STS, 12 de Julio de 2006

La sentencia recurrida dispone lo siguiente: "PRIMERO.- desestimar el presente recurso nº 42/99, interpuesto por la Procuradora Sra. Gilsanz Madroño, en nombre y representación de Mónica, María Teresa, Víctor, Juan Ramón, Encarna, Carlos Ramón, Paula, Ana, Cristobal, Ángel Jesús, D. Leonardo, Claudia, Octavio, Mariana, Aurora, Sonia, Begoña, Julieta y Victoria, contra la resolución del Ministerio de Justicia de 4 de noviembre de 1998, descrita en el primer fundamento de Derecho, que se confirma en lo que es objeto del recurso, por ser conforme a derecho. SEGUNDO.- No hacer una expresa condena en costas".

Contra dicha sentencia ha interpuesto recurso de casación Dª. Adela Gilsanz Madroño, en representación de Dª Sonia, Dª Begoña, Dª Julieta, Dª Victoria, Dª Claudia, D. Octavio, Dª Mariana, Dª María Teresa, Dª Encarna, D. Carlos Ramón, Dª Paula, D. Ángel Jesús, D. Cristobal, Dª Aurora, D. Leonardo D. Víctor, D.ª Mónica, Dª Ana y D. Juan Ramón. En el escrito de interposición del recurso, después de exponer los motivos que estimó pertinentes, solicitó a la Sala : "se dicte sentencia por la que case y deje sin efecto la meritada sentencia, dictando otra más ajustada a derecho, por la que estimando el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la Resolución de la Secretaría de Estado de Justicia del Ministerio de Justicia de 4 de noviembre de 1998, por la que se aprueba y publica la relación definitiva de aspirantes que han superado las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia, turno libre, convocada por Orden de 17 de noviembre de 1997, que fue publicada en el BOE número 278 de 20 de noviembre de 1998, anulándola y dejándola sin efecto, y declare asimismo la nulidad del proceso selectivo, retrotrayéndolo al momento inmediatamente anterior a la declaración de validez de dos respuestas para las preguntas números 72 y 84 correspondientes al primer ejercicio, para que el Tribunal Calificador proceda a la nueva corrección de las pruebas (primer y segundo ejercicio), utilizando criterios más acordes con los principios de igualdad, merito y capacidad exigidos por el artículo 23.2 de la Constitución , adjudicando las plazas a quienes legítimamente les corresponde, y demás procedente en Derecho".

Admitido a trámite el recurso se remitieron las actuaciones a esta Sección Séptima, conforme a las reglas de reparto de asuntos y, por providencia de 3 de septiembre de 2001, se dio traslado del escrito de interposición al Abogado del Estado para que formalizara su oposición lo que verificó mediante escrito de 25 de septiembre de 2001, en el que solicitó a la Sala "dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso".

Cumplidas las prescripciones legales, se señaló para votación y fallo el día 5 de julio de 2006.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Juan José González Rivas,

Dª Sonia, Dª Begoña, Dª Julieta, Dª Victoria, Dª Claudia, D. Octavio, Dª Mariana, Dª María Teresa, Dª Encarna, D. Carlos Ramón, Dª Paula, y D. Ángel Jesús por el ámbito territorial de Andalucía, D. Cristobal, Dª Aurora, D. Leonardo y D. Víctor, por Canarias, D.ª Mónica por el ámbito territorial de Cataluña y, finalmente, Dª Ana y D. Juan Ramón por el resto de Península y Baleares, realizaron las pruebas selectivas convocadas por Orden de 17 de noviembre de 1997 para el ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia. Esas pruebas comprendían dos ejercicios. Según la Base 9.1 de las que regían la convocatoria, el primero consistía en la contestación a un cuestionario de cien preguntas, cada una de las cuales iba seguida de cuatro respuestas, de las que solo una era correcta. Se puntuaba de 0 a 100 puntos, asignándose un punto por acierto, restándose 0,33 puntos por cada error y no puntuando las preguntas no contestadas. Encomendaba, igualmente, la Base 9.1 al Tribunal Calificador único decidir, a la vista del número y nivel de conocimientos de los aspirantes presentados, cual habría de ser la puntuación mínima para superar este ejercicio en cada ámbito territorial. El segundo ejercicio consistía en reproducir mecanográficamente un texto o textos propuestos por el Tribunal, valorándose el número de pulsaciones y su ejecución correcta y penalizándose los errores y omisiones, así como el incumplimiento de las normas de realización del ejercicio. Precisaba la Base 9.2 que, a efectos de cómputo, 280 pulsaciones en máquina electrónica equivalían a 250 en máquina normal. Se calificaría de 0 a 100 puntos, siendo la puntuación mínima para superarlo la equivalente a 280 pulsaciones netas deducidos los errores y efectuada la conversión máquina eléctrica/máquina manual.

