STS 220/1996, 25 de Marzo de 1996

En relación con un accidente de muerte por electrocución, del que luego se hablará en la medida de lo posible, Dª Guadalupey sus hijos D. Fernando, D. Jose Ramón, D. Manuel y D. Jose Manuel(viuda e hijos, respectivamente, de D. Raúl, fallecido en el referido accidente) promovieron contra la entidad mercantil "Las Monjías, S.A." el proceso (juicio declarativo de menor cuantía) de que este recurso dimana, en el que, ejercitando acción de responsabilidad por culpa extracontractual, postularon se dicte sentencia por la que (según se dice textualmente en el "petitum" de la demanda) "se condene a la demandada a pagar a cada uno de mis representados las distintas sumas que, en concepto de indemnización de daños y perjuicios, se fijen resultante de la prueba que se practique, o que, subsidiariamente, se determine en ejecución de sentencia". La entidad demandada adujo, en primer lugar, la excepción de prescripción de la acción y, luego, se opuso a la demanda, en cuanto al fondo, alegando que no había incurrido en culpa o imprudencia alguna en la producción del accidente por electrocución, en el que murió el esposo y padre, respectivamente, de los demandantes.

La sentencia de primera instancia declaró producida la prescripción de la acción ejercitada y, en consecuencia, desestimó la demanda y absolvió a la entidad demandada de todos los pedimentos de la misma.

En el correspondiente recurso de apelación, interpuesto por los demandantes, recayó sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz, por la que, revocando la de primera instancia, desestimó la excepción de prescripción de la acción y, entrando a conocer del fondo del asunto (aunque de la forma incompleta que luego se dirá), estimó la demanda y condenó a la demandada "al pago a Dª Guadalupela cantidad de catorce millones de pesetas (14.000.000) a D. Fernando, D. Jose Ramóny D. Claudiola de 2 millones de pesetas a cada uno de ellos y a D. Jose Manuella de tres millones de pesetas más intereses legales de demora."

Contra la referida sentencia de la Audiencia, la demandada entidad mercantil "Las Monjías, S.A." ha interpuesto el presente recurso de casación, que articula a través de tres motivos.

Ante todo, ha de puntualizarse que los dos primeros motivos del recurso aparecen formulados por el cauce procesal del ordinal quinto del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero como dicho recurso fué formalizado ante esta Sala el día 16 de Julio de 1992 y, por tanto, después de la entrada en vigor de la Ley 10/1992, de 30 de Abril, de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, que se produjo el día 6 de Mayo de 1992, los dos expresados motivos debieron haber sido articulados con sujeción a la reforma introducida por dicha Ley, según establece la Disposición Transitoria Segunda de la misma, por lo que los mismos han de entenderse formulados al amparo del ordinal cuarto del citado artículo 1692 (en su nueva redacción dada por dicha Ley) y no por el ordinal quinto de ese mismo artículo (en su redacción anterior a la citada reforma), como equivocadamente hace la entidad recurrente.

Aunque la sentencia recurrida (como luego habremos de decir al examinar alguno de los otros dos motivos) no expresa, ni siquiera en forma indirecta o implícita, cuáles son los hechos que considera probados, en cuanto determinantes o constitutivos de la culpa o imprudencia que dice apreciar en la conducta de la entidad demandada, sin embargo existen en la referida sentencia los presupuestos fácticos suficientes para poder examinar y resolver el motivo primero. Dichos presupuestos fácticos son los siguientes: 1º Con relación a tales hechos que, repetimos, la sentencia recurrida no dice cuáles fueron o en qué consistieron, aunque sí que ocurrieron el día 2 de Noviembre de 1988, el Juzgado de Instrucción número Tres de Badajoz instruyó las correspondientes actuaciones penales (Diligencias Previas número 1785/88), en las cuales el referido Juzgado hizo el correspondiente ofrecimiento de acciones (artículo 109 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) solamente a D. Fernando, mayor de edad (uno de los cuatro hijos del fallecido D. Raúl), sin que hiciera tal ofrecimiento de acciones, ni a la viuda Dª Guadalupe(por sí misma y, además, como representante legal de uno de sus hijos que, en dicha fecha, era menor de edad), ni a los otros dos hijos mayores de edad.- 2º Mediante auto de fecha 9 de Noviembre de 1988, el Juzgado de Instrucción número Tres de Badajoz acordó el archivo de las referidas Diligencias Previas, por estimar que los hechos objeto de las mismas no eran constitutivos de infracción penal.- 3º El referido auto fué notificado al Ministerio Fiscal, el cual, con fecha 14 de Noviembre de 1988, devolvió las actuaciones al Juzgado con la fórmula de "Visto".- 4º El mencionado auto no fué notificado a la viuda, ni a los hijos del fallecido D. Raúl, por no hallarse los mismos personados en las aludidas actuaciones penales.- 5º El día 21 de Diciembre de 1990 los actores (la viuda y los cuatro hijos del fallecido D. Raúl) presentaron, a reparto, en el Decanato de los Juzgados de Primera Instancia de Badajoz la demanda iniciadora del proceso al que se refiere este recurso.

