STS, 18 de Abril de 1997

El inicial motivo de impugnación, se formula al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y en él se aduce vulneración de los artículos 520 y 520 bis de la Ley Procesal mencionada, y además en los artículos 5.4, 238 y 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los artículos 120, 9, 17 y 24 de la Constitución Española, alegando en síntesis la falta de motivación de los autos de incomunicación y prórroga de detención de las personas a que se refiere.

En principio, mezcla en un solo motivo, temas de legalidad ordinaria y de relevancia constitucional, refiriéndose además a condenados de los que no asume la representación.

Por lo que afecta al recurrente, es cierto que el Auto del Instructor, folio 155, efectúa, una remisión a las causas expuestas por la Policía, al solicitar la incomunicación y la prórroga concedidas, incluyendo en ellos una sucinta motivación, que justifica las razones en base a las cuales se adoptaban las resoluciónes, eliminando la arbitrariedad y permitiendo conocer al interesado el motivo de la medida y el control judicial necesario.

Es cierto, que según lo dispuesto en el artículo 120.3 de la Constitución Española, las sentencias, y también los autos han de ser motivados, y si tal motivación no existe o es insuficiente o arbitraria e irracional queda lesionado el derecho a la tutela judicial.

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha concretado el contenido y significado de tal requisito, que afecta no solo a las sentencias a las que concretamente se refiere el artículo 120 citado de la Norma Constitucional,sino también a los autos, que según el artículo 248.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Procesal Penal, artículos 141 y 550, han de ser siempre fundados -Tribunal Constitucional Sentencias 159 y 175 de 1.992-. Se insiste en que el derecho a una resolución motivada, consiste en el derecho del justiciable a conocer las razones de las decisiones judiciales, sin que sea exigible una extensión determinada, y sin que el juez o Tribunal esté obligado a realizar una exhaustiva descripción del proceso intelectivo que le lleva a resolver en un determinado sentido, siendo suficiente el que tales razones se expresen de modo que pueda entenderse el porqué de lo resuelto, poniéndose así de manifiesto que no se ha obrado con arbitrariedad, y siendo las peculiares circunstancias del caso, asi como la naturaleza de la resolución de que se trate, las que han de servir para juzgar sobre la suficiencia o no de las razones expuestas a los fines de tener o no por cumplido el requisito que se examina. Así, pues, ha de examinarse caso por caso, atendiendo a las peculiares circunstancias de cada uno y la clase de resolución de que se trate, lo que tiene excepcional importancia en supuestos como el presente en que se trata de autorizar una medida policial de investigación previa al descubrimiento del delito -Tribunal Supremo Sentencias 8 y 22 de Mayo de 1.995-. Tanto la jurisprudencia del Tribunal Constitucional -Sentencias 28 Junio 1.993 y 10 Junio 1.994- como la del Tribunal Supremo -cfr. Sentencias 4 Marzo, 17 Abril 1.995 y 3 Octubre 1.996-, admiten la motivación por remisión, y esta doctrina viene siendo aplicada con frecuencia por esta Sala, cuando se trata de autorizaciones judiciales para entradas y registros en domicilios; así pues, el auto del juzgado respuesta a una determinada solicitud de la Policía, queda completado por el contenido de la solicitud, de tal forma que han de considerarse constitucionalmente correctos, aunque procesalmente puedan reputarse viciados, los casos como el que se examina en que la resolución judicial es sucinta, pero no lo es el oficio policial de petición de autorización, y ello porque no se produce indefensión alguna a la parte que cuando tiene acceso al procedimiento, conoce al mismo tiempo el auto del juzgado , y la solicitud de la Polícia que le precede y sirve de fundamento -Tribunal Supremo Sentencias 26 Enero, 24 Febrero, 2 y 30 Abril 1.996-.

El motivo debe desestimarse.

En el correlativo motivo, al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con los artículos 416, 520 y 527 del mismo Cuerpo Legal, el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y los artículos 15, 17 y 24 de la Constitución Española. El motivo, al igual que el anterior, sigue mezclando las cuestiones de legalidad ordinaria y constitucional, lo que exigiria el que hubieren de formularse motivos independientes.

Se insiste en el motivo, en que la falta de motivación de los autos de incomunicación y prórroga contaminan las restantes declaraciones, lo cual no puede aceptarse, toda vez que no se comprende el por qué han de llevar aparejadas la nulidad ni cual es la fundamentación que pudiera sustentarlas, si estuvieron asistido de Letrado en las mísmas. En todo caso, ello sería si se estimasen nulos aquellas resoluciones, lo que se ha rechazado en el fundamento anterior.

