STS, 22 de Marzo de 1994
| Ponente | D. ENRIQUE RUIZ VADILLO |
| Número de Recurso | 3727/1991 |
| Procedimiento | RECURSO DE CASACIÓN |
| Fecha de Resolución | 22 de Marzo de 1994 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal |
En la Villa de Madrid, a veintidós de Marzo de mil novecientos noventa y cuatro.
En el recurso de casación por infracción de Ley que ante Nos pende, interpuesto por los acusados Antonioy Blas, contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Malaga que les condenó por delito de robo con violencia con uso de armas, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la votación y fallo bajo la Presidencia y Ponencia del Excmo. Sr. D. Enrique Ruiz Vadillo, siendo también parte el Ministerio Fiscal y estando dichos recurrentes representados por el Procurador Sr. Jaén Jiménez.I. ANTECEDENTES
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- El Juzgado de Instrucción número 4 de Málaga instruyó sumario con el número 5 de 1990 contra Antonioy Blas, y, una vez concluso, lo remitió a la Audiencia Provincial de esa misma capital que, con fecha 9 de octubre de 1991 dictó sentencia que contiene los siguientes hechos probados:
"Del análisis en conciencia de la prueba practicada pueden declararse como tales y así se declaran los siguientes: Sobre las 22 horas del día 26 de noviembre de 1989, los procesados Antonio, mayor de edad y ejecutoriamente condenado en 25-8-88 y 21-3-89 por delitos de robo, y el también procesado Blas, mayor de edad y sin antecedentes penales, puestos de acuerdo y armados con sendos machetes, penetraron en la vivienda de Imanoly su esposa Isabel, sita en lugar casi desierto por esas fechas en el partido "DIRECCION000", del término de Cártama, donde comenzaron amenazando con los machetes a cada uno de los habitantes del inmueble y así consiguieron que el marido les entregara un monedero con alguna cantidad de dinero que no se ha determinado. En vista de que aquéllo les resultó insuficiente, insistieron en que les entregasen "oro", siempre manteniendo sus amenazas, hasta que Imanolles amenazó con una pistola de aire comprimido que le fue arrebatada por Antonio, el que acto seguido forcejeó con él intentando clavarle el cuchillo, mientras que Imanolle sujetaba la mano y cuando por cansancio del brazo no pudo soportar la presión, el machete cayó sobre su cara cortándole la punta del apéndice nasal. Durante este timpo el otro procesado, sujetaba a la mujer y, finalmente, el matrimonio consiguió encerrarse en el dormitorio colocando dos camas contra la puerta, no obstante lo cual los dos procesados trataron de forzar la misma hasta que huyeron ante los gritos de auxilio que sus víctimas dieron por una ventana. Los dos acusados cubrían sus caras con máscaras de tela y en el forcejeo final la de Antoniocayó al suelo siendo visto su rostro por los agredidos. A pesar de que en el "Hospital Carlos Haya" se intentó la reinserción de la punta de la nariz al herido, como quiera que ésta comenzó a necrosarse, fue preciso estirparla de nuevo a punta de bisturí, quedando claramente visible la secuela que es susceptible de cirugía plástica reparadora. El herido tardó en curar 120 días con cuarenta de incapacidad".
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- La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento:
FALLAMOS
Que debemos CONDENAR Y CONDENAMOS a los procesados Antonioy Blas, como autores criminalmente responsables de un delito de robo con violencia con uso de armas y resultado de deformidad causada de propósito, con la concurrencia en ambos de las circunstancias agravantes de disfraz y nocturnidad y en Antoniola de reincidencia, a la pena de VEINTE AÑOS DE RECLUSION MENOR A CADA UNO, con la accesoria de inhabilitación absoluta de todo cargo público y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena privativa de libertad y al pago por mitad de las costas procesales e indemnización mancomunada y solidariamente de TRES MILLONES DE PESETAS al perjudicado Imanol, siendo de abono para el cumplimiento de la expresada pena el tiempo que han estado privados de libertad en la presente causa y se aprueba, por sus propios fundamentos, el auto de insolvencia que el Juzgado Instructor dictó y consulta en el ramo correspondiente.
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- Notificada la sentencia a las partes, se prepararon recursos de casación por infracción de Ley por los procesados Antonioy Blas, que se tuvieron por anunciados, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.
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- El recurso interpuesto por la representación del procesado Antoniose basa en el siguiente MOTIVO DE CASACION:
Unico.- Amparado en el artículo 849-1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por infracción de Ley ya que dados los hechos que se declaran probados se ha infringido por inaplicación el artículo 501-4 del Código Penal en relación al artículo 420 del mismo texto legal.
