STS, 20 de Noviembre de 1998

Entiende la parte demandante que el fallo de primer grado concedió 4.409.985 pesetas, siendo así que debió haber otorgado 6.905.184 pesetas y cita la prohibición de la doctrina de reformatio in peius, que impide al órgano de alzada, agravar la situación del apelante único.

Sostiene, asimismo, que la cantidad procedente por responsabilidad civil era la de 6.905.184 pesetas e interesa igualmente la condena en intereses del 20% a la aseguradora y en cuanto a las costas, postula que deben señalarse de oficio, a reserva de su posterior reclamación como daño a consecuencia del error invocado.

En definitiva, que el escrito de demanda de error judicial contiene tres diferentes peticiones, que deben ser examinadas por separado.

Para resolver la primera petición, en la que se fundamenta la existencia del error judicial en el aspecto cuantitativo, deben señalarse los siguientes datos fácticos: A) a) Con motivo de un accidente de tráfico producido sobre las 20'52 horas del día 21 de mayo de 1994 en término de Sopelana, por un choque frontal y lateral entre el turismo, matrícula PU-....-UYy la motocicleta, matrícula JO-....-JHen la confluencia de las calles Errotabarri y Akilino Arriola, se tramitaron por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Getxo Diligencias Previas 951/94.

2. La hoy demandante viajaba en el asiento trasero, de la citada motocicleta que era conducida por Juan Luis, y resultó con lesiones.

3. En dicho procedimiento se formularon escritos de denuncia por Juan Luisy por la hoy demandante, Carina, contra el conductor del automóvil, Simóny ello determinó la reapertura del procedimiento por auto de 22 de julio de 1994.

4. En la declaración de la hoy demandante, para ratificar su denuncia el día 12 de septiembre de 1994, afirmó no poder aportar informes médicos por estar esperando el resultado de una prueba de resonancia.

5. El informe médico forense de 8 de noviembre de 1994 hacía constar que las lesiones sufridas consistían en un esguince de ligamento lateral interno de rodilla derecha que fué inmovilizado durante treinta días, apareciendo tras la retirada de la inmovilización, dolor en dicha rodilla, que explorada por resonancia magnética no apareció una base lesional objetiva y tras el tratamiento rehabilitador se puede considerar que transcurridos 135 días, existe una estabilización lesional habiendo estado curada con persistencia de dolor de rodilla y habiendo estado incapacitada esos días para sus ocupaciones habituales, ha curado con persistencia de dolor de rodilla derecha la cual presenta un discreto cajón anterior y dolor a la palpación en línea articular, sugerente de lesión meniscal.

6. Por auto del Juzgado de 15 de diciembre de 1994 se declaró falta el hecho y señalado el juicio para las 13 horas del 6 de marzo de 1995, en dicho acto, Carina, a través de su letrado Sr. Sarmiento, solicitó la suspensión de la vista en virtud de la nueva documentación que aportaba en el acto, acordándose así por S.Sª.

7. En el Informe médico forense de 11 de diciembre de 1995 se hizo constar, que fue atendida después en el Instituto Dexeus y tras un nuevo tratamiento se le realiza una artroscopia de rodilla derecha el 8 de mayo de 1995 y después de otro tratamiento, el 26 de septiembre de 1995 tuvo un resultado favorable, estabilizándose hasta el 29 de noviembre que se consideró la evolución imprevisible y la lesionada decidió abandonar el tratamiento.

2. Se señaló de nuevo para juicio de faltas, citándose como denunciante a Carina, como denunciado Simón, responsables civiles Mapfre y Almudenay como testigos Juan Luisy Felipe, y en el acto del juicio que tuvo lugar el 11 de marzo de 1996, Carinamantuvo la denuncia y reclamó 7.755.862 pesetas, por los siguientes conceptos: Por baja 3.944.000 pesetas, por secuelas 2.764.168 pesetas y por gastos acreditados, según consta en minuta escrita, que aparece en un sobre adjunto al juicio, los datos siguientes: Hasta mayo de 1995. Desplazamientos al Juzgado 11.925 pts. Consultas en Barcelona 11.830 pts. Rehabilitación, médico, radiología y Farmacia 83.733 pts. Desperfectos de indumentaria 86.500 pts. y posterior a mayo/95 consultas e intervenciones 434.733 pts. Rehabilitación 249.000 pts., Farmacia 66.033 pts, taxis, autobuses y comidas 103.950 pts. Solicitaba asimismo el 20% desde la fecha del siniestro por parte de la Aseguradora.

