STS 1146/1993, 4 de Diciembre de 1993

Para liquidar las relaciones financieras que entre ellos habían venido existiendo, D. Marco Antonio y D. Rafael suscribieron un documento privado de fecha 14 de Febrero de 1977, en el que, después de expresar en su antecedente I que el Sr. Rafael es propietario, a título individual, de "DIRECCION000", en los dos antecedentes o exponendos siguientes declaran y hacen constar lo siguiente: "II.- Que el Sr. Marco Antonio ha venido prestando al Sr. Rafael una amplia y extensa ayuda financiera desde Enero de 1974, materializada ésta en diversas formas, bien mediante aval para pólizas de crédito, o préstamos de otra clase, y letras de cambio, en las que ha intervenido en nombre propio y también como DIRECCION001 de Tancaplast, S.A.; cuyos importes fueron abonados al Sr. Rafael, con destino al desenvolvimiento del precitado Taller. III.-Y que interesando a las partes fijar el saldo que en el día de hoy presentan las cuentas entre ambos, a efectos de reconocimiento del mismo por parte del Sr. Rafael y al propio tiempo señalar la forma de pago, ambos otorgantes han realizado las comprobaciones correspondientes, habiendo llegado a un acuerdo que materializan según las siguientes Cláusulas".- De momento, en aras de la exigible claridad en el estudio del presente recurso, procede transcribir aquí las dos primeras de las expresadas Cláusulas, sin perjuicio de que más adelante, si fuere necesario, será transcrita también alguna otra de las siguientes. Dichas dos primeras Cláusulas dicen literalmente así: " PRIMERA.- El Sr. Rafael, personalmente y como titular de DIRECCION000, reconoce a favor del Sr. Marco Antonio un saldo en esta fecha de PESETAS 13.788.620 (TRECE MILLONES SETECIENTAS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTAS VEINTE), cantidad que le ha sido abonada con anterioridad y en distintas ocasiones y formas, según se ha hecho constar en los antecedentes de este documento, y que debe y quiere pagar al Sr. Marco Antonio. SEGUNDA.- En este saldo queda comprendida la suma de todas las letras de cambio, pólizas de crédito, préstamos y deudas existentes en esta fecha, en la que intervengan como deudor, aceptante, librador, cedente o avalista alguna de las firmas de Tancaplast, S.A., D. Rafael o D. Marco Antonio en cualquiera de dichos conceptos, y que estén pendientes de pago total o parcial en el día de hoy, en cualquiera de los siguientes Bancos: Banco Atlántico (Cataluña), Banco de Bilbao Agencia de Pueblo Nuevo, Banco de Bilbao Sucursal de Badalona y Banco de Vizcaya. Por ello, el Sr. Marco Antonio asume la obligación personal de pago de cualquiera de dichas deudas, letras o pólizas, que liquidará de su propio peculio a los respectivos vencimientos. Y por ser esta obligación de pago del Sr. Marco Antonio que se acaba de expresar causa esencial del presente acuerdo, el incumplimiento de la misma producirá automáticamente que quede sin efecto lo convenido en el presente documento".

Alegando haber dado cumplimiento a la obligación contraída en la cláusula segunda (que acaba de ser literalmente transcrita) del documento de 14 de Febrero de 1977, D. Marco Antonio promovió contra D. Rafael el presente proceso, en el que postuló se le condene a pagarle la cantidad de trece millones setecientas ochenta y ocho mil seiscientas veinte (13.788.620) pesetas más los intereses correspondientes que cifra en nueve millones quinientas veintisiete mil ciento setenta y cuatro (9.527.174) pesetas y el resarcimiento de daños y perjuicios a determinar en fase de ejecución de sentencia. En dicho proceso, en grado de apelación, recayó sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Barcelona, por la que, revocando la de primer grado y estimando parcialmente la demanda, condena al demandado a abonar al demandante la suma de trece millones setecientas ochenta y ocho mil seiscientas veinte (13.788.620) pesetas más los intereses legales desde la fecha de dicha resolución. Contra la referida sentencia de la Audiencia, el demandado D. Rafael ha interpuesto el presente recurso de casación a través de cuatro motivos.

