STS 1416/2003, 30 de Octubre de 2003

Por el cauce del art. 5,4 LOPJ se ha denunciado vulneración del derecho a la prueba y del derecho a la tutela judicial efectiva con resultado de indefensión (art. 24,1 y 2 CE). El argumento es que durante la instrucción se solicitaron diligencias para acreditar el consumo de estupefacientes, mediante escritos de 12 y 13 de septiembre de 2001 y también a la Audiencia, por escrito de 25 de enero de 2002. Y, asimismo, el 12 de abril y el 21 de junio de 2002, se interesó documental, que no fue practicada. Bajo el ordinal segundo del escrito, se alega, ahora por el cauce del art. 850,1º Lecrim, quebrantamiento de forma por la indebida denegación de esas diligencias. Dada la clara relación de ambos motivos, serán examinados de forma conjunta.

Por lo que se refiere a la primera de las diligencias aludidas, resulta que fue solicitada en abril de 2002 y como documental, cuando, tiene razón el Fiscal, era claramente una prueba pericial. De otra parte, lo que se pedía era la determinación analítica de la condición de consumidor de sustancias estupefacientes del que ahora recurre, referida a un año anterior o a fecha anterior al 30 de marzo de 2002, y esto mediante la previa extracción de vello.

Pues bien, aparte la clara incorrección formal de la solicitud del medio de prueba, es patente que el tipo de actuación técnica que se solicitaba nunca podría haber arrojado, ni en el mejor de los casos, un resultado más favorable al acusado que el consistente en acreditar su condición de consumidor de sustancias psicotrópicas, acogido por la sala en su sentencia. Pues, en efecto, una determinación retrospectiva y, máxime, para un momento tan anterior puede considerarse francamente imposible, ya que, incluso de haberse hallado en la fecha del análisis del vello rastros de las sustancias de abuso, difícilmente podría haberse establecido alguna relación fiable entre éstos y un hipotético consumo tan lejano en el tiempo.

La segunda documental consistía en la aportación de copia íntegra de un procedimiento en el que el imputado era Pedro Antonio , y fue rechazada por la sala por falta de relación con la causa; dándose la circunstancia de que propuesta la testifical de éste, no compareció, sin que la defensa tuviera nada que decir al respecto. Por lo demás, ambas diligencias estaban dirigidas a demostrar que el perseguido en esta causa era un delito provocado, algo de demostración más que problemática por semejante vía, y de lo que no hay ningún indicio serio.

En fin, la tercera actuación denegada fue la solicitud de un informe sobre llamadas telefónicas, después de que el solicitado a la compañía primeramente indicada no hubiera dado resultado. Tampoco en este caso la parte hizo ninguna objeción.

Existe jurisprudencia consolidada y conocidísima en el sentido de que para que pueda considerarse vulnerado el derecho a la prueba, como manifestación del más amplio a la tutela judicial efectiva, es preciso que la denegación de alguna diligencia de esa clase, aparte de infundada, haya ocasionado perjuicio para el derecho de defensa. Lo que, a su vez, reclama como presupuesto el hecho de que pudiera afirmarse que, de haberse producido las actuaciones solicitadas, éstas habrían tenido un resultado favorable a la hipótesis de la defensa, de manera que habría sido otro el resultado del juicio.

Pues bien, no puede ser más patente que, por lo que acaba de exponerse, nada de eso ha sucedido en esta causa, pues, vistos los medios de prueba de que se trataba, en dos de los casos cabría hablar de franca impertinencia, y en todos ellos, a tenor del desarrollo de la causa, de clara falta de relevancia. Es por lo que no cabe dar lugar a ninguno de los dos motivos examinados.

Al amparo del art. 5,4 LOPJ se ha denunciado vulneración del derecho de defensa. Ello porque, entiende el recurrente, debe considerarse ilegítimo el registro del automóvil; y también las actuaciones relativas a las sustancias aprehendidas, realizadas en la causa, al no constar el peso de las mismas y no haberse analizado el análisis de todas las pastillas.

Por lo que se refiere a la primera cuestión, es muy abundante la jurisprudencia de esta sala relativa al registro de vehículos (por todas, sentencias nº 193/2001, de 14 de febrero y 756/2000, de 5 de mayo) de la que resulta que los mismos -salvo el supuesto de que estuvieran dedicados a vivienda- carecen de la protección que el orden jurídico otorga a los espacios en que se ejerce la intimidad domiciliaria. Por eso, en tales casos, la injerencia no está sometida a los rigurosos requisitos del art. 545 y ss. de la Ley de E. Criminal, de manera que aquéllos pueden ser objeto de directa investigación policial, que, en todo caso, deberá ajustarse a las exigencias del principio de proporcionalidad y justificación por razón de la causa y finalidad perseguida.

A esto se debe que la falta de autorización judicial o la ausencia del interesado en la inspección de un vehículo, cuando la intervención contó con justificación suficiente y fue proporcionada, no implican vulneración de derechos constitucionales y no resulta aplicable la regla del art. 11,1º LOPJ.

Ahora bien, ese modo de operar no puede darse sin consecuencias en lo que se refiere al valor de las correspondientes actuaciones, que, como tales diligencias de investigación, carecen en sí mismas de valor probatorio, en cuanto forman parte del atestado o son asimilables a él en razón de su naturaleza (art. 297 Lecrim). Por eso, para que el contenido de tales diligencias pueda generar prueba, debe llevarse al juicio oral la declaración de los funcionarios a fin de que sean examinados de forma contradictoria (por todas, STS 193/2001, de 14 de febrero). Y tal es lo sucedido en este caso.

En lo que hace al tratamiento dado en la causa a las sustancias aprehendidas, hay constancia en la misma de una diligencia (folio 23) de entrega en el Area de sanidad de la Delegación del Gobierno en Asturias. Después, en el folio 182 consta asimismo el resultado del análisis de aquéllas. Y, como apunta el Fiscal, es claro que la defensa no tuvo nada que decir al respecto en el momento de la conclusión del sumario, cuando, en cambio, sí pidió la revocación del auto correspondiente, interesando la práctica de alguna diligencia. Pues bien, siendo así, no cabe hacer objeción al desarrollo del trámite a que acaba de aludirse. Y, desde luego, no es pertinente la de que las drogas no fueron llevadas materialmente al Juzgado, siendo lo correcto y que constituye la práctica habitual, hacer entrega de forma inmediata en el organismo técnico correspondiente a disposición de aquél.

Por lo demás, la objeción del recurrente a la falta de referencia al peso de la comprimidos es irrelevante, una vez aparece perfectamente consignado el número de dosis y la composición cualitativa de las mismas, con presencia relevante en ellas de la sustancia MDMA. Si es verdad que tendría que haberse dado formalmente la audiencia del art. 338 Lecrim, en vista de la solicitud de autorización para destruir las drogas, pero lo cierto es que, en todo caso, las partes tuvieron traslado de la providencia decidiendo sobre la misma, sin que conste que se hubiera hecho ninguna objeción sobre el particular. Y, en todo caso, no existe razón para concluir que de ese modo de operar se hubiera seguido perjuicio concreto para el derecho de defensa del recurrente, porque se hubiera visto privado de la posibilidad de realizar un análisis de contraste en el que estuviera interesado.

Junto a las cuestiones examinadas, se hacen determinadas consideraciones dirigidas a sugerir que el delito objeto de la causa fue provocado. Todo, se dice, porque la Guardia Civil habría tenido conocimiento de que los acusados estaban interesados en llevar a cabo una operación como la que finalmente se produjo. Pero la objeción carece de fundamento, pues lo determinante de la existencia de la provocación a delinquir no es el mero conocimiento por la policía del propósito de alguien de realizar una acción típica, sino el dato de que tal acción hubiese sido sugerida o estimulada, precisamente, por algún agente de aquélla, debiéndose a su iniciativa, de manera que sin ella no habría tenido lugar (por todas STS 1114/2002, de 16 de junio y las que allí se citan). Así, no puede ser más obvio que la pretensión del recurrente carece de fundamento también en este punto, por lo que el motivo no puede acogerse en ninguno de sus aspectos.