También se pretende que el haber declarado en distintas sesiones y con diversos Letrados, resta derechos de defensa en la declaración conjunta porque los Letrados subsiguientes no conocen el contenido de las primeras declaraciones. Tal afirmación tampoco puede acogerse, pues no hay prueba alguna de que por tal motivo, sufriera alguna merma de su derecho de defensa.

Evidentemente, hay que resaltar, como efectúa el Ministerio Fiscal, que no se entiende la finalidad del motivo, pues se refiere a declaraciones prestadas por personas entre las que no figura el recurrente, sin que conste que las mismas hayan encargado su defensa casacional.

En el motivo, también se aduce vulneración del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dispensa de la obligación de declarar en favor de los parientes de los imputados. Tal precepto se refiere a la prueba testifical y ninguno de los que en el motivo se citan, declararon como testigo, sino como imputado, informados de sus derechos, asistidos de Letrado, y sin obligación de contestar.

En nuestro ordenamiento jurídico, se establecen diversos supuestos en que, por incapacidad física o moral, para evitar la propia inculpación, o por razón de parentesco o de secreto profesional, se exime al testigo del deber de declarar; según el artículo 410 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal "todos los que residan en territorio español, nacionales o extranjeros, que no estén impedidos, tendrán obligación de concurrir al llamamiento judicial para declarar cuanto supieren sobre lo que les fuere preguntado, si para ello se les cita con las formalidades prescritas en la ley". Y el deber de prestar declaración constituye el deber fundamental del testigo, en torno al cual gira toda la diligencia. Sin embargo, la ley establece determinadas exenciones a dicho deber de declarar, que con exclusión de los imputados, son únicamente los testigos, y a ellos se refieren los artículos 416 y siguientes de la Ley Procesal. La Constitución dispone que la ley habrá de regular los casos en que por razón de parentesco o de secreto profesional no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos -artículo 24.2 párrafo 2º-. Se habilita pues al legislador para establecer casos de secreto procesal, aunque en realidad se legitiman los que estaban previstos con anterioridad, al no establecer la Constitución ningún parámento normativo para esta regulación. Y uno de ellos -artículo 416.1º Ley Enjuiciamiento Criminal- es el secreto familiar que tiene su fundamento en los vínculos de solidaridad que existen entre los que integran un mismo circulo familiar. La colisión que puede surgir entre el deber de veracidad del testigo y el deber de fidelidad para con su pariente, por lo que fueron reputado testes non integri en el derecho común, a los que efectivamente el instructor ha de advertir de la facultad que les asiste para no declarar contra el inculpado, se resuelve pudiendo hacer las manifestaciones que estimen oportunas, sin que tampoco esté obligado a responder de una manera directa e importante a la persona o fortuna de alguno de dichos parientes, aunque no sean inculpados -artículo 418 L.E. Crimm.- Pero siempre referido ambos preceptos al testigo que es el único sobre el que pesa la obligación de declarar, a quien se le exime en el supuesto mencionado y en otros, secreto del defensor, religioso, etc. del deber de testimoniar.

Es evidente, que no existiendo obligación de declarar en el imputado, pudiendo optar libremente por no efectuarlo, no puede vulnerar ningún derecho fundamental, ni hay necesidad de instruirle de ningun derecho que no tiene reconocido.(cfr. Tribunal Supremo Sentencias 25 Junio 1.990; 4 Marzo y 16 de Mayo 1.995 y 21 y 29 octubre 1.996). Debe rechazarse el motivo.

En el motivo tercero de impugnación, con sede procesal en el número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con los artículos 416, 520, y 527 de la Ley Procesal citada, 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 17 y 24 de la Constitución española, se alega la nulidad de las declaraciones prestadas en el Juzgado, en razón a los motivos anteriores sobre nulidad de declaraciones policiales, al coincidir aquéllas con éstas, las contamina de la misma nulidad. Ahora bien, no habiendose estimado nulas las declaraciones policiales, tampoco lo serán las prestadas ante el Juzgado Instructor. El motivo, pues, debe desestimarse.

