STS, 15 de Diciembre de 2015

Con fecha 20 de junio de 2014, el Juzgado de lo Social núm. 2 de Ponferrada, dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: "Que desestimando la demanda interpuesta por ASEPEYO, MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 151 contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y Dª Valle . debo absolver y absuelvo a las demandadas de las pretensiones en su contra deducidas".

Los hechos probados a tener en cuenta para resolución del presente recurso son los formulados como tales por la sentencia del Juzgado, que se reproducen acto seguido:

"1º.- El trabajador D. Rogelio , estuvo afiliado en la Seguridad Social dentro del Régimen General hasta el 31-5-98 que causó baja, falleció el 16.1.2008 a consecuencia de enfermedad profesional.

2. - La última empresa para la que trabajó tenía concertadas las contingencias profesionales con la que es actualmente la Mutua Asepeyo.

3. - Por resoluciones de 12.2.2008, 14.2.2008 y 7.2.2008 por la Dirección Provincial del INSS, se reconocieron a la esposa del fallecido, Dª Valle , pensión de viudedad, el derecho a percibir una indemnización a tanto alzado y el derecho a percibir el auxilio por defunción derivadas del fallecimiento a causa de enfermedad profesional de su esposo D. Rogelio (folios 24 reverso, 47, 42 reverso respectivamente). El INSS por resolución de 7- 3-2008 declaró responsable del abono de dichas prestaciones a la Mutua Asepeyo (folio 23 reverso).

4. - En fechas 15.7.2008 y 29.12.2008 Asepeyo ingresó el Capital Coste de la pensión de viudedad por importe de 372.190,38 euros, mientras que el día 27.12.12 se abonaron 16.111,14 euros relativos al tanto alzado por defunción y 33,06 en concepto de auxilio por defunción. Total 388.334,58 euros.

5. - Por resolución de 2.7.2013 se deniega la solicitud de revisión presentada por la Mutua el día 14.5.2013 (folios 17 y 18), habiendo alegado la Mutua que dado que la fecha de declaración de la incapacidad permanente del causante fue anterior a 1.1.2008, la responsabilidad de las citadas prestaciones de supervivencia corresponde al INSS.

En fecha 24.7.2013 presenta escrito de reclamación previa (folio 40), que fue desestimada por el INSS en resolución de 29.7.2013 (folios 15 y 16) que confirmaba en todos sus extremos la resolución impugnada. Agotada la vía previa se interpone demanda el 3-9-2013".

Interpuesto recurso de suplicación contra la anterior resolución, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León (sede en Valladolid), dictó sentencia con fecha 17 de diciembre de 2014 , en la que consta la siguiente parte dispositiva: "Que debemos estimar y estimamos el recurso de suplicación interpuesto por ASEPEYO, contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 2 de Ponferrada, de fecha 20 de junio de 2014 (autos nº 815/2013), dictada en virtud de demanda promovida por ASEPEYO contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y Dª Valle , sobre responsabilidad pensión de viudedad, y, en consecuencia revocamos la misma y declaramos que la responsabilidad de las prestaciones de viudedad, auxilio por defunción y tanto por enfermedad profesional reconocidas a Dª Valle corresponde únicamente al INSS, sin responsabilidad alguna de MUTUA ASEPEYO, a quien la TGSS deberá reintegrar 388.334,58 euros, importe de la suma de capitales en su día ingresados por la misma. Devuélvase a la MUTUA recurrente el depósito constituido para recurrir".

Contra la sentencia dictada en suplicación, la Letrada Sra. Bellón Blasco en representación del INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, mediante escrito de 22 de enero de 2015, formuló recurso de casación para la unificación de doctrina, en el que: PRIMERO.- Se alegan como sentencias contradictorias con la recurrida las dictadas por las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia de La Rioja de 12 de noviembre de 2013 y de Castilla y León (sede en Burgos) de 14 de mayo de 2014 . SEGUNDO.- Se alega la infracción del art. 71 de la LRJS y del art. 71 de la LPL , en relación con los arts. 56 , 57 , 62 y disposición adicional sexta de la Ley 30/1992 de RJAPPAC.