La sentencia aquí recurrida, como ya se tiene dicho, desestimó la excepción de prescripción de la acción, que había aducido la entidad demandada, para lo cual se basa, en esencia, en que al no haber el Juzgado de Instrucción hecho el ofrecimiento de acciones que preceptúa el artículo 109 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a todos los perjudicados por la muerte de D. Raúl(ni a su viuda, por sí misma y como representante legal de uno de sus hijos que, en la fecha de autos, era menor de edad, ni a los otros dos hijos mayores de edad), se les privó del derecho a personarse, en dicha calidad de perjudicados, en las referidas actuaciones penales (Diligencias Previas número 1785/88).

A combatir dicho pronunciamiento desestimatorio de la referida excepción de prescripción de la acción se orienta el motivo primero, con la residencia procesal ya dicha (ordinal cuarto del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, según su redacción actualmente vigente), por el que se denuncia textualmente "infracción de normas del ordenamiento jurídico aplicables para resolver la cuestión objeto de debate. En concreto, se denuncia la infracción de los arts. (sic) 1968, 2 CC en su sentido positivo de infracción por interpretación errónea" y en cuyo extenso y complejo alegato la entidad recurrente viene a aducir, en esencia, que en las Diligencias penales, que se tramitaron con relación a estos mismos hechos, con fecha 9 de Noviembre de 1988 el Juzgado de Instrucción dictó auto de archivo de las mismas por no ser los hechos constitutivos de infracción penal, desde cuya fecha, dice la recurrente, debe iniciarse el cómputo del plazo de prescripción de la acción civil de responsabilidad por culpa extracontractual ejercitada en este proceso, ya que, al no haberse personado los allí perjudicados, y aquí actores, en dichas Diligencias Penales, agrega la recurrente, no había que notificarles el referido auto de archivo, por lo que concluye que desde la fecha de dicho auto (9 de Noviembre de 1988) hasta la de presentación de la demanda iniciadora de este proceso (21 de Diciembre de 1990) había transcurrido con exceso el plazo de un año que para la prescripción de la acción ejercitada establece el artículo 1968-2º del Código Civil.

El expresado motivo ha de ser desestimado por las siguientes razones: 1ª Como el Juzgado de Instrucción que tramitó las correspondientes actuaciones penales con relación a estos hechos (Diligencias Previas número 1785/88 del Juzgado de Instrucción número Tres de Badajoz) no hizo el preceptivo ofrecimiento de acciones (artículo 109 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) a la viuda Dª Guadalupe(por sí misma y, además, en representación de uno de sus hijos, llamado Jose Manuel, que era menor de edad), ni a dos de los hijos mayores de edad (D. Jose Ramóny D. Claudio), les privó del derecho a personarse en dichas actuaciones penales como perjudicados, por lo que no puede alegarse que el auto de archivo de las referidas actuaciones no se les notificó al no hallarse personados, ya que dicha falta de personación no es imputable a los aludidos perjudicados, al no haberles sido dada la posibilidad de hacerlo, mediante el preceptivo ofrecimiento de acciones, que el Juzgado de Instrucción debió hacer y no hizo.- 2ª Aunque hubiera sido hecho el referido ofrecimiento de acciones a todos los referidos perjudicados (cosa que solo se hizo, en el presente caso, con respecto a uno de los hijos mayores de edad, llamado D. Fernando), la circunstancia de no haberse personado en las referidas actuaciones penales (que era un derecho que les correspondía, pero no un deber), tampoco dispensa al Juzgado de instrucción de notificar a los perjudicados el auto de archivo de las actuaciones penales, como presupuesto previo e ineludible para que pudiera iniciarse el cómputo del plazo de prescripción de la acción civil correspondiente (en este caso, la de responsabilidad por culpa extracontractual), pues el Tribunal Constitucional (en Sentencia número 220, de su Sala Segunda, de fecha 30 de Junio de 1993, que estimó un recurso de amparo contra una sentencia de esta Sala, en caso similar al que aquí nos ocupa) tiene declarado que "subsistiendo la llamada acción civil derivada de delito por no haberse (sic) renunciado a la misma el perjudicado, y no habiéndose éste personado en el proceso penal, los órganos judiciales han de proceder a la notificación de la providencia de archivo de las actuaciones penales; pues en otro caso, la ausencia de esta notificación es susceptible de efectuar (sic) negativamente, como aquí ha ocurrido, al derecho constitucional de la perjudicada de acceder al proceso en el orden civil y hacer valer sus pretensiones para la reparación del daño sufrido".

