STS, 15 de Diciembre de 2004

PonenteFRANCISCO JAVIER SANCHEZ-PEGO FERNANDEZ
ECLIES:TS:2004:8111
Número de Recurso4831/2003
ProcedimientoSOCIAL
Fecha de Resolución15 de Diciembre de 2004
EmisorTribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social

AURELIO DESDENTADO BONETEPABLO MANUEL CACHON VILLARLUIS RAMON MARTINEZ GARRIDOJUAN FRANCISCO GARCIA SANCHEZFRANCISCO JAVIER SANCHEZ-PEGO FERNANDEZ

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a quince de Diciembre de dos mil cuatro.

Vistos los presentes autos pendientes ante esta Sala en virtud de recurso de casación para unificación de doctrina interpuesto por el Letrado D. Esteban Ceca Magán, en nombre y representación de la Compañía Mercantil Anónima ALTADIS, S.A., frente a la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja de fecha 22 de Julio de 2003, dictada en el recurso de suplicación número 271/2003 formulado por ALTADIS, S.A., contra la sentencia del Juzgado de lo Social número dos de La Rioja de fecha 16 de abril de 2003 dictada en virtud de demanda formulada por D. Salvador, frente a la Mercantil ALTADIS, S.A. en reclamación de derechos y cantidad.

Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ-PEGO FERNÁNDEZ

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

Con fecha 16 de abril de 2.003 el Juzgado de lo Social número 2 de Logroño dictó sentencia en la que consta la siguiente parte dispositiva: "Que estimando la demanda formulada por D. Salvador, frente a ALTADIS, S.A. debo condenar y condeno a la empresa demandada a que abone a la actora la cantidad de 1.485,30 euros".

SEGUNDO

En la citada sentencia se han declarado probados los siguientes hechos: "

PRIMERO

El demandante D. Salvador, con DNI NUM000, ha prestado sus servicios para la empresa demandada, con la categoría de Mando Operativo, cuyos demás datos laborales y profesionales figuran en su demanda que se dan por reproducidos.

SEGUNDO

El actor ha prestado servicios hasta el 30 de junio 2002, fecha en que se extinguió su contrato de trabajo en virtud de la autorización establecida en el ere aprobado por Resolución de la Dirección General de Trabajo de 30 de diciembre de 2000. TERCERO.- Que se ha celebrado el preceptivo acto de conciliación con el resultado de "sin avenencia". CUARTO.- la demandante reclama la indemnización por pase a la situación de pasivo, regulada en el Acuerdo Marco para el personal de Tabacalera año 2000, capítulo V, artículo 24, apartado 6, consistente en una paga por una sola vez, por importe de una mensualidad de la misma cuantía de una paga extraordinaria y cantidades que ascienden a la cantidad de 1.485,30 euros. QUINTO.- La resolución de 30 de diciembre de 2000, dictada por la Dirección General de Trabajo, autorizó en su parte dispositiva a la empresa Altadis, S.A. y a la empresa Logista, S.A. del grupo de empresas Altadis: la extinción como máximo de 1707 contratos de trabajo, como consecuencia de la aplicación de la medida de prejubilación con carácter forzoso para todos los trabajadores, de ambas empresas, mayores de 55 años el 31-12- 2002". SEXTO.- En los acuerdos de conclusión del período de consultas del Expediente de Regulación de Empleo a propuesta empresarial, se describe la llamada "etapa de prejubilación" como la fase de extinción del contrato y pese a la situación de desempleo, señalando el siguiente sistema básico: "Desde la fecha en que los trabajadores extinguen su relación laboral con la empresa hasta la fecha en que una vez agotadas las prestaciones públicas de desempleo que procedan reúnan las condiciones mínimas para causar cualquier tipo de jubilación, de conformidad con la legislación vigente en la fecha de firma de este acuerdo, percibirán como indemnización por la extinción de su contrato un porcentaje de su sueldo regulador, pagadero doce veces al año, con incrementos anuales provisionales acumulativos del 2 por ciento, que se harán efectivos a partir del 1 de enero de cada ejercicio económico. Dichos incrementos se ajustarán, al alza o a la baja, en función del I.P.C. real correspondiente a dicho ejercicio económico, tan pronto como se constate dicho índice. Los ingresos en esta fase se obtienen mediante la percepción de la prestación contributiva y, en su caso, subsidio por desempleo y la percepción de las mensualidades de naturaleza cierta y reversible". Para la determinación de dichos ingresos se aplican tantos por cientos directamente proporcionales a la edad, con arreglo a la escala que en el Acuerdo se establece. Estableciendo seguidamente las percepciones complementarias entre las que se cita en segundo lugar "percepción del tabaco de promoción y las prestaciones sociales en el Acuerdo Marco suscrito el 29.7.1999, en la forma prevista para el personal pasivo". SEPTIMO.- Mediante comunicación escrita la empresa Altadis, S.A., comunicó al demandante que en virtud del Expediente de Regulación de Empleo autorizado por Resolución de 30.12.200, lo siguiente "Entre las personas afectadas por la medida de figura Vd. por lo que ... la extinción de su relación laboral con la empresa se producirá el próximo día 31 de enero de 2002. En consecuencia, las condiciones que regirán su proceso de prejubilación son las siguientes: 1.- Las prestaciones económicas a percibir por Vd. serán las establecidas en el Plan de Prejubilación previsto en el Ere...2.´Altadis, S.A... le garantiza la percepción del Tabaco de Promoción y prestaciones sociales establecidas por el Acuerdo Marco 29/7/1999 en la forma prevista para el personal pasivo... 3.- Asímismo, Altadis, S.A. se compromete a abonar en la forma establecida en el Ere, las cuotas empresariales al plan de pensiones hasta la fecha de jubilación anticipada, etc.