Por providencia de esta Sala de 8 de junio de 2015 se admitió a trámite el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, y por diligencia de ordenación se dio traslado del mismo a la parte recurrida para que formalizara su impugnación en el plazo de quince días.

Evacuado el traslado de impugnación, el Ministerio Fiscal emitió informe en el sentido de considerar procedente el recurso.

Instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente, se declararon conclusos los autos, señalándose para la votación y fallo el día 15 de diciembre actual, en cuya fecha tuvo lugar.

La cuestión debatida.

La cuestión que se plantea en el presente recurso de casación unificadora consiste en determinar si la no impugnación de una resolución del INSS en el plazo previsto por el art. 71.2 LRJS , impide que la "Mutua de accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social" (anterior "Mutua Patronal" o "Mutua de Accidentes de Trabajo", actual "Mutua colaboradora con la Seguridad Social") a la que por aquella decisión se le imputó responsabilidad en el abono de una prestación derivada de enfermedad profesional (EP), pueda reclamar posteriormente en vía judicial frente a aquella imputación antes de que haya prescrito el derecho sustantivo.

1. Hechos relevantes.

   Aunque en los antecedentes quedan reproducidos los hechos declarados probados, interesa destacar ahora los relevantes para la recta comprensión y resolución del supuesto. Por lo demás, son muy escuetos:

   El 31 de mayo de 1998 causa baja en el Régimen General de la Seguridad Social el trabajador (Sr. Rogelio ), accediendo a la condición de pensionista de incapacidad permanente (IP) por causa de EP; su empresa tenía concertada la cobertura de contingencias profesionales con la Mutua que actualmente es ASEPEYO.

   Mediante diversas resoluciones de 2008, la Dirección Provincial del INSS reconoce pensión de viudedad, indemnización a tanto alzado y auxilio por defunción a la esposa del fallecido; todas esas prestaciones derivan de fallecimiento causado por enfermedad profesional.

   Mediante Resolución de 7 de marzo de 2008 el INSS declara responsable del abono de dichas prestaciones a la Mutua Asepeyo, la cual ingresa un total de 388.334,58 €.

   El 14 de mayo de 2013 la Mutua insta la revisión de su responsabilidad, pues la IP se declaró antes de enero de 2008 y las prestaciones debe afrontarlas el INSS.

   El 24 de julio de 2013 la Mutua presenta escrito de reclamación previa.

   El 29 de julio de 2013 el INSS dicta Resolución desestimatoria.

   El 3 de septiembre de 2013, la Mutua presenta demanda ante el Juzgado de lo Social.

2. Las sentencias del Juzgado y del Tribunal Superior de Justicia.

   1. Con fecha 20 de junio de 2014, el Juzgado de lo Social núm. 2 de Ponferrada, dictó sentencia desestimando la demanda interpuesta por Asepeyo.

      Rechaza la incompetencia de jurisdicción alegada por el INSS (en relación a que al tratarse de una petición del reingreso del capital coste vinculado con el encuadramiento y financiación el sistema de Seguridad Social, la competencia es del orden contencioso-administrativo), porque no se trata de datos de gestión recaudatoria sino de imputación de responsabilidad en el abono de la prestación que conllevaría, en caso de estimarse, el reingreso del capital coste ingresado en su día.

      También rechaza la alegación de caducidad de la acción por haber transcurrido el plazo de interposición de la reclamación previa frente a la resolución de 2008, sin que en el plazo de prescripción del art. 43.1 LGSS pueda aplicarse a partes distintas del beneficiario.

   2. La STSJ Castilla-León (Valladolid) nº 211/2013, de 17 diciembre, estima el recurso de suplicación interpuesto por ASEPEYO y condena a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) a que le reintegre los 388.334,58 € que había ingresado.