En el cuarto motivo, se alega vulneración del derecho a la presunción de inocencia, al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 24.2 de la Constitución, apoyándose para ello en la nulidad de las declaraciones de los otros coimputados a que se ha hecho mención en los motivos anteriores, y que solicitaba insistentemente, tal vez porque tales declaraciones le inculpaban y de ser nulas, no habría tal prueba incriminatoria. Mas como no existe dicha nulidad, la prueba de cargo subsiste, de acuerdo con una reiterada doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional, que la estima apta para enervar la presunción de inocencia.

El derecho fundamental a la presunción de inocencia, no precisa de un comportamiento activo por parte de su titular. Así resulta del artículo 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1.948; del artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1.966, y del artículo 6.2 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades públicas de 1.950, pues de tales textos no resulta sólo la precisión de que la parte acusadora tenga la carga de la prueba, sino además, el que la presunción de inocencia es una verdad interina de inculpabilidad, que puede ser enervada cuando consta en la causa prueba de cargo, suficiente, producida regularmente, abarcando su verdadero espacio dos extremos fácticos: la existencia real del ilícito penal y la culpabilidad del acusado, como mínimo de intervención o participación en el hecho y no en el sentido normativo de reprochabilidad jurídico-penal -Tribunal Supremo Sentencias 6 Febrero y 21 Marzo 1.995-. En trámite casacional supone únicamente la comprobación de que en la causa exista prueba de signo incriminatorio que pueda razonablemente ser calificada como suficiente, pero sin posibilidad de proceder en este recurso extraordinario a un nuevo examen crítico de la prueba practicada, lo que incumbe exclusivamente al Tribunal sentenciador de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 117.3 de la Constitución Española y 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, conforme a la doctrina de esta Sala, Sentencias citadas y las de 6 Abril y 7 de Mayo de 1.994, 17 Diciembre 1.996 y 29 de Enero, 4 Febrero; 12 y 21 de Marzo y 15 y 17 de Abril de 1.997, y del Tribunal Constitucional, 82/92 de 28 de Mayo y 323/93 de 8 de Noviembre.

El motivo debe rechazarse.

2. Recurso de Alfonso.

Los motivos primero y segundo de impugnación del recurso, se amparan en los mismos preceptos casacionales y aducen análogos argumentos que los correlativos del anterior recurso de Jose Enrique, y que fueron rechazados en los fundamentos primero y segundo de esta resolución, por lo que para evitar innecesarias repeticiones, nos remitimos a lo allí expuesto, por lo que deben rechazarse.

El motivo tercero de impugnación, se formula en base al artículo 5.4 de la Ley Orgánica Poder Judicial, y en él se alega vulneración de los artículos 24.2 de la Constitución Española y artículos 261.1, 416.1, y 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En el motivo se argumenta que la condena del recurrente sobreviene como efecto de la declaración de su esposa Teresa, sin que ésta fuera advertida de su obligación de declarar contra su cónyuge.

En el fundamento de derecho segundo de esta resolución, in fine, se dió adecuada respuesta con carácter general a tal pretensión, ya que argüida por el recurrente anterior, por lo que a lo allí expuesto nos remitimos.

Concretamente en este motivo, se propugna que en la declaración de la Sra. Teresa, se contienen dos aspectos: su declaración como imputada respecto de si misma, y como testigo respecto de su cónyuge, el recurrente. Sin embargo, dicha señora fue advertida, como tal imputada, de su derecho a no declarar en absoluto, primero porque no constaba fehacientemente tal condición, y segundo porque siendo ella ajena al hecho como demuestra su absolución, o se negaba a prestar declaración alguna, lo que no hizo, o mencionaba al que era su marido, sin imputarle ningún delito que es precisamente lo que efectuó.

A mayor abundamiento, como se desprende del fundamento de derecho decimoquinto de la sentencia de instancia, la declaración de la esposa del recurrente no supuso prueba de cargo para éste, sino que el Tribunal formó su convicción, por las propias manifestaciones de aquél, según se afirma expresamente en el aludido fundamento, en donde solo respecto a su conyuge se dice que tras la ausencia de Alberto, su marido le comunicó la realidad, lo que en nada perjudica al recurrente. El motivo debe desestimarse.

