STS, 7 de Febrero de 2014

De las actuaciones judiciales y del expediente administrativo resulta que don Jose Ignacio , nacido el NUM000 de 1943, era Médico especialista en Neurología, con nombramiento de personal estatutario fijo, y prestación de servicios en el Hospital Universitario de Vall d'Hebron, dependiente del Instituto Catalán de la Salud.

Próximo a cumplir los 65 años -el NUM000 de 2008- solicitó el 8 de febrero de 2008 la prolongación en el servicio activo al amparo del art. 26.2 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre , que regula el Estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud.

El Dr. Jose Ignacio continuó prestando sus servicios más allá de la referida fecha en que cumplió los 65 años de edad.

Entretanto por Acuerdo del Consejo de Administración del INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD de 17 de junio de 2008 se aprobó el Plan de Ordenación de Recursos Humanos (en adelante PORH), que fue publicado por Resolución SLT/2214/2008, de 25 de junio (DOGC núm. 5174, de 16 de julio de 2008).

Como consecuencia de la entrada en vigor del PORH citado por Resolución de 28 de julio de 2008 del Director Gerente del Instituto Catalán de la Salud (notificada el 18 de agosto siguiente) se declaró la jubilación forzosa del Dr. Jose Ignacio con efectos de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, al no encontrarse su especialidad entre aquellas excepcionadas por el PORH de la regla general de jubilación forzosa a los 65 años de edad y pese a haber obtenido la prórroga en el servicio activo de forma tácita.

Notificada la resolución precedente, el Dr. Jose Ignacio interpuso recurso contencioso-administrativo contra ella. Alegaba la imposibilidad de aplicarle retroactivamente el PORH, al no existir éste en el momento en que dedujo su solicitud de permanencia en el servicio activo, ni en la fecha en que cumplió los 65 años de edad y haber continuado prestando sus servicios más allá de la referida fecha. Invocaba que el Plan de ordenación de recursos humanos era discriminatorio por razón de edad; la existencia del recurso contencioso- administrativo número 2217/2008, interpuesto por la Asociación Médica y Facultativa de Cataluña contra el citado Plan y la causación de daños y perjuicios de orden económico -retribuciones dejadas de percibir- y de orden moral -la obligada separación de su lugar de trabajo en el que ejercía su profesión-, que no tenía obligación de soportar y que entendía consecuencia directa de la actuación de la Administración.

La Sección 4ª de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó sentencia estimatoria de la pretensión del Dr. Jose Ignacio el seis de febrero de dos mil doce, en el recurso que se siguió ante dicha Sala bajo el número 2415/2008, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

1º) Estimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por D. Jose Ignacio , y declarar nula de pleno derecho la Resolución impugnada.

2º) Reconocer el derecho de Don Jose Ignacio a que se le abonen las cantidades expresadas en el Fundamento de Derecho Penúltimo de esta Sentencia, las cuales se liquidarán en ejecución de Sentencia.

3º) No imponer las costas. (...)

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La sentencia impugnada funda su razón de decidir en el artículo 26.2 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, con cita de las sentencias de esta Sala de 10 de marzo de 2010 (Casación en interés de ley núm. 18/2003); 28 de febrero de 2011 (Casación núm. 5002/2008) y 14 de abril de 2011 (Casación núm. 4638/2010).

Sobre la aplicación retroactiva del PORH afirma lo siguiente (FJ 6º):

(...) Esta actividad, la jubilación cuando tenía ya cumplidos los 65 años (que había cumplido en mayo de 2008) es la que, a juicio del demandante, ha comportado una aplicación retroactiva del PORH de 2008 en la medida en que él ya tenía una situación consolidada.

Y la Administración sostiene que no ha existido tal aplicación retroactiva alegando la naturaleza estatutaria del vínculo. Efectivamente, los funcionarios públicos y, por extensión, el personal estatutario no pueden exigir que el régimen de jubilación existente al tiempo de entrar al servicio de la Administración permanezca invariable.

Ahora bien, ello no quiere decir que, aprobada una norma que regule de nuevo la edad de la jubilación, no tenga que respetar aquellos derechos que se han consolidado, lo cual se impone por el principio de seguridad jurídica.