Antes de proceder al examen de los mismos, se estima imprescindible dejar hechas las siguientes puntualizaciones: Primera.- El demandante Sr. Marco Antonio acompañó con su demanda, como documentos números 4, 5 y 6, los siguientes: a) Una certificación de fecha 30 de Mayo de 1988, expedida por el DIRECCION001 del Banco de Vizcaya, S.A. de Agencia Verdaguer, Avda. Diagonal 382 de Barcelona, en la que acredita y hace constar que el crédito concedido por medio de Póliza de Crédito Personal, de fecha 30 de Diciembre de 1977, a favor de Don. Rafael y Marco Antonio, por un límite de 1.400.000 pesetas, quedó definitivamente cancelado en 25 de Abril de 1981 (documento número 4); b) Una certificación de fecha 7 de Junio de 1988, expedida por dos apoderados de Banco Atlántico, S.A., en la que acreditan y hacen constar: "Que la Póliza de Crédito y demás deudas existentes a 14 de Febrero de 1977 o en fecha posterior inminente en la que intervinieron como deudor, aceptante, librador, cedente o avalista de Tancaplast, S.A. o D. Rafael en el Banco Atlántico, S.A., han quedado consumadas y pagadas total y absolutamente" (documento número 5); y c) Una certificación de fecha 16 de Junio de 1988, expedida por dos apoderados del Banco de Bilbao, en Badalona, por la que acreditan y hacen constar: "Que D. Marco Antonio no tiene en estos momentos ninguna deuda ni débito pendiente con esta Oficina del Banco de Bilbao, ni en su condición de beneficiario, ni como librador, avalista, endosante o endosatario de efectos o letras en las que intervenga a nombre propio o relacionado con D. Rafael" (documento número 6).- Segunda.- La sentencia aquí recurrida, tras la valoración de la prueba practicada en el proceso y muy especialmente de las certificaciones bancarias anteriormente relacionadas, considera probado que el demandante D. Marco Antonio ha dado cumplimiento a la obligación que contrajo en la cláusula segunda (que ha sido transcrita literalmente en el Fundamento jurídico primero de esta resolución) del documento privado de fecha 14 de Febrero de 1977, cuya conclusión probatoria la expresa en los siguientes términos: "La adveración documental de la liquidación de las operaciones bancarias y de descuento unida a la rebelde actitud de la demandada frente a la obligación de devolver el total importe de su montante, hace que la exculpación de ésta basada en el desconocimiento de la persona que las abonó ceda ante mínimos de sentido común aún con el soporte de ese componente de credulidad que enmarca a los milagros (sic)" (Fundamento jurídico segundo de la sentencia recurrida).

El motivo primero, con sede procesal en el ordinal quinto del artículo 1692 de la Ley rituaria (en su redacción anterior a la hoy vigente) denuncia textualmente: "infracción del artículo 512 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por interpretación errónea del mismo y de la Jurisprudencia que lo interpreta y desarrolla". En el alegato que integra su desarrollo, en el que también invoca como supuestamente infringidos los artículos 1225 del Código Civil y 604 de la Ley procesal civil, y después de razonar que los tres certificados bancarios aportados por el actor con su demanda (bajo los números 4, 5 y 6) son documentos privados, el recurrente viene, en esencia, a sostener que como él ha rechazado o negado la legitimidad de dichos certificados y tampoco han sido adverados en el proceso, a los mismos, según dice, no se les puede reconocer valor probatorio alguno. Después de hacer constar que la falta de adveración de los referidos certificados bancarios no ha sido debida a que los respectivos apoderados que aparecen como firmantes de los mismos hayan negado su autenticidad, sino simplemente a que no han sido citados en el proceso para reconocerlos, pues la forma en que lo propuso el demandante (mediante exhorto dirigido a las respectivas entidades bancarias) le fué inadmitida por el Juzgado, por considerarla impertinente en la forma en que se proponía dicha prueba, después de lo que se ha hecho constar, decimos, el motivo ha de ser desestimado, ya que es reiterada doctrina de esta Sala (Sentencias de 11 de Mayo de 1987, 20 de Abril de 1989, 11 de Octubre de 1991, 23 de Junio y 16 de Noviembre de 1992, entre otras muchas) la de que la falta de adveración en el proceso de un documento privado no le priva en absoluto de valor y puede ser tomado en consideración, ponderando su grado de credibilidad atendidas las circunstancias del debate. Ello es lo ocurrido en el presente supuesto litigioso, en el que el Tribunal de apelación, dadas las circunstancias concurrentes, anteriormente dichas, en esa falta de adveración, no ha encontrado el más mínimo elemento probatorio que pueda hacer dudar de la autenticidad de los aludidos certificados (que han sido transcritos en el Fundamento jurídico anterior de esta resolución), expedidos por tres distintas entidades bancarias, que son totalmente ajenas al tema litigioso aquí debatido, máxime cuando el demandado, ahora recurrente, cuya actitud en el proceso se ha limitado a ser meramente negativa, no ha aportado prueba alguna, ni siquiera indiciaria, que pueda introducir algún principio de duda acerca de la certeza del contenido de los tres repetidos certificados bancarios.