Antes de la realización del primer ejercicio el Tribunal anuló dos preguntas, de manera que la puntuación máxima posible en el mismo quedó en 98 puntos. Las Sras. Sonia, Begoña, Julieta, Victoria, Claudia, el Sr. Claudia, las Sras. Mariana, María Teresa, Encarna, el Sr. Carlos Ramón, la Sra. Paula, los Sres. Ángel Jesús y Cristobal, la Sra. Aurora, los Sres. Leonardo y Víctor, las Sras. Mónica, Ana y el Sr. Juan Ramón obtuvieron en el primer ejercicio 87,33 81, 80,33 80, 83,33 80,33, 83,33, 79,67, 84,67, 80,33, 85,67, 81,67, 80, 88,33, 86, 82, 79,33, 79,33 y 79,67 respectivamente.

No obstante, el Tribunal Calificador único, además de establecer en 78 la puntuación mínima necesaria para superar el primer ejercicio, resolvió aplicar una fórmula de transformación de la realmente obtenida en el mismo con el fin de que quedaran comprendidas en una escala que iba de 50 a 98 sustituyendo a la que iba de 78 a 98. Para ello consideró que 78 puntos equivalían a 50 y con arreglo a esa equivalencia convirtió todas las puntuaciones. De esa manera, los 87,33 puntos de la Sra. Sonia pasaron a ser 73,32 y, sumados a los 76,39 puntos del segundo ejercicio, la dejaron fuera de la relación definitiva de aprobados. El resultado fue que, al igual que los demás recurrentes que concurrieron por Andalucía, en lugar de los 163,72 puntos iniciales, se quedó con 149,71, es decir, una puntuación inferior a la de la última seleccionada para el ámbito territorial de Andalucía, Dª Marta que obtuvo 151, 23 puntos.

Así, en el caso de Dª Begoña se queda en 57,50+83,88= 141,38 puntos; Dª Julieta, se queda en 55,83+77,60= 133,43 puntos; en el supuesto de Dª Victoria obtiene 55+79,84= 134,84 puntos; en el caso de Dª Claudia obtiene 63,33+82,40= 145,73 puntos; en el caso de D. Octavio obtiene 55,83+77,73= 133,56 puntos; en el caso de Dª Mariana obtiene 63,33+87,69= 151,02 puntos; en el caso de Dª María Teresa obtiene 54,18+84,88= 149,06 puntos; en el caso de Dª Encarna obtiene 66,68+83,18= 149,86 puntos; en el supuesto de D. Carlos Ramón obtiene 55,83+87,08= 142,91 puntos; en el caso de Dª Paula obtiene 69,18+80,15= 149,33 puntos y en el caso de D. Ángel Jesús obtiene 59,18+84,51= 143,69 puntos.

Lo mismo sucedió con los recurrentes D. Cristobal que obtiene 55+80,10= 135,10 puntos, Dª Aurora que obtiene 75,82+72,02= 147,84 puntos, D. Leonardo que obtiene 70+71,17= 141,17 y D. Víctor que obtiene 60+83,53= 143,53 puntos, que participaron en el ámbito territorial de Canarias, siendo la puntuación mínima la de Dª Carmela que obtuvo 150,71 puntos; D.ª Mónica que obtiene 53,33+78,64= 131,97 puntos, que lo hizo por el ámbito territorial de Cataluña, siendo la puntuación mínima la de Dª Melisa, que obtiene 151,73 puntos y, finalmente, Dª Ana que obtiene 55,83+76,90= 132,73 puntos y D. Juan Ramón que obtiene 54,18+81,75= 135,93 puntos, que participaron por el resto de Península y Baleares, siendo, en este caso, la puntuación mínima la de Dª Lorenza, que obtuvo 148,38 puntos.

Sin embargo, todos los descritos superan en su puntuación, sin transformar, al último aprobado por su respectivo ámbito territorial, como hemos destacado.

Ante esa circunstancia, interpusieron el recurso contencioso administrativo que dio lugar a la sentencia ahora impugnada.

Las partes recurrentes, en su demanda, sostenían la infracción de la Orden de convocatoria porque el Tribunal Calificador único se había apartado de lo dispuesto en las Bases que la regían, sin modificarlas conforme a lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común . Modificación consistente en la aplicación de ese factor de transformación de las puntuaciones del primer ejercicio, desconocida por los concursantes hasta después de la realización de las pruebas, y distorsionante de los resultados obtenidos conforme a la aplicación de la Base 9.1. En efecto, las recurrentes ponían de manifiesto, mediante una tabla de resultados, que, si bien la equivalencia era plena con la puntuación inicial de 98 ese factor de transformación iba haciendo que la diferencia creciera gradualmente entre aquella y la finalmente adjudicada. De esa forma, de una relación 98/98, se iba pasando a otras como 94/90, 92/85, 90/80, 88/75, 86/70, 84/65, 82/60, de manera que conforme disminuía la puntuación inicial iba aumentando progresivamente la diferencia entre ella y la transformada. En definitiva, esa operación no era inocua sino que alteraba sustancialmente el orden de los aprobados haciendo posible, como efectivamente sucedió, que aspirantes con una calificación global inferior a las de las Sras. Marta, Carmela, Melisa y Lorenza en los ámbitos territoriales de Andalucía, Canarias, Cataluña y resto de Península y Baleares respectivamente, las superasen en la nota final.

