STS 553/1992, 4 de Junio de 1992
| Ponente | D. JAIME SANTOS BRIZ |
| Número de Recurso | 940/1990 |
| Procedimiento | RECURSO DE CASACIÓN |
| Número de Resolución | 553/1992 |
| Fecha de Resolución | 4 de Junio de 1992 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a cuatro de Junio de mil novecientos noventa y dos.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación porla Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, como consecuencia de autos de juicio de menor cuantía seguidos ante el Juzgado de 1ª instancia nº 1 de Palma de Mallorca, cuyo recurso fue interpuesto por don Simóny doña Nuriarepresentados por el Procurador Sr. Suarez Migoyo y asistido del Letrado don Miguel Coll Carreras, en el que es recurrida doña Patriciarepresentada por el Procurador Sr. Ogando y asistida del Letrado don Félix López de Medrano Villar de Saavedra.ANTECEDENTES DE HECHO
Ante el Juzgado de 1ª instancia nº 1 de Palma de Mallorca fueron vistos los autos de juicio de menor cuantía promovidos a instancia de doña Patricia, contra doña Nuriay Simón, sobre nulidad de escritura pública de constitución de sociedad.
Por la parte actora se formuló demanda arreglada a las prescripciones legales, en la cual solicitaba, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho, que se dictara sentencia condenando a la parte demandada a que se declarase la nulidad del acto constitutivo de la sociedad Tropical Mallorca, S.A., y en consecuencia, declarar la nulidad del contenido de la escritura pública de constitución de sociedad autorizada por el Notario don Rafael Gil Mendoza; librando mandamiento al Registro Mercantil en que figura inscrita al objeto de anotar la declaración de nulidad y en particular declarar la nulidad de la aportación a dicha sociedad realizada por la actora de la finca descrita en el hecho séptimo de la demanda, librándose a tal fin el oportuno mandamiento al REGISTRO DE LA Propiedad en que figure inscrita.
Admitida a trámite la demanda el demandado la contestó alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes y termino suplicando se dicte sentencia por la que se desestimara la demanda.
Por el Juzgado se dictó sentencia con fecha 7 de noviembre de 1.988 por la que se estimó la demanda declarando la nulidad del acto constitutivo de Tropical Mallorca, S.A. y en su consecuencia la nulidad de la escritura pública de constitución de sociedad autorizada por el Notario de Palma don Rafael Gil Mendoza y firme esta resolución líbrese mandamiento al Registro Mercantil en que figura inscrita al objeto de que tome las anotaciones pertinentes condenado a don Simóny doña Nuria, a estar y pasar por esta declaración.
Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación que fue admitido y sustanciada la alzada la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca dictó sentencia con fecha 2 de diciembre de 1.989 en cuyo fallo se desestima el recurso de apelación interpuesto por doña Nuriay otro, contra la sentencia dictada el día 7 de noviembre de 1988, por el Ilmo. Sr. Magistrado del Juzgado de 1º instancia nº 1 de esta ciudad en el juicio declarativo de menor cuantía del que el presente rollo dimana.
El Procurador Sr. Suarez Migoyo en nombre de don Simóny doña Nuria, formalizó recurso de casación al amparo de los siguientes motivos: Motivo Primero.- Al amparo del nº 4º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento civil. Motivo Segundo.-Al amparo del nº 5º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento civil. Motivo Tercero.-Al amparo del nº 5º del artículo 1.692 de la citada Ley Procesal se denuncia la infracción de los números 4º y 6º del Código civil. Motivo Cuarto.- Al amparo del nº 5º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento civil se denuncia la infracción del artículo 1.256 del Código civil. Motivo Quinto.- Al amparo del nº 5º del artículo 1.692 de la citada ley, se denuncia la infracción del artículo 7º, nº 1 del Código civil.