El motivo segundo aparece formulado textualmente "por error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obren en autos que demuestren la equivocación del juzgador, sin resultar contradichos por otros elementos probatorios, al amparo del artículo 1692, ordinal 4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil: Se señalan como documentos a los efectos de este motivo del recurso los acompañados por la parte actora de números 4, 5 y 6 con su escrito de demanda". El supuesto error probatorio que atribuye a la sentencia recurrida lo hace consistir el recurrente en que, según dice, de los certificados bancarios aportados con la demanda (documentos números 4, 5 y 6) "no se infiere" (así lo dice textualmente en el desarrollo del motivo) que el demandante haya dado total cumplimiento a las obligaciones que contrajo en la cláusula segunda (que ya ha sido transcrita en el Fundamento jurídico primero de esta resolución) del documento privado de fecha 14 de Febrero de 1977. El expresado motivo, a cuya admisión ya se opuso el Ministerio Fiscal en su preceptivo dictamen, ha de ser desestimado por las consideraciones siguientes: a) La prosperabilidad casacional del medio impugnatorio aquí utilizado (antiguo ordinal cuarto, hoy ya suprimido) exige inexcusablemente que el supuesto error probatorio denunciado aparezca evidenciado de modo directo, patente e inequívoco (literosuficiencia) por el documento o documentos invocados como soporte de dicha motivación, lo que, obviamente, no ocurre en el caso aquí contemplado, pues ninguno de los tres referidos certificados bancarios expresa, no ya directa e inequívocamente, sino ni siquiera de forma indirecta, que el demandante tenga pendiente de cumplimiento alguna de las obligaciones (por letras de cambio, pólizas de crédito, préstamos y deudas existentes en 14 de Febrero de 1977) a que se refiere la citada cláusula segunda; b) Es reiterada y notoria doctrina de esta Sala la de que no tienen el carácter de documentos para servir de base al objeto de evidenciar error en la apreciación de la prueba los que ya han sido tenidos en cuenta y valorados por la Sala sentenciadora de instancia (Sentencias de 24 de Noviembre y 1 de Diciembre de 1988, 12 de Febrero de 1991, 31 de Enero y 30 de Marzo de 1992), así como tampoco los documentos básicos del pleito, en cuya exacta interpretación y valoración descansa la resolución que haya de corresponder a la cuestión debatida (Sentencias de 25 de Febrero de 1987, 2 de Marzo y 11 de Mayo de 1989, 20 de Noviembre de 1991, 31 de Enero de 1992), como lo son los certificados bancarios anteriormente expresados; c) La cuestión que se somete a esta revisión casacional con el presente motivo no pertenece en modo alguno al ámbito del error de hecho en la apreciación de la prueba, sino al de la valoración de la practicada en el proceso, cuya impugnación, además de tener un cauce procesal distinto (antiguo ordinal quinto), que no es el aquí utilizado, requiere la inexcusable cita del precepto que, conteniendo una norma valorativa de prueba, se considere ha sido infringido, cuya invocación no se ha hecho en el presente caso; d) Si el demandado, ahora recurrente, entendía que el actor ha dejado de cumplir alguna o algunas obligaciones concretas de las señaladas en la repetida cláusula segunda, en vez de adoptar la actitud meramente negativa a que se ha limitado su actuación defensiva en el proceso, debió dar a conocer cuáles eran esas obligaciones concretas y probar la certeza de su aserto, pues sobre él gravitaba la carga de la prueba acerca de dicho extremo, al tratarse de un hecho impeditivo o extintivo de la acción ejercitada por el actor (artículo 1214 del Código Civil), cuya prueba no puede en modo alguno entenderse producida, por la vía indirecta de la denuncia de un no existente error de hecho en la apreciación de la prueba y a través simplemente de las deducciones o inferencias que, con criterio parcial y subjetivo, pretende obtener del contenido de las repetidas certificaciones bancarias (que han sido transcritas literalmente en el Fundamento jurídico tercero de esta resolución).

