STS, 1 de Septiembre de 1999

Con fecha 9 de mayo de 1997 el Juzgado de lo Social nº 26 de los de BARCELONA, dictó sentencia en la que se declararon probados los siguientes hechos: "Primero.- El trabajador codemandado, D. Armandosufrió un accidente de trabajo el día 25 de junio de 1995 cuando prestaba servicios para la empresa CONSTRUCCIONES MECANICAS LA LLAGOSTA, S.A, la cual tenía concertado el riesgo de accidente de trabajo con la Mutua demandante. Segundo.- Como consecuencia de dicho accidente, el citado trabajador sufrió lesiones en el codo que precisaron asistencia sanitaria, de la que se hizo cargo la actora, lo que importó unos gasto de 151.129 ptas., y asimismo la Mutua asumió el abono del subsidio de I.L.T. que, hasta el 5 de noviembre de 1995 enque el citado trabajador fue dado de alta médica, ascendió a la suma de 472.051 ptas. Tercero.- La empresa codemandada se encontraba al descubierto en el pago de cuotas de seguridad social por periodo superior a seis meses, y en concreto, adeudaba las debidas a accidente de trabajo y enfermedades profesionales a partir de enero de 1994. Cuarto.- Por resolución del INSS de 11 de junio de 1996, que no consta fuera objeto de impugnación, el citado trabajador fue declarado afecto de lesiones permanentes no invalidantes, indemnizables según baremo con 114.000 ptas.,, de cuyo pago se declaró la responsabilidad de CONSTRUCCIONES MECANICAS LA LLAGOSTA, S.A., con obligación de anticipo por la Mutua, y sin perjuicio de las responsabilidades legales del INSS y TGSS, Esta cantidad alzada fue anticipada por la demandante al Armando. Quinto.- La vía administrativa previa se agotó debidamente.

En dicha sentencia aparece la siguiente parte dispositiva: "Que estimando parcialmente la demanda formulada por ASEPEYO MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONES, frente a la empresa CONSTRUCCIONES MECANICAS LA LLAGOSTA, .SA., INSS, TGSS y el trabajador D. Armando, debo de condenar y condeno a la indicada empresa a abonar a la actora la suma de 623.180 ptas. (SEISCIENTAS VEINTITRES MIL CIENTO OCHENTA PESETAS), en concepto de gastos de asistencia sanitaria y subsidio de L.L.T. anticipados al citado trabajador como consecuencia del accidente de trabajo que sufrió el 25 de julio de 1995, con la responsabilidad subsidiaria del INSS y TGSS para el supuesto de insolvencia de la empresa indicada, y absolviendo a los demandados del resto de lo reclamado en la demanda".

La citada sentencia fue recurrida en suplicación por ASEPEYO MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 151, ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de CATALUNYA, la cual dictó sentencia con fecha 12 de mayo de 1998, en la que consta el siguiente fallo: " Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por ASEPEYO, MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 151, contra parte de la sentencia de fecha 9 de mayo de 1997 del Juzgado de lo Social nº 26 de los de BARCELONA, procedimiento nº 158/97, seguido a su instancia frente al INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD, la empresa CONSTRUCCIONES MECANICAS LA LLAGOSTA, S.A., y el trabajador D. Armando, y confirmando íntegramente dicha resolución, desestimamos el recurso interpuesto frente a ella, sin perjuicio de las acciones que puedan emprender la Mutua recurrente frente al INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL demandado al objeto de que por este se proceda a la ejecución de la resolución dictada en materia de lesiones permanentes no invalidantes, disponiéndose la pérdida del depósito necesario para recurrir, lo que se realizará cuando la sentencia sea firme".

Por la representación letrada de la MUTUA ASEPEYO, se formalizó el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal Supremo, el 20 de julio de 1998, en el que se denuncia, al amparo de lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral, la contradicción existente entre la citada sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de CATANLUYA, de 12 de mayo de 1998 (rollo 559/97), y la dictada también por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de CATALUNYA, de 16 de octubre de 1996 (rollo 227/96).

