STS 801, 3 de Septiembre de 1992
| Ponente | D. PEDRO GONZALEZ POVEDA |
| Número de Recurso | 745/90 |
| Procedimiento | RECURSO CASACIÓN |
| Número de Resolución | 801 |
| Fecha de Resolución | 3 de Septiembre de 1992 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
sentencia por la que se condene al demandado a realizar a su costa en la
industria de obrador de confitería que tiene instalada en el local
colindante con la casa de su representado, las obras o tareas que a juicio
de Peritos resulten necesarias a fin de evitar los ruidos y molestias que
dicho obrador de confitería ocasiona en la casa propiedad de su mandante.
Todo ello con expresa imposición de costas al demandado.
-
- Asimismo, el Procurador Don José Gómez-Urda y Díaz de Lara, en
nombre de D. Jesús Luis, contestó a la demanda formulada de
contrario, invocando los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por
convenientes, para terminar suplicando al Juzgado dictase sentencia por la
que acogiendo la excepción de falta de jurisdicción o competencia, se
declare no haber lugar a entrar a conocer del fondo del asunto y,
subsidiariamente, se desestime la demanda, absolviendo de la misma a su
representado, todo ello con imposición de las costas a la parte actora.
-
- Practicadas las pruebas declaradas pertinentes y unidas a los
autos, el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez de Primera Instancia de Alcalá la Real
(Jaén), dictó sentencia en fecha 23 de febrero de 1989, cuyo FALLO es como
sigue: "Que estimando sustancialmente la demanda inicial de estos autos,
deducida por el Procurador Sr. Belbel Ramírez, en nombre y representación
de Don Ricardo, contra Don Jesús Luis,
representado por el Procurador Sr. Gómez-Urda y Díaz de Lara, debo condenar
y condeno al demandado a realizar a su costa en la industria de obrador de
confitería de que es propietario en el núm.NUM000de la calle DIRECCION000de esta ciudad, las obras imprescindibles que el Ingeniero Técnico
Industrial Don Marco Antoniodetermine para disminuir el nivel de
ruidos a mínimos tolerables, que en todo caso, nunca deberán exceder de los
mínimos previstos en la Ordenanza Municipal de Alcalá la Real sobre la
materia; debiendo realizar dichas tareas en un plazo máximo de seis meses
desde la firmeza de la sentencia. Y todo ello, sin hacer expresa imposición
de costas".
Interpuesto recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, por la representación procesal de D. Jesús Luis, y
tramitado el recurso con arreglo a derecho, la Sección Tercera de la
Audiencia Provincial de Granada, dictó sentencia en fecha 8 de febrero de
1990, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLO: Que
estimando tan solo en parte el recurso de apelación interpuesto por Don Jesús Luis, que fue representado en esta alzada por el Procurador
de los Tribunales Don Rafael García Valdecasas Ruiz, contra la sentencia
dictada, con fecha veintitrés de febrero de mil novecientos ochenta y
nueve, por el Juzgado de Primera Instancia de Alcalá la Real, en los autos
civiles de juicio declarativo de menor cuantía de que dimana el precedente
rollo y cuya parte dispositiva consta en el primer antecedente de hecho de
esta resolución, debemos confirmar y confirmamos en todas sus partes dicha
sentencia, si bien especificando que, en el caso de que el Perito en ella
designado, Don Marco Antonio, no pudiera actuar por cualquier
motivo, las obras a realizar se determinarán por otro Perito que, en
trámite de ejecución, se designará, de acuerdo con lo establecido al
respecto por la Ley de Enjuiciamiento civil; y todo ello, sin hacer una
expresa imposición a ninguna de las partes de las partes de las costas
causadas en esta apelación".
-
- Notificada la sentencia a las partes, el Procurador D. José
Fernández Rubio Martínez, en representación de Don Jesús Luis,
interpuso recurso de casación contra la sentencia pronunciada por la
SecciónTercera de la Audiencia Provincial de Granada, con apoyo del
siguiente motivo: UNICO.- Al amparo del nº 5º del artículo 1692 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, se alega infracción de las normas del ordenamiento
jurídico o de la Jurisprudencia que fueran aplicables para resolver las
cuestiones objeto de debate.
-
- Convocadas las partes, celebró la preceptiva vista el día 16
de julio del año en curso, con la asistencia.
HA SIDO PONENTE EL MAGISTRADO EXCMO. SR. DON PEDRO GONZALEZ POVEDA
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D.