Dicha parte perjudicada y ahora promoviente de la demanda de error judicial imputó a Simón, como autor de una falta del art. 585 bis del Código Penal postulando la privación del carnet de conducir por dos meses, cien mil pesetas de multa y las referidas indemnizaciones, señalando la responsabilidad civil subsidiaria de Almudenay directa de Mapfre.

El Letrado del denunciado Simónsolicitó la libre absolución de su representado y subsidiariamente pena mínima del art. 506 bis del Código Penal.

El Juez de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Getxo dictó sentencia con fecha de 15 de marzo de 1996, en cuyo encabezamiento figuraba como perjudicada Carina, denunciado, Simón, responsables civil subsidiario, Almudenay responsable civil directo, Mapfre Mutualidad de Seguros, apreciando una concurrencia de culpas del denunciado y del conductor de la motocicleta, citado de testigo y que acudió al juicio con tal carácter y al que se instruyó de las penas del falso testimonio en causa penal -folio 181-. Se trataba de Juan Luis.

Ciertamente la sentencia condena a Simóncomo autor de una falta del art. 586 bis del Código Penal y señala de indemnización 3.434.787 pesetas, pero en el fundamento de Derecho tercero, aplica la concurrencia de culpas y, como consecuencia, por los 493 días de incapacidad fija 1.972.000 pesetas, por las secuelas 1.000.000 y por gastos, rechaza de los gastos hasta mayo de 1995, la de traslados al Juzgado y la de desperfectos de indumentaria por figurar a nombre del novio y testigo, Juan Luis.

Respecto a las otras cantidades, señala que sólo se aportan facturas por 42.338 pts. de gastos de Farmacia, aunque se reclaman 66.033 pts. En resumen, considera acreditados gastos por importe de 925.574 pts., que deberán ser indemnizados a la denunciante en la cantidad de 462.787, una vez aplicada la reducción del 50%. O sea, aplica la rebaja del 50% por aplicación de la concurrencia de culpas.

Con independencia del grave defecto de la condena implícita, a un testigo, al que se ha tomado promesa o juramento como tal, citado con dicho carácter de tercero para emitir su testimonio y que, por otra parte no puede recurrir, al no haber sido acusador o acusado, la resolución del Juzgado da los siguientes datos:

-Las 3.944.000 pts. por 493 días de incapacidad (por error el fundamento jurídico tercero dice 439) se convierten en 1.972.000 pts., lo que supone la reducción del 50% por la concurrencia de culpas, ya que el Juez no cuestiona, como podía haber hecho, la cuantía de 8.000 pts. diarias.

-La indemnización por secuelas -solicitadas 2.764.168- se ha reducido a 1.000.000, aplicada la reducción del 50%, por lo que estima 2.000.000 y rechaza las 764.168 pts.

-En cuanto a las indemnizaciones por gastos, desglosadas hasta mayo/95 y posteriores a mayo de 1995 deben consignarse que hasta mayo/1995, se rechazan las cantidades de traslados al Juzgado, como concepto no indemnizable y los desperfectos en la indumentaria, lo que supone un total de exclusión de 88.425 pts.

-Por gastos posteriores se reducen los gastos de Farmacia a 42.338 pts., lo que supone una minoración de 112.120 pts. Así concede el 50% de esta partida 462.787 pts.

-El fundamento jurídico cuarto niega el interés del 20% anual desde la fecha del accidente y fija sólo los intereses del art. 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, porque consignó la aseguradora la cantidad de 4.451.000 pts, incluso superior a la señalada en la sentencia y realizada antes de los tres meses del alta definitiva.

A) Carinarecurrió la sentencia del juicio de faltas y fue respecto a ella la única impugnante. Combatió en su recurso la tesis de la resolución de primer grado relativa a que en el siniestro existió concurrencia de culpas, atribuyéndola exclusivamente al condenado, destacando que el motorista no había sido parte formal en los autos, ni él ni su aseguradora fueron parte en el juicio de faltas, tan sólo fue citado como testigo, fue denunciante de los hechos y citado como testigo. Puso igualmente el acento en negar la concurrencia de culpas y en que no habría compensación, sino condena solidaria. Señaló, asimismo, que las cantidades reclamadas resultaban correctas.

Destacó que algunas partidas fueron rebajadas. Así las 2.764.168 pts. por secuelas, no explicitándose el porqué de tal reducción. Admite las lesiones y las cuantifica en 2.000.000 de pesetas.

Con relación a los gastos, se afirma el rechazo de 11.925 pts. por desplazamientos al Juzgado, que se acreditaron, y que el juzgador declaró no computables.

