STS, 14 de Septiembre de 2005

Con fecha 18 de marzo de 2003 el Juzgado de lo Social de Teruel, dictó sentencia en la que consta la siguiente parte dispositiva: "Estimando la demanda formulada por Dª Cristina contra la Diputación General de Aragón, Departamento de Educación y el Centro Privado Concertado Colegio Victoria Díez, condeno a la Diputación General de Aragón a que abone a la actora la cantidad de 8.131,33 Euros en concepto de paga extraordinaria de antigüedad, absolviendo al Colegio Victoria Díez de las pretensiones formuladas en la misma".

En la citada sentencia se han declarado probados los siguientes hechos: "PRIMERO: La actora Dª Cristina presta servicios como profesora de Educación Primaria para la empresa codemandada Centro Privado Concertado Victoria Díez desde el 1 de julio de 1976, percibiendo un salario mensual de 1.626,27 Euros. Dicho centro docente se rige bajo el régimen de conciertos educativos con el Estado y en la actualidad con la Diputación General de Aragón, en virtud de las transferencias educativas establecidas en esta Comunidad Autónoma desde el 1-1-1999 en virtud del R.D. 1982/98, de 18 de septiembre. SEGUNDO: Las partes se rigen por el IV Convenio Colectivo Estatal para las empresas de enseñanza primaria sostenidas total o parcialmente con fondos públicos, (BOE 17-10-2000), cuyo artículo 61 dentro del Título IV bajo la rúbrica "retribuciones", cap. I dispone "Los trabajadores que cumplan 25 años de antigüedad en la empresa tendrán derecho a una paga cuyo importe será equivalente al de una mensualidad ordinaria por cada quinquenio cumplido". La disposición transitoria tercera del citado Convenio establece que "la paga extraordinaria establecida en el artículo 61 de este Convenio será liquidada durante la vigencia temporal del mismo a aquellos trabajadores cuya antigüedad, a la fecha de entrada en vigor del convenio, sea igual o superior a 25 años. En este caso el importe de la paga se incrementará en una mensualidad extraordinaria más por cada quinquenio cumplido en la fecha de abono. En el supuesto de que el trabajador extinga su contrato de trabajo durante la vigencia del Convenio, por cualquiera de las causas previstas legalmente, la empresa vendrá obligada a abonarle la paga extraordinaria por antigüedad si reúne los requisitos de esta disposición". El III Convenio de la Enseñanza Concertada, (BOE 8-10-97), como los anteriores reconocía en su artículo 67 el premio de jubilación dentro del capítulo "mejoras sociales", para los trabajadores que al jubilarse tuvieran al menos quince años de antigüedad en la empresa, en cuantía correspondiente a una mensualidad extraordinaria por cada quinquenio cumplido. TERCERO: El artículo 34 del Reglamento de Normas Básicas para Conciertos Educativos aprobado por Real Decreto 2377/1985 de 18 de diciembre, establece que la Administración abonará mensualmente los salarios al profesorado de los centros concertados como pago delegado y en nombre de la entidad titular del centro, con el límite que establece el artículo 49.6 de la Ley Orgánica 8/1985 de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (derogada parcialmente por la Ley 10/02 de 23 de diciembre Ley de Calidad de la Enseñanza): "alteraciones en los salarios del profesorado, derivados de Convenios Colectivos que superen el porcentaje de incremento global de las cantidades correspondientes a salarios a que hace referencia el apartado 3. El citado apartado hace referencia a los módulos económicos que por unidad escolar que se fijarán anualmente en los Presupuestos Generales del Estado donde se diferenciaran las cantidades correspondientes a salarios del personal docente del centro, incluidas cargas sociales, y las de otros gastos del mismo. El artículo 13 del Reglamento de Normas Básicas estructura los módulos presupuestarios que fijan las Leyes de Presupuestos cada año para la enseñanza concertada en tres partidas diferentes, siendo la c) las cantidades pertinentes para atender al pago de los conceptos de antigüedad del personal docente de los centros concertados, tales cantidades se recogerán en un fondo general que se distribuirá en forma individualizada entre el personal docente de los centros concertados, de acuerdo con las circunstancias que concurran en cada profesor y aplicando criterios análagos a los fijados para el profesorado de los centros públicos. El actual artículo 76 de la Ley Orgánica 10/2002 de 23 de diciembre de Calidad de la Educación, que deroga expresamente el artículo 49 de la LODE, en lo relativo a los módulos de concierto dispone que "las cantidades correspondientes al apartado c) del módulo económico se recogerán en un fondo general que se distribuirá de forma individualizada entre el personal docente de los distintos centros concertados". CUARTO: La actora ha cumplido 25 años de antigüedad en el centro codemandado, sin haber percibido la paga extraordinaria mencionada que regula el artículo 61 del IV Convenio Colectivo, sumando dicha paga la cantidad de 8.131,33 Euros, cuantía que no ha sido cuestionada por las partes codemandadas. QUINTO: Se celebró el preceptivo acto de conciliación con la empresa codemandada sin lograrse acuerdo, y se ha formulado la preceptiva reclamación administrativa que fue desestimada por Resolución de fecha 28 de febrero de 2003. SEXTO: Reclama la actora que se dicte una sentencia por la que se condene a los demandados a abonarle la cantidad de 8.403,55 Euros en concepto de paga extraordinaria por alcanzar la antigüedad de 25 años en la empresa, con los intereses por mora devengados por la referida cantidad. SEPTIMO: En el acto del juicio la Administración demandada reconoció que alternativamente y para el caso de autos que en el año 2001 había un remanente de 10.000 Euros hasta llegar al límite presupuestario, que se excedió en el 2002."