El nuevo Estatuto Marco hace referencia a que el hecho de cumplir 65 años es causa de jubilación forzosa (fecha concreta que produce las consecuencias jurídicas). En ningún momento se refiere a otro momento posterior ni establece la norma "tener cumplidos 65 años (o más)" que es lo que interpreta la Administración. Tal extensión de la norma a un momento posterior es lo que, (...) a juicio del demandante, nos llevaría a una retroactividad de grado máximo, pues se aplicaría la norma prevista para un momento concreto (el día en que se cumplen los 65 años) a un "periodo" y en consecuencia, sus efectos comprenderían situaciones ya consolidadas, con lo que el acto de aplicación de la norma a un supuesto distinto comportaría que la Administración se atribuye una potestad no comprendida en la misma. (...)

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Acto seguido manifiesta la sentencia que «(...) la denegación de la prórroga en tanto ha de ser motivada precisa de un instrumento válido, como lo sería los PORH» y «(...) sentada la necesidad de un PORH como norma complementaria para dar cobertura al acto de aplicación de la norma de- rango inferior a la Ley y, por lo tanto, supeditada a la misma-» trae a colación la sentencia nº 630 del mismo Tribunal, de 23 de mayo de 2011, que resolvió el recurso núm. 339/2009 , y estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución SLT/2214/2008, de 25 de junio de 2008, por la que se publicaba el Plan de ordenación de recursos humanos del Instituto Catalán de la Salud, DOGC número 5174 de 16.7.2008, sentencia que declaró nulo de pleno derecho el apartado 5.1.1 e) del PORH de 16.7.2008, modificado posteriormente por Resolución de 2.9.2008. Añade que igualmente la Sentencia núm. 631, de 23 de mayo de 2011, dictada en el recurso núm. 210/2009, estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución SLT/2214/2008, de 25 de junio de 2008, por la que se publicaba el Plan de Ordenación de recursos humanos del Instituto Catalán de la Salud, DOGC núm. 5174 de 16.7.2008, así como también contra la resolución TRE/2960/2008, de 2.9.2008, DOGC núm. 5232, de 9.10.2008, por la que se disponía la inscripción y la publicación de la propuesta de modificación del PORH del ICS, dicha sentencia declaró nulos de pleno derecho los apartados 5.2.3 a) y 5.1.1 e) del PORH de 16.7.2008, modificado posteriormente por resolución de 2.9.2008. Por último hace mención de la Sentencia núm. 679, de 1 de junio de 2011, recaída en el recurso número 2217/2008 que estimó parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución SLT/2214/2008, de 25 de junio de 2008, por la que se publicaba el Plan de ordenación de recursos humanos (PORH) del Instituto Catalán de la Salud (ICS), DOGC núm. 5174 de 16.7.2008, y en unidad de criterio asimismo con la sentencia de esa Sala dictada en los autos 210/2009, que declaró nulo de pleno derecho el apartado 5.2 . 3 a) del PORH de 16.7.2008 .

En función de las referidas sentencias que anularon el PORH de 2008 declara la sentencia ahora impugnada la nulidad de la resolución recurrida.

Reconoce finalmente la sentencia (FJ 8º) el derecho del recurrente a que le sean abonadas las retribuciones dejadas de percibir desde la fecha en que fue efectiva la jubilación acordada por la Resolución recurrida y aquella en la que se reincorpore al servicio activo, cumpla la edad de 70 años o concurra cualquier otra causa legal que dé lugar a la extinción del vínculo funcionarial, con detracción de las cantidades percibidas en concepto de pensión de jubilación, rechazando el descuento de las que pudieran responder al desempeño de actividad profesional incompatible con la prestación de servicios en el ICS por falta de prueba por parte de la Administración.

Notificada la anterior sentencia la representación procesal del Instituto Catalán de la Salud anunció recurso de casación, que la Sala de instancia tuvo por preparado por diligencia de ordenación de 7 de marzo de 2012, acordando el emplazamiento a las partes y la remisión de las actuaciones a esta Superioridad.

Recibidas las actuaciones, por la recurrente se presentó escrito de interposición del recurso de casación anunciado, en el que, después de formular sus motivos, terminó suplicando a la Sala «(...) dicte sentencia dando lugar al mismo, casando y anulando la resolución recurrida con los pronunciamientos que correspondan conforme a Derecho».

Comparecido el recurrido, por Auto de la Sección Primera de esta Sala de 3 de octubre de 2013 se declaró la inadmisión del tercer motivo del recurso de casación; la admisión del resto de los motivos del recurso y la remisión de las actuaciones a esta Sección Séptima conforme a las reglas de reparto de asuntos.