Por providencia de esta Sala de fecha 8 de abril de 1999 se admitió a trámite el presente recurso de casación para unificación de doctrina dándose traslado del mismo y de los autos a la representación del INSS para que formalizara su impugnación presentándose por la misma el correspondiente escrito.

Evacuado el traslado de impugnación por el Ministerio Fiscal se emitió informe en el sentido de considerar procedente el recurso, e instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente, se declararon conclusos los autos y se señaló para la votación y fallo de día 15 de julio de 1999.En dicho acto el Sr. Magistrado ponente manifesto su criterio contrario al parecer de la mayoría, por lo que se ordenó confeccionar la ponencia al Excmo. Sr. D. LUIS RAMON MARTINEZ GARRIDO, anunciando el Sr. SALINAS su propósito de formalizar voto particular.

1. La cuestión debatida en el presente recurso de casación para unificación de doctrina tiene por objeto determinar si la rama social de la Jurisdicción es competente para resolver una pretensión entablada por una Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (MATEPSS) contra un empresario previamente declarado en vía administrativa responsable de las prestaciones derivadas de un accidente de trabajo, en reclamación de las cantidades anticipadas por la Mutua actora.

2. La sentencia impugnada -dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de CATALUNYA, en fecha 12 de mayo de 1998 (rollo 5599/97), ha confirmado la sentencia de instancia desestimando la argumentación de la Mutua, vertida en su recurso de suplicación, en el sentido de que la declaración de inadecuación del procedimiento "respecto del reintegro del importe del baremo anticipado por la Mutua, lo que implica, la incompetencia de la jurisdicción social, y por consiguiente, la competencia del orden contencioso con el obstáculo que el competente para ejecutar la resolución es el INSS (el cual incumpliendo sus deberes de sometimiento al ordenamiento y a sus propias resoluciones, nada ha hecho en contra de la empresa y en cumplimiento de la resolución del presente caso)". Razona la sentencia recurrida que "ante una resolución administrativa firme dictada por el INSS en materia de su competencia, como es la de declarar la existencia de lesiones permanentes no invalidantes, la indemnización procedente y las entidades responsables del pago de la misma " la acción procedente es, en todo caso, la de la ejecución de la repetida resolución administrativa, que es inmediatamente ejecutiva conforme a lo dispuesto en los arts. 9.2 en relación con el 2.1. f) del real Decreto 2609/82, de 24 de septiembre, sobre evaluación y declaración de las situaciones de invalidez en la Seguridad Social y 18.4 de la Orden de 23 de noviembre de 1982, que desarrolló dicho real Decreto -actual artículo 6.4 del hoy vigente Real Decreto 1300/95, de 21 de julio, en materia de incapacidades laborales- siendo el Instituto Nacional de la Seguridad Social, como Administración Pública, la Entidad que viene obligada a ejecutar su resolución, conforme a lo que ya disponían los artículos 101 y siguientes de la Ley de procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958 y establecen ahora los artículos 94 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común" existiendo mecanismos suficientes para obligar a la Administración a cumplir sus propias resoluciones.

3. Se aduce como sentencia contraria la pronunciada por la propia Sala del referido Tribunal Superior de Justicia en fecha 16 de octubre de 1996 (rollo 227/96). Efectivamente, concurre el presupuesto de contradicción dado que, entre la sentencia impugnada y la de comparación existe la identidad sustancial exigida por el art. 217 LPL, en su triple vertiente de hechos, fundamentos y pretensiones ante litigantes en la misma situación jurídica, con resultado final de pronunciamientos diferentes. Identidad sustancial que, de otra parte, no ha sido puesta en duda por las partes litigantes ni por el Ministerio Fiscal. En efecto, en ambos procesos los litigantes de encuentran en la misma situación jurídica. La Mutua, que ha anticipado las prestaciones derivadas de un accidente de trabajo del que ha sido declarado responsable directo el empleador pretende reintegrarse de lo pagado frente al empleador responsable directo, y, subsidiariamente, de la entidad gestora demandada. De otra parte, desde un prisma objetivo, la causa del pedir es la resolución del INSS, que ha declarado responsable directo de las consecuencias del accidente al empleador, y subsidiariamente, por el INSS y la TGSS. La sentencia recurrida desestima la pretensión actora por considerar que la petición, como elemento de la pretensión, debe ser realizada en vía de ejecución administrativa ante el órgano que dictó la resolución administrativa litigiosa, en suma, como en supuestos análogos ha interpretado esta Sala, lo que se viene a decir, de otra forma, es que la competencia genérica para conocer del supuesto litigioso corresponde a la Administración, lo que es contrario al pronunciamiento de la sentencia de contraste, en la que se afirma que " el hecho de que las resoluciones del INSS en la materia, sean ejecutivas, no impide que podamos resolver sobre ello, si todavía no se han ejecutado, en lo que se refiere a la declaración de responsabilidad subsidiaria del INSS y de la Tesorería".