La citada sentencia fue recurrida en suplicación por la letrada de la Comunidad Autónoma de Aragón, dictándose por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón sentencia con fecha 10 de noviembre de 2003, en la que consta la siguiente parte dispositiva: "Estimamos parcialmente el recurso de suplicación nº 521 de 2003, ya identificado antes, y confirmamos en lo principal la sentencia recurrida, revocándola en cuanto a la absolución del colegio codemandado, pronunciamiento que se deja sin efecto y, en su lugar, se condena, solidariamente con la Administración, al citado centro educativo al pago de la deuda, como principal obligado. Sin costas".

La letrada de la Comunidad Autónoma de Aragón, mediante escrito de 12 de enero de 2004, formuló recurso de casación para la unificación de doctrina, en el que: PRIMERO.- Se alega como sentencia contradictoria con la recurrida la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de fecha 20 de julio de 1999. SEGUNDO.- Se alega la infracción por inaplicación de los artículos 49.2.3 y 6 de la Ley Orgánica 8 /1985, de 3 de julio, de Ordenación General del Sistema Educativo (hoy, artículo 76.2.3 y 6 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación) y de los artículos 12 y 13 del Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos, en relación con el artículo 13 de la Ley 23/2001, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2002 y Anexo IV de la misma Ley, así como la sentencia de conflicto colectivo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 20 de octubre de 2001, confirmada por la de esta Sala del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 2002.

Por providencia de esta Sala, se procedió a admitir a trámite el citado recurso, y habiéndose impugnado, pasaron las actuaciones al Ministerio Fiscal, que presentó escrito en el sentido de considerar la Improcedencia del presente recurso. E instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente, se declararon conclusos los autos, señalándose para votación y fallo el día 14 de septiembre de 2005.

1.- La demandante en este procedimiento presta servicios como profesora de educación primaria en un centro privado de enseñanza concertada de Teruel. El instrumento de regulación de la relación laboral que mantiene la demandante con el centro es el Convenio Colectivo Estatal para las empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos. En el B.O.E. de 17 de octubre de 2.000 se publicó el IV Convenio para esa actividad, con vigencia desde la fecha de publicación hasta el 31 de diciembre de 2.003, sin perjuicio de que sus efectos económicos se retrotraían al 1 de enero de 2.000.

