STS 905/, 18 de Octubre de 1994
| Ponente | D. ALFONSO VILLAGOMEZ RODIL |
| Número de Recurso | 2817/1991 |
| Procedimiento | RECURSO DE CASACIÓN |
| Número de Resolución | 905/ |
| Fecha de Resolución | 18 de Octubre de 1994 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a dieciocho de Octubre de mil novecientos noventa y cuatro.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Barcelona -Sección cuarta-, en fecha 9 de julio de 1.991, como consecuencia de los autos de juicio de menor cuantía, sobre reivindicación de posesión de vivienda ocupada por esposa separada a cargo de usufructuaria, tramitados en el Juzgado de Primera Instancia de Barcelona número diez, cuyo recurso fué interpuesto por doña Andrea, representada por el Procurador de los Tribunales don Carlos Rioperez Losada, asistido del Letrado don José Mª Solsona Sanubo, en el que es parte recurrida doña Frida, don Ismael y doña Sofía , que fueron representados por el Procurador don Argimiro Vázquez Guillén y defendidos por el Letrado don Claudio Grau Hoyos.
El Juzgado de Primera Instancia número diez de los de Barcelona tramitó el juicio declarativo de menor cuantía nº 37/88 que promovió la demanda que plantearon doña Frida y sus hijos don Ismael y doña Sofía, en la que, trás hacer exposición de antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, vinieron a suplicar al Juzgado: "En su día dicte sentencia por la que se declare que la demandada Dª Andrea ocupa sin título alguno el piso de autos y, en su consecuencia, se le condene a dejarlo libre y vacuo y a entregar la posesión a los actores advirtiéndole de lanzamiento si no lo verificare y, asimismo, se les condene a satisfacer a mi principal las costas del presente procedimiento, así como los daños y perjuicios que se ocasionen desde que la demandada fué requerida para que dejara libre y vacuo el piso expresado, con los demás pronunciamientos que puedan ser pertinentes (como consecuencia del fallo que se suplica) en cuanto a la obligación del demandado D. Ignacio a favor de la demandada Dª Andrea, en relación con el pacto 5º del Convenio regulador de su separación conyugal".
La demandada doña Andrea se personó en el pleito y contestó a la demanda contra ella interpuesta, oponiéndose a la misma con las razones de hecho y de derecho que tuvo por conveniente y suplicó: "Se sirva en su día dictar sentencia desestimatoria de la misma en todos sus extremos con imposición de costas a la adversa".
El esposo demandado don Ignacio fué declarado rebelde procesal.
El Magistrado-Juez titular del Juzgado de Primera Instancia diez de los de Barcelona dictó sentencia el 28 de febrero de 1.990, la que contiene Fallo que literalmente dice: "Que desestimando la demanda origen de estos autos formulada por Dña. Frida, D. Ismael y Dña. Sofía contra Dña. Andrea y D. Ignacio absuelvo a estos últimos. Con imposición de costas a los demandantes".
Los demandantes del pleito promovieron recurso de apelación contra la sentencia de la instancia, para ante la Audiencia Provincial de Barcelona, siguiéndose el rollo número 324/91 en su Sección cuarta y habiendo pronunciado sentencia en fecha 9 de julio de 1991, la que contiene la siguiente parte dispositiva, Fallamos: "Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Procurador don Francisco Javier Majarín Albert en nombre y representación de doña Frida y con rechazo del interés manifestado por los apelantes representados por el mismo causídico don Ismael y doña Sofía contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número diez de los de Barcelona a la que se contrae el presente rollo, revocando en lo menester dicha resolución, admitimos también parcialmente la demanda deducida y debemos declarar y declaramos que la demandada doña Andrea ocupa sin título alguno la vivienda del piso NUM000, puerta NUM001 de la casa NUM002 de la CALLE000 de Barcelona y en su consecuencia se le condena a dejarlo libre vacuo y expedito dentro del plazo legal a disposición de la usufructuaria mencionada doña Frida apercibiéndole de lanzamiento si no lo efectuare, absolviéndole del resto de pedimentos formulados en la misma, al igual que se absuelve al demandado rebelde don Ignacio, todo ello sin pronunciamiento especial sobre las costas generadas en ambas instancias".
