STS, 30 de Octubre de 2001
| ECLI | ES:TS:2001:8428 |
| Procedimiento | D. ANGEL RODRIGUEZ GARCIA |
| Fecha de Resolución | 30 de Octubre de 2001 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a treinta de Octubre de dos mil uno.
Vista por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Supremo la cuestión de competencia negativa 1294/00 en la que se ha personado la Generalidad de Cataluña y la entidad "Fibrin, S.A.T.", representada por la Procuradora de los Tribunales Dª Marta Paredes Pareja.
Trabada cuestión de competencia negativa entre el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Huesca y el de igual clase nº 1 de Lérida para conocer del recurso interpuesto por la entidad "Fribin, S.A.T." contra la Resolución de 25 de enero de 2000, del Director del Servicio Catalán de Tráfico, desestimatoria del recurso de alzada deducido contra la dictada el 5 de julio de 1999 por el Jefe del Servicio Territorial de Tráfico de Lérida, que impuso a la recurrente la sanción consistente en multa de 115.000 pesetas por una infracción administrativa tipificada en el artículo 198. h) del Reglamento de Transportes Terrestres, se remitieron las actuaciones a este Tribunal en las que ha emitido dictamen el Ministerio Fiscal en el sentido de que la competencia discutida debe atribuirse al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Lérida, dictamen al que se adhiere en sus alegaciones el Letrado de la Generalidad de Cataluña y la representación procesal de Dª Marta Paredes Pareja, pues aunque presentó el recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de Huesca, manifiesta que al inhibirse éste en favor del Juzgado de Lérida aceptó la resolución dictada, no formulando contra la misma recurso de súplica y compareciendo ante este último órgano jurisdiccional.
En virtud de providencia de 3 de septiembre del año actual se señaló para la votación y fallo de este incidente el día 26 del corriente mes.
Antes de entrar en el examen de la cuestión de competencia planteada, que versa exclusivamente sobre la competencia territorial de los órganos jurisdiccionales en conflicto para conocer del recurso contencioso-administrativo a que antes se ha hecho referencia, y concretamente sobre el alcance del fuero optativo previsto en la regla segunda del artículo 14.1 de la Ley de esta Jurisdicción, es preciso resolver una cuestión que es presupuesto del conflicto competencial surgido entre los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Huesca y de Lérida, si los órganos jurisdiccionales de esta clase tienen competencia objetiva para conocer de los recursos que se deduzcan frente a los actos de la Administración de las Comunidades Autónomas que tengan por objeto, como aquí ocurre, una sanción administrativa prevista en la legislación transportes terrestres.
Decimos ésto, porque el artículo 8.2.b) de la Ley de esta Jurisdicción, al atribuir a los Juzgados de lo Contencioso- Administrativo el conocimiento de los recursos en materia sancionadora, siempre que las sanciones impuestas consistan en multas no superiores a 10 millones de pesetas ( y cese de actividades o privación de ejercicio de derechos que no excedan de seis meses) y el acto recurrido haya sido dictado por la Administración de una Comunidad Autónoma (salvo que proceda del respectivo Consejo de Gobierno), como acontece en este caso, contempla, en su número 1), que es el que aquí interesa, las sanciones en materia de "tráfico, circulación y seguridad vial", mientras que la infracción sancionada, que ha dado lugar al planteamiento del recurso contencioso-administrativo del que dimana este incidente ha sido subsumida por la Administración, no en el Texto articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo) sino en el artículo 198. h) del Reglamento (R.D. 1211/1990, de 28 de septiembre) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (por error material se cita en la resolución inicial el artículo 198.8 de aquél) concretamente, por realizar "manipulaciones en el tacógrafo", circulando "con un disco diagrama a nombre de otra persona con superposición de registros", surgiendo la cuestión de si la sanción litigiosa es o no incardinable en la locución legal " tráfico, circulación y seguridad vial".
En la Sentencia de 28 de abril de este año, respecto de una infracción prevista en el articulo 140.e) de la Ley Ordenación de Transportes Terrestres y en el 197.e) de su Reglamento (obstrucción a la labor inspectora del transporte terrestre), se dijo que no tenía encaje, por razón de la materia, en el número 1) del artículo 8.2.b) de la Ley de esta Jurisdicción, y en la de 30 de mayo, también del corriente año, sin ignorar la dictada el 16 de noviembre de 2000 (en la que no llegó a suscitarse problema alguno relacionado con la distribución de competencia "ratione materiae"), se volvió a insistir, abundando en la solución propugnada por la de 28 de abril de 2001, en que las sanciones administrativas en materia de transportes terrestres no pueden considerarse comprendidas, por lo general, en la expresión legal "tráfico, circulación y seguridad vial" que comporta, en si misma, una clara llamada a las infracciones tipificadas en el Texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, mientras que las infracciones en materia de transportes terrestres están contempladas en un cuerpo legal distinto, la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. Téngase en cuenta, se dijo entonces y se reitera ahora, que la exposición de motivos de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de esta Jurisdicción, al referirse a la competencia de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, la define mediante un sistema de "lista tasada", difícilmente cohonestable con interpretaciones extensivas, y que, por otra parte, la propia Ley de Ordenación de Transportes Terrestres se ocupa de distinguir una y otra clase de infracciones, cuando en el artículo 146.1 regula la competencia para la imposición de las sanciones previstas en dicha Ley, pues tras decir que corresponderá a los órganos que legal o reglamentariamente la tengan atribuida, añade --en su párrafo segundo-- que "por constituir fundamentalmente materia de seguridad vial, la competencia para sancionar las infracciones tipificadas en los apartados b) y c) del artículo 140 y h) del artículo 141, excepto cuando la causa de la infracción fuera el exceso de carga, corresponderá a los órganos competentes en relación con la ordenación del tráfico y la seguridad vial".