Concedido el oportuno traslado al recurrido, la Procuradora doña Teresa de Jesús Castro Rodríguez presentó escrito de oposición el 19 de diciembre de 2013, en el que terminó suplicando a la Sala: «(...) se sirva dictar en su día Sentencia desestimatoria, con imposición a la recurrente de las costas causadas».

Conclusas las actuaciones, por providencia de catorce de enero de dos mil catorce se señaló para la votación y fallo del recurso la audiencia del día cinco de febrero de dos mil catorce, en cuya fecha tuvo lugar.

VISTO, y en atención a los fundamentos de Derecho que se expresan.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Jorge Rodriguez-Zapata Perez, Presidente de la Sección

Se impugna en casación la sentencia de la Sección 4ª de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de seis de febrero de dos mil doce , que estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el doctor don Jose Ignacio , contra la resolución del Director Gerente del Instituto Catalán de la Salud de 28 de julio de 2008 por la que se declaró al recurrente en situación administrativa de jubilación forzosa con efectos de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, como consecuencia de la aprobación del Plan de ordenación de recursos humanos del Instituto Catalán de la Salud de 25 de junio de 2008 (DOGC de 16 de julio de 2008).

El recurso de casación interpuesto por el Instituto Catalán de la Salud, tras la declaración de inadmisión parcial (motivo tercero) efectuada por el Auto de la Sección Primera de esta Sala de 3 de octubre de 2013 reseñado en el antecedente sexto de esta Sentencia, contiene tres motivos de casación (primero, segundo y cuarto) articulados todos ellos al amparo del supuesto del apartado d) del artículo 88.1 de la de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de este orden contencioso-administrativo (en adelante LRJCA), que constituyen una reiteración de impugnaciones similares que han sido ya examinadas por esta Sala, lo que justifica, y aún aconseja, que las examinemos con brevedad.

En el primer motivo de casación denuncia el Instituto Catalán de la Salud la infracción por la sentencia de instancia del artículo 57 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (en adelante, LRJPAC), así como el art. 26.2 de la Ley 55/2003, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud y la doctrina de diversas sentencias de este Tribunal Supremo.

La sentencia, dice, considera que el nuevo Plan de Ordenación de Recursos Humanos del ICS publicado en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña el 17 de julio de 2008, no puede ser aplicado por la resolución impugnada, que declara al actor en situación de jubilación, ya que éste había cumplido los 65 años con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo PORH, resultando su mantenimiento en activo un derecho consolidado que debe ser respetado.

Sostiene que la sentencia impugnada hace una interpretación errónea del artículo 57 de la LRJPAC ya que la resolución administrativa impugnada no está haciendo una aplicación retroactiva, y por tanto indebida, del PORH.

Aduce que la resolución administrativa impugnada, dictada el 28 de julio de 2008 considera que en dicha fecha, y de acuerdo con el PORH del 2008 entonces ya vigente, no había una necesidad en la organización que justificase la continuación del actor en el servicio activo una vez superada la edad de 65 años y autorizada tácitamente su prórroga en el servicio activo; y por tanto, en cumplimiento del art. 26.2 de la Ley 55/2003 , se declara su jubilación forzosa con efectos a partir de su notificación. No se ha aplicado el PORH a una fecha anterior a su entrada en vigor ni anterior a la propia resolución, sino que se aplica su contenido -la ausencia de necesidades del servicio para la especialidad del actor- a un momento posterior a la resolución como es la situación en servicio activo del actor habiendo cumplido la edad de 65 años.

Añade la Administración recurrente que la entrada en vigor del PORH del ICS publicado el 16.07.2008, determina la imposibilidad para el demandante de mantenerse en el servicio activo más allá de la edad de 65 años, al ser facultativo de una especialidad que el PORH considera no deficitaria, y por tanto, sin que se den necesidades para el servicio que justifiquen su continuidad.

Sostiene el motivo que la resolución impugnada había de aplicar la normativa entonces vigente, el PORH 08, sin que obste a ello el hecho de que el recurrente hubiera obtenido una prórroga tácitamente en ausencia de PORH válido en el momento de su solicitud, ya que el interesado ve modificada su situación y expectativas, que no derechos, con la entrada en vigor del nuevo PORH 08, plenamente aplicable desde aquella fecha al no haberse previsto disposiciones transitorias.