En el motivo cuarto de impugnación, y con invocación del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se alega vulneración del artículo 24 de la Constitución Española, y concretamente del derecho a un proceso con todas las garantias, al haberse tomado en consideración declaraciones obtenidas en situación de incomunicación y prórroga de detención, no acordada conforme a las exigencias procesales y constitucionales. Se insiste en el motivo en la nulidad de dichas declaraciones, reconociendo que el tema ya había sido objeto de los motivos primero y segundo de impugnación de su recurso, mas como los argumentos son similares a los del motivo segundo del recurso de Jose Enrique, desestimado en el fundamento de derecho segundo de esta resolución, nos remitimos a lo allí expuesto, por lo que procede su desestimación, asi como el motivo quinto, en el que vuelve a reiterarse la nulidad de las declaraciones policiales prestadas por el propio recurrente y por los coacusados Rodolfo, Donatoy Teresa, asi como las judiciales posteriores, ya que con tales argumentos se han rechazado los motivos del recurso de Jose Enrique, por lo que debe seguir la misma suerte desestimatoria, en razón a los argumentos expuestos con anterioridad al desestimar dichos motivos.

En el motivo sexto, al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se aduce vulneración del principio de presunción de inocencia que proclama el ar´ticulo 24.2 de la Constitución Española, ya que según se arguye se pretende que no existe prueba de cargo que acredite que el recurrente conocía las relaciones de Alberto., al que alojó y ayudó a preparar su paso al sur de Francia. Sin embargo, en el fundamento de derecho décimo-quinto de la sentencia impugnada, al que ya se ha hecho mención con anterioridad, al valorar la prueba de cargo, lo que compete exclusivamente al Tribunal "a quo", se afirma que el propio recurrente reconoció que pasados unos dias después de albergar a Alberto, supo por éste su adscripción a ETA. Es por ello, que siendo válida tal declaración, y correspondiendo la valoración de la prueba al Tribunal de instancia, es obvio que la presunción de inocencia ha quedado enervada, y por ello el motivo debe desestimarse.

En el motivo séptimo de impugnación, con sede procesal en el número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se alega aplicación indebida del artículo 174 bis a) del Código Penal. El motivo expresa que no basta para la integración del hecho en el precepto cuestionado unos actos de potencial eficacia para favorecer a banda armada, sino una específica intención de ayudar a ésta. El motivo debe rechazarse. En efecto, dada la via procesal elegida, los hechos declarados probados deben respetarse integramente, y en los mismos, claramente se expresa que el recurrente alojó a Alberto, con pleno conocimiento de sus relaciones con ETA, y de que era buscado por la Policia. Y luego, tras el fracaso de aquél para contactar con los "mugalaris", volvió a ser recogido por el impugnante.

El artículo que se invoca, en su párrafo primero castiga la colaboración con banda armada, y en el segundo, define ésta, consistiendo en ceder alojamiento y ocultar y trasladar a quienes se saben integrados en tales bandas.

Los hechos declarados probados, recogen la conducta típica del recurrente, sin que sea argumento contral tal subsunción describir la específica intención de ayudar a las actividades de la banda armada. Pero tal tesis no puede acogerse, toda vez que el tipo que se analiza no exige tal dolo específico, y porque al factum, claramente expresa que el alojamiento, la ocultación y el traslado de Alberto, se produjo por la pertenencia de éste a ETA, ya que ningún vínculo personal ni afectivo le unía con el recurrente, es evidente que tal conducta, cumple claramente las exigencias del precepto que se cuestiona.

3. Recurso de Pedro Miguely Julián.

Los motivos primero y primero bis del recurso, coinciden con los motivos 1º, 2º y 3º del recurso de Jose Enrique, y los motivos 1º, 2º, 4º y 5º del recurso de Alfonso, deben ser desestimados, al coincidir las argumentaciones allí expuestas con las que ahora se examinan por lo que para evitar repeticiones, nos remitimos a lo expuesto con anterioridad en los fundamentos precedentes primero y segundo de esta resolución, procediendo su desestimación.

En el motivo segundo de impugnación, por la vía del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se alega infracción de los artículos 18.2; 24.1y 2 y 9.1 y 3 de la Constitución Española; aduciéndose la nulidad de las pruebas halladas en el domicilio del recurrente Julián, por cuanto el registro se hizo sin su presencia, ni de persona que lo representara, conforme exige el artículo 569 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El motivo, debe rechazarse. La sentencia de instancia en el fundamento de derecho segundo, dá respuesta a tal cuestión, que ha de aceptarse, a tenor del contenido del artículo 55.2 de la Constitución Española y el artículo 553 de la Ley Procesal Penal, que por Ley Orgánica 4/1988 de 25 de Mayo lo desarrolla. El apartado cuarto de los hechos declarados probados, señala como se produjo la detención del impugnante Julián, y el registro de su domicilio, en evidente cumplimiento del artículo 553 citado.

