STS, 11 de Febrero de 1991
| Ponente | D. GREGORIO GARCIA ANCOS |
| Número de Recurso | 1071/1989 |
| Procedimiento | RECURSO DE CASACIÓN |
| Fecha de Resolución | 11 de Febrero de 1991 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal |
En la Villa de Madrid, a once de Febrero de mil novecientos noventa y uno.
En el recurso de casación por Infracción de Ley, que ante Nos pende, interpuesto por el MINISTERIO FISCAL, en favor del procesado Juan Enrique, contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que le condenó por los delitos de falsedad en documento mercantil como medio para cometer estafa de falsedad en documento de identidad, y uso público de nombre supuesto, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituído para la Votación y Fallo, bajo la Presidencia del primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. Gregorio García Ancos, y estando dicho procesado representado por la Procuradora Sra. Dña. Katiuska Marín Martín.I. ANTECEDENTES
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- El Juzgado de Instrucción número 2 de La Orotava, instruyó sumario con el número 29 de 1.988, contra Juan Enrique, y una vez concluso lo remitió a la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que, con fecha catorce de junio de mil novecientos ochenta y nueve, dictó sentencia que contiene el siguiente hecho probado: "ANTECEDENTES DE HECHO.- PRIMERO.- Probado y así se declara que: El procesado Juan Enrique, de nacionalidad Yugoslava, mayor de edad, anterior y ejecutoriamente condenado en Sentencia de 18 de marzo de 1.988 por los delitos de Falsificación de documento de Identidad y de Uso indebido de Nombre Supuesto, entre los días Once y Dieciocho de Marzo de mil novecientos ochenta y ocho, utilizando una falsa tarjeta de Identidad Suiza a nombre de Millán, cuya personalidad asumía y guiado por ánimo de ilícito enriquecimiento, cobró un total de 27 Eurocheques por valor de TREINTA MIL PESETAS (30.000 ptas.)., cada uno, de los cuales Dos lo fueron en la Agencia de Viajes "CABO TOUR, S.A.", Dos en la Agencia de Viajes "NUEVOS DESTINOS, S.A."., y otros dos en la Agencia de Viajes "CAPITAL", todas ellas del Puerto de la Cruz y Seis en el BANCO DE VIZCAYA, Seis en el BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA, y Seis en el BANCO DE BILBAO, sucursales de Puerto de la Cruz, más otros Tres en la Sucursal de Los Realejos del BANCO DE BILBAO, firmando en todas estas ocasiones como "Alfonso", y utilizando igualmente el falso nombre de Millánen las declaraciones que efectuó en la Comisaría y en el Juzgado en relación con los Hechos anteriormente narrados, con la finalidad de evitar su verdadera identificación y eludir así la acción de la Justicia al pesar sobre él una orden internacional de detención en virtud de condena de doce años de reclusión por asesinato dictada por el Tribunal Supremo del Cantón de Zurien. Tales instituciones Bancarias, fueron reembolsadas del dinero satisfecho al parecer por la Central de Eurocheque, que tiene previsto en un margen de pérdidas en virtud de este tráfico Internacional, fiduciaria.".-
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- La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento:
"FALLAMOS.- Que debemos CONDENAR Y CONDENAMOS, al procesado Juan Enrique, como autor responsable de los delitos de FALSEDAD en docUMENTO MERCANTIL como medio para cometer una ESTAFA de FALSEDAD en docUMENTO de IDENTIDAD, y otro de USO PUBLICO DE NOMBRE SUPUESTO, con la concurrencia de la circunstancia agravante de reincidencia a las siguientes penas: SEIS AÑOS DE PRISION MENOR y DOSCIENTAS MIL PESETTAS DE MULTA (200.000 ptas.) por el Primer delito., SEIS MESES DE ARRESTO MAYOR y TRESCIENTAS MIL PESETAS DE MULTA (300.000 ptas.) por el Segundo delito., SEIS MESES DE ARRESTO MAYOR y CIENTO CINCUENTA MIL PESETAS DE MULTA (150.000 ptas.) por el Tercer delito., con arresto sustitutorio por impago en la Multa, a razón de DOS MIL QUINIENTAS (2.500 ptas) diarias, a las Accesorias de Suspensión de todo cargo público, derecho de sufragio y al pago de las costas procesales, sin lugar a indemnización ya que no se ha comprobado perjuicio alguno. Reclámese del Instructor la pieza de responsabilidad civil y para el cumplimiento de la pena principal que se impone en esta resolución, le abonamos todo el tiempo que ha estado privado de libertad por esta causa.".-
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- Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por Infracción de Ley, por el MINISTERIO FISCAL, que se tuvo por anunciado , remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.
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- El recurso interpuesto por el MINISTERIO FISCAL, se basa en los siguientes motivos de casación: POR INFRACCION DE LEY.- MOTIVO PRIMERO: Con fundamento en el artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por incorrecta aplicación del artículo 309 del Código Penal. La pena prevista en el artículo 309.1 del Código Penal, en su versión anterior a la Ley Orgánica 3/1.989, es la conjunta de arresto mayor y multa de 30.000 a 60.000 Ptas, de lo que resulta que la multa impuesta, de 300.000 Ptas. es incorrecta.- MOTIVO SEGUNDO: Con fundamento en el artículo 849.1º, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por incorrecta aplicación del artículo 91 del Código Penal.- La excepción que el artículo citado establece respecto del arresto sustitutorio en relación con la pena privativa de libertad impuesta, debe entenderse aplicable tanto respecto de una sola pena, como de la suma penológica en caso de concurso real. Resulta de ello que el arresto sustitutorio impuesto, es improcedente.