1. La Sala, resolviendo la contradicción existente, se decide a favor de la posibilidad de planteamiento por parte de la Mutua del tema litigiosos ante los Juzgados Y Tribunales del orden jurisdiccional social y, en suma, por la competencia del orden jurisdiccional social para conocer de la cuestión litigiosa, conforme ya declaramos en STS/IV 7-IV-1999 (recurso 2309/1998), cuyos razonamientos, que se asumen, eran los siguientes:

1. El art. 9 LOPJ establece la competencia del orden jurisdiccional, distribuyendo, al efecto, la función jurisdiccional entre los cuatro órdenes jurisdiccionales,-civil, penal, contencioso- administrativo y social- y concretamente, su ordinal 5, atribuye al orden jurisdiccional social el conocimiento de las pretensiones que se promuevan dentro de la rama social del Derecho....así como las reclamaciones en materia de Seguridad Social". Esta misma atribución " en materia de Seguridad Social, incluida la protección por desempleo", se contiene en el art. 2.b).1 LPL vigente, siguiendo lo preceptuado en la base 1ª 2.c) de la Ley de Bases de Procedimiento Laboral de 1989. Ello quiere decir, pues, que genéricamente, toda cuestión relativa a Seguridad Social, es materia cuyo conocimiento corresponde al orden social de la jurisdicción y, que la exclusión de tal orden tiene que ser impuesta expresivamente por ley. Y es evidente y notorio, que, dentro de esta esfera, adquieren singular relevancia las prestaciones, (aunque hoy, permanecen fuera del ámbito competencial social, y dentro de lo contencioso-administrativo las prestaciones de los funcionarios civiles o militares, conforme los arts. 9.1b y 10.2d y e LGSS), de modo que, el conocimiento de todas las cuestiones referentes a las mismas, salvo expresa disposición legal en contrario, sean sobre reconocimiento o ejecución, corresponden a Jueces y Tribunales (arts. 117 CE y 21 LOPJ).

2. Es cierto que esta aseveración de que todo lo relativo a prestaciones corresponden al conocimiento del orden jurisdiccional social, en virtud de aquellas normas de atribución genérica de la competencia, puede ser "aparentemente" contradicha, cuando la norma faculta a órganos de la administración de la Seguridad Social para reconocer derechos prestacionales, no sólo, y a su cargo, a los beneficiarios, sino también para restablecer la responsabilidad de entes colaboradores, como las Mutuas Patronales, o de los mismos empresarios y trabajadores, cuyas declaraciones, además, gozan de ejecutividad inmediata.

3. Mantener, como parece sostener la sentencia de contraste, que este carácter ejecutivo de la resolución de la entidad gestora, declarativa de la responsabilidad directa del empleador y de la subsidiaria de la misma, sin perjuicio del anticipo de la prestación por la Mutua Patronal, es la determinante de que la pretensión de ésta, de naturaleza subrogatoria y reintegradora, únicamente pueda ser actuada en vía administrativa, y que dichas declaraciones de derecho no son impugnables ante el orden social de la jurisdicción, equivale a ir contra la naturaleza de las cosas y contra el principio genérico de atribución de competencias del orden social en la materia de Seguridad Social, sancionado, como antes se ha dicho, en los art. 9.1 LOPJA Y 2.1b) LPL.

4. Es cierto que, en el supuesto litigioso, el acto administrativo declarativo, que ha definido las responsabilidades en orden al pago de las prestaciones causadas en accidente de trabajo no se ha impugnado ante la jurisdicción social y ha devenido firme, pero ello no cambia ni desnaturaliza la competencia genérica atribuida al orden social sobre cualquier conflicto sobre prestaciones. La única excepción a esta competencia genérica es la contenida en el art. 3.b) LPL " de las resoluciones dictadas por la TGSS en materia de gestión recaudatoria, o, en su caso, por las entidades gestoras en el supuesto de cuotas de recaudación conjunta", excepción que, por su propia redacción literal, no alcanza a la resolución administrativa reconocedora de la prestación y de la responsabilidad de su pago. Pero entender, además, que es "gestión recaudatoria, toda aquella que haga relación a la obtención de recursos de Seguridad Social, incluida la referente a la recaudación de prestaciones, sería exorbitante e iría contra el tan repetido carácter genérico de la atribución de competencias en materia de Seguridad Social, traspasar al orden contencioso administrativo las responsabilidades derivadas de accidente de trabajo por el mero hecho que la declaración que las definió venga contenida en una resolución administrativa.

5. Esta declaración ha sido hecha por la Entidad Gestora, conforme las facultades que le han sido conferidas, pero la materia es de seguridad social y la norma que ha aplicado al respecto es la contenida en el artículo 126 de la LGSS, cuyo epígrafe es "Responsabilidad en orden a las prestaciones". Es esta norma, precisamente en su apartado 3, la que establece que, una vez pagadas "las prestaciones a los beneficiarios" se produce la "subrogación en los derechos y acciones de tales beneficiarios de la Mutua de Accidente de Trabajo.

6. En definitiva, la controversia actual dimana, de normas de Seguridad Social, hace relación a prestaciones de Seguridad Social, nacidas, precisamente, en la esfera de la relación pública de la seguridad Social, y, afecta a los elementos individuales de esta relación -empleador, trabajador y entidad gestora- y, también a la entidad colaboradora -Mutua de Accidentes de Trabajo-. sostener que, bajo estas circunstancias y condiciones, la pretensión de la Mutua, que se ha subrogado en la posición del beneficiario de la prestación, dirigida a obtener el reintegro del pago de la prestación frente al empleador-responsable directo y entidades gestoras subsidiairias, debe ser actuada en vía ejecutiva administrativa, y, sometida, en su caso, al control del orden jurisdiccional contencioso- administrativo, parece desconocer el origen y naturaleza de la controversia de marcado carácter prestacional de la Seguridad Social.

7. Debe atribuirse al orden jurisdiccional social el conocimiento de la reclamación de reintegros litigiosos.

8. En definitiva, para que la Mutua -que ya ha hecho efectiva la prestación- pueda lograr el reintegro a que tiene derecho, es preciso que ejercite la pretensión en la vía judicial que es propia y adecuada: la social. En ella podrá obtener, bien el pago de la empresa responsable, bien la declaración de su insolvencia que le permita reclamar de la Entidad Gestora (cuya responsabilidad es subsidiaria) y a ésta hacer efectiva su obligación de reintegro. No puede la administración de la Seguridad Social efectuar un pago sin que se haya producido el presupuesto necesario para ello: declaración de insolvencia del principal obligado.

2. La aplicación de la anterior doctrina al supuesto ahora enjuiciado comporta la estimación del recurso, la casación y anulación de la sentencia recurrida, y resolviendo el debate planteado en suplicación, revocamos en parte la sentencia de instancia, estimando íntegramente la demanda y condenando a la empresa demandada y subsidiariamente al INSS, para el supuesto de insolvencia de la empresa, sin perjuicio de las responsabilidades legales de la TGSS, al reintegro de la cantidad de 114.000 pesetas anticipada por la Mutua a favor del trabajador en concepto de prestación por lesión permanente no invalidante; sin imposición de costas y con devolución de los depósitos constituidos para recurrir (art. 226.2 y 233.1 LPL).

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.