Admitido el recurso y evacuado el traslado de instrucción, se señaló para la vista el día 21 de mayo del año en curso en que ha tenido lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JAIME SANTOS BRIZ
El recurrente en casación Sr. Simónsolicita en su escrito de interposición la desestimación de la demanda que presentó doña Patriciasolicitando la nulidad del acto constitutivo de al sociedad denominada "Tropical Mallorca S.A.", y en consecuencia la nulidad de la aportación a dicha sociedad efectuada por la actora de la finca que describe en el hecho séptimo de la demanda. Esta fue estimada en ambas instancias, habiendo tomado como base de su fallo la sentencia recurrida los siguientes hechos que considera probados: a) Tal sociedad fue constituida por la demandante y su esposo Sr. Agustín, junto con don Simóny su esposa doña Nuria, en escritura pública de fecha 15 de diciembre de 1987; haciendo constar en ella que "se suscribe y desembolsa la totalidad del capital social", que se fija en seis millones de pesetas. b) La actora, ahora recurrida, según la escritura mencionada, hizo una aportación a la sociedad de una finca rústica, y se dice además que el resto del valor de las acciones y de las de los demás socios se aportan "en efectivo metálico", indicándose expresamente que "las aportaciones dinerarias han sido ingresadas en la caja social". c) Consta que el 1 de febrero de 1.988 se elaboró un "contrato complementario", y poco después, el día 24, el matrimonio SimónNuriaenvió un requerimiento a los señores PatriciaAgustínpara que muestren su parecer con el nuevo borrador; mas el día 15 de marzo del mismo año estos últimos, o sea los demandantes y ahora recurridos, requirieron a los primeros para que dejen sin contenido alguno la escritura de constitución de la sociedad de 15 de diciembre de 1.987, y tres días después, el 18 de marzo, se abre una cuenta a nombre del matrimonio SimónNuriacon el subtítulo "Tropical Mallorca" en una sucursal del Banco Hispano-Americano, sita en Palma de Mallorca. d) Se afirma, por consiguiente, como probado, que el día 15 de diciembre de 1.987, fecha de la escritura constitutiva, no se había hecho más aportación de capital social que la finca de la actora, ya que la apertura de cuenta referida se hizo el 18 de marzo de 1988 después que fueron requeridos los señores NuriaSimónpara dejar sin efecto la escritura constitutiva de la sociedad ; poniéndose de relieve así que no es cierta la afirmación de la escritura de que los socios aportan el valor de las acciones suscritas "en efectivo metálico". e) Como cuestión de hecho, también observa la Sala "a quo" que el llamado contrato complementario fue un mero borrador o proyecto que no puede calificarse de acto concluyente, constitutivo de nuevo contrato que había de regular la vida de la sociedad. En definitiva, es un hecho probado que a constituirse la sociedad el capital social no estaba suscrito totalmente, ni desembolsada su cuarta parte.
El recurso de casación consta de cinco motivos, el primero de ellos, formulado al amparo del nº 4º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento civil, fue rechazado en el trámite de admisión por pretenderse en él, no de evidenciar un error documental sino de una nueva, personal y parcial valoración de la prueba, tratando de convertir este recurso extraordinario en una tercera instancia. De ahí que hayan de considerarse probados los hechos básicos antes bosquejados expresados en la sentencia impugnada. Del resto de los motivos, con fundamento todos ellos en el nº 5º del artículo 1.692 citado, acusa el segundo la infracción de los artículos 1218 y 1250 del Código civil y de la jurisprudencia que cita. Se habla en este motivo de una pretendida presunción que el recurso deduce de los preceptos legales que invoca, y que en todo caso admitiría prueba en contrario. Prueba adversa que efectivamente se ha hecho en el caso debatido, ya que las afirmaciones de la escritura constitutiva de la sociedad acerca del ingreso en efectivo del importe de las acciones del recurrente y la referencia a la "caja social" bancaria fueron contradichas y totalmente desvirtuadas por la prueba documental apreciada por la Sala de apelación. Esta Sala de casación tiene reiteradamente declarado (sentencias, entre otras, de 18 de mayo de 1.984, 10 de diciembre de 1.986 y 19 de mayo de 1.987) que el contenido de los documentos públicos ha de relacionarse con el resto de la prueba, y, según sentencias , entre otras, de 27 de noviembre de 1.985 y 10 de octubre de 1.988, el documento público no tiene prevalencia sobre otras pruebas y por sí solo no basta para enervar una valoración probatoria conjunta, vinculando al juez sólo respecto al hecho del otorgamiento y su fecha, dado que el resto de su contenido puede ser sometido a apreciación con otras pruebas. No han sido, por tanto, infringidos los artículos invocados, y el motivo debe decaer.
El tercer motivo acusa la infracción de los números 4º y 6º del artículo 1º del Código civil y la doctrina de jurisprudencia sobre los actos propios reflejada, se dice, en las sentencias citadas. El motivo tampoco puede prosperar por las siguientes consideraciones: a) Cierto que la parte recurrida intervino en la escritura de constitución de la sociedad, pero nada obsta que no obstante ello ejercite una acción de nulidad de la misma siempre que concurran los requisitos legales, como ha sido en este caso la falta de consentimiento de la recurrida inducida a error por la conducta posterior de su contraparte. b) No hay actos ciertamente contrarios de la parte recurrida a lo acordado por el hecho de que no se accediera a suscribir o concertar un llamado contrato complementario, que se probó era un simple borrador sin efectos definitivos y que en modo alguno revela una conducta contraria de la demandante, en cuanto esta Sala ha exigido que los denominados actos propios vinculantes causen estado definiendo inalterablemente la situación jurídica de su autor, o que vayan encaminados a crear, modificar o extinguir algún derecho opuesto a sí mismo (sentencias, entre otras, de 22 de julio y 5 de octubre de 1.987, 15 de junio de 1.989, 18 de enero y 27 de julio de 1.990). Además, el acto ha de ser solemne, expreso, no ambiguo y perfectamente delimitado, definiendo de forma inequívoca la situación del que lo realiza (sentencias de 22 de septiembre y 10 de octubre de 1.988). Lo cual no puede predicarse de meros actos preparatorios o borradores de otros posteriores que no llegaron a convenirse, conducta corroborada por la petición de nulidad de la escritura de constitución de la sociedad.
