STS, 10 de Diciembre de 2007
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 10 Diciembre 2007 |
| Emisor | Tribunal Supremo, sala tercera, (Contencioso Administrativo) |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a diez de Diciembre de dos mil siete.
Visto por la Sección Cuarta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo el recurso de casación núm. 6954/05, interpuesto por la Procuradora de los Tribunales doña María Aurora Gómez Villaboa y Mandri en nombre y representación de doña María Dolores, contra la sentencia de fecha 25 de junio de 2005, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección Sexta, en el recurso núm. 934/03 en el que se impugnaba la falta de estimación presunta por silencio positivo, de la solicitud de ser convocada a la prueba teórico práctica y de evaluación del currículo prevista en el Real Decreto 1497/1999, de 24 de septiembre, y de la que había sido excluida por acuerdo de la Comisión Mixta de la Especialidad de 2 de abril de 2002. Ha sido parte recurrida la Administración General del Estado representada por el Abogado del Estado.
En el recurso contencioso administrativo núm. 934/03 seguido ante la Sala de dicho orden jurisdiccional de Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección Sexta, se dictó sentencia con fecha 25 de junio de 2005, cuyo fallo es del siguiente tenor literal: "FALLAMOS que desestimando el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Procuradora Dª María Aurora Gómez Villaboa y Mandri contra la falta de estimación presunta, por eficacia posistiva del silencio administrativo, de la solicitud de expedición de título de Médico Especialista en Psiquiatría formulada al amparo del Real Decreto 1497/1999, de 24 de septiembre
, debemos declarar y declaramos que tal acuerdo es conforme a Derecho. Sin hacer expresa imposición de costas".
Notificada dicha resolución a las partes, por la representación procesal de doña María Dolores, se prepara recurso de casación y teniéndose por preparado, se emplazó a las partes para que pudieran hacer uso de su derecho ante esta Sala.
Dicha representación procesal, por escrito presentado el 14 de diciembre de 2005, formaliza recurso de casación e interesa la estimación de los motivos alegados y que se case la sentencia recurrida y se declare nulo el acto el acto administrativo desestimatorio del título de especialista en Psiquiatría, se declare el derecho de la recurrente a acceder a la prueba teórico práctica de la especialidad de Psiquiatría y se ordene a la Administración a que en el improrrogable plazo de 1 año desde que se declare el derecho en sentencia firme ponga los medios necesarios para hacerlo efectivo y entre ellos y en el indicado plazo convoque a la recurrente al examen previsto en el Real Decreto 1497/99 .
El Abogado del Estado formalizó, con fecha 14 de diciembre de 2006 escrito de oposición al recurso de casación interesando su desestimación con costas.
Por Providencia de 5 de noviembre de 2007, se señaló para votación y fallo el 4 de diciembre de 2007, en cuya fecha tuvo lugar el referido acto.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Ricardo Enríquez Sancho, Magistrado de la Sección
La representación procesal de doña María Dolores, contra la sentencia de fecha 25 de junio de 2005, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección Sexta, en el recurso núm. 934/03 en el que se impugnaba la falta de estimación presunta por silencio positivo, de la solicitud de ser convocada a la prueba teórico práctica y de evaluación del currículo prevista en el Real Decreto 1497/1999, de 24 de septiembre, y de la que había sido excluida por acuerdo de la Comisión Mixta de la Especialidad de 2 de abril de 2002.
Expresa la sentencia que lo primero que procede hacer es fijar el objeto del recurso y concluye que de lo expresado en su escrito de interposición sólo puede considerarse como tal la eventual eficacia del silencio administrativo a que se refiere la actora y cuyo reconocimiento solicitó expresamente de la Administración a través del escrito presentado el 27 de enero de 2003. Continua la resolución impugnada en casación afirmando que el Real Decreto 1497/99 vino a introducir un procedimiento excepcional de acceso al título de médico especialista que se inicia con la presentación de la correspondiente solicitud y la acreditacioón documental de los requisitos exigidos por la Secretarría de Educación, Universidades e Investigación y Desarrollo, que remite los expedientes a una Comisión Mixta que resuelve lo procedente sobre la admisión o exclusión de los aspirantes, si bien se explicita que solo podrán ser excluidos quienes no acrediten el ejercicio profesional exigido o los que no hubieran completado la documentación requerida. Finalmente, por los admitidos, se realiza la prueba teórico-práctica. Rechaza la sentencia el argumento del recurrente consistente en que había adquirido por silencio el derecho a ser admitido a las pruebas pues se trata de un procedimiento iniciado de oficio por la Administración y en ellos el artículo 44 de la Ley 30/92 el sentido del silencio es desestimatorio y no estimatorio como pretende el recurrente. En cuanto a la razón suatantiva del acto de la Comisión Mixta que excluyó al interesado de la prueba manifiesta la sentencia recurrida en casación que no cumplía el ejercicio profesional mínimo exigible según se desprendía de la documentación que acompañaba la soliicutud inicial, sin que puedan computarse los 9 años y 9 meses que pretendía adicionar el recurrente con apoyo en un certificado emitido con fecha muy posterior a la resolución desestimatoria, en abierta contradicción con lo establecido en el procedimiento regulado en el Real Decreto 1497/99 .