Por el motivo tercero, con residencia procesal en el ordinal quinto del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en su redacción anterior a la hoy vigente), el recurrente denuncia "infracción del artículo 1124 del Código Civil por interpretación errónea del mismo y de la jurisprudencia que lo interpreta y desarrolla", para lo que aduce que, al no haber cumplido el demandante la obligación previa que contrajo en la cláusula segunda del documento privado de fecha 14 de Febrero de 1977, no se le puede condenar a él (demandado y ahora recurrente) a que cumpla la contraída por su parte en la cláusula primera del mismo documento privado. El expresado motivo, con el que el recurrente se limita a hacer supuesto de la cuestión, al pretender partir de un soporte fáctico, distinto del que aparece constatado en el proceso, ha de ser desestimado, pues si bien es cierto que en las obligaciones bilaterales o recíprocas, y por la dinámica del sinalagma funcional, la parte que no ha cumplido la obligación que a ella le incumbe y le es exigible, no puede pretender que la otra cumpla la suya, pues ésta siempre podrá oponerse a ello, alegando la excepción de contrato no cumplido ("exceptio non adimpleti contractus"), éste no es el supuesto aquí contemplado, pues como ya se ha dicho en el Fundamento jurídico tercero de esta resolución, la sentencia recurrida declara probado (y aquí ha de mantenerse invariable, al no haber sido desvirtuado por medio impugnatorio adecuado para ello) que el demandante Sr. Marco Antonio dió cumplimiento a la obligación por él contraída (que se contiene en la ya tantas veces repetida cláusula segunda del documento privado de 14 de Febrero de 1977), por lo que se halla plenamente facultado para exigir (como ha hecho a través de este proceso) que el demandado Sr. Rafael dé cumplimiento a la suya, sin que, por tanto, la sentencia recurrida, al acordarlo así, haya incurrido en la denunciada infracción del artículo 1124 del Código Civil, ni de la jurisprudencia de esta Sala que lo interpreta.

Por el motivo cuarto y último, con la misma sede procesal que el anterior, se denuncia "infracción de los artículos 1089 y 1091 del Código Civil y de la jurisprudencia que los interpreta y desarrolla". El alegato que integra su desarrollo parece dividirlo el recurrente en dos partes: en la primera de ellas, vuelve a alegar que el cumplimiento de su obligación por el demandante era presupuesto para que al demandado (aquí recurrente) se le pudiera exigir la suya, por lo que si aquélla no ha sido cumplida, dice, no procede tampoco acordar el cumplimiento de ésta; en la segunda de las referidas partes, plantea el tema relativo a la forma en que el demandado, aquí recurrente, caso de ser condenado, como así ha sido, debe dar cumplimiento a su obligación. Como en la primera de dichas partes, aunque ahora invocando la infracción de los preceptos anteriormente dichos, el recurrente vuelve a suscitar exactamente la misma cuestión que planteó en el motivo anterior, las propias razones que han determinado la desestimación del mismo, que acaban de ser expuestas en el Fundamento jurídico precedente y que aquí se dan por reproducidas, han de acarrear el fenecimiento de esta primera parte del presente motivo, pues como allí se dijo, y aquí es necesario reiterar, aparece probado que el actor ha dado completo cumplimiento a su obligación, contenida en la cláusula segunda del repetido documento privado de fecha 14 de Febrero de 1977.

