STS 985/1995, 8 de Noviembre de 1995

"ARKTEC, S.A.", "FHECOR, S.A." y "SOFTWARE TECNICO y de ARQUITECTURA, S.A.", en anagrama STARD, S.A., interpusieron demanda contra D. Juan Ignacio, "Desarrollo, Técnicas y Servicios, S.A.", D. Íñigoy Delegación en Segovia del Colegio Oficial de Arquitectos, sobre violación de derechos de autor, incumplimiento de contrato e indemnización de daños y perjuicios materiales y morales, con base en los siguientes hechos: ARKTEC, como creadora del programa EPH, FHECOR, como titular del programa Cadkey y Stard como autora del programa Go o, alternativamente, Stard Go, ceden a sus clientes los "diskettes" y sus manuales de instrucciones, con las correspondientes puestas al día, y al observar que en la publicación periódica "Segunda Mano" se reiteraba la oferta de programas de arquitectura, dada su absoluta prohibición de que fuesen reproducidos o cedidos a tercero, como ocurría con el programa de ARKTEC cedido al Colegio Oficial de Arquitectos, que incluía la facultad de resolver el contrato, pensando que sus programas venían siendo objeto de copias no autorizadas, encargaron a una agencia de investigación privada que adquiriese copias de sus programas, lo que dio como resultado que así lo hiciesen de Íñigo, que se anunciaba como "Pedro Miguel" y de Juan Ignacio, que lo hacía como "Juan Ignacio", quien entregó los programas en las oficinas de "Desarrollo, Técnicas y Servicios, S.A." donde trabajaba, ocurriendo que en las copias adquiridas por los detectives aparecía, en la primera pantalla, identificado el ejemplar licenciado a la Delegación en Segovia del Colegio de Arquitectos, y en todas el distintivo internacional copyrigth (c). Opuestos los demandados, el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de los de Madrid condenó a los cuatro, previa declaración: de los derechos exclusivos y excluyentes de las actoras; del incumplimiento por la Delegación del Colegio de Arquitectos del contrato de licencia de 7 de julio de 1987, sobre la licencia de uso 35211987, del programa EPH, prohibitivo de su reproducción, poniendo en circulación copias no autorizadas por su licenciante y declarando nulo el tal contrato de licencia; la violación por los otros demandados de los derechos exclusivos de autor; que a los adquirentes de copias no se les facilitan actualizaciones de los programas adquiridos; y que ello causó daños y perjuicios materiales y morales, a que. 1º) cesasen en su actividad; 2º) entregasen para su destrucción todas las copias impresas y los originales de los que se obtuviesen los programas de ordenador para arquitectura "EPH", "STARD-GO" o "GO" y "CAD KEY", así como sus libros de instrucciones de uso; 3º) Que la Delegación en Segovia del Colegio de Arquitectos devolviese a ARKTEC, sin contraprestación alguna, el programa de ordenador "EPH", objeto del contrato de licencia de uso de 7 de julio de 1987; 4º) Respecto a todos los demandados, al pago de indemnización de daños y perjuicios, tanto materiales como morales, cuya cuantificación tendría lugar en ejecución de sentencia; y 5º) Al pago de las costas.

Apelaron los demandados y la Sección Duodécima de la Audiencia Provincial, que acogió los fundamentos de derecho de la sentencia apelada en cuanto no se opusiesen a los suyos, absolvió a "DESARROLLO TECNICAS Y SERVICIOS; S.A." y desestimó los demás recursos, aclarando en el fallo de la sentencia apelada que la palabra "nulo" había de ser sustituida por "resuelto", y añadiendo en el pronunciamiento 4º que los daños y perjuicios se calcularían "teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en el fundamento de derecho 5º de esta sentencia", no otras que la también aclaración de que, si bien las actoras no habían acreditado daños por pérdidas económicas o beneficios que hubieran dejado de obtener, la naturaleza de la actividad ilícita desde 1988, autorizaba a deducir que "necesariamente han tenido que producirse", a determinar en ejecución de sentencia, teniendo en cuenta el contenido del art. 125 de la Ley de Propiedad Intelectual y "el tipo de responsabilidad de los codemandados que utilizaban mayor número de programas, distinta que la que debe recaer en el Colegio de Arquitectos que incide solamente por la reproducción de uno de los programas debido a su negligencia".

Contra la sentencia del órgano jurisdiccional colegiado recurre en casación el Colegio de Arquitectos (Delegación en Segovia).

