STS 948/1995, 7 de Noviembre de 1995

1.- El Procurador D. José Ruiz López, en nombre y representación de D. Octavio, Dª. Valentina, D. Baltasar, D. Serafin, D. Cosme, D. Jose Enrique, D. Fernando, D. Jesús Luis, D. Joaquín, D. Marco Antonio, D. Raúl, D. Daniel, D. Carlos Antonio, interpuso demanda de juicio de menor cuantía ante el Juzgado de 1ª Instancia número 2 de Almería, sobre declaración de derechos relacionados con la entrega de viviendas, siendo parte demandada D. Felipe, D. José, la entidad "Codup, S.A." y la compañía "U.A. 28 de Almería S.A.", alegando, en síntesis, los siguientes hechos: Que la entidad "Codup, S.A." adquirió una serie de parcelas, posteriormente, el también demandado, D. Felipe, como representante de la anterior entidad promocionó la construcción de una serie de viviendas de protección oficial; los actores, cada uno, adquirieron viviendas y como señal entregaron 500.000 pesetas. Alegó a continuación los fundamentos de derecho que estimó de aplicación para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día sentencia "dando lugar a los siguientes pedimentos: 1º.- Declarar que CODUP, S.A., representada por don Felipe, ha vendido a cada uno de los demandantes una vivienda tipo "duplex" de protección oficial de las que tenía proyectado construir en las fincas descritas en el hecho primero de esta demanda con arreglo al proyecto del arquitecto Sr. Claudio, siendo cada vivienda la señalada con el número que ha quedado expresado en la relación contenida en el hecho segundo de esta demanda junto al nombre de cada uno de los demandantes. 2º.- Declarar que dichas compraventas quedaron sometidas al cumplimiento de las condiciones que se hicieron constar en cada uno de los documentos expedidos por la vendedora y que han quedado acompañados a esta demanda señalados de documentos 1 al 12 inclusive, así como que dichas condiciones se han cumplido. 3º.- Declarar que el precio de cada una de dichas compraventas fue fijado inicialmente en la cantidad de siete millones quinientas mil pesetas (7.500.000 Ptas) aproximadamente, quedando su determinación concreta diferida al momento en que se cumplieran las condiciones mencionadas en el anterior pedimento y determinado por aplicación del módulo fijado por la Administración que estuviera vigente en dicho momento en la forma prevista en la legislación sobre viviendas de protección oficial. 4º.- Declarar que cada uno de los demandantes han pagado a CODUP, S.A., en concepto de señal y a cuenta de los precios de las compraventas referidas las cantidades que con respecto a cada actor se han hecho constar en la relación, incluida en el tercero de los hechos de esta demanda. Habiendo abonado don Carlos Antonioun millón de pesetas, más según se ha hecho constar en el hecho cuarto de esta demanda. 5º.- Declarar que, entre CODUP, S.A. y Don Josémediaba desde el 20 de diciembre de 1985, un contrato en virtud del cual el segundo habría de devenir en propietario de la mitad indivisa de las fincas descritas en el hecho primero de esta demanda y participar en un cincuenta por ciento de los gastos y beneficios que resultaran de la promoción, construcción y venta del proyecto urbanístico y constructivo que se desarrollase en las referidas fincas. 6º.- Declarar asimismo que don Joséconcedió a CODUP, S.A., un mandato comprensivo de todas las facultades necesarias para la promoción, construcción y venta del proyecto que se ejecutare en las citadas fincas. 7º.- Declarar que CODUP, S.A., y don Joséhan incumplido los contratos referidos en el pedimento primero de este suplico, incurriendo en mora por dolo. 8º.- Decretar la nulidad de la compraventa de las fincas números NUM000y NUM001del Registro de la Propiedad número 2 de Almería, instrumentadas en la escritura otorgada el 14 de abril de 1989 ante el Notario de Almería Don Miguel Gallego Almansa, por tratarse de negocios jurídicos simulados y de exclusiva finalidad ilícita en perjuicio de los demandantes, decretándose así mismo la cancelación en el Registro de la Propiedad de las inscripciones y anotaciones que hubiere producido dicha compraventa, al ser declarada la nulidad del título en cuya virtud se hicieron. 9º.- Declarar que CODUP, S.A., y don Josévienen obligados a construir y entregar a cada uno de mis representados las viviendas de protección oficial objeto de los contratos referidos en el pedimento primero de esta suplica contra el pago parte de mis representados del precio correspondiente determinado en la forma expresada en el pedimento 3º y una vez deducidas las cantidades entregadas a cuenta a que se refieree el pedimento 4º, condenando a dichos demandados a cumplir la referida obligación. 10º.- Subsidiaria y alternativamente, para el supuesto de que no se diera lugar a los pedimentos 5º y 6º de esta súplica, dar lugar a las declaraciones y condena solicitadas en los pedimentos 7º y 9º pero con referencia exclusiva a CODUP, S.A. 11º.- Condenar a los demandados a pagar solidariamente a mis representados el importe de los daños y perjuicios causados, dejando para el periodo de ejecución de sentencia el establecimiento de las bases para la liquidación y su "quantum". 12º.- Imponer al demandado o demandados que se opusieren el pago de las costas".