El recurso interpuesto por la representación del procesado Blas, se basa en el siguiente MOTIVO DE CASACION: Unico.- Amparado en el artículo 5-4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por violación del derecho constitucional a la presunción de inocencia del artículo 24-2 de la Constitución, toda vez que no existe prueba de cargo practicada con las debidas garantías procesales suficiente para condenar al acusado por los hechos imputados.
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- Instruído el Ministerio Fiscal del recurso interpuesto la Sala admitió el mismo, quedando conclusos los autos para señalamiento de fallo cuando por turno correspondiera.
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- Hecho el señalamiento para el fallo, se celebró la votación prevenida el día 21 de marzo de 1994.
RECURSO DEL PROCESADO Blas
El único motivo del recurso de casación, amparado en el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, denuncia vulneración del principio constitucional de inocencia consagrado en el artículo 24.2 de la Ley Fundamental.
En apoyo del motivo se dice que la condena del acusado se fundamenta en declaraciones del otro imputado y en un supuesto reconocimiento realizado por los perjudicados y, más concretamente, por el Sr. Isabel, estimando que dichas expresiones acusatorias carecen de las correspondientes garantías jurídicas, fundamentándose la condena, se afirma, en meras sospechas sin base fáctica probatoria.
Sin duda que la doctrina elaborada por el Tribunal Constitucional y por esta misma Sala, una y otra fundidas en el denominador común de reafirmación práctica de uno de los más fundamentales principios de nuestro Ordenamiento jurídico, constituye una base especialmente sólida y firme sobre la que no resulta difícil comprobar si en cada uno de los supuestos que se someten a nuestra consideración se dan o no los requisitos indispensables para que la presunción de inocencia quede enervada o destruida.
Corresponde a esta Sala, en su importante tarea de garantizar la presencia activa de este derecho, que es una parte importante del derecho más amplio a la tutela judicial efectiva, constatar si en cada caso concreto se ha practicado una prueba de signo inequívocamente acusatorio o de cargo, de forma que, en su originación y desarrollo, se corresponda con las exigencias que nacen de nuestra Constitución y del resto del Ordenamiento jurídico. Una vez constatado cuanto queda indicado, ninguna otra comprobación puede hacer esta Sala, que no ha visto ni oido la prueba, ni ha podido observar de qué manera se hacía realidad, en su caso, el principio de contradicción que, unido al de inmediación y al de oralidad, forman un triptico inseparable del enjuiciamiento penal.
En este caso, el otro imputado implica al recurrente en el hecho delictivo y lo hace reiteradamente, incluidas las manifestaciones en el juicio oral: que son ciertos los hechos, que él no propinó ningún navajazo en la nariz a nadie (luego, inferir que fue el otro quien lo hizo, es lógica pura), que estaba con unas copitas de más, etc..., manteniendo siempre, como queda dicho, la acusación contra el otro acusado (ahora recurrente).
Con ello es suficiente. Las observaciones que esta Sala hace con carácter general, respecto a la credibilidad de las declaraciones de los coimputados, en principio se llevan a cabo a modo de orientaciones generales para el resto de los Tribunales, que son los que en cada caso concreto las aplican en función de las circunstancias concurrentes, así el posible deseo de exculpación, de venganza, la existencia de odio, la presencia de una remuneración o premio por terceras personas, etc, etc.
No sólo esto, pese a que el recurrente llevaba el rostro cubierto, la víctima lo reconoció parcialmente por la nariz, ojos y constitución somática, lo que unido al resto de la prueba, de la que ya se ha dejado constancia, hace que la conclusión que el Tribunal "a quo" obtuvo sea en todo ajustada a derecho.
Procede la desestimación del recurso.
RECURSO DEL PROCESADO Antonio
Amparado en el artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se denuncia infracción por inaplicación del artículo 501.4 del Código Penal, en relación con el artículo 420 del mismo texto legal.
Dice el recurrente que no está acreditada la deformidad porque ésta es susceptible de reparación por cirugía plástica y que sólo consta que tardó en curar 120 días, de los cuales durante 40 estuvo impedido para sus ocupaciones habituales, necesitando, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico y quirúrgico con diez días de hospitalización.