El primer motivo del recurso, al amparo del núm 3º del art. 1692 de la LEC, acusa "inadecuación de la acumulación de acciones ejercida por la parte actora" y cita como infringido el art. 156 de la propia Ley, al entender que se acumulan acciones de diversas personas contra diversas personas, sin que exista relación alguna entre cada uno de los actores y cada uno de los demandados y sin que nazcan de un mismo título o causa de pedir, pues se ejercitan dos tipos de acciones diferentes: la de resolución o nulidad del contrato de licencia, que vincula a ARKTEC con la recurrente y la de indemnización de daños y perjuicios derivados de una trasgresión de la Ley de Propiedad Intelectual, siendo así, sigue diciendo, que se la condena a indemnizar a dos sociedades, FHRCOR y STARD, con las que ninguna relación había tenido y que el contrato de licencia que se dice incumplido es de fecha 7 de julio de 1987, por lo que solo puede aplicársele la Ley de Propiedad Intelectual de 11 de noviembre de 1987 en sus artículos 14 a 16, según la disposición transitoria cuarta de la propia Ley.

El motivo es de imposible acogimiento, pues la simple lectura de los hechos revela el unitario origen de las acciones ejercitadas con base en infracción de la Propiedad Intelectual, venga ésta protegida por el antiguo Reglamento de 3 de septiembre de 1880, por convenio internacional, por la nueva Ley o por los artículos 428 y 429 del Código civil, ya que, en todo caso, los programas de ordenador tenían que ser amparados como obra que atribuye a su autor facultad de disfrute o explotación económica en las circunstancias que determine el propio creador o licenciante frente a toda intromisión ilícita y ésta existió por parte del Colegio, "derivada del claro incumplimiento del contrato de licencia de uso del específico programa EPH, identificado con el número 35211987 y fechado el 7 de julio de 1987, prohibitivo de la reproducción del mismo y de su circulación sin ninguna clase de autorización por su licenciante ARKTEC, una de las empresas demandantes en el procedimiento", como expresó el juzgado, y aunque la relación afecte solo a la misma, pues, a despecho de la prohibición, el contrato de licencia quedó flagrantemente incumplido "por cuanto dos de las copias fraudulentas adquiridas por conducto de los investigadores privados a los demandados D. Íñigo.... y D. Juan Ignacio.... correspondían precisamente al ejemplar que fué licenciado a la Delegación en Segovia del Colegio de Arquitectos y que evidenciaba su fatal procedencia al visionarse el programa en pantalla a presencia del Notario....", por lo que su responsabilidad "queda reflejada en el conjunto de la prueba practicada...", siendo incierto que ARKTEC "conociese y brindase plena aquiescencia a la circulación indiscriminada del programa entre los colegiados...", e ..."ilícitas las reproducciones adquiridas por los codemandados Sres. Juan Ignacioy Íñigo, evidenciando una flagrante transgresión de las obligaciones contractuales asumidas por el demandado ... Colegio ... que dolosamente lanzó al mercado o peremitió hacerlo, mediante la obtención de copias apócrifas de dicho programa objeto de comercialización por los repetidos codemandados"; o como dice la Audiencia "... la causa de pedir viene principalmente representada por al infracción de derechos atribuidos por la ley sin poder desconocer, en este caso, la unidad de acción o relación que pudiera haber entre los diferentes infractores que lógicamente supuso la demandante ARKTEC, y el origen del programa reproducido que, indudablemente, procede del Colegio de Arquitectos de Segovia, todo lo que conduce a una relación íntima y conexión causal, en principio, entre las acciones deducidas que llevaba por razones de economía procesal a ser examinadas y resueltas en un mismo litigio, que es lo que... llevó a cabo con acierto el juez". Por todo ello, es llano que existe conexidad jurídica, causal, que justifica el tratamiento unitario y la resolución conjunta, evitando decisiones discrepantes (S.s. de 12 de junio de 1985 y 7 de diciembre de 1987), máxime cuando, como reconoce la propia recurrente, existe una cierta flexibilidad en la jurisprudencia actual respecto a la conexión causal mencionada en el art. 156, por lo que es admisible la acumulación si al supuesto no le alcanzan las prohibiciones de los artículos 154 y 157 (sentencia de 4 de junio de 1990, a más de las citadas en el recurso). Finalmente, no se ajusta a la realidad que la recurrente tenga que indemnizar a las otras dos sociedades con las que no contrató, pues eso no lo dicen las sentencias de instancia, ni importa que al contrato de licencia de 7 de julio de 1987 no se le aplicase la Ley de 11 de noviembre del propio año, pues la protección frente a intromisiones ilícitas se produce en la legislación anterior, aplicable a toda invención científica, como lo es el programa de ordenador, que no puede entenderse protegido únicamente a partir de dicha Ley de 11 de noviembre de 1987.