También al amparo del art. 5,4 LOPJ se ha alegado vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 24,2 CE). El argumento es que los datos incriminatorios tomados en consideración por el tribunal serían de ilícita procedencia, por la ilegitimidad de las actuaciones consistentes en el registro del automóvil y en tratamiento dado a las sustancias incautadas. Se dice también que no habría sido acreditado el destino de tráfico y no de propio consumo de estas últimas.

La primera parte de la argumentación es claramente inatendible, una vez claro que las diligencias que se cuestionan fueron correctamente realizadas, como resulta del examen de los motivos precedentes.

Y por lo que se refiere al segundo aspecto, la inferencia consistente en derivar del dato-base de la posesión de casi 800 pastillas de MDMA, la conclusión de que las mismas iban a ser introducidas en el mercado, a tenor del más elemental criterio de experiencia, es de una obviedad abrumadora, pues, en términos de experiencia, resulta francamente inimaginable una hipótesis alternativa al respecto.

En consecuencia, y por todo, el motivo sólo puede rechazarse.

Por idéntica vía que en el caso anterior, se denuncia vulneración del art. 24,2 CE. El argumento es que en la fundamentación de la sentencia serían de advertir cábalas y conjeturas que deberían haber llevado a la sala a decidir conforme al principio in dubio pro reo.

Pero lo cierto es que no hay tal y que lo que ha hecho el tribunal sentenciador es, simplemente, discurrir acerca de la hipótesis acusatoria y la de la defensa, para decantarse, sin el menor titubeo y con pleno fundamento, por la primera. Por tanto, el motivo es inatendible.

Al amparo del art. 849,1º Lecrim, se ha aducido indebida aplicación de los arts. 1, 5, 368,1º, 373 y 377 Cpenal. El argumento es que ni siquiera aceptando los hechos probados cabría llegar a la conclusión que se expresa en la sentencia, porque la responsabilidad del recurrente no podría ir más allá del hecho de haber adquirido 450 pastillas por 175.000 ptas.

Pero el motivo tampoco se sostiene, puesto que lo acreditado es que aquél y otras dos personas, los tres de acuerdo, adquirieron las pastillas que se dice en los hechos, para comerciar con ellas. Y siendo así, la calificación de éstos y la atribución de responsabilidad compartida que se hace en la sentencia es inobjetable.

Lo denunciado en este caso, como infracción de las del art. 849,1º Lecrim, es indebida aplicación de los arts. 127, 128, 374 y 377 Cpenal; porque, se entiende improcedente el comiso del automóvil.

En este punto sí tiene razón el recurrente, puesto que la jurisprudencia de esta sala ha insistido en la necesidad de que entre el medio de que se trata -el automóvil en este caso- y el fin antijurídico exista algo más que una relación ocasional o episódica, requiriéndose una funcionalidad instrumental más o menos estable del primero al segundo (SSTS de 23 de febrero de 1998 y de 28 de abril de 1997), que aquí no se ha dado. También se exige, cuando concurra esa circunstancia, que la medida pueda considerarse proporcionada, aspecto éste que tendría que ser específicamente razonado (STS 1528/2002, de 20 de septiembre) y no lo ha sido. Es claro, pues, particularmente por la primera consideración, que el motivo debe acogerse.

También al amparo del art. 849,1º Lecrim, se ha denunciado indebida inaplicación del art. 20,1ª ó 2ª Cpenal, por entender que la continuidad en el consumo de drogas acreditado, con la consiguiente dependencia, tendría que haber dado lugar a la exención de responsabilidad.

Pero la objeción no es atendible, puesto que -según se lee en los hechos- lo acreditado en el recurrente es una "adicción a sustancias psicotrópicas estimulantes". Siendo así, en modo alguno cabría ir más allá de tener por concurrente la atenuante del art. 21,2ª Cpenal, generosamente aplicada en este caso, ya que requiere la constancia de una "grave adicción".