Se refiere, a continuación, a que la conclusión del juzgador de instancia, respecto de la deformidad, se extrajo de la correspondiente observación directa el día del juicio oral, apareciendo así, se afirma, un juicio de valor que conculca el principio de legalidad penal, el de interpretación de las normas establecido en el artículo 3.1 del Código Civil, interpretación conforme con la realidad social del tiempo en que han de ser aplicados y, fundamentalmente, al espíritu y finalidad de aquéllas.
Dada la posiblidad de reparación de la secuela por medio de la cirugía estética, nos encontramos, dice el recurrente, con que la "agravante específica del delito de robo", es decir, la deformidad facial, sería el correlato de un comportamiento pasivo de la víctima de la acción.
El Tribunal de instancia ha entendido que el hecho constituye un delito de robo con violencia, con uso de armas y resultado de deformidad causada de propósito, con la concurrencia de las agravantes de disfraz y nocturnidad en ambos y de reincidencia en uno sólo.
Varios e importantes son los problemas que, en este orden de cosas, se presentan:
1) Deformidad es toda irregularidad física visible y permanente, esto es, alteración física o corporal externa, en cualquier parte del cuerpo, aun en la que usualmente se cubre, que suponga desfiguración o fealdad ostensible a simple vista. Deformidad, en suma, es, a los efectos que aquí interesan, desproporción o irregularidad en los aspectos físicos de una persona, es decir, anormalidad desde la óptica de la generalidad. Su apreciación es, en principio, competencia de la Sala de instancia, que precisamente durante el juicio oral puede comprobar "in visu" las consecuencias de la lesión, esto es, sus repercusiones estéticas y funcionales, aunque obviamente este juicio o inferencia sea siempre, como aquí lo es, susceptible de revisión casacional.
Los resultados de las lesiones, la deformidad, en definitiva, han de ser apreciados en el momento de juzgar si, conforme a la pericia, el "status" del lesionado no tendrá ya, al menos no es probable que tenga, alteraciones importantes a corto plazo.
Las eventuales mejoras en razón de hipotéticas intervenciones quirúrgicas posteriores, de cirugía reparadora, plástica o estética, no inciden ya en la calificación jurídico-penal de la deformidad, en primer lugar porque dicha operación no le puede ser impuesta a nadie y, en segundo término, porque cualquier intervención de esta naturaleza es un alea, sin que pueda ser garantizado el resultado favorable de la operación en ningún caso.
2) El artículo 501.3 del Código Penal contempla la figura del robo cuando va acompañado de alguna de las lesiones del artículo 419 ó 421.2, si bien en estos últimos supuestos la pena no excederá del grado medio.
El artículo 419 se refiere a quien "de propósito" causare a otro la mutilación o la inutilidad de un órgano o miembro no principal, la esterilidad o deformidad, mientras que el 421.2 recoge el supuesto en el que, como resultado de las lesiones, el ofendido hubiera quedado impotente, estéril, deforme o con una enfermedad somática o psíquica incurable o hubiera sufrido la pérdida de un miembro, órgano o sentido o quedado impedido de él.
Es decir, en el primer caso (artículo 419) requiere un "animus" específico y directo de ejecución de alguna de las acciones en el precepto descritas, esto es, ha de quererse directamente la deformidad respecto del supuesto concreto al que ahora nos referimos.
En cambio, el artículo 421.2, en orden también al tema objeto de enjuiciamiento, excluye el "animus" directo (al que se refiere el artículo 419, que con otra interpretación coincidiría y se identificaría con el ánimo genérico de lesionar), incorporando a él el dolo eventual. La Circular 2/90 de la Fiscalía General del Estado entiende, con acierto, que, cuando eventualmente se asumen los resultados como probables, debe ser aplicado en su integridad el artículo 421.2 del Código Penal, en virtud de la concurrencia del dolo eventual, quedando, por consiguiente, excluidos aquellos casos en que tales consecuencias se producen sin dolo, con posibilidad de acaecer pero sin probabilidad de que ello ocurra, en cuyo caso estaríamos en presencia de una preterintencionalidad homogénea.
En este caso es de aplicación el artículo 501.3 del Código Penal, en relación con el 421.2, no el 419, y, por tanto, la pena tipo sobre la que han de jugar las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, de acuerdo con el artículo 61, todos del mismo texto legal, es la de reclusión menor en su grado mínimo o medio, es decir, el recorrido de la pena ha se ser desde 12 años y 1 día a 17 años y 4 meses. Reduciendo a días tal periodo, ha de dividirse en tres zonas exactamente iguales y sobre el grado máximo para uno, por concurrir tres agravantes, y el máximo también para el otro, por concurrir dos, ha de operarse.