Por primera vez en ese IV Convenio (artículo 61) se estableció una paga extraordinaria por antigüedad en la empresa, que se percibiría, en esencia, por los trabajadores que cumplieran 25 años de antigüedad en aquélla y que consistiría en una mensualidad por cada quinquenio cumplido. La Administración Aragonesa no admitió el carácter salarial de ese devengo, lo que motivó que se planteara en su día una demanda de conflicto colectivo para que se reconociese a la referida paga tal naturaleza. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en sentencia de 30 de octubre de 2.001 estimó la demanda, decisión ratificada en casación por esta Sala de lo Social del Tribunal Supremo de fecha 17 de diciembre de 2.002.

2. - La demandante en el procedimiento que dio origen al presente recurso de casación para la unificación de doctrina, cumplió los 25 años de antigüedad en el centro demandado el 1 de julio de 2001, y solicitó el pago de la cantidad prevista en el artículo 61 del IV Convenio en reclamación previa formulada el 7 de mayo de 2.002. El Juzgado de lo Social de Teruel en sentencia de 18 de marzo de 2.003 estimó la demanda y condenó a la Administración al pago de la cantidad reclamada. Para llegar a esa decisión, la sentencia de instancia parte de la naturaleza salarial del devengo, a la vista de la sentencia de esta Sala a la que antes se ha hecho referencia. Después afirma que el concepto retributivo reclamado ha de incluirse en la letra c) del artículo 13.1 del R.D. 2377/1985, a efectos de determinar si el importe de la paga reclamada excede de los límites presupuestarios establecidos por la Administración en cumplimiento de los Presupuestos aprobados en su día por la Cámara Autonómica Reglamento. En este punto la sentencia rechaza la pretensión de la Administración de que se acogiese su posición y se le absolviese del pago de la cantidad reclamada porque, como consta en las certificaciones unidas a la prueba, en el apartado c) del módulo a que se refiere el citado artículo 13 y en relación con el presupuesto atribuido al Centro demandado, se habían superado abiertamente las cantidades asignadas. La sentencia de instancia argumenta que, por un lado, la Administración se encontraba en condiciones de haber previsto el gasto derivado de la nueva paga a efectos de su inclusión en el fondo general a que se refiere el precepto citado; en segundo término, se estima que no son aplicables los límites presupuestarios a cantidades y conceptos que no aparecían en el presupuesto anterior -pudiendo haberlo estado- pues no se puede conocer el incremento que han sufrido las cifras correspondientes si no hay referencia presupuestaria anterior. Finalmente, absuelve al centro docente por considerar que su obligación de pagar salarios constituye una función delegada de la Administración.

1.- Recurrió en Suplicación la Diputación General de Aragón, resolviéndose el recurso por Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia en sentencia de 10 de noviembre de 2.003. En ella se parte de la realidad de que la cantidad presupuestada para el módulo correspondiente al apartado c) del artículo 13 del R.D. 2377/1985 en los ejercicios 2.001 y 2002 y puesta a disposición del centro, se había superado ampliamente. La sentencia recuerda que el repetido apartado c) se refiere a "Las cantidades pertinentes para atender al pago de los conceptos de antigüedad del personal docente de los centros concertados y consiguiente repercusión en las cuotas de la Seguridad Social; pago de las sustituciones del profesorado y complemento de dirección; pago de las obligaciones derivadas de lo establecido en el art. 68, e), del Estatuto de los Trabajadores. Tales cantidades se recogerán en un fondo general que se distribuirán en forma individualizada entre el personal docente de los centros concertados, de acuerdo con las circunstancias que concurran en cada profesor y aplicando criterios análogos a los fijados para el profesorado de los centros públicos.".