En la sentencia de 13 de diciembre de 2006, recurso de casación 7285/2003, poníamos de manifiesto la constante doctrina de esta Sala acerca de la excepcionalidad de la vía de especialización contenida en el artículo único del Real Decreto 1776/1994 de 5 de agosto frente al sistema de formación como médico residente establecido como regla general en el Real Decreto 127/1984, de 11 de enero que regula la obtención de título de Médico Especialista que ha sido puesta de manifiesto en reiteradas sentencias de esta Sala (por todas la de 6 de marzo de 2006, recurso de casación 302/2001, con cita de otras anteriores).
Otro tanto puede afirmarse respecto de la vía abierta por el Real Decreto 1497/1999, de 24 de septiembre examinado en la Sentencia de 17 de junio de 2003, recurso contencioso administrativo 481/1999, en que se rechazó la impugnación de la posibilidad de acceder al título de especialista por la nueva vía de aquellos que no pudieron acceder por la vía establecida en el Real Decreto 1776/1994, de 5 de agosto. Claramente estatuye el art. 1.1 de esta última disposición que podrá accederse por una única vez si se acreditan los requisitos allí enumerados, mientras su disposición derogatoria única deroga el RD 1776/94, de 5 de agosto .
Un primer motivo de recurso se ampara en el art. 88.1. d) LJCA . Aduce la existencia de silencio administrativo positivo pues el Plazo transcurrido desde la presentación de su solicitud hasta que la Comisión Mixta le notificó el acto en el que se excluía de la realización de la prueba teórico práctica era muy superior al plazo máximo de seis meses para resolver establecido en el art. 42.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, debiéndose entender que se ha producido la consecuencia jurídica de que el interesado pueda entender estimada por silencio administrativo su solicitud. Entiende frente a lo afirmado en la sentencia que impugna que se trata de un procedimiento iniciado a instancia de parte pues resulta necesaria la presentación de solicitud para tener acceso al procedimiento, por lo que le resulta de aplicación el mandato normativo del artículo 43 de la LRJAP-PAC .
El motivo debe ser desestimado. Sobre la aplicabilidad de los efectos del silencio administrativo a los procedimientos para la obtención del título de médico especialista desarrollados al amparo del Real Decreto 1497/1999 se ha pronunciado recientemente esta Sala y Sección, en sentencia, entre otras, de 4 de junio de 2007, dictada en el Recurso de Casación 9514/04, en la que literalmente se afirma lo siguiente, de perfecta aplicación al caso ahora enjuiciado:
"Por ultimo, en el motivo quinto se sostiene, reiterando una vez más los argumentos de la instancia, que se obtuvo el titulo de Medico Especialista en virtud de los efectos afirmativos del silencio de la Administración, a tenor del articulo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre . Pero el recurrente, al mantener esta tesis, hace un notable esfuerzo forense en el que incurre en temeridad procesal al sostener (contra lo que correctamente afirma la Sentencia) que pueden obtenerse títulos profesionales por silencio de la Administración. Es indudable que asiste la razón a la Sentencia recurrida, y que los títulos denegado o bien obtenidos por haber superado un procedimiento de selección no se rigen por las normas reguladoras del silencio administrativo.
El segundo y el tercer motivos de casación están estrechamente vinculados, y se formulan también al amparo del artículo 88.1 .d), fundándose en que contrariamente a lo afirmado en la sentencia recurrida el recurrente cumplía los requisitos establecidos en el Real Decreto 1497/99 para ser admitido en la prueba teórico práctica para la obtención del título de médico especialista en psiquiatría. Señala que supera el mínimo exigido de 6 años y 9 meses de ejercicio profesional, pues de los certificados presentados en vía administrativa se deduce un período de 12 años, 7 meses y 13 días. Argumenta que un segundo certificado en el que constan acreditados 9 años y 9 meses fue aportado en vía administrativa y, por tanto, debe tenerse en cuenta en el cómputo general de ejercicio profesional.
El motivo no combate el fundamento de la sentencia impugnada, en la que no se cuestiona que el certificado al que alude el recurrente se presentó en vía administrativa, sino que la razón de decidir radica en que dicho certificado no sólo fue aportado al expediente después de haberse dictado el acto en el que se excluía al interesado de la realización de las pruebas, sino que fue emitido en fecha posterior a dicha resolución administrativa, por lo que no pudo desplegar ningún efecto en el procedimiento.
Por lo tanto, procede también la desestimación de ambos motivos de casación.
Procede hacer expresa imposición legal de las costas a la parte recurrente, si bien, la Sala, haciendo uso de la facultad que otorga el art. 139.3 LJCA, señala en 1.800 euros la cifra máxima por honorarios del Letrado, sin perjuicio de la posible reclamación, en su caso, del cliente de la cantidad que se estime procedente.
Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey y por la potestad que nos confiere la Constitución,
Que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de doña María Dolores, contra la sentencia de fecha 25 de junio de 2005, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección Sexta, en el recurso núm. 934/03 en el que se impugnaba la falta de estimación presunta por silencio positivo, de la solicitud de ser convocado a la prueba teórico práctica y de evaluación del currículo prevista en el Real Decreto 1497/1999, de 24 de septiembre, y de la que había sido excluida por acuerdo de la Comisión Mixta de la Especialidad de 2 de abril de 2002, la cual se declara firme con expresa imposición de costas en los términos consignados en el último fundamento de derecho.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACION.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, Don Ricardo Enríquez Sancho, hallándose celebrando audiencia pública, ante mi la Secretaria, certifico.