Ahora bien, la objeción que se examina sí debe tener relevancia en el plano de la pena, ya que la sala ha impuesto la misma a este recurrente y al otro condenado, en el que no concurrió ninguna circunstancia modificativa de la responsabilidad, igualdad de trato que carece de fundamento legal.

Igualmente con invocación del art. 849,1º Lecrim, se denuncia indebida inaplicación del art. 21,6ª en relación con el art. 21,2ª y 20,2ª Cpenal.

Visto el contenido del motivo no cabe sino remitirse a lo que acaba de decirse al examinar el anterior. Y es que la decisión de la sala al respecto ha sido incluso generosa al apreciar la atenuante simple del art. 21,2ª Cpenal con el presupuesto fáctico que consta.

Lo ahora denunciado, al amparo del art. 849,1º Lecrim, es infracción del art. 66 Cpenal.

El recurrente parte del presupuesto de la estimación de alguno de los motivos anteriores, que, al no haberse dado, deja sin fundamento al presente. Por lo demás, la sentencia cuenta con fundamentación suficiente en este punto, puesto que en ella se ha razonado la individualización de la pena tomando en consideración la gravedad del hecho imputado y la concurrencia de la adicción a drogas del recurrente. Por tanto, el motivo debe rechazarse.

Citando el art. 849,2º Lecrim, se denuncia error en la apreciación de la prueba fundado en documentos que acreditarían la equivocación del juzgador.

El recurrente cita como documentos los informes relativos a la situación de drogodependencia del acusado, de los que, entiende, se habría apartado la sala. También los folios 2 a 25 de la causa que a su juicio evidenciarían la concurrencia de un delito provocado; y, en fin algunos de los que se derivarían datos relevantes acerca de la titularidad del automóvil a que antes se ha hecho mención.

Como es bien sabido, pues existe abundante y conocida jurisprudencia de esta sala, la previsión del art. 849,2º Lecrim tiene por objeto hacer posible la impugnación de sentencias en las que un extremo relevante del relato de hechos se halle en manifiesta contradicción con el contenido informativo de algún documento, que no hubiera sido desmentido por otro medio probatorio. Así, para que un motivo de esta clase pudiera prosperar sería necesario acreditar la existencia de una patente contradicción entre unos y otros enunciados, tan clara, que hiciera evidente la arbitrariedad de la decisión del tribunal al haberse separado sin fundamento del resultado de la prueba.

Pues bien, valorados conforme a este criterio los textos a que se refiere el recurrente, resulta, en cuanto a los primeros, que de ellos no puede inferirse otra cosa que la condición de consumidor del acusado, que, precisamente, ha sido tomada en cuenta por la sala. Por lo que hace a los del segundo grupo, es patente que no se trata de documentos en sentido técnico, pues pertenecen al atestado y, siendo así, carecerían de efectividad a los fines del motivo alegado. Y, en fin, huelga cualquier consideración a propósito de los relativos al vehículo, una vez que, como se ha dicho, el comiso del mismo debe dejarse sin efecto.

Recurso de Yolanda

Al amparo de lo que dispone en art. 5,4 LOPJ, se ha denunciado vulneración del derecho a la presunción de inocencia, por entender que en el juicio oral no se practicó ninguna prueba de cargo apta para fundar la condena impuesta a la recurrente. El argumento es que el tribunal sólo ha contado con las manifestaciones inculpatorias de los coimputados, que carecerían de fiabilidad y también de claridad.

Como es bien sabido, el principio de presunción de inocencia da derecho a no ser condenado sin prueba de cargo válida, que es la obtenida en el juicio (salvo las excepciones constitucionalmente admitidas), que haya sido racional y explícitamente valorada, de forma motivada, en la sentencia, y se refiera a los elementos nucleares del delito (por todas, STC 17/2002, de 28 de enero y STS 213/2002, de 14 de febrero).

