STS 816, 20 de Septiembre de 1994
| Ponente | D. GUMERSINDO BURGOS PEREZ DE ANDRADE |
| Número de Recurso | 2600/92 |
| Procedimiento | RECURSO CASACIÓN |
| Número de Resolución | 816 |
| Fecha de Resolución | 20 de Septiembre de 1994 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
sentencia pronunciada por el Iltmo.Señor Magistrado-Juez de Primera
Instancia núm. Nueve de Madrid, con fecha treinta de julio de mil
novecientos noventa, en los autos de que dimana este rollo, confirmamos la
expresada resolución, sin verificar expreso pronunciamiento en cuanto a las
costas causadas en esta alzada."
1. Notificada la resolución anterior a las partes, se
interpuso recurso de casación por la representación de la Entidad Mercantil
Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. con apoyo en el siguiente
único motivo: Al amparo del artículo 1.692 nº 4º de la Ley de
Enjuiciamiento Civil por infracción de las normas del ordenamiento
aplicables para resolver la cuestión objeto del debate, citándose como
normas del ordenamiento infringidas, por su no aplicación los artículos
1.281 a 1.289 del Código Civil, así como la Doctrina Jurisprudencial que
desarrollan estos preceptos.
-
- Admitido el recurso y evacuado el preceptivo trámite de
impugnación, por la parte recurrida se presentó escrito suplicando se dicte
sentencia por la que desestimando dicho recurso se declare no haber lugar
al mismo, imponiendo las costas a la parte recurrente.
-
- Convocadas las partes, se señaló para votación y fallo el día
7 de septiembre del corriente, fecha en que ha tenido lugar.
HA SIDO PONENTE EL MAGISTRADO EXCMO. SR. D.GUMERSINDO BURGOS Y PEREZ DE
ANDRADE
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D.
A un solo motivo reduce su argumentación la parte
recurrente, y a través de él denuncia la inaplicación de los artículos
1.281 a 1.289 del Código Civil, y en especial el 1.285. Esta particular
forma de referirse a las normas legales de interpretación de los contratos,
atribuyendo al juzgador de instancia el defecto de no haber aplicado
ninguna, tiene la virtud de haber consentido toda la relación fáctica
admitida en la sentencia recurrida, limitando el interés casacional a un
puro problema de hermenéutica.
En consecuencia han quedado indiscutibles las siguientes
circunstancias: la celebración por las partes litigantes con fecha 2 de
octubre de 1.981 del contrato básico de arrendamiento de un local de
negocio; la adaptación del mismo para la ubicación en él de un
supermercado, y la apertura al público de este negocio a finales de ese año
1.981; la realización de unas obras efectuadas por el arrendatario en el
año 1.988, sin haber obtenido autorización del arrendador; y la
calificación de estas obras como modificadoras de la configuración del
local.
El único problema importante, desde el punto de vista jurídico, es
el de determinar si la preceptiva autorización que exige el artículo 114.7º
de la L.A.U. estaba ya concedida en el contrato de arrendamiento del año
1.981. La interpretación de este contrato ha sido la cuestión fundamental
tratada en las dos sentencias de instancia, y esta Sala tiene declarado
abundantemente, que la función interpretativa de los contratos corresponde
a la exclusiva competencia del Tribunal "a quo", solo revisable en casación
cuando notoriamente se hayan quebrantado las normas legales
interpretativas, o las reglas de la sana crítica; circunstancia que
evidentemente no concurre en el caso de autos.
La primera regla que obliga al interprete es la del número 1º del
artículo 1.281 del Código Civil, pues frente a las cláusulas claras que no
ofrecen duda en relación con la intención de los contratantes, prevalecerá
la literalidad de las mismas; solo cuando esta duda surja, entrarán en
juego el resto de los preceptos siguientes. En la cláusula 2ª del contrato
se autorizan unas obras de adaptación e instalación para que en el local se
pueda desarrollar la actividad comercial a la que piensa el arrendatario
dedicarlo; por lo que evidentemente se trata de unas obras iniciales. En la
cláusula 3ª se deja claro el contenido y alcance de lo convenido en la
anterior, añadiendo: "en el que una vez inaugurado (se refiere al local),
tampoco podrá hacerse obra laguna sin autorización escrita del arrendador";
y se sigue diciendo: "Tanto estas obras (las efectuadas mediante
autorización) como las permitidas en la condición anterior (las iniciales)
quedarán en beneficio del local, sin derecho a reintegro de clase alguna".
No puede admitirse, por contravenir la lógica normal, que
permanezca abierto al público durante ocho años un supermercado de las
características del de autos, sin haber obtenido la licencia municipal de
apertura; circunstancia que de ser cierta, diría poco en favor del
arrendatario, y de los servicios de inspección municipal. Tampoco puede ser
admitida la inexistencia que se alega del limite temporal para realizar las
obras iniciales de adaptación, cuando se pactó que una vez inagurado el
negocio, "tampoco podrá hacerse obra alguna",punto inicial de la
prohibición que coincide con la mencionada inaguración. Y con evidente
ánimo de agotar las argumentaciones expuestas, también la parte recurrente
aduce: "que el contrato no se ha perfeccionado aún", después de estar
ocupado el local por le arrendatario durante ocho años, destinado, y
funcionando ininterrumpidamente en el mismo un negocio de supermercado
abierto al público, y pagando las rentas correspondientes, a satisfacción
del arrendador y arrendatario.
Cosa distinta es que la Autoridad Municipal le exija al titular
del negocio, ciertas condiciones en el local para que pueda continuar su
actividad comercial, pero si este fuera el supuesto de autos, la solución
está contemplada en la Ley, sin que esté permitida la aquí denunciada
realización de obras sin la autorización del propietario o del Juzgado.
De lo expuesto se deduce claramente, que en la sentencia recurrida
no se ha cometido ninguna infracción interpretativa, sino todo lo
contrario, el juzgador ha interpretado la evidente voluntad de los
contratantes plasmada en el contrato; y cualquier otro sentido que quiera
dársele a lo escrito, no es más que un fallido propósito de justificar una
conducta contraria a la Ley.
Los razonamientos expuestos obligan a rechazar el motivo,
desestimando el recurso en su integridad, con la preceptiva condena en
costas de la parte recurrente, y la pérdida del depósito (artículo 1.715 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida
por el pueblo español.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españolFALLAMOS
QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR AL RECURSO DE
CASACION interpuesto por la representación de "DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL
DE ALIMENTACION, S.A.", contra sentencia dictada en fecha 19 de mayo de
1.992 por la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Madrid.
Condenamos a dicha recurrente al pago de las costas ocasionadas en el
presente recurso y a la pérdida del depósito constituído. Notifiquese esta
resolución a las partes, y comuníquese a la mencionada Audiencia a los
efectos legales oportunos, con devolución de los autos y rollo que en su
día remitió.
ASI POR esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCION
LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos. G.Burgos y Pérez de Andrade.- F.Morales Morales.-
P.Gonzal ez Poveda.- rubricados.-PUBLICACION.- Leída y publicada fue la
anterior sentencia por el EXCMO. SR. D.GUMERSINDO BURGOS Y PEREZ DE ANDRADE
, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando
celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el
día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. , Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
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