STS, 10 de Octubre de 1998

PonenteD. JOSE AUGUSTO DE VEGA RUIZ
Número de Recurso3673/1997
ProcedimientoRECURSO DE CASACIÓN
Fecha de Resolución10 de Octubre de 1998
EmisorTribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal

En la Villa de Madrid, a diez de Octubre de mil novecientos noventa y ocho.

En el recurso de casación por infracción de precepto constitucional, que ante Nos pende, interpuesto por la representación del acusado Alexander, contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Murcia, Sección Segunda, que le condenó, por delito de falsificación de documento oficial, los Excmos. Sres. componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la votación y Fallo, bajo la Presidencia del primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. José Augusto de Vega Ruiz, siendo parte el Ministerio Fiscal y estando representado el recurrente por el Procurador Sr. Herrero Pérez.I. ANTECEDENTES

  1. - El Juzgado de Instrucción número 2 de los de Murcia, instruyó Procedimiento Abreviado con el número 55 de 1997, contra Alexandery, una vez concluso, lo remitió a la Audiencia Provincial de la misma capital (Sección Segunda) que, con fecha nueve de Julio de mil novecientos noventa y siete, dictó sentencia que contiene los siguientes Hechos Probados:

    «Probado y así se declara que, sobre las 14,30 horas del día 20 de enero de 1997 el acusado Alexander, de 37 años de edad, y con antecedentes penales, fue sorprendido por la policía cuando se bajaba en la furgoneta en la que viajaba junto con su cuñada, su hermana y sus pequeños sobrinos, en la calle Alicante de Murcia, pero al ver a unos policías Alexandersubió de nuevo a la furgoneta ya que sabía que lo buscaban por quebrantamiento de condena, y una vez en el interior del vehículo tiró hacia atras un paquete de tabaco rojo en cuyo interior fueron halladas 17 papelinas de heroína que arrojaron un peso neto de 1.31 gramos, y que llevaba para su consumo, ya que era adicto a dicha sustancia desde los 19 años, consumiendo diariamente alrededor de un gramo aproximado de heroína, el mismo día de los hechos a las 11 horas se administró la última dosis; también le fue intervenida la cantidad de 21.850 pesetas, no habiendo quedado acreditado que los recortes de plástico circulares confeccionados con bolsas de basura fuera de su propiedad. A su vez se le intervino una pistola de perdigones de aire comprimido marca "Gamo".

    El acusado, sabiéndose reclamado por quebrantamiento de condena, se identificó en comisaría con el nombre de su hermano Santiago, exhibiendo al efecto un D.N.I. del citado Santiago, muerto en el año 1993, que a primeros de enero de 1997 había alterado el acusado, sustituyendo la fotografía del titular por otra suya, también firmó la diligencia oficial de información de derechos al detenido como si fuera Santiago. >>

  2. - La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento:

    «FALLAMOS: Que debemos absolver y absolvemos a Alexanderdel delito de tráfico de drogas de que le acusa el Ministerio Fiscal, declarando de oficio la mitad de las costas procesales. Y debemos condenar y condenamos a Alexandercomo autor criminalmente responsable de un delito de falsificación de documento oficial, en grado de consumación, ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de 22 meses de prisión, accesorias de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de 10 meses a razón de 1.000 pesetas diarias, quedando sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, que podrá cumplir en régimen de arresto de fin de semana; e imposición de la mitad de las costas.

    Para el cumplimiento de la pena le serán de abono los días que haya estado privado de libertad por esta causa, si no le han sido abonados en otra.

    Se aprueba el auto de insolvencia del condenado, dictado por el Juez instructor.

    Contra la presente resolución y en virtud de lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal cabe interponer Recurso de Casación dentro de los cinco días siguientes a la última notificación que, se hará en la forma establecida en el artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.>>

  3. - Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por infracción de precepto constitucional, por la representación del acusado Alexander, que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.

  4. - Formado en este Tribunal el correspondiente rollo, la representación de Alexander, formalizó su recurso, alegando el motivo siguiente:

    MOTIVO ÚNICO.- Infracción del derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 24 de la Constitución en relación con el artículo 120 del mismo texto legal y con la regla 1ª "in fine" del artículo 66 del Código Penal, al haberse impuesto las penas de prisión y de multa en su mitad superior sin razonamiento o argumento alguno al efecto, infringiéndose al propio tiempo el citado artículo 66, regla 1ª, al no considerarse las circunstancias personales del acusado y la escasa gravedad del hecho para concretar las penas en la mínima extensión posible.