Manifiesta que la sentencia al considerar que el art. 26.2 de la Ley 55/2003 impide que se declare la jubilación forzosa a personal que ya haya cumplido los 65 años de edad, infringe también el citado precepto.

Considera la Administración que la sentencia infringe la jurisprudencia de la Sala que sostiene que el personal estatutario no ostenta un derecho subjetivo perfecto a que la jubilación forzosa se produzca en una determinada edad. Reitera que la sentencia impugnada comete el error de considerar que el mantenimiento en el servicio activo más allá de los 65 años constituye un derecho consolidado del recurrente, cuando, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada de esta Sala, la edad de jubilación, y por tanto el mantenimiento en el servicio activo, no es más que una expectativa, pero no un derecho consolidado. En opinión de la Administración, en contra de lo afirmado por la sentencia impugnada, la resolución administrativa cuestionada no afecta a ningún derecho consolidado, porque sus efectos no se refieren a situaciones ya agotadas, como sería el período ya transcurrido en servicio activo una vez cumplidos los 65 años, sino que difiere sus efectos a un momento posterior, aún no producido.

El actual motivo de casación guarda sustancial identidad con los invocados por el Instituto Catalán de la Salud en los recursos de casación números 1697 y 1699, ambos de 2012, seguidos a su instancia, resueltos por las recientes sentencias de esta misma Sala y Sección de 5 de diciembre de 2013 y 10 de enero de 2014 .

Procede por ello por elementales exigencias derivadas del principio de seguridad jurídica ( artículo 9.3 de la CE ) y del derecho a la igualdad en su dimensión de igualdad en la aplicación de la Ley ( artículo 14 CE ), al igual que allí se hizo, la estimación de este primer motivo que se encuentra correctamente fundado y debe prosperar.

La razón de decidir de la sentencia recurrida radica esencialmente en la declaración de nulidad del Plan de ordenación de recursos humanos de 2008, que resultaba de los precedentes de la misma Sala de instancia que cita la sentencia recurrida.

Sin embargo dicho razonamiento queda enervado por la jurisprudencia posterior de este Tribunal Supremo: La validez del citado Plan de ordenación de recursos humanos ha sido declarada, en efecto, en las Sentencias de esta Sala y Sección de 24 de octubre de 2012 (casación 4462/2011); 7 de noviembre de 2012 (casación 4586/2011) y 19 de junio de 2013 (casación 4465/2011) que han casado y anulado las sentencias del Tribunal Superior de Justicia que declararon lo contrario, por lo que la doctrina de la sentencia recurrida queda tocada de muerte, como ha afirmado en forma expresiva la sentencia de esta Sección de 5 de marzo de 2013 (casación 6300/2011 ).

Como hemos dicho en la sentencia de 22 de febrero de 2013 (casación 1633/2012 ) la doctrina de las Sentencias citadas de 24 de octubre y de 7 de noviembre de 2012 afecta a la razón de decidir de la Sentencia recurrida en esta casación, sin que sea necesario transcribir en forma extensa los razonamientos que en ellas se expresaron. Basta declarar que la nulidad del PORH en que se ha fundado sustancialmente la Sala de instancia para anular la resolución del Director Gerente del Instituto Catalán de la Salud de 28 de julio de 2008 ha devenido inconsistente por la doctrina de esas sentencias, a las que remitimos, sin que sea necesaria una transcripción de su fundamentación [Cfr., sentencia de esta Sala de 17 de febrero de 2012 (Casación 6316/2010 )].

La sentencia recurrida también se apoya en una interpretación del artículo 26.2 de la Ley 55/2003 que tampoco comparte este Tribunal, como tiene declarado en numerosos casos anteriores.

La respuesta a la cuestión planteada en el motivo está resuelta por la interpretación del artículo 26.2 de la Ley 55/2003 que se contiene en la Sentencia de 8 de enero de 2013 (casación 207/2012 ) así como en las sentencias de 15 de febrero o de 9 de marzo de 2012 ( recursos de casación 2119/2012 y 1247/2011 ), a la que la sentencia citada se remite.