Por tanto, hemos de concluir que al no haberse notificado a los perjudicados (demandantes en este proceso) el auto de archivo de las actuaciones penales (Diligencias Previas número 1785/88), el "dies a quo" para el cómputo del plazo de prescripción de la ejercitada acción civil de responsabilidad por culpa extracontractual (número 2º del artículo 1968 del Código Civil), no puede ser el de la fecha de dicho auto de archivo, como aquí pretende el recurrente, sino aquél en que, según se pruebe en el proceso, los referidos perjudicados tuvieron, por otro medio, real y efectivo conocimiento de la existencia del repetido auto de archivo, lo que aquí no se ha probado que tuviera lugar con anterioridad superior en un año al día en que promovieron este proceso civil, pues lo único que aquí aparece probado es que en el "Hecho" número 4 de la Resolución de fecha 13 de Junio de 1990, dictada por la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, en Badajoz, se dice textualmente que "se presentó por los beneficiarios del trabajador fallecido fotocopia compulsada del auto dictado por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz, por el que se acuerda el archivo de actuaciones, al no constituir de hecho (sic) infracción penal", pero como no costa acreditada en este proceso la fecha en que los perjudicados obtuvieron la referida fotocopia del auto de archivo o en la que la aportaron al expediente administrativo que tramitó la referida Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, en Badajoz, hemos de estar a la fecha de la citada Resolución, por ser la única que aquí consta con certeza, y desde la misma (13 de Junio de 1990) hasta la de presentación de la demanda iniciadora de este proceso (21 de Diciembre de 1990) es evidente que no ha transcurrido el plazo de un año.

Por todo lo expuesto, el presente motivo primero, como ya se dijo al principio, ha de ser desestimado.

Razones de estricta metodología casacional aconsejan invertir el orden de estudio de los dos restantes motivos y hacerlo antes por el tercero, pues de ser estimado el mismo, devendría improcedente el examen del segundo. Por dicho motivo tercero, con residencia procesal en el ordinal tercero del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se denuncia textualmente "infracción de las normas reguladoras de la sentencia. En concreto, se denuncia la infracción del art. 24.1 y 120.3 CE y 248.3 LOPJ en su sentido negativo de inaplicación en cuanto no se ha respetado el derecho a una sentencia motivada". En el alegato integrador de su desarrollo, después de transcribir un fragmento de una sentencia (cuya fecha no expresa) del Tribunal Constitucional, en la que se expone la doctrina acerca de la motivación de las sentencias y de citar, por sus fechas, otras del mismo Tribunal, la entidad recurrente viene a aducir, en esencia, que la sentencia aquí recurrida no está adecuadamente motivada, por cuanto no expresa cuáles son los presupuestos fácticos sobre los que, aplicando el artículo 1902 del Código Civil y la jurisprudencia que lo interpreta, basa la calificación que hace como de culposa o negligente de la conducta de ella (la entidad demandada, ahora recurrente).

Para la adecuada resolución del expresado motivo, ha de dejarse, en principio, constatado que, efectivamente, la sentencia aquí recurrida no sólo no declara cuáles son los hechos que considera probados, sino que ni siquiera hace la más mínima referencia a la forma en que ocurrieron tales hechos, ni dice en qué consistieron los mismos, sin que, por otro lado, quepa tampoco la posibilidad de pensar que acepta los de la sentencia de primera instancia, pues ésta, al haber estimado la excepción de prescripción de la acción ejercitada, tampoco contiene declaración alguna de los hechos que considera probados, ni insinúa siquiera la forma de producirse los mismos.