Es asimismo bien conocida la jurisprudencia relativa al valor probatorio de las declaraciones de los coimputados y a las cautelas con que deben tomarse los datos incriminatorios de esa procedencia, debido a que podrían estar mediatizados por el interés en la autoexculpación o en la atenuación de la pena de quien los facilita; y, además, por la circunstancia de que, dado el estatuto procesal del declarante, el principio de contradicción sólo puede operar en estos casos de forma muy limitada (por todas, STC 297/2002, de 11 de noviembre y STS 658/2002, de 12 de abril).

Es a lo que se debe la exigencia de valorar con particular cuidado la actitud del imputado y atípico testigo y, muy especialmente la de cuidar que el contenido de ésta cuente, además, con el aval representado por la confirmación mediante datos de otra procedencia.

Tomando estas ineludibles referencias jurisprudenciales como punto de partida, se trata de comprobar si en el caso a examen se dan las exigencias que habilitan para la valoración como de cargo de los datos probatorios aportados en este caso contra la que recurre y tenidos en cuenta por la sala de instancia.

Pues bien, de una parte, no cabe duda de que, al menos en principio, existió prueba de cargo. Y esto no sólo por las manifestaciones de los acusados relativas a la implicación de Yolanda -después de haber admitido la propia-, sino también porque lo cierto es que ésta viajaba en el automóvil en que se transportaban las pastillas de MDMA. Además, con la particularidad de que se había tratado de un viaje para el que, a tenor de los datos que constan, no se conoce otra finalidad. Cierto es que Yolanda afirmó que se había trasladado a Asturias, aprovechando el desplazamiento de los otros, con el único objeto de ver a una amiga. Pero la verdad es que estuvo todo el tiempo en compañía de los acusados y regresaba con ellos, ya cerca de la media noche transportando la comprometedora sustancia. Siendo ésta una circunstancia que reduce a mera disculpa sin fundamento el intento de autoexculpación de la que recurre, puesto que, aparte de estar en contradicción con sus propio comportamiento de ese día, no es creíble que los coacusados, pensando únicamente comprar droga, hubieran admitido en su compañía todo ese tiempo, a una Yolanda ajena a los hechos, sin ninguna razón plausible.

Por tanto, no sólo es que hayan concurrido elementos probatorios valorables en abstracto como de cargo, es que también lo fueron en el caso concreto, debido a que las manifestaciones autoinculpatorias e inculpatorias de los coacusados aparecen corroboradas por el hallazgo de la sustancia en las circunstancias que se ha dicho y por la propia conducta de la acusada. Es por lo que el motivo debe rechazarse.

Como complementario del anterior y por el cauce del art. 849,1º Lecrim, se denuncia aplicación indebida del art. 344 -obviamente se trata del 368- del Código Penal.

Pero el motivo se plantea dando por descontado que debería prosperar el alegado antes y ya examinado. Al no haber sido así, en defecto de esa premisa esencial del razonamiento de la recurrente, este motivo resulta inatendible.

Por último, se ha alegado infracción del art. 66,1ª Cpenal, por falta de motivación bastante de la pena impuesta.

Del examen del quinto de los fundamentos de derecho resulta que la sala condena a Ildefonso a la pena de 5 años de prisión, al estimar que concurre en él la circunstancia de adicción a drogas. Pero castiga del mismo modo a Íñigo , en el que no se dio tal circunstancia. Y, sin embargo, reserva la pena de seis años para la recurrente, con el único argumento de que no es consumidora.

Pues bien, en los hechos declarados probados no se consigna ningún dato que pudiera justificar esa discriminación, con lo que la situación de la última es equiparable a la del segundo de los acusados, lo que hace que debiera dársele el mismo tratamiento en el plano de la penalidad.

Por lo que se refiere a la objeción de defecto de motivación, la lectura del aludido fundamento permite comprobar que, aunque sea de una forma sintética, en él consta que se ha tomado expresamente en consideración la importancia objetiva de la cantidad de droga y su destino y, en conexión con este elemento de juicio, el de la intensidad de la culpabilidad y la peligrosidad de los implicados, que con ese modo de operar denotaban una dedicación al tráfico de cierta entidad. Es por lo que, con la salvedad que se ha hecho constar, el motivo debe desestimarse.

III.