En la demanda que dio vida a los autos de juicio de menor
cuantía de que dimana este recurso, el actor recurrido, previa alegación de
los arts. 7, 1089, 1092 y siguientes y concordantes del Código Civil,
suplicó sentencia por la que "se condene al demandado a realizar a su costa
en la industria de obrador de confitería que tiene instalada en el local
colindante con la casa de mi representado, las obras o tareas que a juicio
de peritos resulten necesarios a fin de evitar los ruidos y molestias que
dicho obrador de confitería ocasiona en la casa propiedad de mi mandante";
el Juzgador de Primera Instancia de Alcalá la Real que conoció del asunto
dictó sentencia por la que condenaba al demandado "a realizar a su costa en
la industria de obrador de confitería de que es propietario en el núm.NUM000de
la DIRECCION000de esta ciudad, las obras imprescindibles que
el Ingeniero Técnico Industrial Don Marco Antoniodetermine para
disminuir el nivel de ruidos a mínimos tolerables, que en todo caso, nunca
deberán exceder de los mínimos previstos en la Ordenanza Municipal de
Alcalá la Real sobre la materia; debiendo realizar dichas tareas en un
plazo máximo de seis meses desde la firmeza de la sentencia"; esta
resolución fue confirmada en lo sustancial por la Audiencia Provincial de
Granada al resolver el recurso de apelación interpuesto contra aquélla.
En el único motivo del recurso, acogido al ordinal 5º
del art.1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se viene a alegar la
infracción del art. 1902 del Código Civil por entender que no concurren los
requisitos configuradores de la responsabilidad extractual como son la
existencia de un resultado dañoso y la relación de causalidad entre la
actividad dañosa y el daño causado, negándose asimismo la existencia de una
conducta negligente en el ahora recurrente, mezclándose además cuestiones
relativas a la competencia de la jurisdicción civil para conocer del
asunto, obviando el cauce del número 1º del citado art. 1692 y que, aunque
es cuestión que puede examinarse de oficio por esta Sala, fue resuelto por
el Tribunal "a quo" en el primero de sus fundamentos jurídicos de acuerdo
con la reiterada doctrina de esta Sala que acertadamente se cita. En cuanto
a la inexistencia del resultado dañoso que se alega, es de tener en cuenta
que la jurisprudencia de esta Sala tiene declarado que su determinación
constituye una cuestión fáctica atribuida, por tanto, al Juzgador de
instancia y cuya impugnación en casación ha de hacerse por la vía del
número 4º del art.1692 de la Ley Procesal Civil, cauce que no ha sido
utilizado en este recurso, por lo que quedan inalteradas las declaraciones
que sobre la existencia del daño hace la sentencia recurrida en el tercero
de sus fundamentos de derecho después del examen en las pruebas obrantes en
autos.
Es doctrina de esta Sala la de que el concepto de culpa o
negligencia a los efectos del recurso de casación y como elemento esencial
de la responsabilidad civil extracontractual merece la consideración de
cuestión de derecho, en cuanto implica la calificación de la acción u
omisión como culpable o negligente, partiendo de los hechos que respetando
la existencia y caracteres de la misma, quedan definitivamente acreditados;
acreditados en autos que el ahora recurrente no adoptó las medidas
necesarias para evitar las inmisiones en la vivienda del actor de los
ruidos procedentes de su industria mediante la insonorización de su local
que su local que redujese aquéllas a un nivel tolerable, teniendo
conocimiento de las perturbaciones y molestias, que su instalación
industrial causaba a sus vecinos, es evidente la existencia del elemento
culpabilistico definidor de la culpa aquiliana, que no resulta desvirtuado
por el mero cumplimiento de las disposiciones reglamentarias cuando estas
se han revelado insuficientes para evitar aquellas perturbaciones. Asimismo
resulta plenamente acreditada en el presente caso, la existencia de una
relación de causalidad entre la conducta omisiva del recurrente y las
perturbaciones y molestias sufridas por el actor y su familia, consecuencia
natural y adecuada de esa falta de adopción por el recurrente de las
medidas que hubieran evitado el daño que se manifiesta así como
consecuencia necesaria de la omisión del agente. Por todo lo cual procede
la desestimación de este único motivo del recurso con las preceptivas
consecuencias que en orden al pago de las costas de este recurso y pérdida
del depósito constituido establece el art. 1715 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida
por el pueblo español.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españolFALLAMOS
QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR AL RECURSO DE
CASACION interpuesto por don Jesús Luiscontra la sentencia
dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Granada de
fecha ocho de febrero de mil novecientos noventa. Condenamos a la parte
recurrente al pago de las costas de este recurso y a la pérdida del
depósito constituido al que se dará el destino legal. Y líbrese a la
Audiencia citada la certificación correspondiente, con devolución de los
autos y rollo de Sala en su día remitidos.
ASI POR esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCION
LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.
ALFONSO VILLAGOMEZ RODIL PEDRO GONZALEZ POVEDA
LUIS MARTINEZ CALCERRADA GOMEZ
PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR.
DON PEDRO GONZALEZ POVEDA, Ponente que ha sido en el trámite de los
presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del
Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma,
certifico.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. , Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
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SAP Madrid 337/2008, 12 de Junio de 2008
...límites". Y ello aunque la actividad emisora del ruido no sólo sea lícita sino incluso cuando cumpla con las normas reglamentarias (Ss. T.S. 3-septiembre-1992 y 29-abril- Y ello porque el domicilio familiar constituye un reducto objeto de especial protección tanto por la normativa interna c......
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SAP Zaragoza 42/2007, 23 de Enero de 2007
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