Por todo ello, pidieron a la Sala que anulara la resolución que aprobó la relación definitiva de aspirantes aprobados en tanto no las incluía, retrotrayendo las actuaciones a la declaración de validez de las preguntas 72 y 84 del primer ejercicio y ordenase una nueva valoración de los ejercicios de la oposición, conforme a las bases de la convocatoria declarando su derecho a ser incluidas en la relación de aspirantes aprobados.

La sentencia de la Audiencia Nacional ahora recurrida desestimó el recurso. En sus fundamentos, recuerda el criterio jurisprudencial uniforme de que las bases de la convocatoria de un concurso o pruebas selectivas constituyen la ley a la que ha de sujetarse el procedimiento y resolución de los mismos, de tal manera que, una vez firmes y consentidas, vinculan por igual a los participantes y a la Administración, así como a los Tribunales y Comisiones encargados de la valoración de los méritos, no pudiéndose modificar sino de acuerdo con las previsiones establecidas en la Ley 30/1992 . Tal planteamiento tenía su reflejo normativo en el artículo 3 del Real Decreto 1411/1968, de 27 de junio, que aprobó el Reglamento General de Ingreso en la Administración Pública , y se plasmó en el artículo 13.4 y 5 del Reglamento aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo , lo que supone que el procedimiento selectivo debe ajustarse a las previsiones contenidas en las bases.

A partir de aquí, dice que la Base 6.1 atribuía al Tribunal Calificador único la facultad de elaborar los criterios de valoración y que la base 9.1, tras señalar como habría de puntuarse el primer ejercicio, le encomendaba la fijación de la puntuación mínima para superarlo en cada ámbito territorial. De ello deduce la Sala de la Audiencia Nacional que el proceder discutido se justifica en las facultades que las bases atribuyen al Tribunal Calificador y en "la obtención de un resultado justo y ponderado en el cómputo de los méritos y capacidad de los participantes". Además, dice la sentencia que "por tratarse de una fórmula proporcional no supone alteración del orden de los aprobados en cada ejercicio y que a todos los participantes se les valora por igual, por lo que no existe discriminación entre los mismos".

El recurso de casación se ampara en su único motivo en el artículo 88.1. d) de la LJCA , y denuncia que el Tribunal Calificador Único ha infringido el art. 22.1 del Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia , la Base 9.1 y 2 de las de la convocatoria y el art. 23.2 de la C.E .

Se argumenta que la sentencia de instancia ha vulnerado la Orden de convocatoria de las pruebas por haberse apartado la Administración de las Bases que las regían sin modificarlas con arreglo a lo previsto por la ley 30/1992 . Explican las recurrentes, que el Tribunal Calificador Único, en contra de lo que dice la sentencia impugnada, fue más allá de lo que le autorizaba la base 9.1, excediéndose, por tanto, en su competencia para fijar la puntuación mínima en virtud de un informe de Transformación de los Puntos no publicado y desconocido por los aspirantes hasta después de la realización de las pruebas. Esa conversión, subraya, distorsionó y alteró las puntuaciones resultantes de la aplicación de la mencionada base con el resultado de verse excluidas de la relación de aprobados en la que deberían haber figurado.

El problema que plantea este recurso de casación ha sido resuelto ya por esta Sala y Sección en sus sentencias de 29 de junio (casación 6843/2001) y de 15 y 22 de diciembre (casación 1595/2000 y 1445/2000) todas de 2005 y dictadas en relación con este mismo proceso selectivo. En la primera de ellas decíamos:

"El problema principal de esta casación es decidir si esa formula correctora que aplicó el Tribunal Calificador, (...), fue discriminatoria y perjudicial para los recurrentes. Pues de haber sido así sería de apreciar la infracción del artículo 14 CE que es denunciada en el motivo de casación.

Para abordar esa cuestión la Sala tiene que comenzar puntualizando que acepta que los índices de progresión de las escalas de puntuaciones reales y corregidas son los que también se señalan en ese apartado F). Y lo hace por estas razones: porque esa alegación de la parte recurrente no ha sido rebatida expresamente en esta fase de casación (como tampoco lo fue en el proceso de instancia); y porque se confirma con alguno de los datos que aparecen en el expediente administrativo que fue remitido por la Administración demandada.