En su virtud y siendo extensible el beneficio de este recurso al otro condenado, en aras de lo dispuesto en el artículo 903 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, deben establecerse las penas como se dirá en la sentencia que a continuación se dicta por estimación parcial del recurso. III.
FALLO
QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACION por infracción de Ley interpuesto por el procesado Antoniocontra sentencia dictad apor la Audiencia Provincial de Málaga, de fecha 9 de octubre de 1991, en causa seguida contra el mismo por delito de robo con violencia, que casamos y anulamos con declaración de las costas de oficio, siendo extensible el beneficio al otro condenado, Blas.
Y remítase certificación de esta sentencia y de la que a continuación se dicta a la mencionada Audiencia a los efectos procesales oportunos con devolución de la causa que en su día se remitió.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos
SEGUNDA SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintidós de Marzo de mil novecientos noventa y cuatro.
En la causa incoada por el Juzgado de Instrucción número 4 de Málaga con el número 5 de 1990 y seguida ante la Audiencia Provincial de esa misma capital por delito de robo con violencia y uso de armas contra los procesados Antonioy Blas, y en cuya causa se dictó sentencia por la mencionada Audiencia, con fecha 9 de octubre de 1991, que ha sido casada y anulada por la pronunciada en el día de hoy por esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. expresados al margen y bajo la Presidencia y Ponencia del Excmo. Sr. D. Enrique Ruiz Vadillo, hace constar lo siguiente: I. ANTECEDENTES
UNICO.- Se aceptan y reproducen íntegramente los fundamentos fácticos de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Málaga.
UNICO.- Se incorporan los de la sentencia de instancia y a ellos se unen las consideraciones jurídicas del recurso de Antonio.
Partimos del Hecho Probado: "acto seguido del forcejeo con él (Imanol) intentando clavarle el cuchillo, mientras que el citado Imanolle sujetaba la mano y cuando por el cansancio del brazo no pudo soportar la presión, el machete cayó sobre su cara (sobre la de la citada víctima Imanol), cortándole la punta del apéndice nasal... A pesar de que en el Hospital "Carlos Haya" se intentó la reinserción de la punta de la nariz, al hacerlo, como quiera que ésta comenzó a necrosarse, fue preciso extirparla de nuevo, a punta de bisturí, quedando claramente visible la secuela, que es susceptible de cirugía plástica reparadora".
Es decir, los hechos constituyen un delito de robo del artículo 501.3 en relación con el 421.2 del Código Penal, tal y como se explica en la precedente sentencia de casación de esta Sala.
Como en uno de los condenados, Blas, concurren dos agravantes y el recorrido de la pena va, como ya se dijo, de 12 años y 1 día a 17 años y 4 meses, es procedente aplicar el máximo y, dentro de él, atendida la gravedad del hecho, en cuanto desvalor de la conducta en su doble consideración de acto personal y de resultado lesivo de uno de los más importantes bienes jurídicos objeto de protección -la vida y la integridad corporal- y la personalidad del delincuente, reflejada en su modo de actuar, procede la imposición de 17 años de reclusión menor, mientras que al segundo, Antonio, en quien no sólo concurren estas agravantes, sino también la de reincidencia -dos condenas anteriores por robo-, procede imponerle, teniendo en consideración los factores ya señalados para el otro acusado, la pena de 17 años y 4 meses de reclusión menor.
VISTOS los preceptos legales de aplicación al caso. III.
QUE DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS a los procesdados, como autores criminalmente responsables de un delito de robo con violencia con uso de armas y resultado de deformidad, con la concurrencia en ambos de las agravantes de disfraz y nocturnidad, y en Antoniode reincidencia, a la pena de DIECISIETE AÑOS DE RECLUSION MENOR a Blas, y de DIECISIETE AÑOS Y CUATRO MESES a Antonio. Todos los demás pronunciamientos, no afectados por esta parte dispositiva, se mantienen íntegramente.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos
PUBLICACIÓN.- Leidas y publicadas han sido las anteriores sentencias por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Enrique Ruiz Vadillo, mientras se celebraba audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.
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AAP Madrid 25/2004, 30 de Enero de 2004
...practicada (vid. p. ej. SSTC 59/1991 de 14 de marzo, 357/1993 de 29 de noviembre, 1/1996 de 15 de enero, 187/1996 de 25 de noviembre, y SSTS 22 marzo 1994, 19 diciembre, 1995 21 octubre 1996 y 12 marzo En el asunto que aquí se examina, en nombre de Isabel se mantiene que se le causó indefen......