STS 182/1996, 11 de Marzo de 1996
| Ponente | D. JOSE ALMAGRO NOSETE |
| Número de Recurso | 2448/1992 |
| Procedimiento | RECURSO DE CASACIÓN |
| Número de Resolución | 182/1996 |
| Fecha de Resolución | 11 de Marzo de 1996 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
En la Villa de Madrid, a once de Marzo de mil novecientos noventa y seis.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados indicados al margen el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Huesca, como consecuencia de autos, juicio de menor cuantía, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia de Fraga, sobre reclamación de cantidad, cuyo recurso fue interpuesto por Don Luis Manuelrepresentado por el procurador de los tribunales Don Eduardo Morales Price, en el que son recurridos Don Jesúsrepresentado por el procurador de los tribunales Don Fernando Aragón Martín, y la herencia yacente e ignorados herederos de Don Albertoquienes no han comparecido ante este Tribunal Supremo.ANTECEDENTES DE HECHO
Ante el Juzgado de Primera Instancia de Fraga, fueron vistos los autos, juicio de menor cuantía, promovidos a instancia de Don Jesúscontra Don Luis Manuely Don Alberto, éste último declarado en rebeldía, sobre reclamación de cantidad.
Por la parte actora se formuló demanda arreglada a las prescripciones legales, en la cual solicitaba, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho, que se dictara sentencia por la que, estimando la demanda, se condenara solidariamente a los demandados al pago al actor de la cantidad de ocho millones setecientas cuatro mil seis pesetas (8.704.006), o de aquella otra suma que resultara de la prueba practicada como valor de los perjuicios sufridos por el actor, con expresa condena en costas a la contraparte.
Admitida a trámite la demanda el demandado la contestó alegando como hechos y fundamentos de derecho los que estimó oportunos y oponiéndose a la demanda, formuló reconvención alegando la excepción perentoria de falta de personalidad de la procuradora de la actora por inexistencia de poder, y tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, suplicó al Juzgado se dictara sentencia por la que acogiendo la excepción invocada, se absolviera de la demanda a los demandados sin entrar en el fondo del asunto, y para el supuesto que no se accediera a la petición: a) Se declarase que los hermanos Don Albertoy Don Luis Manueltienen la obligación de hacer la reparación de los perjuicios causados en la finca del actor por la rotura del embalse de aquellos, y solo se haría a su costa en el caso de que incumplieran dicha obligación en el plazo que el Juzgado les señalase, así como la de pagar al actor la cantidad de quinientas setenta mil cuarenta y nueve pesetas (570.049), o aquella que se estimara más exacta resultado de la prueba que se practicara o se determinara en ejecución de sentencia, como indemnización de las mermas sufridas en su cosecha, absolviéndoles del resto de los pedimentos hechos en la demanda y b) por la que se condenara al actor a estar y pasar por las anteriores declaraciones, a consentir la entrada en su finca del personal encargado de reparar los daños y al pago de las costas judiciales por su temeridad.
Conferido traslado a la parte actora de la demanda reconvencional formulada, ésta lo evacuó en tiempo y forma alegando como hechos y fundamentos de derecho los que estimó de aplicación y terminó suplicando al Juzgado se dictara sentencia desestimando la demanda reconvencional formulada de contrario, estimándose íntegramente la demanda principal.
Por el Juzgado se dictó sentencia con fecha 11 de junio de 1991, cuya parte dispositiva es como sigue: "Que estimando en parte la demanda formulada por la procuradora Srª Solans Lonca en nombre y representación de don Jesúscontra los demandados Don Luis Manuely Don Alberto, debo condenar a éstos a que satisfagan al actor la cantidad de 5.689.585 pesetas (cinco millones seiscientas ochenta y nueve mil quinientas ochenta y cinco pesetas), intereses legales desde la fecha de interposición de la demanda, absolviendo a los actores reconvinientes de la demanda reconvencional planteada, e imponiendo por mitad las costas procesales comunes, satisfaciendo cada una de las partes las causadas a su instancia".
Contra dicha sentencia se interpuesto recurso de apelación que fue admitido y sustanciada la alzada la Audiencia Provincial de Huesca, dictó sentencia con fecha 27 de marzo de 1992, cuyo fallo es como sigue: "Que estimando en parte la apelación mantenida por la procuradora Dª Mª Angel Pisa Torner, en representación de Don Luis Manuelcontra la sentencia dictada en autos de juicio de menor cuantía 39 de 1989, del Juzgado de 1ª Instancia de Fraga, debemos confirmar y confirmamos la resolución disentida excepto en cuanto condena al pago de los intereses legales desde la interposición de la demanda, confirmándose los restantes pronunciamientos; sin hacer expresa imposición de las costas en esta alzada".
El procurador Don Eduardo Morales Price, en representación de Don Luis Manuel, formalizó recurso de casación que funda en los siguientes motivos:
Se formula al amparo del nº 4º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Se denuncia la infracción de la doctrina jurisprudencial, -sentencias, entre otras muchas, del Tribunal Supremo, de 21 de noviembre de 1959, 19 de mayo de 1965 y las posteriores en el mismo sentido como las de 14 de junio de 1980, 8 de octubre de 1981, a contrario sensu, 19 de junio de 1981, 27 de febrero de 1982, 24 de febrero de 1983 y, más recientemente, 4 de abril de 1988 y 17 de marzo y 9 de mayo de 1990-.
Al amparo igualmente del nº 4º del artículo 1.692 de laa Ley de Enjuiciamiento Civil. Infracción, por aplicación indebida, del artículo 1.144 del Código civil, en relación con la del artículo 1.903 del mismo Cuerpo legal.
Tercero, cuarto, quinto y sexto inadmitidos por auto de fecha 22 de abril de 1993.