Es obligado trasladar aquí, para dar lugar a este motivo de casación, dicha doctrina por exigencia del principio de unidad de doctrina y de igualdad en la aplicación jurisdiccional de la ley. Lo haremos sintetizando la doctrina jurisprudencial en tres puntos, que aquí interesan, para su mejor comprensión:

1. ) El Art. 26.2 de la Ley 55/2003 no establece un derecho a la prórroga en el servicio hasta los 70 años de edad sino sólo una mera facultad de solicitar esa prórroga, condicionada al ejercicio de una potestad de la Administración recurrida, el Servicio de Salud correspondiente, " en función de las necesidades de organización articuladas en el marco de los planes de ordenación de recursos humanos ". Así lo demuestra una comparación entre el artículo 67.3 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, de Estatuto Básico del Empleado Público (LEBEP) y lo que disponía para la prórroga en el servicio activo hasta los 70 años de edad el art. 33 de la Ley 30/1984 , modificado por el Art. 107 de la Ley 13/1996 y hoy derogado por Disposición Derogatoria única b) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (LEBEP).

   Mientras que el artículo 33 de la Ley 30/1984 consagraba un derecho del funcionario el artículo 67.3 de la LEBEP, que ha venido a sustituirlo, y antes el artículo 26.2 de la Ley 55/2003 , que ahora nos ocupa, se refieren a una solicitud dirigida a la Administración para que ésta decida motivadamente. No se trata ahora de normas de enunciación apriorística de un derecho, sino, en su caso, y a lo más, de una especie de derecho debilitado , derivado del dato de una denegación inmotivada de la solicitud. No nos encontramos así ante el establecimiento inequívoco de un derecho, sino ante la necesidad de que la Administración justifique la autorización o denegación de la solicitud de prórroga.

2. ) El artículo 26.2 de la Ley 55/203 no impone a la Administración la obligación de otorgar la prórroga en el servicio activo hasta el límite máximo de los 70 años; puede otorgarla por un periodo de tiempo inferior, y condicionada a las necesidades apreciadas en los sucesivos planes de ordenación.

   El artículo 26.2 de la Ley 55/2003 establece, como ya se ha dicho, una mera facultad del personal estatutario para solicitar la permanencia en el servicio activo con el límite máximo 70 años, condicionada al ejercicio de una potestad de la Administración recurrente, el Servicio de Salud correspondiente, "en función de las necesidades de organización articuladas en el marco de los planes de ordenación de recursos humanos" . El legislador establece la posibilidad de que el interesado solicite su permanencia en el servicio activo con el límite máximo de 70 años pero no impone a la Administración la correlativa obligación de autorizar la permanencia en el servicio activo hasta que el interesado alcance los 70 años, sino de autorizar esa permanencia en función de las necesidades de la organización articuladas en el marco de los Planes de Ordenación. Por ello es el Plan el que, teniendo en cuenta dicha previsión legal, y por tanto en principio la posibilidad genérica de la prórroga, deberá establecer el período de duración de esa permanencia, pero siempre respetando el límite o tope máximo de los 70 años.

3. ) La prórroga hasta los 70 años es un tope máximo. Ello implica que la previsión legal no veda que la prórroga se otorgue por periodos inferiores a ese máximo en función de la apreciación de las necesidades del servicio.

   Finalmente debemos añadir a mayor abundamiento, como ya hiciéramos en nuestra sentencia de 30 de mayo de 2013 (casación 426/2012 -F.D. 5º-), que el Tribunal Constitucional mediante Auto 85/2013, de 23 de abril , ha inadmitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad número 6611/2012 planteada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso- administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en relación con la disposición transitoria novena, segundo inciso, de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2012, de 20 de marzo , de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos, por posible vulneración del art. 149.1.18 CE en relación con lo dispuesto en el art. 26.2 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre , por la que se aprueba el Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud. Destaca el Tribunal Constitucional que la jubilación forzosa a los 65 años es la regla general, siendo la prórroga en el servicio activo algo excepcional supeditada a varios condicionantes (FJ 6º).

Aplicando estos precedentes al caso que se enjuicia resulta clara la procedencia de dar lugar a este motivo. La resolución impugnada -de 28 de julio de 2008- acordó, una vez que entró en vigor el Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Instituto Catalán de la Salud (D.O.G.C. núm. 5174, de 16 de julio de 2008), la jubilación forzosa del Dr. Jose Ignacio con efectos de un mes contado a partir del día siguiente a su notificación, por lo que no supuso una aplicación retroactiva del Plan de Ordenación de recursos humanos, que ya estaba en vigor cuando se dictó el acto impugnado. Se mantuvo al recurrente en el servicio activo más allá del cumplimiento de los 65 años por lo que los efectos de la resolución impugnada se producen desde su declaración y no con efectos retrospectivos. Y, en ese momento, no hubo restricción alguna de un derecho individual del Dr. Jose Ignacio pues, como ya hemos razonado, no puede darse por sentado un derecho de prórroga hasta los 70 años, o por cinco años sino por periodos inferiores a ese máximo, o con el tope máximo de esa edad de 70 años.

