, que establece el artículo 8º de la Ley de esta Jurisdicción, ha de examinarse de oficio y con carácter previo a los motivos de casación que propone la recurrente, la posible inadmisiblidad del presente recurso en atención a la cuantía del mismo.
La casación contencioso-administrativa es un recurso extraordinario y limitado por razón de la cuantía, como resulta de lo establecido en el artículo 93.2.b) de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción (versión anterior a la Ley 29/1998, de 13 de Julio) que al relacionar las resoluciones judiciales excluidas de ser impugnadas en casación, menciona las sentencias recaídas en asuntos cuya cuantía, cualquiera que fuere la materia, no exceda de seis millones de pesetas.
Por otro lado, es constante la jurisprudencia de esta Sala en cuanto a que es irrelevante, a efectos de la inadmisibilidad del recurso de casación por razón de la cuantía, que se haya tenido por preparado el recurso en la instancia o el ofrecimiento del mismo al notificarse la resolución impugnada, siempre, naturalmente, que la cuantía sea estimable e inferior al límite legalmente establecido.
En este asunto, la cuantía del recurso fue fijada por la Sala de instancia en la cantidad de 34.556.246 pesetas, teniendo en cuenta la consignada por la recurrente en la instancia. La representación procesal de "F. Moreno Pérez, S.A.", interpuso recurso contencioso administrativo contra resolución de 11 de Noviembre de 1993, dictada por el Tribunal Económico Administrativo Central, por la que se desestimó el recurso de alzada formulado contra Acuerdo del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid, recaída en expediente de reclamación, denegatorio de la solicitud de devolución de las cantidades que, a su juicio, habían sido indebidamente retenidas por el Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas, en el período comprendido de 1981a 1985, con ocasión del pago de certificaciones de obras relativas a la construcción y reparación de centros escolares.
De los antecedentes obrantes en las actuaciones, resulta que los importes retenidos, son los siguientes:
PERIODO
IMPORTE RETENIDO
1981 3.704.693 Ptas
1982 5.307.869 Ptas
1983 5.505.711 Ptas
1984
1985 8.644.220 Ptas
11.393.753 Ptas
TOTAL 34.556.246 Ptas
Hay que tener en cuenta que, en aplicación de la regla contenida en el artículo 50.3 de la LRJCA -es indiferente que la acumulación se haya producido en vía administrativa o jurisdiccional-, aunque la cuantía del recurso venga determinada por la suma del valor de las pretensiones acumuladas, no comunica a las de cuantía inferior la posibilidad de recurrir; a lo que hay que añadir que tratándose de actos tributarios, para su cuantificación hay que atender única y exclusivamente al débito principal (cuota) y no a cualquier otro tipo de responsabilidades como son los intereses de demora o sanciones, conforme dispone el artículo 51.1.a) de la LRJCA.
Pues bien, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, es indudable que el recurso no es admisible respecto a las liquidaciones por importe de 3.704.693, 5.307.869 y 5.505.711 pesetas, correspondientes a los años 1981, 1982 y 1983, y tampoco lo es en relación con los ejercicios de 1984 y 1985, pues aunque en estos años la cuota conjunta de cada uno de ellos supera los seis millones de pesetas, habida cuenta que las declaraciones-liquidaciones se presentan trimestralmente - que es el criterio a tener en cuenta en este impuesto, ex artículo 38.3 del Reglamento del Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas- ninguna de las cuotas correspondientes a estos ejercicios, puede superar, razonablemente, la cantidad de seis millones de pesetas.
En consecuencia, de acuerdo con la constante y reiterada doctrina de esta Sala, contenida entre otros muchos, en los autos de 8 de junio, 17 de julio y 27 de noviembre de 1998 y 26 de marzo, 17 de septiembre y 29 de noviembre de 1999 y 19 y 20 de Julio de 2000, concurriendo una patente causa de inadmisibilidad, llegado este trámite se convierte en motivo de desestimación, lo que obliga a declararlo así; y en cuanto a costas, se deben imponer al recurrente en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 102.3 de la ley de la Jurisdicción,
Por lo expuesto en nombre del Rey y en el ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo, nos confiere la Constitución.
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación formulado por la Administración General del Estado contra la sentencia dictada en fecha 12 de Febrero de 1996, por la Sección Sexta de la Sala de esta Jurisdicción de la Audiencia Nacional, recaída en el recurso número 105/94, con la obligada imposición de costas a la parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos
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