Otro tanto ocurre con los gastos de Farmacia reducidos a 42.338 pts. en lugar de las 66.033 reclamadas, estimando un error del juzgador. Las 86.500 pts. por desperfectos en la indumentaria que son rechazadas en base a figurar a nombre de su novio y conductor de la motocicleta y que aunque él las comprara se las regaló y las llevaba puestas. Denunció, asimismo, la inaplicación de la Disposición Adicional 3ª de la Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio, referente al interés del 20%.

2. Dicho recurso fué impugnado por el Letrado defensor de Mapfre Mutualidad de Seguros y de Simóny Almudena, apuntando a la culpa del motorista e impugnando las distintas partidas, no estimando acreditados los gastos de desplazamiento, ni los recibos a nombre de tercero.

   Por último, la inaplicación del 20% a cargo de la Aseguradora.

3. La sentencia de apelación del Magistrado de la Audiencia Provincial 319/96, de 23 de septiembre, acepta íntegramente los hechos probados de la resolución de primer grado, pero estima que la culpa se centra exclusivamente en el conductor del turismo. Concedió por las secuelas 2.000.000 de pesetas y la cantidad de 66.023 por gastos de Farmacia, por haber quedado acreditados dichos gastos y, asimismo, los gastos de desplazamiento al Juzgado -11.925 pts.- pero rechaza los gastos de deterioro de indumentaria por presentar facturas que no están a nombre de la perjudicada. Señala, en fin, una indemnización a la perjudicada de 4.049.985 pts.

   Niega la condena del 20% a cargo de la Aseguradora por haberse realizado la consignación por la Compañía de Seguros.

4. Por escrito de la recurrente de 23 de octubre de 1996 se solicitó aclaración de sentencia estimando que el fallo debía conceder, en virtud de la argumentación, 7.669.362 pts., y continuaba la aplicación, ahora del 20% de la diferencia entre esta suma y la cantidad consignada.

   El auto de 5 de noviembre de 1996 estimó que no había lugar a la aclaración solicitada. Tan sólo en el único fundamento jurídico, impropiamente motejado de primero, señala con relación a lo expresado que las cantidades reclamadas son correctas, es el título del apartado del motivo del escrito de aclaración de la solicitante.

   Interpuesto por dicha parte recurso de súplica por escrito de 9 de noviembre de 1996, fue desestimado por proveído de 14 de dicho mes y año.

5. Por escrito de la perjudicada de 13 de diciembre de 1996 se solicitó se le entregaran las cantidades consignadas en su día por la Aseguradora y se practicara la tasación de costas e intereses a su favor. Por providencia de 30 de diciembre de 1996 se acuerda la entrega en concepto de indemnización de la cantidad de 4.049.985 pts, y que se extenderá por el resto de la suma consignada mandamiento de devolución a Mapfre.

La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en cumplimiento de lo ordenado en el art. 121 de la Constitución, ha configurado diversos mecanismos dentro del Título V de su Libro III, dedicado a "la responsabilidad del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia" (arts. 292 a 297, ambos inclusive, destinados a que se produzca el efecto del resarcimiento patrimonial en los dos supuestos contemplados en su art. 292: el error judicial o el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia).

Tiene declarada la doctrina de esta Sala, en su sentencia de 15 de febrero de 1991, que «el art. 121 de la Constitución, y los preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial en que se desarrolla y completa, cierran el sistema de garantías del justiciable frente a los perjuicios que pueda reportarle el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia o los causados por error judicial, entendiendo por tal aquel desajuste o patente desarmonía entre la resolución judicial y la realidad fáctica o la normativa legal aplicada, error de hecho o de derecho pero siempre objetivo e incontrovertible>>, añadiendo la de 14 de junio de dicho año que «la Ley Orgánica del Poder Judicial, en sus artículos 292 y siguientes, ha dado cumplimiento y desarrollo a la norma constitucional representada por el artículo 121 de la Constitución Española, innovadora en gran medida, en este sentido, estableciendo un sistema en el que se ofrecen al ciudadano y a las personas jurídicas, caminos para obtener la reparación de los perjuicios que puedan derivarse del desenvolvimiento y dinámica de los servicios públicos y, en este caso, como dice la sentencia de 2 de abril de 1990, del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia.