El segundo motivo, guarda íntima relación con la parte última del que le precede y, también al amparo del núm. 3º del art. 1692 de la LEC, denuncia falta de legitimación en las demandantes "FHECOR, S.A." y STARD, S.A.", respecto de la parte recurrente Colegio de Arquitectos, no obstante lo cual en el suplico de la demanda y en el punto 4º del fallo se contiene la siguiente condena: "4º En cuanto a todos los demandados al pago de indemnización de daños y perjuicios, tanto materiales como morales, cuya exacta cuantificación tendrá lugar en período de ejecución de sentencia"; añade que así se desprende del relato fáctico y de la prueba de confesión de ambas sociedades, pues no existe relación jurídica alguna, ni contractual, ni cuasi contractual, ni por culpa o negligencia entre las mismas y el Colegio.

El motivo ha de decaer por no tener trascendencia al fallo, dado que, si bien se condena a todos los demandados, es claro que solo procede tal condena en el ámbito de sus respectivas responsabilidades, a cada uno en la suya y sobre las bases fijadas al efecto, sin que el Colegio tenga que indemnizar lo que corresponda a responsabilidades de los codemandados, pero sí en la suya concurrente con la de éstos, es decir, la derivada del programa EPH, extremo que, a lo más podría haber sido motivo de aclaración de sentencia o de concreción en ejecución de la misma, pero nunca motivo de casación, cual tiene reiterado esta Sala, siendo de destacar que este problema no se planteó ante la Audiencia, aunque lo hubiera sido en primera instancia, ya que, como tema procesal, solo se le planteó el de la acumulación de acciones, de manera que ha de tenerse por renunciado, sin que pueda revivir en el recurso extraordinario que nos ocupa. Por último, la Audiencia dejó claro, después de afirmar que los daños "necesariamente han tenido que producirse", que "la indemnización, respetando lo pedido en la demanda, deberá determinarse en fase de ejecución de sentencia teniendo en cuenta tanto para el daño patrimonial como para el moral el contenido del artículo citado (el 125 de la Ley de Propiedad Intelectual, cuyos conceptos indemnizatorios se podían establecer por el juzgador aún antes de su entrada en vigor) y el tipo de responsabilidad de los codemandados que utilizaban mayor número de programas, distinta que la que debe recaer en el Colegio de Arquitectos que incide solamente por la reproducción de uno de los programas debida a su negligencia", extremos que se trasladaron al fallo, según ha quedado consignado en anteriores fundamentos, como añadido al pronunciamiento 4º, de forma que, aunque sea más especificativo, en el fondo no ofrece variación.

El motivo tercero sigue el mismo cauce procesal que los anteriores y tacha de incongruente a la sentencia dictada en apelación, en el sentido de que se pidió la nulidad del contrato de licencia celebrado entre el Colegio recurrente y ARKTEC y la Audiencia decretó su resolución.

Efectivamente, la Audiencia, después de estudiar el contrato y el actuar negligente del Colegio al no ajustarse a lo prescrito en el mismo, a la vista del clausulado (1ª, 2ª, 6ª) establece su responsabilidad "conforme a los preceptos de las obligaciones y contratos (artículos 1101, 1103 y 1104 del Código civil) con las consecuencias expresamente pactadas de la resolución del contrato -no nulidad- y devolución del programa y anejos sin compensación alguna, (cláusula 6º), como se reconoce en la sentencia apelada" y por eso aclara el fallo de la misma en el sentido de que "la palabra nulo debe ser sustituida por resuelto". Quiere decirse con lo transcrito que lo único que se hizo fué aclarar el error padecido en el petitum, al desprenderse éste de lo pactado por las partes y del propio litigio, en el que para nada se discutió la concurrencia de vicio invalidante, refiriéndose en todo momento al incumplimiento contractual conforme al clausulado, que obliga a la devolución del programa de ordenador "sin contraprestación alguna" (suplico) o "indemnización alguna" (contrato). No es pues que se alteren los hechos o la causa de pedir (lo que produciría ciertamente incongruencia), sino el empleo de una palabra inadecuada a lo que constituye el fondo del litigio, lo que ni siquiera supone aplicación del da mihi fatum, ego dabo tibi ius o del iura novit curia, por tratarse de corregir un mero error de trascripción que, al ajustarse al fondo del litigio, a lo en él discutido, a lo que fué intención de las partes y no a una estricta literalidad, carece de fuerza jurídica para generar incongruencia, so pena de conceder primacía a la literalidad sobre la intención y a una palabra sobre un conjunto, cosa que, en términos generales, no se admite en nuestro derecho; y como el litigio transcurrió con esa clara intención, ajustándose lo pedido a la misma, salvo el empleo erróneo de una palabra, es claro que en modo alguno se pudo general indefensión y que el motivo tiene que ser desestimado.

