STS, 11 de Febrero de 2002
| Ponente | Manuel Goded Miranda |
| ECLI | ES:TS:2002:866 |
| Número de Recurso | 475/1999 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO? |
| Fecha de Resolución | 11 de Febrero de 2002 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. RAMON TRILLO TORRESD. MANUEL GODED MIRANDAD. JUAN JOSE GONZALEZ RIVASD. FERNANDO MARTIN GONZALEZD. NICOLAS ANTONIO MAURANDI GUILLEN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a once de Febrero de dos mil dos.
Visto por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida por los señores arriba anotados, el recurso contencioso- administrativo que con el número 475/99 ante la misma pende de resolución, interpuesto por Don Bernardo , representado por la Procuradora Doña Elena Beatriz López Macías, contra acuerdo de 4 de noviembre de 1.999 de la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, por el que se decidió el archivo de los escritos de fechas 30 de septiembre y 28 de octubre de 1.999 (legajo 846/1.999). Ha comparecido como parte recurrida el señor Abogado del Estado, en representación y defensa del Consejo General del Poder Judicial.
Por la Procuradora Doña Elena Beatriz López Macías, en nombre de Don Bernardo , se interpuso recurso contencioso-administrativo contra acuerdo de 4 de noviembre de 1.999 de la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, por el que se decidió el archivo de los escritos de fechas 30 de septiembre y 28 de octubre de 1.999 (legajo 846/1.999), el cual fue admitido por la Sala, reclamando el expediente administrativo que, una vez recibido, se entregó a la parte recurrente para que formalizase la demanda dentro del plazo de veinte días, lo que verificó con el oportuno escrito en el que, después de exponer los hechos y alegar los fundamentos de derecho que estimó oportunos, terminó suplicando: se dicte sentencia estimando el presente recurso, declarando nulo y no conforme a derecho el acuerdo recurrido, reconociendo la apertura de expediente por el retraso indebido y prolongado que ha sufrido el recurrente en la tramitación de las Diligencias Previas 981/94 que se siguen ante el Juzgado de Instrucción nº 2 de Gijón, condenando a dicho Juzgado a estar y pasar por ese pronunciamiento y al pago de las costas procesales.
El señor Abogado del Estado, en representación y defensa del Consejo General del Poder Judicial, se opuso a la demanda con su escrito en el que, después de exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos, terminó suplicando: se dicte sentencia desestimando el presente recurso contencioso-administrativo.
Por auto de 12 de mayo de 2.000, confirmado en súplica por auto de 20 de junio del mismo año, se acordó no haber lugar a recibir a prueba el recurso, no estimándose necesaria la celebración de vista pública y acordándose sustanciar este pleito por conclusiones sucintas, se concedió a las partes el término sucesivo de diez días cumplimentándolos con sus respectivos escritos en los que tras alegar lo que estimaron conveniente, terminaron dando por reproducidas las súplicas de demanda y contestación.
Conclusas las actuaciones, para votación y fallo se señaló la audiencia del día 5 de febrero de 2.002, en cuyo acto tuvo lugar su celebración.
Don Bernardo presentó en el Registro General del Consejo General del Poder Judicial (C.G.P.J.) el 1 de octubre de 1.999 escrito de denuncia, en el que exponía que lleva casi un año con una querella criminal, sin haberse hecho ningún tipo de diligencia en la misma, ni llamado a la querellada, ni al compareciente para poder ratificarse, ni a testigos, ni las pruebas que se solicitan en ella. En escrito presentado el 29 de octubre de 1.999, al que acompañó diversa documentación, se refiere a irregularidades en los Juzgados de Gijón y, más concretamente, en el Juzgado de Instrucción número 2.
La Comisión Disciplinaria del C.G.P.J., mediante acuerdo adoptado en su reunión del 4 de noviembre de 1.999, decidió archivar los referidos escritos, por no derivarse de su contenido motivos ni circunstancias que pudieran dar lugar a responsabilidades exigibles por vía disciplinaria, al ser la cuestión planteada de índole jurisdiccional y, por lo tanto, de la exclusiva competencia de los correspondientes Juzgados y Tribunales, cuyas resoluciones sólo pueden ser impugnadas mediante la interposición de los oportunos recursos procesales, en su caso.
Contra dicho acuerdo Don Bernardo ha interpuesto el presente recurso contencioso-administrativo, solicitando en el escrito de demanda que se declare nulo y no conforme a derecho el acto impugnado, reconociendo la apertura de expediente por el retraso indebido y prolongado que ha sufrido en la tramitación de las Diligencias Previas 981/94, que se siguen ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Gijón.