Sobre la base de tan notoria, como lamentable, premisa, el motivo ha de ser estimado, ya que sin dejar de ser cierto que las sentencias del orden civil no tienen que dedicar uno o varios párrafos o fundamentos separados para la consignación o relación de los hechos probados, según tiene reiteradamente declarado esta Sala (Sentencias de 22 de Febrero, 14 de Abril, 8 de Junio y 6 de Octubre de 1988, 28 de Junio de 1990, 5 de Febrero de 1991, 7 de Marzo y 17 de Julio de 1992, entre otras muchas), no lo es menos que los juzgadores de la instancia han de fijar concretamente, aunque lo hagan a través de los distintos fundamentos jurídicos de su sentencia, cuáles son los hechos, de entre los alegados por las partes y debatidos en el proceso, que consideran probados, al constituir ellos la premisa fáctica ineludible del juicio mental o silogismo correspondiente (la otra de cuyas premisas es la norma jurídica aplicable) para poder obtener, a través del mismo, la conclusión resolutoria adecuada que, dentro de los límites configuradores de la congruencia ("causa petendi" y "petitum" de los respectivos escritos rectores de las partes), decida o resuelva todas las cuestiones de hecho y de derecho debatidas en el proceso, de tal manera que si, como en el presente supuesto ocurre, la sentencia prescinde en absoluto de la previa e ineludible concreción o fijación de los hechos que considera probados (o no probados) ha de entenderse que carece de motivación, la cual es una exigencia formal ineludible de toda sentencia, en cuanto debe expresar las razones de hecho y de derecho que la fundamentan, es decir, el proceso lógico-jurídico que conduce a la decisión o fallo, siendo, por tanto, la referida motivación una garantía para el justiciable, elevada a rango de derecho constitucional en el artículo 120.3 de la Constitución y acorde con los artículos 369 y 372.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuya carencia de motivación, en el sentido fáctico expresado, produce una evidente y recusable indefensión a la parte contra la que se pronuncia el fallo. A lo anteriormente dicho ha de agregarse que la anómala situación creada por la sentencia aquí recurrida no permite siquiera que esta Sala pueda hacer uso de su facultad integradora del "factum", pues aquí no se trata de una insuficiente explicitación por la sentencia recurrida de los hechos que considera probados, único supuesto que viabiliza la referida facultad integradora, sino de una carencia total y absoluta de fijación de los hechos que han de considerarse probados, lo que exige una plena y exhaustiva valoración de toda la prueba practicada en el proceso, que es incumbencia exclusiva del Tribunal "a quo" y que en modo alguno puede realizar esta Sala de casación, al no ser este recurso extraordinario una nueva instancia y sin cuyas valoración de la prueba y subsiguiente fijación o concreción de los hechos que se declaran probados, resulta imposible que esta Sala pueda examinar y resolver el motivo segundo del recurso, por el cual se viene a plantear la "quaestio iuris" atinente a la incorrecta aplicación que la sentencia recurrida ha hecho del artículo 1902 del Código Civil y de la jurisprudencia que lo interpreta, cuya cuestión jurídica esta Sala no la puede resolver, al desconocerse en absoluto, repetimos, cuáles son los hechos que la referida sentencia considera probados.

Por la estimación que acaba de hacerse del motivo tercero, que impide el examen del segundo, esta Sala, en cumplimiento de lo que preceptúa el número 2º del artículo 1715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ha de mandar reponer las actuaciones al estado y momento en que se hubiere incurrido en la falta, en el sentido de que la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz (integrada su Sala por los mismos Magistrados que dictaron la aquí recurrida) habrá de dictar una nueva sentencia que sea procedente con arreglo a Derecho, en la que necesaria e ineludiblemente habrá de fijar y concretar cuales son los hechos que considera probados, en relación con la forma y circunstancias de producción del accidente en el que falleció D. Raúl, y en cuya sentencia ya no habrá de pronunciarse sobre la excepción de prescripción de la acción, aducida por la entidad demandada, pues dicha cuestión ya ha quedado definitivamente resuelta por esta Sala, al desestimar el motivo primero del recurso (Fundamento de Derecho cuarto de esta sentencia); no procede hacer expresa imposición de las costas de este recurso de casación; tampoco ha de acordarse la devolución del depósito, al no haber sido constituido el mismo, por no ser las sentencias de la instancia conformes de toda conformidad.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españolFALLAMOS

Que con estimación del presente recurso, interpuesto por el Procurador D. Enrique Sorribes Torra, en nombre y representación de la entidad mercantil "Las Monjías, S.A.", ha lugar a la casación y anulación de la recurrida sentencia de fecha veinticuatro de Abril de mil novecientos noventa y dos, dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz en el proceso a que este recurso se refiere (autos número 551/90 del Juzgado de Primera Instancia número Cuatro de Badajoz) y, en sustitución de lo en ella resuelto, esta Sala manda reponer las actuaciones al estado y momento en que se incurrió en la falta, en el sentido de que la referida Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz (integrada su Sala por los mismos Magistrados que dictaron la sentencia que aquí se casa y anula) habrá de dictar, con toda urgencia, nueva sentencia (la que estime que es procedente con arreglo a Derecho), pero en la que necesaria e ineludiblemente habrá de fijar y concretar cuáles son los hechos que considera probados, en relación con la forma y circunstancias en que se produjo el accidente en el que falleció D. Raúl, y en cuya sentencia ya no habrá de pronunciarse sobre la excepción de prescripción de la acción, aducida por la entidad demandada, pues dicha cuestión ya ha quedado definitivamente resuelta por esta Sala, al desestimar el motivo primero del recurso (Fundamento de Derecho cuarto de esta sentencia). No procede hacer expresa imposición de las costas de este recurso de casación; líbrese a la mencionada Audiencia la correspondiente certificación de esta sentencia, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Pedro González Poveda.- Alfonso Villagómez Rodil.- Francisco Morales Morales. Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Francisco Morales Morales, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.