Ello, no obstante, no es correcto identificar error judicial con

discrepancia de las decisiones de los órganos judiciales correspondientes, frente a las posiciones o criterios que se consideran, dentro de la amplia relatividad en la que se mueven las normas jurídicas (Cfr. artículo 3.1 del Código Civil respecto a la realidad social) como más generalmente admitidos y aceptables. Es por ello por lo que se viene exigiendo, para que prospere la demanda por error judicial, la concurrencia de los siguientes requisitos:

1. Un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o a un grupo de personas. b) El agotamiento de todos los recursos que el ordenamiento tenga establecidos para el caso debatido, y c) Que el daño sea consecuencia de la actividad jurisdiccional originada por un desajuste objetivo, patente e indudable con la realidad fáctica o con la normativa legal, error de hecho o de derecho causado, el primero, por unos hechos radicalmente distintos de aquéllos a que llevan las bases de que se partió para obtenerlos, causado el segundo, por aplicar a estos un precepto legal inadecuado, no aplicar el que corresponde o interpretarlo de forma absolutamente inadecuada, equivocaciones flagrantes que pueden afectar al fondo o a la forma, esto es, que pueden consistir en errores in iudicando o in procedendo -sentencias de 3 y 5 de noviembre de 1987, 16 de mayo y 6 de junio de 1989 y 9 de julio de 1990).

Cuanto queda dicho conduce a determinar que sólo existe error judicial, en el sentido técnico al que nos venimos refiriendo, que es el que en este momento interesa, cuando el Juzgador o Tribunal hubiere actuado abiertamente fuera de los cauces legales, partiendo de unos hechos distintos de los que fueron objeto del debate y sobre los cuales el Juzgador haya podido tener un conocimiento equivocado por causas extraprocesales, destacándose así el error judicial, de manera absoluta e incondicionada, con perfiles autónomos y diferenciado de forma inequívoca y precisa, de lo que en otro caso podría configurarse como tercera instancia o como una subespecie de

recurso de casación, al rechazarse, en esta vía específica jurisdiccional, todo cuanto pueda suponer una contemplación subjetiva de la parte respecto de los hechos, distinta de la configurada por el Juzgador o en relación con interpretaciones más o menos conformes con los criterios del recurrente respecto a las leyes materiales -sentencia de 13 de abril de 1988-.

La relatividad del Derecho y de las posibilidades diversas en

orden a llegar al verdadero sentido y alcance de una determinada norma, dentro de lo que pueden considerarse criterios razonables, impiden calificar de error judicial a aquellas decisiones por el hecho de no ajustarse a lo que ha de ser considerado como entendimiento más autorizado o más general, conforme a la doctrina jurisprudencial o científica.

Esto es lo que ha conducido a perfilar una noción jurisprudencial

de error judicial que lo identifica con toda decisión o resolución dictada por los órganos de la Administración de Justicia equivocadas, como ya se anticipó, con un error palmario, patente, manifiesto, indudable y del que no puede hacerse cuestión por su equivocidad, de un modo objetivo, de naturaleza fáctica o jurídica -sentencia de 16 de mayo de 1989->>

A la vista de dicha doctrina hay que concluir el error de ambas resoluciones de juicio de faltas. La de primer grado, por aplicar una concurrencia de culpas, condenando implícitamente a persona que no había acudido a tal acto como imputado, sino como testigo.

En cuanto a la resolución de alzada porque señala la cantidad de 4.049.985 pts. como indemnización y provoca una reformatio in peius a la recurrente única.

La perjudicada había postulado 7.755.862 pts. desglosándose así: Por baja 3.994.000 pts., lo que supone por 493 días de baja a razón de una indemnización diaria de 8.000 pts.

Se ha señalado por el Ministerio Fiscal que la hoja obrante al folio 27 de estos autos de error judicial, intitulada "Reclamación efectuada por la perjudicada Carina", no figuró en el juicio de faltas, pero se encontraba en un sobre con toda la documentación de tal lesionada y así se encontró por esta Sala al abrir tal sobre.

El Juzgado de Instrucción concede el 50% por aplicación de la concurrencia de culpas y por tanto 1.997.000 pts., aunque por error señala en su fundamento jurídico tercero 1.972.000. La sentencia de apelación suprime la concurrencia de culpas. En cuanto a las secuelas, la perjudicada postuló 2.764.168 pts, que el órgano de primer grado redujo a 1.000.000 (por la reducción del 50% de concurrencia de culpas). El Magistrado de la Audiencia señala 2.000.000, porque suprime la concurrencia de culpas.

Finalmente, en cuanto a gastos en cantidades reclamadas hasta mayo/1995, rechaza el concepto de traslados al Juzgado y los de deterioro de indumentaria (11.925 y 86.500 pts.) y en los posteriores a mayo de 1995, reduce la cantidad de gastos de Farmacia de 66.033 pts. a 42.338 pts. En resumen, que concede por el 50% de tales conceptos 462.787 pts.

La Audiencia fija como correctos los gastos de Farmacia en la cantidad de 66.033 pts. y los desplazamientos de 11.925 pts.