Cuanto se ha expuesto en este análisis preliminar tiene como finalidad despejar una incógnita previa a la resolución de la presente cuestión de competencia.
En esta jurisdicción, en la que existe una diversidad de órganos de primer grado, y como lógica consecuencia unas reglas competenciales que distribuyen los asuntos entre ellos en función de los más variados criterios, los conflictos que en apariencia solo afectan a la competencia territorial, como es el caso, suelen plantear también problemas relacionados con la competencia objetiva de los órganos jurisdiccionales contendientes, sobre todo cuando, como aquí ocurre, la infracción sancionada puede generar dudas en orden a su correcta incardinación en las previsiones legales que definen la competencia "ratione materiae" de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
Ya se ha dicho que esta Sala, en más de una ocasión, se ha mostrado reacia a incluir las sanciones en materia de transportes terrestres en el número 1) del artículo 8.2. b) de la Ley de esta Jurisdicción, más sucede que en este asunto la infracción apreciada por la Administración, no obstante encontrarse descrita en la legislación relativa a esa materia (artículo 141.h) de la Ley 16/1987 y 198.h) de su Reglamento) es uno de los escasos ilícitos administrativos previstos en la misma que "por constituir fundamentalmente materia de seguridad vial" la competencia para su sanción, está atribuída "a los órganos competentes en relación con la ordenación de tráfico y la seguridad vial" (artículos 146.1 de la Ley 16/1987 y 204.2 de su Reglamento), cobrando sentido que la potestad sancionadora haya sido ejercida precisamente por los órganos del Servicio Catalán de Tráfico y no por los competentes en la materia de ordenación de los transportes terrestres.
En definitiva, y por lo que se refiere a este asunto, la competencia objetiva corresponde efectivamente a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, de acuerdo con lo que establece el artículo 8.2.b), número 1, de la Ley de esta Jurisdicción, ya que el acto recurrido procede del Servicio Catalán de Tráfico y la sanción impuesta consiste en una multa no superior a 10 millones de pesetas en materia de seguridad vial .
El problema a resolver a continuación, el único que ha sido examinado por los órganos jurisdiccionales en conflicto, es el relativo a la competencia territorial, habida cuenta que la regla segunda del artículo 14.1 de la expresada Ley brinda al demandante, cuando se trata de sanciones (también en las materias de personal y propiedades especiales) la posibilidad de optar entre el Juzgado (o Tribunal) en cuya circunscripción tenga su propio domicilio y aquél en que se halle la sede del órgano autor del acto originario impugnado. La discrepancia ha surgido en este caso porque la entidad actora, domiciliada en Binefar (Huesca), como revela el poder para pleitos acompañado, ha presentado el recurso contencioso- administrativo en el Juzgado de Huesca, mientras que la actuación recurrida emana de la Administración de la Generalidad de Cataluña y, concretamente, el acto originario impugnado del Servicio Territorial de Tráfico de Lérida.
Sobre esta cuestión existe una consolidada jurisprudencia (Sentencias de 26 de septiembre, 6 de octubre, 16 y 24 de noviembre de 2000 y 18 de abril de 2001) en la que se afirma que el fuero electivo tiene aplicación dentro del ámbito territorial de competencia de un solo Tribunal Superior de Justicia, precisándose en las tres últimas que esta doctrina es aplicable aunque en la demanda solo se invoquen normas estatales, pues cuando el órgano que dictó el acto impugnado se incardina en una Comunidad Autónoma hay siempre aspectos reglados por la normativa autonómica, señaladamente los referentes a la competencia y posiblemente otros procedimentales, que potencialmente pueden ser objeto de pleito. Es más, en otra sentencia posterior, la de 18 de mayo del año en curso, se ha dicho que "aunque el litigio promovido por el recurrente versara exclusivamente sobre la correcta interpretación y aplicación al caso de normas estatales (..) la conclusión a que antes se ha llegado no variaría, ya que el fuero electivo, que regula el artículo 14.1, regla segunda, debe entenderse referido cuando se trata de recursos contra actos de las Entidades locales o de las Administraciones de las Comunidades Autónomas --como es el caso-- a los Juzgados sitos en la circunscripción del Tribunal Superior de Justicia en la que se halle también la sede del órgano autor del acto originario impugnado".
En otras palabras, y en lo que aquí interesa, el fuero general del artículo 14.1, regla primera, que atribuye la competencia territorial al órgano jurisdiccional en cuya circunscripción tenga su sede el órgano que hubiere dictado el acto originario impugnado --en este caso, el Juzgado de Lérida-- solo podría haber sido orillado por la entidad recurrente si ésta hubiera tenido su domicilio --y no es así-- en otra provincia, aunque dentro de la circunscripción del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Por consiguiente, no pudiendo el "forum domicilii" del demandante, en el caso que nos ocupa, desplazar el fuero general previsto en la regla primera del artículo 14, es obligado concluir declarando que la competencia territorial discutida corresponde al Juzgado de lo Contencioso- Administrativo de Lérida.
Respecto al pago de las costas de este incidente no procede hacer pronunciamiento condenatorio al no apreciarse la concurrencia de ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 139.1 de la Ley de esta Jurisdicción.
Que la competencia para conocer del recurso contencioso- administrativo interpuesto por la entidad "Fribin, S.A.T." contra la Resolución de 25 de enero de 2000, del Director del Servicio Catalán de Tráfico, desestimatoria del recurso de alzada deducido contra la dictada el 5 de julio de 1999 por el Jefe del Servicio Territorial de Tráfico de Lérida, que impuso a la recurrente una multa de 115.000 pesetas, corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Lérida al que deberán remitirse las actuaciones.
Póngase esta resolución en conocimiento del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Huesca.
Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos
