STS, 13 de Marzo de 1997
| Ponente | RICARDO ENRIQUEZ SANCHO |
| Número de Recurso | 12953/1991 |
| Fecha de Resolución | 13 de Marzo de 1997 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a trece de Marzo de mil novecientos noventa y siete.
VISTO el recurso de apelación que ante Nos pende, interpuesto por el Ayuntamiento de Catarroja, representado por el Procurador Don Juan Luis Pérez-Mulet y Suárez, con la asistencia de Abogado, contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de fecha 30 de septiembre de 1991, sobre tasa por licencia de obras.
Por el Ayuntamiento de Catarroja se giró, en expediente 303/88, a la entidad mercantil ORTMAR, S.L., tasa por licencia de obras correspondiente a la construcción de un edificio calificado como viviendas de protección oficial, e interpuesto recurso de reposición contra ella no fue resuelto expresamente.
Contra la anterior resolución se interpuso por ORTMAR, S.L., recurso contencioso administrativo que fue tramitado por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con el núm. 238/90, en el que recayó sentencia de fecha 30 de septiembre de 1991, por la que se estimaba el recurso interpuesto, se anulaba la liquidación practicada y se reconocía el derecho a una bonificación del 90% en la tasa devengada.
Frente a la anterior sentencia se ha interpuesto el presente recurso de apelación en el que, una vez admitido y tramitado conforme a las prescripciones legales, se ha señalado para la votación y fallo el día doce del corriente mes de marzo, fecha en la que se ha llevado a cabo el acto.
Por el Ayuntamiento de Catarroja se pretende en este recurso de apelación la revocación de la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 30 de septiembre de 1991. que anuló la liquidación girada por dicha Corporación a la entidad mercantil ORTMAR, S. L., por tasa por licencia de obras correspondiente a la construcción de viviendas de protección oficial y reconoció el derecho de dicha entidad a una bonificación del 90% en las tasas devengadas, alegando básicamente que dicha bonificación ha quedado sin efecto tras la entrada en vigor del Real Decreto Legislativo nº 781/1986, de 18 de abril.
Esta Sala, en base a lo dispuesto en la normativa específica reguladora de las Viviendas de Protección Oficial (Leyes de 15 de julio de 1.954 y de 23 de diciembre de 1.961, Texto refundido de 24 de julio de 1.963 y Texto refundido de 12 de noviembre de 1.976), y a lo establecido en la legislación general de régimen local (Real Decreto nº 3250/1976 de 30 de diciembre y Real Decreto Ley 11/1979 de 20 de julio, principalmente) ha mantenido una doctrina constante y reiterada de la que son muestra mas reciente las sentencias de 17 de marzo, 15 de febrero y 31 de enero de 1989, 28 de octubre y 16 de diciembre de 1991, 20 de enero de 1.992 y 23 de marzo de 1993, favorable a la subsistencia de la bonificación del 90% en las cuotas correspondientes a las tasas por licencias de obras solicitadas paraconstruir aquel tipo de viviendas, no obstante la omisión de la mención expresa de dicho beneficio en el Texto refundido de 12 de noviembre de 1.976 y lo dispuesto en el artículo 5º,5 del citado Real Decreto Ley 11/1979 que declara con carácter general que las exenciones, reducciones y bonificaciones de la Contribución Territorial Urbana no se aplicarán a las tasas municipales. El Ayuntamiento apelante alega que la aplicación de la referida bonificación, derivada en definitiva de la Disposición Transitoria segunda del Real Decreto 3250/1976, de 30 de diciembre, no puede sostenerse tras la publicación del Real Decreto Legislativo 781/1986, que deroga al Real Decreto 3250/1976 y que no contiene ninguna disposición como la Transitoria segunda de este último. El Ayuntamiento de la imposición aduce que el Real Decreto Legislativo 781/1986 tiene fuerza de Ley y en consecuencia rango normativo suficiente para derogar la bonificación reconocida por el Real Decreto 3250/1976, pero esto requiere una cierta precisión: el Real Decreto Legislativo es un Texto refundido y por lo tanto su valor de Ley y su función sustitutoria de la legislación anterior sólo puede predicarse en tanto en cuanto refunda en su texto único la diversa legislación anterior. La función constitucional del Texto refundido no es innovar en el ordenamiento jurídico y en consecuencia no puede postularse una interpretación de sus normas que conduzcan a ese resultado, lo que significa que tras la publicación del Real Decreto Legislativo 781/1986 ha de mantenerse la misma línea jurisprudencial favorable a la subsistencia de la bonificación del 90% de las tasas devengadas por licencias solicitadas para la construcción de viviendas de protección oficial.
Por lo expuesto procede desestimar el presente recurso sin hacer especial declaración sobre las costas causadas por no concurrir ninguna de las circunstancias que para ello exige el artículo 131 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción.
Por todo ello en nombre de S.M. el Rey y en el ejercicio de la potestad que, emanada del pueblo español, nos concede la Constitución,
Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Catarroja contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 30 de septiembre de 1991 que se confirma; sin hacer especial declaración sobre las costas causadas.
Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACION.- Leida y publicada fué la anterior sentencia por el Excmo Sr. Magistrado Ponente de la misma, estando la Sala celebrando audiencia pública de lo que como Secretario de la misma certifico. Rubricado.
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