Procede así la estimación del motivo primero, lo que determina ya la consecuente anulación de la sentencia recurrida.

La estimación del primer motivo haría innecesario el examen de los dos restantes, que deben ser en cambio desestimados.

El motivo segundo de casación denuncia una infracción de las normas del ordenamiento jurídico al otorgar efectos de cosa juzgada a sentencias que no eran firmes. Se reprocha a la Sala de instancia que haya fundado la falta de cobertura de la resolución administrativa en el pronunciamiento de sentencias anteriores de la misma Sala que habían anulado el PORH ya citado cuando esas sentencias no eran firmes, al haberse presentado recursos de casación contra todas ellas.

El motivo carece de consistencia. La sentencia de instancia no desconoció el valor de la cosa juzgada ni tampoco dio firmeza a sentencias que no sólo no eran firmes sino que estaban recurridas en casación, por lo que no vulneró las normas que se nos invocan. La Sala de instancia se limitó a apreciar que el vicio que la misma Sala había declarado en otros precedentes idénticos y que había determinado, a su entender, la declaración de nulidad parcial del Plan de Ordenación de Recursos Humanos afectaba también al acuerdo que enjuiciaba en el caso, por el que se denegaba la prolongación de la permanencia en el servicio activo y en consecuencia se jubilaba al médico que comparece hoy como parte recurrida.

El principio de igualdad en la aplicación jurisdiccional de la ley ( artículo 14 CE ) en conexión con el principio de interdicción de la arbitrariedad ( art. 9.3 CE ) obliga a que un mismo órgano jurisdiccional no pueda cambiar caprichosamente el sentido de las decisiones adoptadas con anterioridad en casos sustancialmente iguales, sin una argumentación razonada de dicha separación que justifique que la solución dada al caso responde a una interpretación abstracta y general de la norma aplicable y no a una respuesta singularizada o « ad personam» En nada se opone a tal conclusión que las sentencias en que se apoya la Sala de Barcelona careciesen aún de firmeza, dado que no existían todavía, en el momento en que se dictó, los pronunciamientos de este Tribunal Supremo que hemos citado que contradicen y vinculan hoy la doctrina del Tribunal Superior en un sentido distinto del que se adopta en la sentencia recurrida [Así, por todas, sentencia de esta Sala de 22 de febrero de 2013 (Casación 1633/2012 )].

No existe infracción de los preceptos legales que se invocan por lo que decae el segundo motivo.

Tampoco prospera el cuarto motivo de casación en el que se invoca la vulneración del artículo 219.2 de la LEC , al no haber aceptado la sentencia impugnada que se concrete en ejecución de sentencia la limitación de la indemnización pretendida por las retribuciones percibidas que fueren incompatibles con el servicio activo al no haberse practicado prueba al respecto durante el proceso.

Idéntico motivo al ahora suscitado ha sido desestimado en las sentencias de esta misma Sala y Sección de 18 de octubre de 2013 (recursos de casación números 2462/2012 y 2465 / 2012), con cita de las de 8 de enero de 2013 (recursos de casación 1791/2012 -F.D. 15 º- y 1597/2012 ( F.D. 11º-); 23 de enero de 2013 (casación 1900/2012 -F.D. 10 º-) y 4 de abril de 2013 (casación 1341/2012 (F.D. 4º-), donde tras reproducir el contenido de los artículos 209 y 219 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil , así como la doctrina sobre los mismos contenida en la Sentencia de la Sala Primera de este Tribunal Supremo (Pleno), de 16 de enero de 2012 ( RIC núm. 460/2008 ), concluimos que la decisión de la sentencia recurrida -que acuerda dejar la determinación de una parte del importe de la indemnización para el proceso de ejecución de la sentencia y fija las bases de la liquidación, excluyendo las cantidades que hipotéticamente pudiera haber percibido el recurrente por el desempeño de una profesión incompatible- se ajusta a la doctrina expuesta en la medida en que está adecuadamente motivada, y que la opción de no aceptar que dicha suma sea rebajada por el importe de las hipotéticas cantidades que el recurrente en la instancia haya podido percibir como consecuencia del ejercicio de una profesión incompatible se justifica en que este hecho impeditivo era fácilmente demostrable y debió acreditarse en el periodo probatorio.