Después se recuerda el contenido del artículo 49.6 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, en el que se dice que "La Administración no podrá asumir alteraciones en los salarios del profesorado, derivadas de convenios colectivos que superen el porcentaje de incremento global de las cantidades correspondientes a salarios a que hace referencia el apartado 3" y se termina desestimando en lo esencial el recurso porque, por una parte, la paga extraordinaria discutida no estaba contemplada como salario en el Convenio anterior, por lo que el nuevo Convenio "... no introduce una alteración en este concepto salarial superior al porcentaje de incremento global presupuestario de los salarios, pues no puede alterarse lo que antes no existía". Y a esa razón se añade otra, con arreglo a la que se afirma que "tampoco hay dato alguno en autos que permita saber si la introducción de esta paga en el Convenio de 2.000 ... implicó un incremento de la masa salarial superior al porcentaje de aumento salarial legalmente permitido por la Ley de Presupuestos del mismo año". Y se ocupa la sentencia también de dejar sentado que en éste caso no se está en presencia de la misma situación que abordó la Sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 20 de julio de 1.999 (recurso 3482/1998), pues en ésta se trataba de complementos de dirección o jefatura, que eran conceptos salariales presupuestados por la Administración y sobre los que se podían establecer comparaciones de incremento de un año para otro. Pero en este caso, se dice, la paga de antigüedad no había sido presupuestada por la Administración, por lo que no se puede conocer la existencia de un incremento que pueda exceder de las cantidades presupuestadas, o lo que es lo mismo, la falta de previsión de la Administración, que pudiendo haber presupuestado el concepto no lo hizo, determina que esa falta de previsión en la constitución del "fondo general" impida conocer si se ha producido ese exceso presupuestario. Únicamente se revoca en parte la decisión de instancia en cuanto a la absolución del centro de enseñanza codemandado, al que la sentencia recurrida condena solidariamente con la Administración, debido a que ésta no asume la condición de empleador, pero cuya cuestión no es objeto de este recurso de casación.

Frente a esta sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Aragón se formula ahora el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, en el que se invoca como sentencia contradictoria la dictada por esta Sala el 20 de julio de 1.999 y a la que se ha hecho referencia en el anterior fundamento. Pero como se va a razonar a continuación, entre ambas resoluciones no concurre la necesaria identidad sustancial de hechos, fundamentos y pretensiones que exige el artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina.

2. - En la sentencia de contraste se aborda el problema relativo a la responsabilidad en el pago del complemento vinculado a la jefatura de estudios en el III Convenio Colectivo Estatal para las empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos, en un caso en que la demandante había desempeñado esa jefatura en los años 1.994, 95 y 96, aunque reclamaba sólo los dos últimos 1.995 y parte de 1.996. En este caso, la Sala de lo Social del TSJ de Andalucía condenó a la Administración al pago de la cantidad reclamada, estimando que el concepto retributivo debía encuadrarse en la letra a) del número 1 del artículo 13 del R.D. 2377/1985, pero esta Sala, en la sentencia de contaste, estimó el recurso de casación para la unificación de doctrina planteado por aquélla, e hizo recaer exclusivamente sobre la empresa el pago del concepto reclamado.

   Para ello, nuestra sentencia parte del carácter limitado de la obligación de pago delegado que recae sobre la Administración en estos supuestos de centros concertados, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.6 de la Ley 8/1995 y el art. 13.2 del Decreto 2377/1985 y pasa después a definir el problema esencial que se plantea en el recurso, que "consiste en dilucidar si el complemento retributivo que se abona a los Jefes de Estudios, de acuerdo con el Convenio Colectivo aplicable en el supuesto de autos, a los efectos de la determinación de los módulos o fracciones que consigna el art. 13.1 del Decreto 2377/1985, debe considerarse incluido en el apartado a) de este precepto, que se refiere genéricamente a las "cantidades correspondientes a salarios del personal docente", o si, por el contrario, se ha de entender incardinado en el apartado c) que comprende determinados conceptos también salariales, pero de carácter más variable. Y es evidente que, en este caso, según se aplique uno u otro criterio, la solución que se adopte será claramente distinta, toda vez que de acuerdo con la revisión fáctica que fue acogida favorablemente por la sentencia de suplicación, consta que el centro docente demandado, durante el año de 1995, percibió de la Administración pública andaluza, por el concepto de "gastos variables" que es el que corresponde al mencionado apartado c) del art. 13-1, cantidades muy superiores a la suma total que correspondía al mismo; mientras que no consta probado, en forma alguna, que se hubiese superado el límite legal mencionado en lo que atañe al módulo o fracción del apartado a) de dicho artículo. Lo cual significa que, si estima acertada la primera proposición, habría que absolver a la Junta de Andalucía del pago del complemento retributivo reclamado en la demanda, en cuanto al año de 1995; mientras que si se concluye que el acierto se encuentra en la segunda postura aludida, tendría que condenarse a dicha Junta, tal como hace la sentencia recurrida".