Dicho expediente es incompleto. Respecto del primer ejercicio no incluye las puntuaciones reales y corregidas de todos los opositores (como habría sido lo correcto) sino sólo las de una parte de ellos. Pero en esas que sí figuran se constata que la progresión de las escalas de puntuaciones reales y corregidas es como se dice en el recurso de casación (en coincidencia con lo que se había dicho en la demanda inicial).

Tras lo anterior, lo que procede estudiar son las exigencias que debería haber cumplido esa fórmula correctora que fue aplicada para poder ser considerada efectivamente igualitaria y rectamente ajustada a lo establecido en las bases de la convocatoria.

Es claro que la corrección había de mantener a los opositores al finalizar el primer ejercicio con el mismo orden que les hubiera correspondido según las puntuaciones reales, pero no bastaba solo con eso. Además de lo anterior, era necesario que la nueva puntuación corregida del primer ejercicio tuviera sobre el resultado de la puntuación final la misma incidencia que habría tenido la puntuación real de ese ejercicio.

Sólo si se confirma la observancia de esta segunda exigencia podrá aceptarse que se ha cumplido la proporción que las bases de la convocatoria querían que existiera entre la calificación de cada ejercicio y el resultado final del proceso selectivo.

(....) La polémica formula correctora no cumple con esa última exigencia que acaba de apuntarse. Su incidencia en el resultado final de la oposición es diferente a la que habrían tenido las puntuaciones reales. Así: la puntuación mínima real de 78 se transforma en una puntuación corregida de 50, mientras que la puntuación real de 98 se convierte en 100; y lo que en una comparación global de ambos sistemas de puntuación se observa es que las puntuaciones reales más bajas están mucho más distantes de sus equivalentes corregidas que lo están las puntuaciones reales más elevadas.

Los datos parciales que figuran en el expediente así lo confirman.

Por tanto, tienen razón los recurrentes de casación en que esa formula correctora no fue igualitaria.

Esto hace que el paso siguiente tenga que ser comprobar si la aplicación de esa formula correctora, además de no ser igualitaria en términos abstractos, significó para ellos el perjuicio de haber quedado excluidos de la lista final de aspirantes seleccionados.

Y así habrá sucedido si entre los seleccionados figura alguno de ellos que, de haberse computado la puntuación real y no la corregida, habría obtenido una puntuación total inferior a la que habría correspondido a los recurrentes.

Las actuaciones permiten constatar que ese perjuicio efectivamente tuvo lugar (...) En la relación definitiva de aspirantes que han superado las pruebas selectivas (..) aparecen personas con una puntuación corregida para el primer ejercicio cuya puntuación real equivalente, de haber sido computada esta última y no la corregida, habría dado lugar a un total que sería inferior al que se acaba de reflejar para cualquiera de los tres recurrentes.

La calificación del primer ejercicio de los recurrentes fue efectivamente discriminatoria y perjudicial para ellos, por lo que debe acogerse la violación del artículo 14 CE que denuncian.

Y no está de más destacar que así lo señaló el Ministerio Fiscal en su escrito de alegaciones presentado en el proceso de instancia, y que en las actuaciones obra un informe del Defensor del Pueblo que también censura la aplicación de la fórmula correctora".

Las anteriores consideraciones llevaron a esta Sala a estimar el recurso de casación y también el recurso contencioso administrativo de los entonces recurrentes y a esa misma conclusión hemos de llegar aquí, con independencia de la validez de las preguntas 72 y 84 del primer ejercicio, que han sido cuestionados, porque en el motivo que se ha formulado contra la sentencia de la Audiencia Nacional subyace el mismo reproche, la desigualdad en el tratamiento dado a los distintos concursantes como consecuencia de la aplicación de una fórmula correctora no prevista en las bases de la convocatoria que distorsionó los resultados a los que conducía el sistema de puntuación previsto por aquellas. La Administración no aplicó correctamente "antes al contrario, se salió de lo que preceptuaban" dichas bases, que como dice la sentencia, recordando lo que establecen las normas antes mencionadas eran la ley del concurso. Y al actuar de esa forma asignó a las recurrentes una calificación inferior a la que les correspondía, la cual estaba por encima del mínimo exigido para superar las pruebas. Se ha producido, pues, la infracción denunciada y eso comporta la estimación del recurso de casación con la consiguiente anulación de la sentencia.

Y por esas mismas razones, procede la estimación del recurso contencioso administrativo. Así debe ser porque en la demanda las recurrentes han reclamado la adjudicación de las plazas que legitimamente les corresponden.

A tenor de lo establecido en el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción no se hace imposición de costas en la instancia debiendo correr cada parte con las suyas del recurso de casación.