El motivo cuarto pretende que se ha aplicado retroactivamente la Ley de Propiedad Intelectual de 11 de noviembre de 1987 y que ello predeterminó que se desestimase lo excepcionado por acumulación indebida de acciones.

Cierto que retroactivamente solo pueden aplicarse los artículo 14 a 16 sobre "derecho moral del autor" sobre su obra, pero ya se ha razonado que la protección del autor frente a una reproducción ilícita no es materia introducida "ex novo" por la actual Ley y que los parámetros indemnizatorios de su art. 125 pueden aplicarse por el Juez como la mejor manera de alcanzar ese fin, sin que ello implique aplicación del precepto, sino acogimiento de sus pautas en la libre fijación de las bases a que ha de ajustarse la liquidación de los daños, por lo que el motivo ha de perecer sin mayor razonamiento.

El motivo quinto se formula al amparo del núm. 4º del art. 1692, según su redacción por Ley 34/84, no obstante presentarse el escrito de formalización el 6 de mayo de 1992, siendo el auto de admisión de 13 de enero de 1993.

Aún prescindiendo de ello, es lo cierto que denuncia error en la apreciación de la prueba, por faltar, dice, la que acredite la existencia de daños y perjuicios, a cuya indemnización se condena a la recurrente, cuestión que considera de puro hecho; pero el motivo habría de basarse en documentos literosuficientes que obrasen en autos y ninguno se cita al efecto. También cita jurisprudencia establecedora de que los daños y perjuicios no van ineludiblemente ligados al incumplimiento contractual, jurisprudencia que se ha matizado por esta Sala en el sentido de que "no siempre", es decir, que hay casos en los que los daños y perjuicios sí derivan de modo necesario de tal incumplimiento, cual ocurre en el caso, en el que se obtuvo copia ilegítima del programa y se vendió, sin posibilidades de actualización, con lo que el daño se produce no solo para el autor sino también para el adquirente, sufriendo el prestigio del primero; ocurre, pues, que resulta de imposible contradicción lo apreciado por la Sala de instancia y el motivo ha de ser desestimado.

El último motivo se planta al amparo del núm. 5º del art. 1692 de la LEC y denuncia infracción de los artículos 523 y 710 de la LEC, al condenarse a la recurrente al pago de las costas de la apelación a pesar de que la sentencia fué modificada, al declararse la resolución del contrato en vez de su nulidad, limitándose para la recurrente la indemnización de daños y perjuicios, por lo que no hubo ni simple confirmación ni agravamiento.

El motivo ha de correr idéntica suerte desestimatoria que los anteriores pues, en contra de lo que se afirma, la sentencia de primera instancia fué confirmada y no se redujo la indemnización de daños y perjuicios, produciéndose solo, cual se viene manteniendo en razonamientos anteriores, simple concreción y aclaración de lo resuelto, pero no modificación ni reducción de la condena.

Por imperativo legal (art. 1715, párrafo último, de la LEC), las costas han de imponerse a la recurrente, con pérdida del depósito constituido -lo que prueba que es consciente de la conformidad de ambas sentencias-, al que se dará el destino legal.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españolFALLAMOS

QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Colegio de Arquitectos, Delegación de Segovia, contra la sentencia dictada, en 27 de enero de 1992, por la Sección Duodécima de la Audiencia Provincial de Madrid; condenamos a dicha recurrente al pago de las costas, decretamos la pérdida del depósito constituido; y a su tiempo, comuníquese esta resolución a expresada Audiencia, devolviéndole los autos y rollo de Sala que remitió.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Pedro González Poveda, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.