      La sentencia explica que la ley no distingue entre sujetos afectados, permitiendo reabrir la vía administrativa en unos casos sí y en otros no, sino que dicha posibilidad está prevista para todos los afectados por la correspondiente resolución administrativa, entre los que se encuentra la Mutua. La Mutua tuvo que consignar un capital coste que, atendiendo a la doctrina jurisprudencial posterior, no era de su responsabilidad, pues la enfermedad se generó mientras el causante trabajaba en una empresa cuyas contingencias profesionales estaban cubiertas por el INSS.

      También expone que el art. 71.4 LRJS regula la reapertura de la vía administrativa, señalando que podrá reiterarse la reclamación previa de haber caducado la anterior en tanto no haya prescrito el derecho, plazo de prescripción que no puede ser otro que el de las propias prestaciones, puesto que la declaración de entidad responsable forma parte inescindible del reconocimiento de la prestación.

3. El recurso de casación.

   Contra la sentencia recurren en casación para la unificación de doctrina el INSS y la TGSS, planteando dos cuestiones:

   Si las resoluciones del INSS reconociendo unas prestaciones por enfermedad profesional y declarando responsable de su abono una Mutua son susceptibles de impugnación y revisión en vía judicial una vez que aquellas han adquirido firmeza administrativa por no haber sido recurridas en tiempo y forma, para lo que invocan de contraste la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, de 12 de noviembre de 2013 (Rec. 200/2013 ).

   Cuál debe ser la entidad responsable, si la Mutua o el INSS, de las prestaciones derivadas del fallecimiento del causante por enfermedad profesional ocurrido después de entrar en vigor la Ley 51/2007 en supuesto en el que tenía reconocida, desde el año 1979, pensión de incapacidad permanente total por enfermedad profesional a cargo del INSS, teniendo la empresa en la fecha del cese del trabajador la cobertura de las contingencias profesionales con una Mutua Patronal, y si procede o no la devolución del capital coste , para lo que invoca de contraste la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos), de 14 de mayo de 2014 (Rec. 280/2014 ).

4. La impugnación del recurso y el Informe del Ministerio Fiscal.

   Mediante escrito registrado el 23 de junio de 2015, la Mutua Asepeyo formalizó su impugnación al recurso. Cuestiona la existencia de contradicción entre las sentencias confrontadas. Argumenta que las Mutuas son sujetos "interesados" (aunque no beneficiarios) y los mismos tienen cabida en la dicción del artículo 71.4 LRJS . Invoca abundante doctrina judicial que respalda su interpretación, en sintonía con la sentencia de suplicación recurrida.

   Por su lado, el Ministerio Fiscal emite, con fecha 2 de julio de 2015, el Informe contemplado en el artículo 226.3 LRJS . Considera que el recurso debe estimarse, en sintonía con cuanto ha manifestado en ocasiones similares y precedentes.

   5 . Contradicción entre sentencias.

   1. Dicho queda que la impugnación al recurso cuestiona la existencia de contradicción, en los términos exigidos por el art. 219 LRJS , entre la sentencia recurrida y la referencial. Con la misma sentencia de contraste hemos aceptado la contradicción en otros asuntos análogos, como ahora hacemos.

   2. La decisión recurrida argumenta que la situación procesal en que se traduce la falta o ineficacia de la reclamación previa a la vía judicial es la caducidad de la vía administrativa solamente, no de la acción cuyo ejercicio permanece vivo mientras el derecho material que la sustenta no prescriba.

      Para la STSJ Castilla y León (Valladolid) 17 diciembre 2014 (rec. 1891/2014 ), cuando se ha abandonado el trámite de reclamación de una determinada resolución, no se pierde el derecho, sino la posibilidad de acceder a la vía jurisdiccional de forma directa, debiéndose reanudar a través de la reclamación oportuna, que inicia nuevamente la posible virtualidad del derecho. No puede por tanto predicarse la existencia de cosa juzgada respecto a una resolución administrativa que, por su propia naturaleza, carece de eficacia para generar tal efecto.

   3. La STSJ La Rioja 12 de noviembre de 2013 (Rec. 200/2013 ) llega a conclusión del todo opuesta a la anterior. Considera que la usual doctrina de que el transcurso del plazo establecido por el art. 71 LPL sin interponer demanda en modo alguno puede universalizarse a todos los actos de la Administración Institucional de la Seguridad Social hasta el punto de reducir a la esterilidad los plazos de impugnación jurisdiccional de tales actos.

      Entiende que ese beneficio refiere a los beneficiarios de las prestaciones y a su derecho al reconocimiento de las mismas, pero no alcanza a supuestos, como el enjuiciado, totalmente ajeno a dichos condicionantes, pues en él no se insta un reconocimiento del derecho a una prestación (o a los elementos de la misma) por su beneficiario, sino que lo pretendido es la extinción de una obligación impuesta por la resolución administrativa firme por quien además no tiene la condición de beneficiario, como es el caso de una Mutua de Accidentes, en quien, a diferencia del beneficiario, no se puede suponer o intuir que tenga dificultad en el conocimiento y defensa de sus intereses en la materia de Seguridad Social que constituye el objeto de su actividad.

   4. Como se observa, en ambos supuestos se trata de demandas formuladas por una Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales a la que, por resolución del INSS, se le ha imputado responsabilidad en el abono de prestaciones derivadas de enfermedad profesional, sin que haya procedido a impugnar dicha resolución y procede, posteriormente, a reclamar frente a aquella resolución antes de que haya prescrito el derecho. Las sentencias comparadas han llegado a resultados contradictorios, en tanto la recurrida estima dicha reclamación, la de contraste la desestima.

      Concurre, por tanto, el requisito o presupuesto de contradicción de sentencias exigido en el art. 219.1 LRJS para viabilizar el recurso de casación unificadora, pero exclusivamente, como destaca el Ministerio Fiscal en su informe, respecto a la cuestión de la caducidad de la instancia por abandono en plazo de la reclamación previa y no respecto de cualquier otra distinta de aquella.

Doctrina precedente de la Sala sobre caducidad en la instancia.

Cuestión idéntica a la del motivo primero del recurso ha sido abordada por diversas sentencias recientes de esta Sala Cuarta, todas ellas reiterando lo dicho en dos SSTS del Pleno fechadas el 15 de junio de 2015 (rcud 2766 y 3477/2014 , Pleno). Tal doctrina ha sido reiterada en numerosas ocasiones posteriores, cual sucede en las SSTS de 20 julio 2015 (rec. 3420/2014 ), 14 septiembre 2015 (rcud 3775/2014 ), 15 (3) septiembre 2015 (rcud 3477/2014 , 3745/2014 , 96/2015 ) o 15 octubre 2015 (rec. 3852/2014 ).

Por razones de seguridad jurídica e igualdad en la aplicación de la ley, siendo idénticos los problemas abordados, hemos de reiterar y aplicar lo en tales ocasiones expuesto y que seguidamente reproducimos.

1. Prescripción del derecho y caducidad en la instancia.

   Conforme a muy pacífica -hasta la fecha- doctrina de la Sala, el defectuoso agotamiento de la vía administrativa previa en materia de prestaciones de Seguridad Social, por inobservancia del plazo de treinta días que establece el art. 71.2 LRJS [antes, el art. 71.2 LPL ], no afecta al derecho material controvertido y no supone prescripción alguna, sino que únicamente comporta la caducidad en la instancia y la correlativa pérdida del trámite, por lo que tal defecto no resulta obstáculo para el nuevo ejercicio de la acción, siempre que la misma no estuviese ya afectada por el instituto de las referidas prescripción o caducidad. Así lo viene entendiendo unánimemente la doctrina jurisprudencial desde la STS 07/10/74 , dictada en interés de ley, y en la que se entendió que la indicada caducidad limita sus efectos a cerrar un procedimiento individualmente considerado y no afecta a las acciones para reivindicar los derechos de Seguridad Social objeto del expediente "caducado", que pueden promoverse de nuevo en cualquier momento siempre que la acción no haya decaído por el transcurso del tiempo, puesto que resulta inadmisible que el incumplimiento de un plazo preprocesal puedan comportar la pérdida de acción para hacer valer un derecho sustantivo cuya prescripción se determina por años (así, entre otras muchas anteriores, 19/10/96 -rcud 3893/95-; 21/05/97 -rcud 3614/96-; 03/03/99 -rcud 1130/98-; 25/09/03 -rcud 1445/02-; y 15/10/03 -rcud 2919/02-).