Por otra parte, la jurisprudencia de esta Sala, respecto a la ausencia del acusado en el registro, por encontrarse detenido, es cierto que la doctrina de esta Sala tiene declarado que ello determina la nulidad de la diligencia, pero ha de excluirse cuando la diligencia se extiende y estuvo presente el titular del piso -Tribunal Supremo Sentencia 29 Abril 1.993-. En todo caso, y aunque se hubiese infringuido el artículo 569 de la Ley Procesal que lo establece, ello constituíría una irregularidad procesal, sin afectar a derechos fundamentales, y por tanto, en nada empece a que los datos descubiertos en tal diligencia pudieran acreditarse por otros medios probatorios distintos, dado que en tal supuesto no es de aplicación lo dispuesto en el artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y así por ello, tales datos bien podría probarse por el reconocimiento del propio interesado, o por el testimonio de los que presenciaron la misma en calidad de testigos -Tribunal Supremo Sentencias nº 9 y 69 1.994 y 18 Julio mismo año; 3 Octubre; 20 Noviembre 1.996 y Auto 29 Enero 1.997-

Al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se invoca vulneración del principio de presunción de inocencia del artículo 24.2 de la Constitución Española, respecto del recurrente Pedro Miguel.

El fundamento de derecho décimo de la sentencia impugnada forma su convicción respecto a la autoría del delito por el que se le condena a dicho recurrente, en las declaraciones de Juliány Donato. La argumentación del motivo, pretende la nulidad de tales declaraciones por los razonamientos señalados en los motivos 1º, 2º y 3º del recurso de Jose Enrique, por los motivos 1º, 2º, 4º y 5º del recurso de Alfonsoy los motivos 1º y 1º bis de este mismo recurso. En los fundamentos primero y segundo de esta resolución se expusieron los razonamientos, por los que se destinaban dichos motivos y que sirven ahora para desestimar el presente.

TERCERO.- El motivo de impugnación tercero bis del recurso, con los mismos preceptos invocados en el motivo anterior, se alega vulneración del principio de presunción de inocencia, respecto a Julián. El motivo debe rechazarse. En el mismo, de una parte, se reprocha la falta de acreditación del elemento subjetivo del delito, pero como tal argumentación ya fue desestimada al examinar el motivo septimo del recurso de Alfonso, por las razones allí expuestas, debe también rechazarse el presente motivo, asi como el motivo cuarto referido, igualmente a Julián, en el que desde otra perspectiva, falta de tutela judicial efectiva se reitera la ausencia del elemento subjetivo del delito del artículo 174 bis a) del Código Penal.

Por otra parte, se insiste en que determinadas declaraciones que al recurrente le inculpan, son nulas por contaminación de defectos constitucionales, lo que ha sido rechazado reiteradamente con anterioridad, sin que puedan tener aquellas el valor de meras denuncias, puesto que se tratan de manifestaciones de coimputados.

4. Recurso de Tomásy Gregorio.

CUARTO.- El unico motivo de impugnación, se formula por infracción de los artículos 18.2, 24.2 y 14 de la Constitución Española, y en él se plantean las tres cuestiones previas de nulidad, que se propusieron en el acto del juicio oral.

La primera de ellas, hace referencia a la nulidad de las diligencias de entrada y registro de los domicilios del recurrente y de Julián, y tal tema fue rechazado en el fundamento de derecho undécimo de esta resolución, al estudiar el motivo segundo de impugnación del recurso del último de los citados, por lo que nos remitimos a lo allí expuesto.

La segunda, invoca nulidad de las declaraciones tanto policiales como judiciales de las personas que se mencionan en dicho apartado segundo, en razón al parentesco existente entre los mismos, con infracción del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Se repite lo expuesto en los motivos segundo de Jose Enriquey tercero de Alfonso, que fueron desestimado en los fundamentos de derecho segundo y sexto de esta resolución a los que nos remitimos.

La tercera, se refiere a la nulidad de las declaraciones tanto policiales como judiciales de las personas alli mencionadas, por falta de motivación de los autos de incomunicación y prórroga de la detención. Como en otros términos, son los argumentos ya rebatidos en los motivos, 1º, 2º, 4º y 5º del recurso de Alfonsoy en los primero y primero bis del recurso de Pedro Miguely Julián, por lo que efectuamos la remisión a los fundamentos jurídicos quinto, séptimo y décimo de esta resolución que lo desestimaban.III.