STS, 3 de Julio de 2001
| Ponente | MENENDEZ PEREZ, SEGUNDO |
| ECLI | ES:TS:2001:5707 |
| Número de Recurso | 5415/1994 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - 01 |
| Fecha de Resolución | 3 de Julio de 2001 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. SEGUNDO MENENDEZ PEREZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a tres de Julio de dos mil uno.
VISTO por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto por D. Ernesto , representado por el Procurador D. Albito Martínez Díez, contra sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de fecha 26 de mayo de 1994, sobre sanción y restitución de terrenos
Se ha personado en este recurso, como parte recurrida, la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, con la representación que le es propia.
En el recurso contencioso-administrativo número 4297 de 1993, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, con fecha 26 de mayo de 1994, dictó sentencia cuyo fallo es del siguiente tenor literal: "FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por D. Ernesto contra la resolución de la Dirección General de Puertos y Costas de 26 de enero de 1.993, desestimatoria del recurso de alzada deducido contra otra del Servicio de Costas de Pontevedra de 27 de marzo de 1.990, por la que se impone al recurrente, como autor responsable de infracciones previstas en el art. 91 -2 -d y e de la Ley 22/1988, de 28 de julio -Ley de Costas-, una sanción de 300.000 ptas, ordenándosele la restitución de los terrenos afectados por las obras ejecutadas a su primitivo estado, con imposición de multa coercitiva; anulamos dichas resoluciones en cuanto imponen una multa coercitiva; sin hacer especial condena en costas".
Contra dicha sentencia ha interpuesto recurso de casación la representación procesal de D. Ernesto , formalizándolo, al amparo del número 4 del artículo 95 de la Ley de la Jurisdicción, mediante escrito en el que suplicó a esta Sala dicte en su día sentencia casando y anulando la recurrida y, en su lugar, la reemplace por otra mas ajustada a Derecho, con todos los pronunciamientos favorables que corresponda.
El Abogado del Estado, en la representación que ostenta, se opuso al recurso interpuesto de contrario y suplicó a esta Sala que "...declare no haber lugar a dicho recurso por no ser procedente ninguno de los motivos invocados, confirmando íntegramente la sentencia del Tribunal a quo, con imposición de costas a la parte recurrente".
Mediante Providencia de fecha 27 de marzo de 2001 se señaló el presente recurso para votación y fallo el día 21 de junio del mismo año, en cuya fecha han tenido lugar dichos actos procesales.
Como ha dicho esta Sala en constante y reciente jurisprudencia (sirvan de ejemplo las sentencias de 28 de febrero y 28 de marzo de 2.001), aplicando el artículo 1.710, regla 4ª, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con la disposición adicional sexta de la Ley de esta Jurisdicción, aun cuando el recurso contencioso administrativo se haya tramitado como de cuantía indeterminada, el litigio debe tener una vertiente económica a la que debe atenderse, dados los criterios restrictivos de acceso al recurso de casación, en el que la cuantía no puede ser inferior a seis millones de pesetas (artículo 93.b) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1.956).
En el presente caso, dicho valor viene representado por el importe de la multa impuesta (300.000 pesetas), de un lado, y por el de la ejecución de las obras que se realizaron sin autorización, de otro. Sobre este último obra en el expediente administrativo un informe emitido por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas que valora las obras realizadas en la cantidad de 1.211.738 pesetas.
Por ello el presente recurso de casación debe declararse inadmisible, lo que en este trámite procesal comporta su desestimación.
Las costas de este recurso deben ser impuestas a la parte recurrente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la anterior Ley de la Jurisdicción.
Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,
NO HA LUGAR al recurso de casación que D. Ernesto interpone contra la sentencia que con fecha 26 de mayo de 1994 dictó la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el recurso número 4297 de 1993. Con imposición a la parte recurrente de las costas de este recurso de casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertase por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . Fernando Ledesma Bartret.- Óscar González González.- Segundo Menéndez Pérez.- Manuel Campos Sánchez Bordona.- Francisco Trujillo Mamely.- Fernando Cid Fontán. Firmado. Rubricado. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente de esta Sala Excmo. Sr. D. Segundo Menéndez Pérez, todo lo cual yo, la Secretario, certifico.
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