El Abogado del Estado, en representación del C.G.P.J., ha solicitado que se dicte sentencia desestimando el recurso.
Para resolver sobre la pretensión del demandante debemos partir de que en el expediente administrativo consta la presentación de una querella por Don Bernardo , fechada el 13 de abril de 1.998 y turnada al Juzgado número 4 de Gijón. En el escrito de demanda se expresa que, suscitada una cuestión de competencia entre los Juzgados números 2 y 4, se resolvió por auto de la Audiencia Provincial de 11 de marzo de 1.999 en el sentido de que debía decidirse por las normas del reparto de asuntos, remitiéndose por acuerdo de 29 de abril de 1.999 las actuaciones de la querella al Juzgado de Instrucción número 2 de Gijón. Pues bien, en el escrito de denuncia, presentado el 1 de octubre de 1.999, se dice que no se ha practicado ningún tipo de diligencia respecto a la querella, ni llamado a la querellada, ni al querellante para ratificarse, así como no se han practicado las pruebas que se pedían.
El artículo 423.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (L.O.P.J.) establece que toda denuncia sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia en general y de la actuación de los Jueces y Magistrados en particular será objeto, en el plazo de un mes, de informe del Jefe del Servicio de Inspección, quien podrá proponer el archivo de plano, la formación de diligencias informativas o la incoación directa de procedimiento disciplinario.
En el presente caso el objeto de la denuncia incluía una conducta del titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Gijón que, en principio, sin anticipar nada sobre el resultado de la investigación, era susceptible de ser calificada como un retraso injustificado en la tramitación de una querella (artículo 418.10 de la L.O.P.J.). Ni la Comisión Disciplinaria del C.G.P.J., ni ahora la Sala, sabe si ha existido o no retraso, si se han practicado o no diligencias, o si el retraso, caso de existir, era o no justificado, resultando de lo expuesto por el demandante, sin que nada lo contradiga, que la querella se remitió al Juzgado de Instrucción número 2 de Gijón por acuerdo de 29 de abril de 1.999, presentándose la denuncia el 1 de octubre de 1.999.
No se trata en este caso de actuar el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas establecido en el artículo 24.2 de la Constitución, que en la demanda se invoca, ya que dicho derecho es independiente de la responsabilidad personal del Juez o Magistrado, que ha de resultar del volumen de trabajo que pese sobre el órgano jurisdiccional y de las demás circunstancias concurrentes en el caso (cfr. sentencia del Tribunal Constitucional 81/1.989, de 8 de mayo).
Lo que debe conocerse para archivar o no el escrito de denuncia del demandante es si se han practicado o no alguna clase de diligencias en relación con la querella que se hizo valer, si ha existido o no retraso en la tramitación y, en el supuesto de que se hubiese producido retraso, si se encuentra o no justificado.
La Comisión Disciplinaria del C.G.P.J., al acordar el archivo de plano de los escritos presentados, sin una comprobación de los hechos denunciados, ha infringido el artículo 423.2 de la L.O.P.J., que imponía en este supuesto la apertura de unas diligencias informativas, debiendo practicarse en ellas las actuaciones que se estimen oportunas para realizar la aludida comprobación.
En razón de lo expuesto, debemos estimar en parte el recurso contencioso-administrativo promovido por Don Bernardo , anulando el acuerdo impugnado y ordenando que la Comisión Disciplinaria del C.G.P.J. abra diligencias informativas, con la finalidad anteriormente señalada.
No se aprecian motivos que den lugar a una especial imposición de costas.
Debemos estimar y estimamos en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de Don Bernardo contra acuerdo de 4 de noviembre de 1.999 de la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, por el que se decidió el archivo de los escritos de fechas 30 de septiembre y 28 de octubre de 1.999 (legajo 846/1.999), acuerdo que anulamos y dejamos sin efecto por ser contrario a derecho, y ordenamos que la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial decida la apertura de diligencias informativas respecto a la denuncia presentada por Don Bernardo , practicando las actuaciones que se consideren oportunas para la comprobación de los hechos denunciados; sin efectuar especial imposición de costas.
Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgado, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado-Ponente, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo que como Secretario, certifico.
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SAN 7/2018, 20 de Septiembre de 2018
...bastará con que la misma la preste el Jefe de Servicio del Organismo oficial o cualquier otro que le represente, no siendo necesario ( s TS 11/02/2002) que concurran dos peritos, ni quienes realizaron materialmente cada una de las actividades analíticas. La comparecencia de perito diferente......