El Procurador de los Tribunales don Carlos Rioperez Losada, causídico de doña Andrea, formalizó ante esta Sala recurso de casación contra la sentencia del grado de apelación, el que integró con los siguientes motivos, todos ellos aportados conforme al número 5º del artículo 1692 de la L.E.C.:
Cuatro.- Inaplicación del artículo 1564 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación a los artículos 334-3 y 1280-1 del Código Civil y 32 de la Ley Hipotecaria.
Cinco.- Inaplicación del artículo 1278, en relación al 1280-1 del Código Civil.
La Sala por medio de auto de 3 de marzo de 1991, decretó la inadmisión de los motivos primero, segundo y tercero, aportados por la vía del número 4º del artículo 1692 de la L.E.C.
En la tramitación del recurso, 31 de octubre de 1993, falleció la recurrida doña Frida, continuándose el trámite casacional con los otros dos litigantes, hijos y herederos de la fallecida.
Debidamente convocadas las partes personadas en el recurso, la vista oral y pública del mismo tuvo lugar el día veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, con asistencia e intervención de los Letrados anteriormente expresados, quienes por ambas partes y por su debido orden intervinieron en defensa de sus respectivas pretensiones.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. ALFONSO VILLAGÓMEZ RODIL
La recurrente doña Andrea denuncia en el cuarto motivo, - al haberse inadmitido los tres primeros referentes a error en la apreciación de la prueba-, infracción de los artículos 334-3 y 1280-1 del Código Civil, 32 de la Ley Hipotecaria, relacionados al 1564 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al amparo del número 5º del precepto 1692 de esta Ley, para sostener que el objeto del pleito se concreta a la reivindicación posesoria y consiguiente desalojo de la vivienda que ocupa la que recurre en el piso NUM000-NUM001, del edificio sito en la CALLE000 NUM002 de Barcelona, ya que dicha vivienda carece de inscripción y por tanto no se acreditó la existencia de derecho real alguno que ampare la postulación de las recurridas.
El motivo ha de ser rechazado, pues viene a hacer supuesto de la cuestión, cuando quedó probado y así lo declaró la sentencia combatida -lo que se presenta firme en esta casación-, que el piso tiene existencia física real y se halla integrado en el inmueble referido, formando parte de su estructura material. Buena prueba de ello es que sirve de vivienda familiar a la recurrente y la controversia se proyecta directamente sobre el mismo, por lo que es incuestionable su realidad constructiva que se presenta y opera en el tráfico jurídico, con independencia de que carezca de inscripción en el Registro de la Propiedad e incluso pueda representar edificación al margen de la normativa urbanística.
El causante y testador, don Juan Pedro integró la vivienda en su propiedad, ya que aparece como titular dominical de la misma y, por ello, a su fallecimiento, pasó a completar su caudal relicto, al que accedieron por su condición de herederos, los hijos designados sus sucesores en la disposición testamentaria que otorgó, así como la esposa doña Frida a la que legó, por todos los días de su vida, el pleno e íntegro usufructo de la totalidad los bienes de su propiedad al día de su fallecimiento, que tuvo lugar el 23 de noviembre de 1978, por lo que a esta litigante le asiste la legitimación que prevé el artículo 1564 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
La recurrente había contraído matrimonio con don Ignacio el 10 de octubre de 1971, de cuya unión nacieron tres hijos, y por sentencia de 8 de octubre de 1987 se decretó la separación de los cónyuges, aprobando el correspondiente Convenio Regulador de 25 de mayo de dicho año. La cláusula tercera de este acuerdo matrimonial, dispone que la esposa y los hijos continuarán el uso de la vivienda conyugal (que hay que referir a la que se disputa en este litigio) y del ajuar existente.