El motivo 4º alega la infracción del artículo 1.256 del Código civil y la jurisprudencia que a título de ejemplo se cita. Pero si se tienen en cuenta los hechos probados, que no han sido eficazmente impugnados en este recurso, el resultado es que la infracción de dicho precepto la cometieron los actuales recurrentes, que incumplieron lo convenido en la escritura de 15 de diciembre de 1.987 respecto a las aportaciones que se obligaron a realizar; de modo que si se acepta su posición de poder aportar su participación social cuando tengan por conveniente y de constituir una "caja social" a nombre de dos socios, con infracción del artículo 8 de la Ley de sociedades anónimas vigente a la sazón, y si se tiene también en cuenta que la Sala "a quo", como cuestión de hecho que puede apreciar (sentencias, entre otras, de 23 de junio de 1.962 y 14 de febrero de 1.985), estimó existente simulación en el contrato social (fundamento jurídico sexto de la sentencia recurrida), de todo ello deriva la inadmisibilidad de la infracción legal que acusa el motivo presente que ha de ser desestimado.
El quinto y último motivo denuncia la infracción del artículo 7º, apartado 1 del Código civil y del 57 del Código de comercio "por haber atentado la actora a la buena fe". Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe, principio jurídico recogido en el primero de los preceptos legales que se invocan en este motivo y que no puede decirse infringido por la Sala "a quo". En primer lugar, la buena fe en la contratación se ha considerado por esta Sala (así en sentencias entre otras de 25 de octubre de 1.988) de orden fáctico, impugnable por la vía del nº 4º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento civil, lo que no se ha operado en el presente recurso; y la Sala de instancia no ha determinado que la parte recurrida haya actuado de mala fe. Y así lo estima también esta Sala, como se deduce de que la acción ejercitada en la demanda se limitó a pedir la nulidad de la constitución de la sociedad litigiosa con base en el hecho probado de que no se cumplió el requisito que señala el artículo 8 de la Ley de sociedades anónimas de 17 de julio de 1.951, que exige, como ya se hizo notar, la suscripción de todo el capital y "el desembolso de una cuarta parte, por lo menos", al tiempo de constituirse la sociedad, es decir, al otorgarse la escritura pública correspondiente; lo que no verificó la parte recurrente y sí la recurrida. Ello es motivo de nulidad de la sociedad, como se deduce, además, de los artículos 20 y 90 de la misma Ley especial de 1.951 y determina de manera expresa la Ley vigente, de 22 de diciembre de 1.989, al preceptuar en su artículo 12 que no podrá constituirse sociedad alguna que no tenga su capital suscrito totalmente y desembolsado en una cuarta parte, por lo menos, el valor nominal de cada una de sus acciones; y en su artículo 34, al señalar como causa de nulidad de la sociedad, una vez inscrita, "por no respetarse el desembolso del mínimo del capital legalmente previsto" (apartado b), al final); normas que si bien no rigen directamente para el supuesto ahora debatido, sí demuestran un criterio anteriormente seguido por la doctrina, del que aquí no cabe prescindir. Después de estas consideraciones resultan inútiles las alegaciones que se formulan en este quinto motivo, y se llega a su desestimación, así como a la de la totalidad del recurso.
Tal desestimación da lugar por imperativo legal a la imposición de costas de este recurso a los recurrentes (artículo 1.715, párrafo último, de la Ley de Enjuiciamiento civil), y a decretar la pérdida del depósito constituido para recurrir, al que se dará el destino legal.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españolFALLAMOS
QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por don Simóny doña Nuria, contra la sentencia de fecha dos de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, que dictó la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, condenando a dicha parte recurrente al pago de las costas de este recurso y a la pérdida del depósito constituido al que se dará el destino legal; y líbrese a la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jaime Santos Briz, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
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STS 6/2000, 20 de Enero de 2000
...sua pacta venire') fijada y desarrollada, entre otras, en sentencias de 14-2-1984, 16-10-1987, 16-2-1988, 25-3 y 10-5-1989, 5-3 y 14-5-1991, 4-6-1992, 26-5-1993 y 9-10- 1993, motivo que se articula con carácter cumulativo de los dos precedentes".- SEXTO: "Al amparo del núm. 4 del art. 1692 ......