Si la sentencia de Getxo otorga 3.434.787 por tan sólo el 50%, la de la Audiencia debiera haber otorgado el doble mas 11.925 pts. y la diferencia entre 66.033 y 42.338 pts., o sea un total de 6.902.202 pts.

Mas en lugar de ello, concede tan sólo y no como mitad o 50%, sino por el total 4.049.985 pts., por lo que ha perjudicado a la apelante en 2.852.217 pts. Aquí no se puede tratar, si debió otorgarse los gastos de ropa y otros extremos excluidos bién por las resoluciones citadas y que no implican error alguno subsanable en esta vía excepcional.

Como el ámbito del juicio de apelación no coincide estrictamente con el de primer grado, ya que viene determinado tan sólo por la pretensión impugnatoria y por la prohibición de la reformatio in peius que impide al órgano de apelación modificar el fallo recurrido en perjuicio del apelante, cuando éste es el único recurrente -ver, por todas, las sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 4 de abril de 1991, 9 de enero de 1992, 1027/1994, de 17 de noviembre, 562/1995, de 9 de junio, 505/1997, de 10 de junio, 25 de junio de 1997, y 388/1998, de 30 de abril-. La de 21 de febrero de 1995, con referencia a la precedente de 10 de diciembre de 1990, define la reformatio in peius como la agravación del fallo en perjuicio del apelante cuando su oponente no recurre ni se adhiere a la apelación.

Como ello es lo acaecido con la sentencia de apelación dictada por el Magistrado de la Audiencia Provincial, debe ser estimado el error judicial y perjudicial para la solicitante en el sentido expuesto en su cuantificación en el precedente fundamento de Derecho.

La petición que se formula en la demanda de error judicial de la condena de intereses de la cantidad reclamada al 20% anual no es propia de error judicial, porque ambas resoluciones de primera instancia y alzada coinciden en su denegación y ello no implica que tales órganos jurisdiccionales hayan actuado fuera de los cauces legales y partiendo de hechos diferentes a los constitutivos del debate.

La Disposición Adicional Tercera de la Ley Orgánica de 21 de junio de 1989, de Actualización del Código Penal, señala al respecto que "las indemnizaciones que deban satisfacer los aseguradores como consecuencia del seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos de motor, devengarán un interés anual del 20 por 100 a favor del perjudicado desde la fecha del siniestro si no fueren satisfechas o consignadas judicialmente dentro de los tres meses naturales siguientes a aquella fecha". Tal precepto resulta aplicable tanto a los procesos civiles como a los penales y abarca las dos clases de seguro, tanto el de suscripción obligatoria como voluntaria y su parentesco con lo dispuesto en el art. 20 de la Ley de Contrato de Seguro de 8 de octubre de 1980, es más que notable, si bien en un caso se trata de una deuda de suma y en otro de deudas de valor y constituye una cláusula de presión sobre el deudor, cláusula suasoria y de reforzamiento del crédito.

Pero es opinión general que no puede recaer sobre el asegurador una sanción cuando se desconocen las dañosas consecuencias del siniestro, porque otra solución conduciría a conceder unos notorios intereses sin motivo razonable. Pues si bien, los daños materiales son fácilmente determinables, pero tratándose de lesiones con sus secuelas e incapacidades, resulta no sólo difícil, sino hasta imposible a la Aseguradora la posibilidad de determinación del quantum pues muchos de tales conceptos no se han perfilado en el plazo de tres meses. No se puede mandar lo que no puede cumplirse. Y no se explica cómo pudiera consignar la cantidad resultante la Aseguradora. Esta consigna el 19 de febrero de 1996 la suma de 4.451.000 pesetas -folio 176 de las Diligencias previas-. El juicio de faltas se produce el 11 de marzo de 1996, pero en un escrito del letrado de la perjudicada de 4 de marzo de tal año se señala la complejidad de la sanidad de ésta y la necesidad de que comparezca un Médico forense. En dicho juicio de faltas es donde se concretaron sus peticiones por diversos conceptos.

Mas, como en todo caso, tal deducción no supone error alguno, sino auténtica hermenéutica, el punto éste de reclamación no puede ser acogido en esta vía procesal.

Solicita la parte promoviente que se declaren de oficio, a reserva de su posterior reclamación como daño, las costas, pero se olvida que las dos pretensiones de error, diferentes, una tan sólo afectante a la Aseguradora y basada en intereses, no es constitutiva de error y ha sido desestimada, por lo cual, tanto de acuerdo a lo señalado en el art. 293 de la Ley Orgánica del Poder Judicial apartado e), como lo señalado en el art. 1809 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no debe existir condena en costas, ni su posible reclamación como daño.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de aplicación al caso.III.