2. - El Procurador D. Salvador Martín Alcalde, en nombre y representación de la compañía mercantil "U.A. 28 DE ALMERIA, S.A.", contestó a la demanda oponiendo a la misma los hechos y fundamentos de derecho que consideró oportunos para terminar suplicando al Juzgado dictase sentencia "desestimando la demanda e imponiendo a los actores expresamente las costas de este juicio".

3. - El Procurador Dª. María Teresa de Torres Porras, en nombre y representación de la entidad "CODUP, S.A.", contestó a la demanda oponiendo a la misma los hechos y fundamentos de derecho que consideró oportunos para terminar suplicando al Juzgado dictase sentencia "por la que desestimando la demanda, absuelva a los demandados y en concreto a mi patrocinada de las pretensiones contra ella deducida, condenando en costas a los actores con cuanto proceda conforme a derecho".

4. - El Procurador Dª. Isabel Yañez Fenoy, en nombre y representación de D. José, contestó a la demanda oponiendo a la misma los hechos y fundamentos de derecho que consideró oportunos para terminar suplicando al Juzgado dictase sentencia "por la que, desestimando la demanda, se declare no haber lugar a la misma, y se absuelva a mis mandantes de la demanda que se contesta formulada en nombre de D. Octavio, Dª. Valentina, D. Baltasar, D. Serafin, D. Cosme, D. Jose Enrique, D. Fernando, D. Jesús Luis, D. Joaquín, D. Marco Antonio, D. Raúl, D. Daniel, D. Carlos Antonio, haciéndose a la parte actora expresa imposición de las costas de este proceso".

5. - Por Providencia de 15 de febrero de 1990 se declara en rebeldía a Don Felipe, dándose por precluido el trámite de contestación a la demanda por el mismo.

6. - Recibido el pleito a prueba se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas las pruebas a los autos las partes evacuaron el trámite de resumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de 1ª Instancia número 2 de Almería dictó sentencia con fecha 17 de mayo de 1991, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Que desestimando las excepciones planteadas, y estimando la demanda formulada por el Procurador Sr. Ruiz López en nombre y representación de D. Octavio, Dª. Valentina, D. Baltasar, D. Serafin, D. Cosme, D. Jose Enrique, D. Fernando, D. Jesús Luis, D. Joaquín, D. Marco Antonio, D. Raúl, D. Daniel, D. Carlos Antoniofrente a D. Felipedeclarado en rebeldía en esta causa, D. José, representado por la Procuradora Sra. Yañez Fenoy, Codup S.A., representada por la Procuradora Sra. Torres Porras y U.A. 28 de Almería S.A. representada por el Procurador Sr. Martín Alcalde, con absolución de D. Felipey de U.A. 28 de Almería S.A., debo declarar y declaro que "Codup S.A." vendió a cada uno de los actores una vivienda duplex de protección oficial a construir en la "UA 28 de Almería, S.A" por el precio de siete millones quinientas mil pesetas (7.500.000 Ptas), habiendo pagado a cuenta del precio cada uno de los actores 500.000 pesetas, y D. Carlos Antonio1.500.000 , teniendo una participación del 50% D. Joséen la construcción, promoción y venta de dichas viviendas y respondiendo en la misma proporción, y habían incumplido ambos partícipes, dolosamente, el contrato de compraventa. Y debo de condenar y condeno a Codup, S.A., y a D. Joséa que hagan entrega a cada uno de los actores de la vivienda contratada al precio y en las condiciones pactadas, teniendo por recibido a cuenta del precio la cantidad entregada e indemnizando a cada uno de los actores por los perjuicios sufridos en 250.000 pesetas. Para el caso de no ser posible lo anterior, Codup,S.A., y D. Josésolidariamente, reintegraran a cada uno de los demandantes la cantidad entregada con los intereses legales desde la entrega a la devolución, indemnizando a cada uno de ellos, en concepto de daños y perjuicios en la cantidad de dos millones novecientas siete mil seiscientas sesenta y nueve pesetas (2.907.669 Ptas.), todo ello con imposición de costas a Codup, S.A. y D. Joséen los términos del fundamento decimotercero. Se ratifican los embargos preventivos trabados".

Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación de D. Joséy la de la entidad mercantil "Codup, S.A.", respectivamente, al que se adhiere la representación de D. Octavioy otros, la Audiencia Provincial de Almería dictó sentencia con fecha 10 de marzo de 1992, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que con estimación parcial del recurso de apelación deducido contra la sentencia dictada con fecha 17 de mayo de 1991, por el Jdo. 1ª. Instancia número 2 de Almería en los autos sobre acción declarativa y de condena de los que deriva la presente alzada, debemos revocar y revocamos parcialmente la citada sentencia y en su lugar debemos, desestimando las excepciones dilatorias planteadas, declarar y declaramos que Codup otorgó una opción de compra a cada uno de los actores sobre una vivienda duplex de protección oficial a construir en la U.A. 28 de Almería por el precio que resultase de aplicar los módulos reglamentarios para las viviendas de protección oficial en el momento de obtener la calificación provisional, habiendo pagado a cuenta del precio cada uno de los actores 500.000 pesetas y D. Carlos Antonio1.500.000 ptas, teniendo una participación del 50 por ciento D. Joséen la construcción, promoción y venta de dichas viviendas y respondiendo en la misma proporción, y habiendo incumplido ambos partícipes el contrato de promesa unilateral de venta u opción de compra, debemos condenar y condenamos a Codup S.A. y a D. Joséa que hagan entrega a cada uno de los actores de la vivienda contratada al precio y en las condiciones pactadas, teniendo por recibido a cuenta del precio la cantidad entregada e indemnizando a cada uno de los actores en 250.000 pesetas. Para el caso de que no sea posible lo anterior, Codup S.A. y D. Josésolidariamente reintegrarán a cada uno de los demandantes la cantidad entregada con los intereses legales desde la entrega a la devolución, indemnizando a cada uno de ellos por daños y perjuicios en la cantidad que resulte de aplicar las bases que se fijan en el fundamento de derecho sexto, aplicación que se hará en ejecución de sentencia. Se imponen a la actora las costas de primera instancia correspondientes a U.A. 28 de Almería y a D. Felipe; y a Codup S.A. y a D. Joséel resto. En cuanto a las de esta alzada procede no hacer pronunciamiento sobre las causadas por los apelantes al haberse estimado parcialmente sus recursos, imponiendo al apelado adherido las causadas por el mismo, al desestimarse su adhesión a la apelación. Se rectifica la referencia que se hace en el fallo a "ratificarse los embargos preventivos" que debe entenderse, una vez subsanado el error material, como "ratificación de las anotaciones preventivas de la demanda".

1.- El Procurador Dª. Elisa Hurtado Pérez, en nombre y representación de D. Octavioy otros, interpuso recurso de casación contra la sentencia dictada con fecha 10 de marzo de 1992 por la Audiencia Provincial de Almería , con apoyo en los siguientes motivos, MOTIVOS DEL RECURSO: PRIMERO.- Al amparo del número 4º. del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se alega infracción del artículo 1450 del Código Civil en relación con el artículo 1451 del mismo cuerpo legal. SEGUNDO.- Bajo el mismo ordinal se denuncia infracción de la jurisprudencia que interpreta el artículo 1454 del Código Civil. TERCERO.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción por inaplicación del artículo 1107, párrafo segundo, del Código Civil en relación con la errónea interpretación del artículo 523 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