Al amparo, igualmente, del nº 4º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Infracción, por interpretación errónea, del artículo 1.902 del Código civil.
Al amparo, nuevamente, del nº 4º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Infracción, por violación, del artículo 7 del Código civil.
Admitido el recurso y evacuando el traslado de instrucción el procurador Sr. Aragón Martín en nombre de Don Jesúspresentó escrito con oposición al mismo.
No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública se señaló para votación y fallo el día 26 de febrero de 1996 en que ha tenido lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JOSÉ ALMAGRO NOSETE
La primera causa de impugnación (motivo primero, artículo 1.692-4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil) se dirige a denunciar la incompleta legitimación pasiva del proceso; en otras palabras, la falta de litisconsorcio pasivo necesario ya que, al entender de la parte, la reclamación por culpa extracontractual habría que haberla formulado no solo contra los hermanos AlbertoLuis Manuel, propietarios de los terrenos donde estaba ubicada la presa que se rompió, causa directa de los daños, sino también a la empresa constructora de aquella, Hermanos Farreres, de Lérida. Pero la jurisprudencia de esta Sala establece que la solidaridad surgida entre los agentes a quienes alcanza la responsabilidad por el ilícito culposo con pluralidad de sujetos y la consiguiente posibilidad de que el perjudicado pueda dirigirse contra cualquiera de ellos, como deudor por entero de la obligación de reparar el daño causado, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.144 del Código civil, descarta toda posibilidad de apreciar una situación de litisconsorcio pasivo necesario en el ámbito de la culpa extracontractual (Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de enero de 1988, 12 de diciembre de 1988 y 22 de diciembre de 1989). En consecuencia, decae el motivo.
Igualmente fenece el motivo segundo, (artículo 1.692-4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil) que considera se han aplicado indebidamente los artículos 1.903 y 1.144 del Código civil ya que con su argumentación no sólo se hace supuesto de la cuestión en cuanto que como queda probado los demandados asumieron incialmente de consuno el compromiso que les competía de resarcir los daños causados por la rotura del embalse, sino que desconoce la constante interpretación jurisprudencial de los artículos 1.902 y 1.903 del Código civil respecto de la solidaridad de las obligaciones que nacen del hecho ilícito cuando uno responde por otro como en el caso que se examina entre el dueño de la obra y los que la ejecutaban por su cuenta. En efecto, la responsabilidad exigible y derivada de las personas que deben responder por comportamiento culposo o negligente de quienes están en relación de dependencia respecto del principal o empresa por los daños causados a un tercero, no es de carácter subsidiario respecto de la definida en el artículo 1.902 del Código civil sino directa al derivar de culpa "in eligendo" o "in vigilando", lo que crea un vínculo de solidaridad entre todos aquellos a quienes alcanza aquella (sentencias del Tribunal Supremo de 30 de diciembre de 1981, 1 de julio de 1983, 22 de junio de 1988, 29 de junio de 1990).
Inadmitidos los motivos tercero, cuarto, quinto y sexto procede que se examine el séptimo que denuncia la infracción del artículo 1.902 del Código civil (artículo 1.692-4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). En síntesis entiende la parte recurrente que no se les puede condenar al pago de una indemnización por daños y perjuicios, porque están dispuestos a reparar por su cuenta los padecidos. Mas la es verdad que surgieron discrepancias entre las partes sobre la valoración y la extensión de los daños, lo que llevó al Juzgador de 1ª Instancia, prudentemente, a nombrar un perito imparcial que estableciese la realidad de los efectivamente causados, además de que no estamos ante un supuesto de obligación de hacer encuadrado en el artículo 1.098 del Código civil (al no existir una relación obligacional previa entre ambas partes litigantes), sino ante el supuesto encuadrado en el artículo 1.101 del Código civil en el que se establece que quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de las obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contraviniesen al tenor de aquellas; en este sentido ha quedado acreditado que el día 15 de mayo de 1987, se produjo la rotura de un pantano situado en la finca de los demandados, y no precisamente por causas fortuitas, por lo que resulta plenamente ajustada a Derecho la resolución dictada, teniéndose además en cuenta que los daños que se produjeron en las fincas vecinas fueron reparados por aquellos a entera satisfacción de sus propietarios, asumiendo los Sres. AlbertoLuis Manueldicha obligación desde un primer momento, obligación nacida en el ámbito civil y no en el penal; de ahí que se dictara sentencia absolutoria en el Juzgado de Distrito de Fraga por una supuesta falta de imprudencia con resultado de daños. En consecuencia, perece el motivo, suerte que también debe correr el último de los invocados (motivo octavo, artículo 1.692-4ºc de la Ley de Enjuiciamiento Civil), pues resulta a todas luces desproporcionado argumentar por las mismas razones, ya rechazadas, acerca del abuso cometido por quien reclama los daños y perjuicios que se le causaron por rehusar la reparación "in natura", cuando constan en las actuaciones, y en el rechazo de la reconvención, las dificultades que generó el intento de aquella por falta de entendimiento entre las partes, y lo proporcionado de la indemnización establecida judicialmente.
La desestimación de los motivos conlleva la declaración de no haber lugar al recurso con imposición de las costas causadas (artículo 1.715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españolFALLAMOS
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Don Luis Manuelcontra la sentencia de fecha veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y dos dictada por la Audiencia Provincial de Huesca, en autos, juicio de menor cuantía número 39/89 seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia de Fraga por Don Jesúscontra el recurrente y Don Alberto, con imposición a dicho recurrente de las costas causadas; y líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- ALFONSO VILLAGOMEZ RODIL.- EDUARDO FERNANDEZ-CID DE TEMES.- JOSE ALMAGRO NOSETE.- RUBRICADOS.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. José Almagro Nosete, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