3. - Planteado así el problema, en nuestra sentencia llegamos a la conclusión de que el complemento de los jefes de estudios se incardinaba en la letra c) del artículo 13.1 del RD citado, por lo que, a la vista del contenido de las certificaciones incorporadas al relato de hechos probados, era claro que el importe reclamado excedía de los límites presupuestarios previstos para el año 1.995, pues en ese año no había remanente alguno o dotación en el contenido c) del módulo correspondiente pero no para 1.996, pues no se había demostrado que en ese año se hubiese superado ningún límite en relación con los módulos del art. 13.1 del Real Decreto 2377/1985. El complemento de jefe de estudios no se implantó "ex novo" cuando la demandante llevó a cabo su reclamación, y por ello se tuvieron en cuenta las previsiones presupuestarias oportunas, que condujeron a entender que se habían rebasado para el año 1.995 , como se ha dicho, pero no para 1.996.

   Sin embargo, en la sentencia impugnada nos encontramos con un concepto retributivo nuevo, introducido por el artículo 61 del IV Convenio Colectivo Estatal para las empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicas, que se publicó en el B.O.E. de 17 de octubre de 2.000, y es esa circunstancia, que no concurre en la sentencia de contraste, la que constituyó la razón de decidir de aquélla, hasta el punto de que se ocupa ésta resolución en analizar nuestra sentencia de 20 de julio de 1.999 -la de contraste- y poner de relieve ésta diferencia. Así, se dice en ella que el complemento de dirección o jefatura era un concepto salarial contemplado en los módulos económicos presupuestados "... a diferencia de la paga de antigüedad, no presupuestada por la Administración". Es decir: en el caso de la sentencia recurrida no se había presupuestado el devengo por lo que no cabía la aplicación del artículo 13.1 c) del Reglamento, sino que debería acudirse al límite previsto en el artículo 49.6 de la LODE, entonces vigente, de "no superar el porcentaje de incremento global de los salarios".

Tales diferencias determinan que las resoluciones comparadas, siendo diferentes en sus pronunciamientos, sin embargo no sean contradictorias, de lo que ha de desprenderse ahora, en este trámite procesal, la desestimación del recurso de casación para la unificación de doctrina, lo que supone ratificar el criterio de estimación de la pretensión que se adoptó en la sentencia de instancia y se ratificó en la decisión recurrida, lo que, por otra parte, se ajusta a lo que la propia Administración demandada ha reconocido, aunque con matices más detallados y relacionado con otros acuerdos, en la Orden de 6 de septiembre de 2.004, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte de la Diputación general de Aragón, publicada en el Boletín Oficial de dicha Comunidad el 22 de septiembre de 2.004, por la que se da publicidad a lo acordado en la Mesa Sectorial de la Enseñanza Privada Concertada el 29 de julio de 2.004, en cuyo acuerdo segundo se afirma que el Departamento referido "abonará la paga extraordinaria por antigüedad establecida en el artículo 61 y en la Disposición Transitoria Tercera del IV Convenio Colectivo de Empresas de Enseñanza Privada sostenida total o parcialmente con fondos públicos", en la forma prevista en las disposiciones que siguen, que afectan a las distintas situaciones y periodos de cobro, pero no al propio reconocimiento del devengo. Reiterando con ello, como puede deducirse de la mera comparación entre sentencias, lo dicho por esta Sala en la STS de 22-11-2004 (Rec.- 105/04) y en las dictadas en idéntico sentido en 20-12-04 (Rec.- 6445/03), 28-12-04 (Rec.- 6486/03), 1-3-2005 (Rec.- 161/04), 23-6-05 (Rec.6442/03) y 12 -7-05 (Rec.- 6731/03), entre otras.

En suma, de conformidad con lo razonado hasta ahora, concurre como causa de inadmisión del recurso la falta de identidad de los supuestos analizados en las sentencias comparadas, óbice que en este trámite procesal determina la desestimación del mismo, con el consiguiente pronunciamiento sobre costas conforme a lo previsto en el art. 233 LPL. Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.