Los actores del pleito, dos de los hijos del testador mencionado y su madre, (usufructuaria universal), instaron la recuperación posesoria del piso y el desalojo del mismo de la mencionada doña Andrea e hijos. En realidad lo que se vino a postular fué la concurrencia de efectiva situación de detentación de la vivienda por darse estado de precario, es decir la ausencia de toda clase de pagos, título arrendaticio o cualquier otro que pudiera amparar el referido uso y posesión material de la cosa (art. 1565-3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
La sentencia de apelación sólo acogió en parte la pretensión, pues desestimó los derechos de los hijos, para acceder sólo al que correspondía a su madre en la condición de usufructuaria universal y en razón a que había aceptado el legado a medio de escritura de 28 de noviembre de 1988.
Es decir, que a esta fecha, la situación de ocupación de la vivienda por la recurrente y sus hijos se mantenía como hecho externo y conocido por los demás herederos y la usufructuaria, que vivía en el inmueble, como alguno de los otros sucesores testamentarios.
La atribución de uso y disfrute que en el Convenio Regulador llevó a cabo don Ignacio, como esposo y padre, lo fué actuando como condomino del mismo, ya que la herencia de su padre no se justificó hubiera sido aceptada por los herederos, con lo que permanecía en estado de indivisión. De esta manera realizó, dicho esposo como cotitular dominical, un acto atributivo de la posesión de la cosa común, encajable en las facultades de administración y no dispositivo de su dominio a favor de persona ajena a la comunidad propietaria, lo que venía avalado por el disfrute del piso en época anterior por la concesión y consentimiento del causante y padre don Juan Pedro, como propietario del mismo y posteriormente, por sus herederos, que conocieron en todo momento la situación y respetaron de esta manera el destino dado a la vivienda controvertida (art. 394 del C.Civil), inherente a su propia naturaleza de servir de vivienda familiar, hasta que promovieron este pleito dos de los doce hijos del causante, los que actúan no en forma decididamente clara para la comunidad, sino en defensa exclusiva de sus derechos a la nuda propiedad, lo que no procede y la acción resulta ineficaz, según reiterada doctrina jurisprudencial y así lo estimó y declaró la sentencia recurrida.
El discurso casacional lleva a la conclusión de que la recurrente no carece de título posesorio, ya que el mismo deriva para ella directamente y sus hijos del Convenio Regulador y por tanto no disfruta de un uso ocupacional meramente tolerado o clandestino, sino, al contrario, ya que el Convenio obtuvo homologación judicial, con innegable eficacia y transcendencia jurídica y que hace derivar la concurrencia de una situación de derecho de habitación familiar, surgiendo del título que conforma precisamente la sentencia matrimonial de separación y excluye darse una situación de subrepticia, furtiva o de absoluta liberalidad y tolerancia.
La cuestión se viene a concretar en la eficacia del Convenio respecto a la usufructuaria universal, la que aceptó el legado, no por sí directamente, sino valiéndose de dos de sus hijos, uno de ellos don Ignacio, esposo separado de la recurrente y casi diez años después de la muerta del testador, lo que hace aflorar, como inteligentemente advierte la sentencia de la instancia, una sospechosa situación de confabulación por parte de la familia del marido, o alguno de sus integrantes, contra la recurrente y sus hijos.
Al tiempo de la referida aceptación de la usufructuaria , la situación ocupacional de la vivienda por la recurrente era hecho relevante y notorio y dicha aceptación ha de ser relacionada con tal estado preexistencial conocido. Ahora bien, dado que el usufructo es derecho de vida jurídica temporal, pues su extinción se produce por la muerte de la usufructuaria, conforme al artículo 513 del Código Civil, lo que aconteció en el trámite casacional, concretamente el día 31 de octubre de 1993. Ello ocasiona que el derecho que se le otorgó a la misma en la sentencia que se ataca, carezca de toda eficacia y posibilidad de ejecución y sólo opera en cuanto consolida la nuda propiedad de los herederos testamentarios, por lo que en la presente cuestión no puede dejarse de lado y ha de tenerse en cuenta, en necesaria conexión con la impugnación casacional que contiene el motivo quinto, al argumentar infracción por inaplicación del artículo 1278 en relación al 1280-1 del Código Civil, así como por razones de economía procesal.