Para poder examinar la ya dicha segunda parte de este motivo cuarto, se hace necesario transcribir, como ya dejamos anunciado en el Fundamento jurídico primero de esta resolución, las cláusulas cuarta y quinta del documento privado de 14 de Febrero de 1977, que literalmente dicen así: "CUARTA.- Atendido que las cantidades entregadas por el Sr. Marco Antonio que componen el saldo deudor fueron destinadas al citado Taller, se considera adecuado que se amortice la deuda de (sic) los beneficios que dicho Taller produzca al Sr. Rafael. A este efecto, se conviene que para liquidar el precitado saldo, el Sr. Rafael satisfará al Sr. Marco Antonio, en 31 de Diciembre de cada año, el importe del CUARENTA POR CIENTO de los beneficios netos que obtenga el Sr. Rafael o le correspondan en dichos Talleres, durante el correspondiente ejercicio anual, hasta la total liquidación del saldo.- QUINTA.- A los efectos previstos en la cláusula anterior, queda convenido que anualmente el Sr. Rafael facilitará al Sr. Marco Antonio los datos contables y financieros correspondientes para la fijación del beneficio neto correspondiente, pudiendo éste último realizar las comprobaciones necesarias".

Como la sentencia aquí recurrida condena al demandado Sr. Rafael a pagar al actor Sr. Marco Antonio, de inmediato y en una sola vez, la cantidad principal que le adeuda (13.788.620 pesetas), la segunda parte del expresado motivo cuarto acusa a la referida sentencia de haber infringido los artículos 1089 y 1091 del Código Civil, al no acordar que dicho pago se haga en la forma y en las anualidades que expresa la cláusula cuarta del contrato (que hemos transcrito literalmente en el Fundamento jurídico anterior de esta resolución), debiendo comenzarse el pago, dice el recurrente, con el cuarenta por ciento de los beneficios netos del Taller en el año 1990, por ser de esta fecha la sentencia recurrida, y continuar con el pago de igual porcentaje en los años sucesivos hasta el saldo total de la referida deuda. La referida pretensión, carente en absoluto de consistencia jurídica, pues el aplazamiento y la forma de pago pactados en la referida cláusula cuarta del contrato, debían haber comenzado, según revela una literal y lógica exégesis de la misma, a partir del 31 de Diciembre de 1977 (no se olvide que el contrato se celebró en 14 de Febrero de dicho año), desde cuya fecha el deudor Sr. Rafael debería haber venido dando a conocer al acreedor Sr. Marco Antonio los beneficios líquidos anuales de su taller y haberle pagado el cuarenta por ciento de los mismos y así en los años sucesivos, por lo que si, por su única y exclusiva voluntad, no ha hecho uso de tales plazos y forma de pago, lo que entraña una evidente renuncia a los mismos, no puede ahora pretender (trece años después -de 1977 a 1990-) que se le vuelvan a conceder de nuevo, con el consiguiente perjuicio para el acreedor, que ha cumplido exactamente la obligación que a él le incumbía, por lo que la sentencia recurrida (aunque sin razonamiento alguno al respecto) ha procedido correctamente al condenar al Sr. Rafael al pago inmediato y en una sola vez de la expresada cantidad al acreedor Sr. Marco Antonio, lo que ha de determinar, en consecuencia, la desestimación también de esta segunda parte del cuarto y último motivo.

El decaimiento de los cuatro motivos aducidos ha de llevar aparejada la desestimación del recurso, con expresa imposición de las costas del mismo al recurrente, sin que haya lugar a acordar la pérdida del depósito, al no haber sido constituido el mismo, por no ser las sentencias de la instancia conformes de toda conformidad.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españolFALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al presente recurso, interpuesto por el Procurador D. Enrique Sorribes Torra, en nombre y representación de D. Rafael, contra la sentencia de fecha veintiuno de Noviembre de mil novecientos noventa, dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Barcelona en el proceso a que este recurso se refiere, con expresa imposición al recurrente de las costas de dicho recurso; líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Francisco Morales Morales, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.