  5. - El Ministerio Fiscal se instruyó del recurso interpuesto, impugnando el único motivo interpuesto, la Sala admitió el mismo, quedando conclusos los autos para señalamiento de Fallo, cuando por turno correspondiera.

  6. - Realizado el señalamiento para Fallo, se celebraron la deliberación y votación prevenidas el día 29 de Septiembre de 1998.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

El acusado fue condenado como autor de un delito de falsificación en documento oficial, sin circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, siendo así que el recurso, basado en un único motivo de casación, con abstracción de cualquier consideración en orden al delito asumido por los jueces de la Audiencia, solo impugna la decisión de la instancia en tanto omite cualquier clase de razonamiento respecto de la extensión con la que la pena ha sido impuesta.

Con apoyo en los artículo 849.1 procedimental y 5.4 orgánico, se hace ahora mención de los artículos 120 y 24 de la Constitución y 66,1ª, in fine, del Código Penal de 1995. No cabe duda que los jueces están obligados a motivar sus resoluciones y, muy especialmente, a razonar en la sentencia la extensión con la que estiman se debe imponer la pena en orden a las circunstancias concurrentes. No cabe tampoco duda que los artículos 238 y 240.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial pueden originar la nulidad del acto judicial tanto si se prescinde absolutamente de las normas esenciales del procedimiento, como si se origina una efectiva indefensión en aquellos casos en los que se priva al recurrente de la posibilidad de discutir las razones, para él desconocidas, en virtud de las cuales se adoptó por el Tribunal de instancia (o Tribunal a quo en su caso) la decisión que se pretende luego impugnar.

SEGUNDO

La motivación, la individualización de la pena y las facultades discrecionales de los jueces son los tres conceptos en torno a los que aquí gira el tema traído a colación. Con respecto a la motivación de las resoluciones judiciales, de acuerdo con las Sentencias de 8 de mayo y 28 de abril de 1998, es evidente la necesidad de una explicación al silogismo judicial lo suficientemente aclaratoria como para saber que la solución dada al caso es consecuencia de una interpretación racional del ordenamiento y no el fruto de la arbitrariedad (Sentencias del Tribunal Constitucional de 27 de enero de 1994, 20 de mayo de 1993 y 16 de noviembre de 1992).

La motivación de las resoluciones judiciales ha sido cuestionada en numerosas ocasiones, como también en numerosas ocasiones la existencia de una doctrina reiterada del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo ha puesto de manifiesto los requisitos y exigencias de tal reclamación casacional (ver las Sentencias del Tribunal Supremo de 18 de septiembre y 7 de junio de 1995, 1 de octubre de 1994, 21 de mayo de 1993, 4 de diciembre de 1992 y 26 de diciembre de 1991).

De acuerdo con el Tribunal Constitucional (Sentencias de 16 de diciembre y 17 de marzo de 1997, de entre las últimas), en doctrina seguida y asumida por las resoluciones antes dichas del Tribunal Supremo, la motivación no consiste ni puede consistir en una mera declaración de conocimiento y menos aún en una manifestación de voluntad que sería una proposición apodíctica, sino que éstas (en su caso) han de ser la conclusión de una argumentación ajustada al tema o temas en litigio, para que el interesado, destinatario inmediato pero no único, y los demás, los órganos judiciales superiores y también los ciudadanos, puedan conocer el fundamento, la ratio decidendi de las resoluciones. Se convierte así en "una garantía esencial del justiciable mediante la cual, sin perjuicio de la libertad del Juez en la interpretación de las normas, se puede comprobar que la solución dada al caso es consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento y no el fruto de la arbitrariedad".

Ahora bien, la obligación de motivar, o lo que es lo mismo, lisa y llanamente, de explicar la decisión judicial, no conlleva una simétrica exigencia de extensión, elegancia retórica, rigor lógico o apoyos académicos, que están en función del autor y de las cuestiones controvertidas. La Ley de Enjuiciamiento Criminal (artículo 359) pide al respecto, nada menos pero nada más, que claridad y precisión.

La motivación ha de ser suficiente y este concepto jurídico indeterminado nos lleva de la mano a cada caso concreto, en función de la importancia intrínseca y de las cuestiones que plantee.

