STS, 29 de Marzo de 2001
| Ponente | GARCIA-RAMOS ITURRALDE, JUAN |
| ECLI | ES:TS:2001:2612 |
| Número de Recurso | 708/2000 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - 12 |
| Fecha de Resolución | 29 de Marzo de 2001 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. FRANCISCO JOSE HERNANDO SANTIAGOD. JUAN GARCIA-RAMOS ITURRALDE
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintinueve de Marzo de dos mil uno.
Visto por la Sección Primera de la Sala Tercera de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, compuesta por los Magistrados expresados al margen, la cuestión de competencia negativa suscitada entre el Juzgado Central de lo contencioso-administrativo nº 7 y el Juzgado de lo contencioso-administrativo número 25 de Madrid para conocer del recurso contencioso-administrativo planteado por la representación procesal de D. Valentín contra la Resolución del recurso ordinario nº 99/237, de la Dirección Provincial de Madrid de la Tesorería General de la Seguridad Social, de fecha 10 de junio de 1999, desestimando la reclamación interpuesta, con fecha 23 de febrero de 1999, contra diligencia de embargo dictada por la Unidad de Recaudación Ejecutiva nº 28/28 de Madrid, de la indicada Tesorería General de la Seguridad Social.
Trabada cuestión de competencia negativa entre los Juzgados antes referidos para conocer del recurso contencioso-administrativo interpuesto asimismo antes expresado, se remitieron las actuaciones a esta Sala y una vez recibidas se pasaron a dictamen del Ministerio Fiscal que lo ha evacuado en el sentido de entender que la competencia discutida corresponde al Juzgado de lo contencioso-administrativo número 25 de Madrid.
Por Providencia de 9 de febrero de 2001, se señaló el pasado día 23 de marzo para la votación y fallo de esta cuestión de competencia, fecha en la que tuvo lugar este trámite.
La presente cuestión de competencia negativa no es sino una mas de las diversas que tienen trabadas los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y los Juzgados Centrales del mismo orden jurisdiccional en relación con distintos recursos derivados de impugnaciones de resoluciones de las Direcciones Provinciales de la Tesorería de la Seguridad Social. En el presente caso la cuestión se plantea entre el Juzgado Central nº 7 (Procedimiento ordinario 22/00) y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 25 de Madrid (Procedimiento ordinario 80/99) por entender ambos que carecen de competencia para conocer del recurso contencioso-administrativo planteado por la representación procesal de D. Valentín contra la Resolución del recurso ordinario nº 99/237, de la Dirección Provincial de Madrid de la Tesorería General de la Seguridad Social, de fecha 10 de junio de 1999, desestimando la reclamación interpuesta, con fecha 23 de febrero de 1999, contra diligencia de embargo dictada por la Unidad de Recaudación Ejecutiva nº 28/28 de Madrid, de la indicada Tesorería General de la Seguridad Social. El indicado embargo se efectuó por un importe de 2.055.565 pts.
La presente cuestión de competencia debe resolverse en los mismos términos que las enjuiciadas en las sentencias de esta Sala y Sección de 11, 18 y 19 de abril, 11 de julio y 6 y 23 de octubre de 2000 -cuestiones de competencia nºs. 376/99, 484/99, 410/99, 418/00, 120/00 y 109/00- dada la identidad sustancial de supuestos, referidos todos ellos a resoluciones adoptadas por un órgano periférico de la Tesorería General de la Seguridad Social -y mas concretamente una Dirección Provincial-. Pues bien, dichas resoluciones señalan que "por mas que la Tesorería General de la Seguridad Social tenga personalidad jurídica diferenciada y su competencia se extienda a todo el territorio nacional, no se puede desconocer que se trata de un ente dotado de órganos periféricos -Direcciones Provinciales y Administraciones y Unidades de Recaudación incluidas en las mismas- que tienen sus competencias recaudatorias territorialmente limitadas", lo que lleva a dichas sentencias a inclinarse decididamente por la aplicación del artículo 8º.3 de la nueva Ley de esta Jurisdicción, ya que en definitiva el espíritu que anima a dicha norma obedece -según las citadas resoluciones- al propósito "de establecer una correlación entre la competencia territorial del órgano administrativo autor del acto impugnado y la del órgano jurisdiccional llamado a su enjuiciamiento, interpretación finalista que corrobora el artículo 13 de la misma Ley, cuando al relacionar los criterios que deben tenerse en cuenta para aplicar las reglas de distribución de competencias contenidas en los artículos anteriores preceptua -letra a)- que las referencias que se hacen a la Administración del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales comprenden a las Entidades y Corporaciones dependientes o vinculadas a cada una de ellas".
Procedente será por consecuencia, declarar que la competencia para conocer de la presente cuestión corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 25 de Madrid, sin que proceda hacer pronunciamiento condenatorio en cuanto a costas al no concurrir ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción.
Que la competencia para conocer del recurso contencioso-administrativo referido en el primer fundamento de esta sentencia corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 25 de Madrid, al que deberán remitirse las actuaciones recibidas, dando traslado de esta resolución al Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 7, sin hacer expresa imposición de las costas de este incidente.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fué la anterior Sentencia, en audiencia pública, por el Excmo. Sr. D. Juan García-Ramos Iturralde, Magistrado Ponente en estos autos; de lo que como Secretaria, certifico.-