TERCERO

La citada sentencia fue recurrida en suplicación por la representación procesal de ALTADIS, S.A. dictándose por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja sentencia con fecha 22 de julio de 2.003, en la que consta la siguiente parte dispositiva: "Que DESESTIMAMOS EL RECURSO DE SUPLICACION interpuesto por la representación letrada de ALTADIS, S.A. contra la sentencia nº 207/03 del Juzgado de lo Social número Dos de La Rioja, de fecha 16 de abril de 2.003, dictada en autos promovidos por D. Salvador, en reclamación por CANTIDADES, frente a la recurrente, y CONFIRMAMOS DICHA SENTENCIA. Disponemos la pérdida del depósito constituido por Altadis, S.A. para recurrir, al que se dará el destino legal cuando la presente sentencia sea firme, y el mantenimiento del aval que le fue prestado por Banco Popular Español, S.A. por el importe de la condena. Y condenamos, asimismo, a la empresa recurrente a abonar al Letrado del actor, impugnante de su recurso, la cantidad de SEISCIENTOS EUROS en concepto de honorarios".

CUARTO

El Letrado Sr. Ceca Magán, mediante escrito de 11 de julio de 2003, formuló recurso de casación para la unificación de doctrina, en el que: PRIMERO.- Se alega como sentencia contradictoria con la recurrida la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sevilla, de fecha 29 de abril de 2002. SEGUNDO.- Se alega la infracción del art. 24.6.1 del Acuerdo Marco para el Personal de Tabacalera, S.A. y Logista, S.L. (B.O.E. 19-10-99) en relación con el art. 59, del mismo Acuerdo Marco y en relación con los anteriores Convenios Colectivos; así como la infracción de los artículos 3º.1, 1.281, 1282 y 1.283 del Código Civil.

QUINTO

Por providencia de esta Sala, se procedió a admitir a trámite el citado recurso, y no habiéndose impugnado, pasaron las actuaciones al Ministerio Fiscal, que presentó escrito en el sentido de considerar procedente el recurso. E instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente, se declararon conclusos los autos, señalándose para votación y fallo el día 15 de diciembre de 2.004, en el que tuvo lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

1. En Expediente de Regulación de Empleo, aprobado por la Dirección General de Trabajo el 30 diciembre de 2000, se autorizó a la empresa demandada Altadis, S.A. a extinguir contratos de trabajo, habiendo afectado la medida al demandante que pasó a la situación de prejubilación forzosa, quedando así extinguido su contrato de trabajo, el 30 de septiembre de 2002. Solicitó de la empresa el abono de la gratificación, prevista en el art. 24.6.1 del Acuerdo Marco para el personal de Tabacalera, S.A. y Legista, S.A. por pase a la situación pasiva y, al serle denegada, presentó demanda que fue desestimada por el Juzgado de lo Social. Interpuso recurso de suplicación que fue estimado por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja en sentencia de 22 de Julio de 2003 que condenó a la empresa a abonarle la suma de 1.485,30 euros.