TERCERO

De igual modo la exigencia de motivación que el artículo 120.3 de la Constitución Española impone a las sentencias no constituye una simple formalidad, sino que penetrando en la esencia misma de las resoluciones judiciales expresa un imperativo que nace de la función y finalidad de aquéllas. En este sentido numerosas resoluciones han establecido el alcance de esta exigencia como propia de un Estado de Derecho y, por consiguiente, han diseñado los supuestos en los que una aparente falta de motivación no supone una vulneración de este derecho fundamental de la parte a quien afecta, como es el caso de la motivación por remisión y el de la economía de la argumentación, si la que se contiene es suficiente para cubrir la esencial finalidad que dicha motivación persigue: que el Juez explique suficientemente el proceso intelectivo que le condujo a decidir de una determinada manera.

En conclusión a lo dicho, la doctrina asumida de manera reiterada contiene las siguientes declaraciones, a) la obligación de motivar las sentencias que el artículo 120.3 de la Constitución Española impone a los órganos judiciales, puesta en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la Constitución Española que comprende entre otros el derecho a obtener una resolución fundada en Derecho de los Jueces y Tribunales, determina la necesidad de que las resoluciones judiciales (autos y sentencias) contengan una motivación suficiente, cuya carencia entraña la vulneración del artículo 24.1 de la Constitución Española; b) el requisito de la motivación de las resoluciones judiciales halla su fundamento en la necesidad de conocer el proceso lógico-jurídico que conduce al fallo, y de controlar la aplicación del Derecho realizada por los órganos judiciales a través de los oportunos recursos, a la vez que permite contrastar la razonabilidad de las resoluciones judiciales. Actúa, en definitiva, para permitir el más completo ejercicio del derecho de defensa por parte de los justiciables, quienes pueden conocer así los criterios jurídicos en los que se fundamenta la decisión judicial, es decir, la "ratio decidendi" que ha determinado aquélla, y actúa también como elemento preventivo de la arbitrariedad en el ejercicio de la jurisdicción; y c) la suficiencia de la motivación no puede ser apreciada apriorísticamente con criterios generales, sino que requiere examinar el caso concreto para ver si, a la vista de las circunstancias concurrentes, se ha cumplido o no este requisito de las resoluciones judiciales. No exige que el órgano judicial se extienda pormenorizadamente sobre todos y cada uno de los argumentos y razones en que las partes fundan sus pretensiones, admitiéndose la validez constitucional de la motivación aunque sea escueta o se haga por remisión a la motivación de la resolución anterior, tal y como más arriba ha quedado dicho.

CUARTO

Tal se decía en la Sentencia de 21 de mayo de 1993, como quiera que no puede existir una norma que prevea todos y cada uno de los planteamientos fácticos sometidos a la conciencia de los jueces en orden a lo señalado en el artículo 66.1, los jueces son soberanos, en principio, para imponer las penas en la cuantía que proceda según su arbitrio, facultad esta, evidentemente potestativa, que no es absoluta precisamente porque ha de supeditarse a determinados condicionamientos como son la personalidad del acusado y la gravedad del hecho en función de los medios, modos o formas con que se realizó, también las circunstancias de todo tipo concurrentes. Las facultades discreccionales del repetido precepto forman parte de lo que se ha denominado discrecionalidad máxima no sujeta por lo común a control de superior prevalencia más que el que la propia conciencia imponga, distinto por completo de aquellas otras discrecionalidades que, en el juego de apreciaciones subjetivas distintas según circunstancias fácticas o propósito de intenciones, comportan auténticos juicios de valor sometidos al trámite casacional.

Mas, en la línea de lo que se viene exponiendo, cuando aquella función discrecional cuasi absoluta, sobrepase los condicionamientos a que está sometida, procederá la casación si en su valoración se pone de manifiesto, de forma incuestionable, la equivocación o el error valorativo sufrido en cuanto a los mismos, infringiéndose la legalidad con quebranto de las bases imprescindibles para la vigencia del precepto.

En conclusión, no cabe confundir la discrecionalidad, aunque fuere máxima, con la arbitrariedad y con la no explicación en las resoluciones judiciales del porqué de la decisión, tal impone, como se ha dicho, el artículo 120.3 de la Constitución (Sentencia de 10 de enero de 1991), ausencia de motivación que en último caso sí puede subsanarse en esta vía (ver la Sentencia de 10 de mayo de 1991) en el supuesto de que, aun faltando expresa nominación de la razón, la sentencia contenga, en sus hechos y en sus fundamentos, todas las circunstancias acaecidas.