2. - El Procurador Dª. María del Carmen Ortiz Cornago, en nombre y representación de la entidad mercantil "Codup, S.A.", interpuso recurso de casación contra la sentencia dictada con fecha 10 de marzo de 1992 por la Audiencia Provincial de Almería, con apoyo en los siguientes motivos, MOTIVOS DEL RECURSO.- PRIMERO.- Al amparo del número 5º. del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se alega infracción de los artículos 1281.1º y 1283 del Código Civil y doctrina recogida en las sentencias de 4 de julio de 1991, 24 de enero de 1991, 10 de mayo de 1991, 28 de octubre de 1991, 25 de junio de 1985, y 3 de mayo de 1985. SEGUNDO.- Bajo el mismo ordinal se denuncia violación del artículo 1281.1, 1283 del Código Civil en relación con los artículos 1261 y 1274 del mismo texto legal y doctrina que desarrolla el contrato de opción de compra recogida en las sentencias 4 de julio de 1991, 24 de enero de 1991, 25 de junio de 1995, 3 de mayo de 1985 y 10 de julio de 1946. TERCERO.- Inadmitido. CUARTO.- Inadmitido. QUINTO.- Al amparo del número 3º. del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se denuncia violación del artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y doctrina recogida en las sentencias 13 de mayo de 1991, 2 de septiembre de 1991, 25 de octubre de 1989, y 3 de mayo de 1985. SEXTO.- Al amparo del número 5º. del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se alega infracción del artículo 24 de la Constitución Española. SEPTIMO.- Inadmitido. OCTAVO.- Al amparo del número 5º. del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se alega infracción del artículo 1101 del Código Civil y de la doctrina recogida en las sentencias de 16 de junio de 1991, 7 de mayo de 1991, 22 de abril de 1991, 19 de diciembre de 1985 y 20 de enero de 1983. NOVENO.- Al amparo del número 3º. del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se alega violación del artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la doctrina contenida en las sentencias de 13 de mayo de 1991, 2 de septiembre de 1991, 25 de octubre de 1989 y 3 de mayo de 1985. DECIMO.- Al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en los artículos 9.1 y 53 de la Constitución Española, por infracción del artículo 24 de la misma en relación con el artículo 120.3. UNDECIMO.- Inadmitido. DUODECIMO.- Al amparo del número 5º. del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se denuncia infracción del artículo 1182 y 1184 del Código Civil y de la doctrina recogida en sentencias de 16 de octubre de 1989, 21 de febrero de 1991, 21 de junio de 1980, 10 de diciembre de 1963 y 4 de febrero de 1947.

3. - El Procurador D. Carlos Mairata Laviña, en nombre y representación de D. José, interpuso recurso de casación respecto la sentencia de 10 de marzo de 1992 dictada por la Audiencia Provincial de Almería, con apoyo en los siguientes motivos, MOTIVOS DEL RECURSO.- PRIMERO.- Inadmitido. SEGUNDO.- Inadmitido. TERCERO.- Inadmitido. CUARTO.- Al amparo del número 5º. del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se alega infracción de los artículos 1709 y 1710 del Código Civil. QUINTO.- Inadmitido. SEXTO.- Inadmitido. SEPTIMO.- Al amparo del número 5º. del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se denuncia infracción del artículo 1717 del Código Civil. OCTAVO.-Inadmitido. NOVENO.- Inadmitido. DECIMO.- Al amparo del número 5º. del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se alega infracción de la doctrina contenida en las sentencias de 10 de julio de 1946, 14 de abril de 1956, 17 de diciembre de 1966, 14 de abril de 1979, 4 de abril y 9 de octubre de 1987 y 24 de enero de 1991. UNDECIMO.- Inadmitido. DUODECIMO.-Inadmitido. DECIMOTERCERO.- Al amparo del número 3º. del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se denuncia infracción de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia. DECIMOCUARTO.- Inadmitido. DECIMOQUINTO.- Al amparo del número 5º. del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se alega infracción del artículo 1101 del Código Civil, en relación con la doctrina contenida en las sentencias de 15 de enero de 1896, 10 de febrero de 1904, 10 de marzo de 1910, 17 de febrero de 1921, 29 de noviembre de 1926, 13 de julio de 1945, 3 de mayo de 1949, 24 de octubre de 1951, 9 de enero de 1952, 10 de abril de 1954, 6 de mayo de 1960 y 16 de enero de 1962. DECIMOSEXTO.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción del artículo 24.1 y 120.3 de la Constitución Española. DECIMOSEPTIMO.- Bajo el mismo ordinal se denuncia infracción del artículo 1137 del Código Civil.

4. - Admitido el recurso y evacuando el traslado conferido, el Procurador D. Carlos Mairata Laviña, en representación de D. José; el Procurador Dª. Elisa Hurtado Pérez, en representación de D. Octavioy otros; el Procurador Dª. María del Carmen Ortiz Cornago, en representación de la entidad mercantil "Codup, S.A." y el Procurador D. Guillermo García San Miguel Hoover, en representación de la compañía mercantil "U.A.28 de Almería, S.A." , presentaron sus respectivos escritos de oposición a los recursos interpuestos en su contra.

5. - No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública se señaló para votación y fallo el día 20 de octubre de 1995, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JESÚS MARINA Y MARTÍNEZ-PARDO