  1. Frente a dicha sentencia interpone el presente recurso de casación para la unificación de doctrina la empresa Altadis, S.A. que, para viabilizarlo, ha seleccionado la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, Sala de lo Social de Sevilla de 29 de abril de 2002, resolución que había sido propuesta ya en el escrito de preparación, es firme y consta certificación en autos.

  2. El Ministerio Fiscal en su preceptivo informe conviene en que esta sentencia cumple las exigencias del art. 217 de la Ley procesal para dar paso al recurso de la sentencia que hoy se impugna. Contempla un supuesto en que otro trabajador de la misma empresa y afecto por el mismo ERE, solicitó esa paga y le fue denegada por la sentencia. Ante supuestos sustancialmente idénticos y pretensiones iguales frente a la misma empresa las resoluciones son contradictorias. El recurrente, por otra parte ha cumplido con la labor de comparación de ambas resoluciones judiciales como exige el art. 222 de la Ley de Procedimiento Laboral

  3. Se impone la admisión a trámite del recurso, debiendo la Sala pronunciarse sobre la doctrina unificada.

SEGUNDO

Denuncia el recurrente la infracción, por interpretación errónea, de lo dispuesto en el art. 24.6.1, en relación con el art. 59, del Acuerdo Marco del personal de Tabacalera, S.A., Legista S.L. (BOE 19-10-99) e inaplicación de los art. 3.1, 1281, 1282 y 1283 del Código civil, relativos a la interpretación de los contratos.

Los preceptos del Acuerdo Marco cuya infracción se denuncia son del siguiente tenor literal:

24.6.1.- Gratificación por pase a situación pasiva: es la indemnización que percibe el personal de ambas empresas en el momento de su pase a situación pasiva por cualquier causa. Consistirá en una paga, por una sola vez, por importe de una mensualidad de la misma cuantía que una paga extraordinaria reglamentaria".

Por su parte el art. 59, en la parte que aquí interesa dispone: Condiciones especiales relativas al personal en situación pasiva: a) El personal de Tabacalera, S.A. que en la fecha de integración en la Seguridad Social se encontraba en situación pasiva, ya sea por jubilación o invalidez permanente, y paso a percibir de la empresa junto a la pensión que le correspondía en el Régimen General de la Seguridad Social, un complemento de la cuantía precisa para alcanzar el 100 por 100 de la pensión que viniera percibiendo en el momento de su incorporación al Régimen General, continuará percibiéndolo. Asimismo se seguirán abonando en su totalidad aquellas prestaciones que, por imposibilidad legal, no hayan sido asumidas por la Seguridad Social.

El recurrente razona que los trabajadores que vieron extinguido su contrato por pase a la situación de prejubilación como consecuencia del ERE, no están comprendidos en la expresión "pase a la situación pasiva" que utiliza el primero de los preceptos transcritos ya que el art. 59 predica claramente la situación pasiva única y exclusivamente, de los jubilados y de los incapaces permanentes.

Idéntica controversia a la que se suscita en este litigio ha sido resuelto por esta Sala en dos sentencias de fecha 13 noviembre, y otras de 18 y 19 de noviembre y 9 de diciembre de 2003; 26 de enero, 24 de febrero y 27 y 29 de septiembre de 2.004, en el modo que resumiremos a continuación.