La determinación de la pena al caso concreto (Sentencia de 7 de junio de 1994) responde a las exigencias que el principio de legalidad impone. La legalidad, la proporcionalidad y la tipicidad van íntimamente relacionadas entre sí, alrededor del artículo 25 de la Constitución. Porque la proporcionalidad supone la adecuación o la correspondencia de unas partes con el todo o de las partes entre sí. Tal exigencia ha de establecerse mediante un juicio de ponderación entre la carga coactiva de la pena y el fin perseguido por la conminación penal, en relación o en atención a la gravedad del delito que a su vez vendrá definida por la intensidad del mal causado, del injusto y de la reprochabilidad de su autor (ver las Sentencias de 25 de junio de 1990 y 19 de noviembre de 1992).

Pero, como dijo la Sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de mayo de 1986, el juicio de proporcionalidad corresponde en principio al propio legislador, si bien ello no impide que también haya de ser tenido en cuenta por el Juez a la hora de protagonizar la individualización de la pena, bien entendido no obstante que si ésta viene explícita e inequívocamente asignada por el Código, el Juez no puede dejar de aplicarla bajo la excusa del principio de proporcionalidad aunque a su alcance tenga en cualquier caso el hacer uso del artículo 2 del citado Código para de alguna manera interpretar el precepto en función de la pena que lleva asociada.

La legalidad marca la tipicidad del hecho delictivo y su pena, pero ésta racionalmente ha de venir fijada por el legislador dentro de unos límites, más o menos amplios, dentro de los cuales el "justo equilibrio de ponderación judicial" actuará como fiel calificador de los hechos, jurídica y sociológicamente.

QUINTO

La doctrina amplia y exhaustivamente impuesta lleva, no obstante su contenido, a la desestimación del motivo en razón de varias razones. La primera seria porque, en la línea acertadamente expuesta por el Ministerio Fiscal, al haberse impuesto la pena en el grado inferior, de los dos que en el nuevo Código se contemplan, podría hablarse de la justificación implícita a que se refería la Sentencia de 14 de febrero de 1997. Otro supuesto es el caso en el que, también sin razonamiento alguno, se impone la pena en el grado superior, circunstancias en las cuales la exigencia de motivación aparece más acentuada (Sentencia de 28 de abril de 1997), aunque, tal se viene decidiendo, el Código vigente impone en todos los casos la obligatoriedad del razonamiento.

En segundo lugar no puede caber duda de la posibilidad casacional para subsanar el defecto en el que los jueces evidentemente incurrieron, al no razonar la imposición de la pena concreta, siquiera todo ello sea ahora para evitar dilaciones procedimentales totalmente innecesarias.

Los datos suministrados por las actuaciones permiten asumir la tesis sostenida por la Audiencia. Esta se movió en la determinación de las penas alrededor de la mitad de las mismas, aproximada aunque no exactamente. Las razones que avalan la exactitud de las penas impuestas (veintidos meses de prisión y multa de diez meses) responderían, y ésta es la justificación que cabe hacer desde aquí, a las circunstancias subjetivas y objetivas concurrentes. Por una parte la personalidad del acusado con numerosas condenas en su haber (ver los folios 34 al 43 de las diligencias), lo que habla de una especial "propensión" al delito que no tiene porqué ser indicio de condena aunque sí servir de agravación cuando el delito de manera legal y constitucional ha sido acreditado, como un "plus" de incriminación. Por otra parte la manera, o causa determinante de la infracción, coadyuvan también a esa agravación contemplada por los jueces de la instancia. Nos referimos a que el delito se consumó cuando el acusado se sabía reclamado por un delito de quebrantamiento de condena, dato elocuente que señala a las claras una conducta pertinaz acreedora a las penas impuestas por la Audiencia.III.

FALLO

QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACIÓN por infracción de precepto constitucional, que ante Nos pende, interpuesto por la representación del acusado Alexander, contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Murcia, Sección Segunda, con fecha nueve de Julio de mil novecientos noventa y siete, en causa seguida al mismo, por delito de falsificación de documento oficial. Condenamos a dicho recurrente al pago de las costas ocasionadas en el presente recurso.

Comuníquese ésta sentencia a la Audiencia de instancia a los efectos legales oportunos, con devolución de la causa que en su día se remitió, interesando acuse de recibo.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos .

PUBLICACION.- Leida y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D José Augusto de Vega Ruiz , estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.

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