STS, 16 de Noviembre de 2004
| Ponente | D. SEGUNDO MENENDEZ PEREZ |
| ECLI | ES:TS:2004:7413 |
| Número de Recurso | 3970/2001 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 16 de Noviembre de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. MARIANO DE ORO-PULIDO LOPEZD. RICARDO ENRIQUEZ SANCHOD. PEDRO JOSE YAGÜE GILD. JESUS ERNESTO PECES MORATED. SEGUNDO MENENDEZ PEREZD. RAFAEL FERNANDEZ VALVERDE
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a dieciséis de Noviembre de dos mil cuatro.
VISTO por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto por D. Pedro Enrique, representado por el Procurador Sr. Alonso Verdú, contra sentencia de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de fecha 6 de marzo de 2001, sobre denegación del reconocimiento de la condición de refugiado y del derecho de asilo,
Se ha personado en este recurso, como parte recurrida, la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, con la representación que le es propia.
En el recurso contencioso-administrativo número 191/00 la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, con fecha 6 de marzo de 2001, dictó sentencia cuyo fallo es del siguiente tenor literal: "FALLAMOS: DESESTIMAR el recurso contencioso- administrativo interpuesto por la representación procesal de Pedro Enrique (sic), contra la Resolución del Ministro de Interior de fecha 22 de Febrero de 1.999 que le deniega la solicitud para la concesión del derecho de asilo y la condición de refugiado. Sin imposición de costas".
Contra dicha sentencia ha interpuesto recurso de casación la representación procesal de D. Pedro Enrique, formalizándolo con arreglo, dice, a las previsiones del artículo 95.1.4 de la Ley ritual, en base a único motivo de casación por infracción del artículo 24.1 de la Constitución, del artículo 3.1 de la Ley 5/84, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, de la Convención del Estatuto de Refugiados, de 28 de junio de 1851, y del Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, de 4 de octubre de 1967.
Y termina suplicando a la Sala que "...dicte Sentencia por la que estimando el presente Recurso de Casación, declare no ajustada a Derecho la Sentencia de la Audiencia Nacional, estimando todas y cada una de las pretensiones formuladas por el recurrente y que obran en el expediente administrativo".
El Abogado del Estado, en la representación que ostenta, se opuso al recurso de casación interpuesto de contrario y suplica en su escrito a la Sala que "...dicte sentencia por la que declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente".
Mediante Providencia de fecha 8 de octubre de 2004 se señaló el presente recurso para votación y fallo el día 2 de noviembre del mismo año, en cuya fecha han tenido lugar dichos actos procesales.
Se afirma en la sentencia que es objeto de este recurso de casación, dicho ahora muy en síntesis, que los motivos alegados por el demandante no revelan una particular y concreta persecución por razones de raza, religión o pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas; y que la situación generalizada de guerra civil en el país del solicitante de asilo, sin concurrir una persecución personal contra él, no es causa para otorgarlo. En consecuencia, se desestima el recurso contencioso-administrativo que se interpuso contra la resolución del Ministro del Interior de fecha 22 de febrero de 1999, que había denegado el reconocimiento de la condición de refugiado y el derecho de asilo al hoy recurrente en casación.
Así las cosas, el contenido mismo del escrito de interposición del recurso de casación no nos permite más pronunciamiento que el de su desestimación, pues la afirmación que en él se hace, de que aquella sentencia infringe el artículo 24.1 de la Constitución -en el particular que proclama como derecho fundamental el de obtener tutela judicial efectiva, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión- y el artículo 3.1 de la Ley 5/1984, en relación con la Convención de Ginebra y el Protocolo de Nueva York, sólo se sustenta en la conclusión que el recurrente obtiene al valorar él -interesadamente, por tanto- los elementos de prueba obrantes en las actuaciones. No se sustenta, ni en una incorrecta interpretación por la Sala de instancia de aquellos preceptos; ni en la infracción por dicha Sala de alguna o algunas de las normas o principios a los que debe sujetarse la actividad de valoración de la prueba, que no llegan a citarse; ni, en fin, en la infracción de las normas reguladoras de la sentencia o de las que rigen los actos y garantías procesales, tampoco citadas. Hay en aquel escrito, en suma y tan sólo, una mera discrepancia de la parte con la valoración que la Sala de instancia hizo de los elementos de prueba puestos a su disposición, para lo que se fija, en especial y por serle favorable, en el informe del ACNUR, olvidando que éste se refiere a la procedencia de que la solicitud fuera admitida a trámite para poder ser valorada con más detenimiento; y hay, además, una afirmación jurídica que no resulta de los preceptos que se dicen infringidos y que es, en todo caso, errónea, cual es, que las manifestaciones vertidas por cualquier solicitante de asilo gozan de presunción de veracidad y deben, por tanto, ser desvirtuadas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción, procede imponer las costas de este recurso de casación a la parte recurrente, si bien, en uso de la facultad que confiere el número 3 de ese mismo precepto y dado el contenido del escrito de oposición, el importe de los derechos y honorarios del representante y defensor de la Administración recurrida no podrá exceder de 200 euros.
Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,
NO HA LUGAR al recurso de casación que la representación procesal de D. Pedro Enrique interpone contra la sentencia que con fecha 6 de marzo de 2001 dictó la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso número 191 de 2000. Con imposición a la parte recurrente de las costas de este recurso de casación hasta la cifra máxima fijada en el último de los fundamentos de derecho de esta sentencia.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertase por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . Mariano de Oro-Pulido López.- Ricardo Enríquez Sáncho.- Pedro José Yagüe Gil.- Jesús Ernesto Péces Morate.- Segundo Menéndez Pérez.- Rafael Fernández Valverde. Firmado. Rubricado. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente de esta Sala Excmo. Sr. D. Segundo Menéndez Pérez, todo lo cual yo, el Secretario, certifico.
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