El concepto clave es el de "situación pasiva" a cuya posición subordina el art. 24.6.1 el derecho a la gratificación, siendo necesario determinar qué haya de entenderse por tal situación dentro del Convenio, a la vista de sus antecedentes. Y decíamos allí que, "si nos atenemos a la tradición jurídica mantenida en la empresa, alrededor de la indemnización que ahora se reclama, podemos observar, como señala la representación empresarial, que desde el primer convenio de Tabacalera del año 1969, hasta el inmediatamente anterior al Acuerdo Marco previsto para los años 1999-2000 nos encontramos con el hecho de que la referida indemnización de una mensualidad ha estado siempre prevista para aquellos trabajadores que cesaran en la empresa por "invalidez permanente o por jubilación" con determinados años de antigüedad -art. 6.5 del Convenio de 1969, ampliado en el Convenio de 1972 a los "trabajadores que se encuentren en situación de incapacidad permanente parcial para su profesión habitual" si con ocasión de ello solicitan la baja en la empresa -art. 14 de dicho convenio-; por su parte en el art. 12 del Convenio de 1983 se extiende la paga por jubilación "a todos los supuestos de pase a la situación pasiva cualquiera que fuera su causa", utilizando el adjetivo "pasiva" dentro del capítulo dedicado expresamente a la jubilación cualquiera que fuera su causa, o sea, extendiendo el derecho incluso a la jubilación voluntaria, pero nada más. Por su parte el Convenio de 1986 en el que, al establecer las condiciones relativas al personal en situación pasiva, se refiere expresamente al personal que pase a situación pasiva "ya sea por jubilación o por invalidez permanente" -art. 19-, restringiendo por lo tanto el carácter pasivo a esas dos situaciones. A partir de estos antecedentes, cuando el Acuerdo Marco de 1999, con valor de Convenio estatutario expreso, dispone en el art. 24.6 que se reconoce el derecho a quienes pasen a situación pasiva, se hace muy difícil incluir en este concepto a quienes vieron extinguida su relación laboral por un expediente de regulación de empleo en el que la Autoridad Laboral lo que hizo fue homologar los acuerdos previamente suscritos por las partes, y ello aunque los interesados pasaran a la situación de "prejubilados"; tanto más cuanto el art. 59 del propio Acuerdo -Marco se refiere nuevamente al "personal en situación pasiva" para incluir en él, siguiendo la interpretación tradicional, únicamente a los inválidos permanentes y a los jubilados.

Con independencia de los argumentos anteriores, si nos atenemos a los actos coetáneos y posteriores a la extinción, como ordena hacer el art. 1282 del Código civil, partiendo del hecho de que nos encontramos ante una extinción acordada entre los representantes sindicales y la empresa observaremos, por una parte, que entre los condicionantes establecidos para los mayores de 55 años y menores de 64, que fueron los que pasaron a la situación de prejubilados, no existe mención expresa o tácita a dicha indemnización, y los propios trabajadores, cuando aceptaron las condiciones de la extinción, tampoco hicieron mención alguna a este posible derecho a pesar de que no figuraba entre aquellas".

TERCERO

Cuanto ha sido expuesto determina que, de conformidad con el informe del Ministerio Fiscal, hayamos de estimar el recurso, casar y anular la sentencia recurrida y, resolviendo el debate planteado en suplicación, desestimar el de esta clase interpuesto por el actor frente a la sentencia del Juzgado de lo Social Nº 2 de la Rioja de 16 de abril de 2003.

Sin costas, por no concurrir las circunstancias requeridas para imponerlas por el art. 233.1 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS

Estimamos el recurso de casación para unificación de doctrina interpuesto por ALTADIS, S.A. defendido por el Letrado D. Esteban Ceca Magán contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, de 22 de julio de 2003, en el recurso de suplicación número 271/03, casamos y anulamos la sentencia recurrida y, resolviendo el debate planteado en suplicación, estimamos el recurso de esta clase que interpuso en su día la citada empresa ahora recurrente en casación y, con desestimación de la demanda origen de este proceso interpuesta por D. Salvador, absolvemos a Altadis, S.A. de la pretensión objeto de dicha demanda. Sin costas. Devuélvanse a la parte recurrente los depósitos constituidos para interponer ambos recursos.

Devuélvanse las actuaciones a la Sala de lo Social de procedencia ,con la certificación y comunicación de esta resolución.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Francisco Javier Sánchez-Pego Fernández hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.

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