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- Instruído el Ministerio Fiscal del recurso interpuesto la Sala admitió el mismo, quedando conclusos los Autos, para señalamiento de Fallo, cuando por turno correspondiera.
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- Hecho el señalamiento para Fallo, se celebró la votación prevenida el día 30 de Enero de 1.991.
El recurso de casación en su conjunto se interpone por el Ministerio Fiscal en favor del procesado-condenado, Juan Enrique, y se articula en base a dos motivos, el primero de ellos con fundamento adjetivo en el número 1º del artículo 849 de la Ley procesal por entender que se hizo incorrecta aplicación de lo dispuesto en el artículo 309 del Código Penal en lo relativo a la imposición de la pena de multa.
No cabe duda la razón que asiste al recurrente en esta primera alegación dado que, si los hechos ocurrieron entre el 11 y el 18 de Marzo de 1.988, esas fechas son anteriores a la reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 3/1.989, y, por tanto, solo cabe aplicar el artículo 309 en su anterior redacción cuando impone las penas conjuntas, por el delito de falsificación en documento de identidad, de arresto mayor y multa de 30.000 a 60.000 pesetas; es decir, es clara la equivocación de la sentencia impuganda cuando por tal delito hace imposición de una multa de 300.000 ptas.
Sin necesidad de más amplios razonamientos, que entendemos, además, no caben, este primer motivo de casación debe ser aceptado.
El siguiente y último motivo, acogido al mismo precepto procesal, pretende que el Tribunal "a quo" hizo indebida aplicación de lo dispuesto en el artículo 91 del Código Penal cuando establece que la responsabilidad subsidiaria de la multa no se impondrá al condenado a pena privativa de libertad por más de seis años.
Interpretando de una manera literal, e incluso lógica, tal precepto sustantivo, podría perfectamente deducirse que ese límite de los seis años se está refiriendo al delito o a cada uno de los delitos en concreto cuya pena privativa de libertad no excede de ese límite, y no a la suma de las diferentes penas concurrentes en cada uno de ellos. Sin embargo, la jurisprudencia de esta Sala se ha venido decantando por lo contrario, es decir, ha entendido que esa adición de las respectivas penas ha de ser tenida en cuenta en evitación de las responsabilidades subsidiarias, y ello, posiblemente, con el único objetivo de favorecer al reo.
Ante esa constante interpretación jurisprudencial, y dado su carácter "benéfico", este segundo motivo también debe ser aceptado.III.
FALLO
Que debemos declarar y declaramos HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACION por Infracción de Ley, interpuesto por el MINISTERIO FISCAL, en beneficio del procesado Juan Enrique, estimando sus dos motivos, y en su virtud, casamos y anulamos la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, de fecha catorce de junio de mil novecientos ochenta y nueve, en causa seguida contra el citado procesado por delito de falsedad y estafa.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos
SEGUNDA SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a once de Febrero de mil novecientos noventa y uno.
En la causa que en su día fué tramitada por el Juzgado de Instrucción número 2 de La Orotava, y fallada posteriormente por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, y que por sentencia de casación ha sido casada y anulada en el día de la fecha, y que fué seguida por delito de FALSEDAD Y ESTAFA, contra Juan Enrique, de 26 años de edad, hijo de Pedro Jesúsy Virginiade estado soltero, de profesión Comerciante, natural de Sarajevo (Yugoslavia) y vecino de (Málaga) Torremolinos, con instrucción, con antecedentes penales, no consta solvencia y en prisión provisional por esta causa desde el día diecisiete de Junio de 1.988; la Sala Segunda del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. expresados al margen y bajo Ponencia del Excmo. Sr. D. Gregorio García Ancos, hace constar los siguientes:I. ANTECEDENTES
HECHOS PROBADOS.- UNICO.- Se admiten y dan por reproducidos los que se contienen en la sentencia recurrida.
UNICO.- Igualmente se tienen por válidos los expresados en dicha resolución, aunque con las modificaciones respecto a las penas impuestas que se dirán en el fallo, y ello en base a lo razonado en la sentencia de casación.
VISTOS los preceptos legales de aplicación al caso.III.
Que aún dando por reproducido, como lo damos, la casi totalidad del fallo de la sentencia de instancia, ésta, sin embargo, deberá quedar modificada en estos dos puntos: 1º Respecto al delito de falsedad en documento de identidad, la pena de multa que se impone es la de CINCUENTA MIL PESETAS y no la de 300.000. 2º Se ABSUELVE al procesado del ARRESTO SUSTITUTORIO en caso de impago de las respectivas multas.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos
PUBLICACIÓN.- Leidas y publicadas han sido las anteriores sentencias por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Gregorio García Ancos, mientras se celebraba audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.
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