El motivo procede, pues el Tribunal de Apelación marginó el Convenio Regulador, cuya producción de eficacia queda reducida únicamente respecto a los herederos comuneros y no a la usufructuaria, cuyo derecho pereció. El referido acuerdo matrimonial, al haber sido homologado judicialmente e incorporado como válido a la sentencia que decretó la separación de los esposos, eleva su condición y rango de simplemente privado a la categoría de oficial- público, conforme al artículo 1280 del Código Civil y en todo caso con eficacia para terceros en cuanto a su fecha (artículo 1227 del C.Civil), y por ello respecto a la referida usufructuaria, ya que aceptó el usufructo en fecha muy posterior.
No parece dudoso en extremo que el uso atribuido judicialmente a la vivienda de autos deba configurarse como derecho oponible a terceros, pues el mismo se conforma como derecho real familiar de eficacia total, afectado de la temporalidad que refiere el artículo 96, párrafo último del Código Civil. En todo caso constituye y conforma título apto y suficiente, que aleja toda situación de precario, pues no conviene olvidar que la poseedora disfruta la vivienda, en ejercicio de buena fe de un derecho concedido por vía judicial, no exclusivo, ya que es extensivo a favor los tres hijos del matrimonio, conforme al artículo 96 del Código Civil y estos no pueden ser desamparados por su relación directa con su progenitor, en cuanto éste es copropietario del piso. Así su protección general ha alcanzado rango constitucional, por el artículo 39-1º y 2º de nuestra Carta Magna.
Conviene tener muy en cuenta que estas situaciones no resisten un tratamiento especial, ya que las viviendas que así se ocupan rebasan el mero uso, goce o disfrute de espacios que sirven de morada humana, pues sin perder estos destinos, han de configurarse como medio patrimonial que cumple la continuidad de la vida familiar aunque fragmentada, pero con predominio tutelador de los intereses de los hijos matrimoniales, como muy directamente afectados y que no pueden resultar agravados, cuanto los actos de desposesión que pretenden los terceros recurridos, aparte de carecer de apoyo legal suficiente, se presentan directamente lesivos al servicio familiar que presta la vivienda en disputa y cuya posesión viene justificada, conforme queda dicho, por título suficientemente legítimo y eficaz, si bien subordinado siempre al de propiedad y que no es impeditivo del disfrute, a tenor del artículo 432 del Código Civil, resultando así explicado debidamente que la ocupación que detenta la recurrente y sus hijos se presenta procedente y genera el debido reconocimiento y protección de los Tribunales.
La calificación e interpretación decisoria de la Sala sentenciadora queda desvirtuada en cuanto no admitió el uso y destino de la vivienda a los fines familiares que se dejan sentados y por razón del derecho de ocupación concurrente. La sentencia de esta Sala de 2 de diciembre de 1992, así como la de 14 de julio de 1994, contemplan estos estados, si bien la primera como relación de comodato, no dando lugar al desalojo postulado, concurriendo también indicios sospechosos de que al producirse la reivindicación, como en el supuesto presente, muy posteriormente a la separación judicial de los esposos, cuando la vivienda seguía cumpliendo la misma finalidad que ostentó desde el principio de su disfrute, es decir el de servir de hogar familiar, cabe posible conspiración con clara conculcación del imperativo mandato del artículo 7-1 del Código Civil y ha de incidir para evitar situaciones abusivas de los derechos, por lo que la acción no puede prosperar, lo que aporta un razonamiento más a los que se dejan expuestos.
La estimación del recurso da lugar y conlleva a la no declaración expresa en costas, debiendo cada parte satisfacer las suyas, conforme al artículo 1715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españolFALLAMOS
QUE ESTIMANDO EL RECURSO DE CASACIÓN formulado por doña Andrea contra la sentencia que pronunció en fecha nueve de julio de 1991, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección cuarta), en las actuaciones procedimentales de referencia, casamos y anulamos la referida resolución, confirmando la que pronunció el Magistrado-Juez titular del Juzgado de Primera Instancia número diez de Barcelona el veintiocho de febrero de 1990 y que desestimó la demanda promovida por don Ismael y doña Sofía y doña Frida.
Cada parte satisfará sus costas propias.
Líbrese certificación de esta resolución a expresada Audiencia, con devolución de autos y rollo remitidos en su día.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Alfonso Villagómez Rodil, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
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