   Esta doctrina se ha positivizado en el art. 71.4 de la vigente LRJS , a cuyo tenor «... podrá reiterarse la reclamación previa de haber caducado la anterior, en tanto no haya prescrito el derecho... ».

2. Limitada funcionalidad del art. 71.4 LRJS .

   No podemos coincidir en la afirmación de que la claridad del precepto referido y el principio de legalidad impiden «acoger, por irrazonable, la desigualitaria interpretación ofrecida por la sentencia referencial», puesto que ni el precepto ni la jurisprudencia tradicionales, en ningún momento limitan «la posibilidad de reiniciar la reclamación previa a los beneficiarios de las prestaciones ni impide utilizar la misma a las entidades colaboradoras». Y nuestra discrepancia se sustenta en las siguientes consideraciones:

   a).-En primer lugar, no ha de perderse de vista que la previsión del referido art. 71.4 LRJS significa una excepción al régimen común administrativo, en el que en aras al principio de seguridad jurídica, al interés general en juego y a la «ejecutividad» propia del acto administrativo [ arts. 56 y 57 LRJAP /PAC], se dispone la inatacabilidad del acto que gana firmeza por haber sido consentido [al no haberse recurrida en tiempo y forma] o por ser reproducción de otro consentido [ art. 28 LJCA ]. Y si se excepciona de tal consecuencia a la «materia de prestaciones de Seguridad Social», hoy en el art. 71 LRJS y antaño en nuestra más temprana jurisprudencia [desde la citada resolución en interés de Ley], muy posiblemente ello sea atribuible al presumible desvalimiento jurídico de los beneficiarios y a la consideración de que ciertos mecanismos protectores -frente a su desconocimiento legal- no solamente no están privados de justificación, sino que incluso responden más adecuadamente al principio de irrenunciabilidad de los derechos al que en ocasiones alude el Tribunal Constitucional (así, SSTC 120/1984, de 10/Diciembre ; 14/1985, de 1/Febrero ; y 97/1987, de 10/Junio ) y que en todo caso ha sido consagrado por nuestra más antigua doctrina.(vid., por ejemplo, las SSTS 07/05/53 Ar. 1217 ; 14/02/61 Ar. 1596 ; 04/04/61 Ar. 1419...).

   b).- De otra parte, una cuidada lectura del referido art. 71 LRJS nos induce a pensar que la excepción va exclusivamente referida al «reconocimiento» de las prestaciones, que era precisamente a lo que se limitaba la jurisprudencia que el precepto ha positivizado, y que la misma -la excepción- tiene por destinatario implícito al «beneficiario», no a las Entidades colaboradoras, las que incluso se contemplan -apartado 3- como sujetos pasivos de la reclamación previa. Así, las expresiones utilizadas por la norma [«materia de prestaciones»; «alta médica»; «solicitud inicial del interesado»; «reconocimiento inicial»; «modificación de un acto o derecho»; y -sobre todo- «en tanto no haya prescrito el derecho»], resultan del todo ajenas a la reclamación efectuada por la Mutua Patronal frente al INSS, casi tres años después de dictada la resolución, pretendiendo que se deje sin efecto no los términos de la «prestación», sino la imputación de su responsabilidad, y que con su consentimiento había adquirido firmeza, pero que se pretende impugnar ahora tras novedoso criterio jurisprudencial en la materia.