Por la estimación del primer motivo debemos entrar a resolver sobre el objeto del proceso en los precisos términos en que había sido planteado el debate en instancia, ex artículo 95.2.d) de la LRJCA .

Esos términos comprenden que se ha debatido y resuelto en esta casación, como se ha declarado en las Sentencias de 7 de octubre de 2011 (casación 5703/2009 ) y de 1 de febrero de 2012 (casación 893/2010 ).

La cuestión relativa a la aplicación retroactiva del Plan de ordenación de recursos humanos ha quedado resuelta ya en forma implícita por la doctrina que hemos dejado establecida en la sentencia de casación.

En cuanto a la alegada vulneración del derecho a la igualdad consagrado en el artículo 14 de la CE , por razón de la edad del interesado, considera el recurrente en la instancia que el acto administrativo impugnado, y en consecuencia el PORH al que remite su fundamentación, incurren en tal vulneración al fundamentar la jubilación generalizada a los 65 años en la necesidad de «rejuvenecer plantillas», sin embargo, como razonáramos en nuestras sentencias de 7 de noviembre de 2012 (casación 4586/2011 -FJ 9 -) y 8 de enero de 2013 (recursos de casación 1791 y 1635, ambos de 2012, FJ 17 y 14, respectivamente), a las que nos remitimos, la referida afirmación no se ajusta a la realidad, pues ese no es el único objetivo incluido en el apartado 3 del PORH.

En cuanto al contenido del PORH, el análisis del mismo permite afirmar con segura certeza que especifica claramente cuales los objetivos a conseguir en materia de personal, y que define los efectivos y la estructura de recursos humanos que se consideran adecuados para cumplir tales objetivos, dando por tanto cumplimiento a las previsiones contenidas en el artículo 13 de la Ley 55/2003 .

Una atención especial merece la situación en la que se encontraba el doctor Jose Ignacio en el momento en el que la resolución impugnada acordó su jubilación forzosa. A diferencia de otros precedentes resueltos por esta Sala no puede apreciarse aquí que el recurrente hubiera solicitado ni, en consecuencia, que la Administración sanitaria le hubiera reconocido en forma tácita, una prórroga en el servicio activo con una duración clara y específica de cinco años ni de ninguna otra duración, como se va a razonar para diferenciar el sentido de nuestro fallo de lo que hemos resuelto en casos semejantes ( artículo 14 CE ).

En primer lugar hay que tener en cuenta (Documento nº 4 del expediente administrativo) que sí se reconoce en la resolución de 28 de julio de 2008 que el recurrente había « obtingut la prórroga en el Server actiu de forma tácita» pero, a diferencia de lo que apreció esta Sala, por ejemplo, en nuestra sentencia de 10 de enero de 2014 (Casación 1699/2012 ), sólo consta en el petitum de la solicitud formulada por el recurrente el 2 de febrero de 2008 (Documento nº 2 del expediente) que éste solicitó que « sŽ acordi la prorroga en el Server actiu més enllà de lŽedat de 65 anys dŽacord amb la normativa esmentada ».

A la luz de estos fundamentos de hecho debemos declarar que la situación de prórroga en el servicio activo más allá de la fecha del NUM000 de 2008, en que el doctor Jose Ignacio cumplió la edad de 65 años (hecho segundo de su demanda en instancia) no le fue reconocida tácitamente por el Instituto Catalán de la Salud -ni menos aún aceptada expresamente por dicho Instituto en el proceso de instancia o en esta casación- con una duración determinada. La cuestión queda reducida por ello a determinar sí en este caso ha habido, o no, una aplicación retroactiva del PORH. Se jubiló al demandante con efectos de un mes a contar de la notificación de la resolución impugnada por lo que, de acuerdo con la doctrina expuesta anteriormente, no hay retroactividad alguna. En consecuencia fue conforme a Derecho la declaración de jubilación que se impugna.

Por todo lo expuesto, procede desestimar íntegramente el recurso contencioso-administrativo interpuesto en la instancia, confirmando la resolución administrativa impugnada, que es ajustada a Derecho.

No procede imponer las costas procesales del recurso contencioso administrativo en la instancia; cada parte abonará las suyas respecto de las de esta casación ( artículo 139.1 y 2 de la LRJCA ).

En mérito de lo expuesto,