3. Imposible extensión del privilegio a las Mutuas.

   Finalmente, tampoco cabe argumentar la literalidad de la DA Sexta LRJAP /PAC [«La impugnación de los actos de la Seguridad Social y Desempleo en los términos previstos en el artículo 2º ... de la Ley de Procedimiento Laboral ... se regirán por lo dispuesto en dicha Ley»], para extender un comprensible privilegio procesal de los beneficiarios a quien no disfruta de tal cualidad. De un lado, porque la referida DA nada añade a la cuestión, puesto que no comporta interpretación alguna del art. 71 LRJS , que es de lo que aquí se trata; y de otra parte, casi parece ocioso recordar -frente al argumento del Fiscal, sobre la «desigualitaria interpretación»- que en materia de igualdad son criterios básicos: 1) no toda desigualdad de trato en la Ley supone una infracción del art. 14 de la Constitución , sino que dicha infracción la produce sólo aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que carece de una justificación objetiva y razonable; 2) el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas; 3) el principio de igualdad no prohíbe al legislador cualquier desigualdad de trato, sino sólo aquellas desigualdades que resulten artificiosas, o injustificadas por no venir fundadas en criterios objetivos y suficientemente razonables de acuerdo con criterios o juicios de valor generalmente aceptados; y 4) por último, para que la diferenciación resulte constitucionalmente lícita no basta con que lo sea el fin que con ella se persigue, sino que es indispensable además que las consecuencias jurídicas que resultan de tal distinción sean adecuadas y proporcionadas a dicho fin, evitando resultados especialmente gravosos o desmedidos (entre las más recientes, SSSTC 63/2011, de 16/Mayo , FJ 3; 117/2011, de 4/Julio , FJ 4; 79/2011, de 6/Junio , FJ 3; -Pleno- 41/2013, de 14/Febrero , FJ 6 ; ;- Pleno- 61/2013 ).

Resolución del recurso.

1. Las precedentes consideraciones conducen al triunfo del recurso, sin necesidad de examinar el segundo de los motivos formulados en el mismo. Recordemos que la demanda fue interpuesta por la Mutua y ahora su pretensión queda desestimada, por lo que el INSS (demandado) ve íntegramente satisfecha su tutela judicial. Adentrarnos frontalmente en el análisis del motivo de recurso, además de innecesario, equivaldría a desempeñar un papel de jurisconsulto o consejero, impropio de Tribunal cuya misión es resolver sobre "las reclamaciones en materia de Seguridad Social" ( art. 9.5 LOPJ ) y no acerca de la adecuada interpretación del Derecho.

   Al anular la sentencia de suplicación y dejar firme la de instancia, frente a la que nada protestó la entidad pública, es evidente que su interés procesal ha quedado por completo satisfecho. Como apunta el Informe del Ministerio Fiscal, en realidad la cuestión litigiosa es la misma que para el primer motivo, aunque formulada de modo diverso.

2. Aplicando la doctrina expuesta al supuesto examinado procede estimar el recurso formulado, ya que el 7 de marzo de 2008 se dictó resolución por el INSS declarando la responsabilidad de la Mutua en el abono de las prestaciones que por incapacidad permanente absoluta le habían sido reconocidas al trabajador.

   Solo en mayo de 2013 (casi cinco años después) es cuando la Mutua reclama al INSS la devolución del importe ingresado para constituir el capital con el que satisfacer las prestaciones derivadas del fallecimiento del causante, a consecuencia de su EP.

   Procede, en consecuencia, casar y anular la sentencia recurrida y, resolviendo el debate planteado en suplicación, estimar el recurso de tal clase interpuesto por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, revocando la sentencia de instancia y desestimando la demanda formulada, sin que proceda la condena en costas en virtud de lo establecido en el artículo 235 LRJS .

   Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.