STS, 11 de Febrero de 2002
| Ponente | Juan García-Ramos Iturralde |
| ECLI | ES:TS:2002:893 |
| Número de Recurso | 1930/1996 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - 01 |
| Fecha de Resolución | 11 de Febrero de 2002 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a once de Febrero de dos mil dos.
Visto por la Sección Cuarta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, compuesta por los Magistrados anotados al margen, el recurso de casación nº 1930/96, interpuesto por la Administración del Estado, representada por el Abogado del Estado, contra la sentencia de 5 de diciembre de 1995 de la Sección 5ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, recaída en el recurso contencioso administrativo nº 2428/93, siendo parte recurrida la Generalidad de Cataluña representada por el Procurador D. Francisco Velasco Muñoz Cuellar.
Por escrito de 12 de noviembre de 1993, la Administración del Estado interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución del Director General del Medio Natural del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalidad de Cataluña de 3 de septiembre de 1993, por la que se fija el periodo hábil de caza de las aves acuáticas, y tras los tramites pertinentes el citado recurso contencioso administrativo terminó por sentencia de 5 de diciembre de 1995, cuyo fallo es del siguiente tenor: " 1º.- Rechazar la inadmibilidad del presente recurso. 2º.- Desestimarlo en cuanto al fondo. 3º.- No efectuar atribución de costas".
El Abogado del Estado, por escrito de 22 de enero de 1996, manifiesta su intención de preparar recurso de casación contra la citada sentencia, y por providencia de 31 de enero de 1996, se tiene por preparado el recurso de casación, siendo las partes emplazadas ante esta Sala del Tribunal Supremo.
En su escrito de formalización del recurso de casación, el Abogado del Estado, interesa se dicte sentencia por la que, estimándolo, se case y revoque la recurrida declarando en su lugar que procede estimar el recurso contencioso administrativo, anulando la disposición objeto del mismo.
La Generalidad de Cataluña, en su escrito de oposición al recurso de casación, interesa se dicte sentencia por la que se declare la inadmisión del recurso, y, subsidiariamente, para el caso de que no se apreciara la inadmisión, se desestime el único motivo de casación declarando no haber lugar al recurso.
Por providencia de 23 de enero de 2.002, se señaló para votación y fallo el siguiente día 6 de febrero, fecha en que tal diligencia ha tenido lugar.
La sentencia que es objeto del presente recurso de casación desestimó el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Administración del Estado, por ser conforme a derecho, contra la resolución del Director General del Medio Natural del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalidad de Cataluña de 3 de septiembre de 1993, por la que se fija el periodo hábil de caza de las aves acuáticas.
El Letrado de la Generalidad de Cataluña, en su escrito de oposición al recurso de casación, antes del análisis de los motivos de casación, ha interesado que se declare la inadmisión del recurso de casación, pues el escrito de preparación del recurso no cumple los requisitos exigidos por el artículo 96 de la LJ aquí aplicable. La circunstancia de que pueda devenir el presente recurso de casación inadmisible hace obligado iniciar este análisis por el relativo a la causa de inadmisibilidad que en este trámite de sentencia, conforme a reiterada doctrina de esta Sala, se convierte en causa de desestimación del recurso.
El artículo 93.4 de la Ley de la Jurisdicción dispone que las sentencias dictadas por la Sala de lo Contencioso Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, no comprendidas en el apartado 2 de este artículo, respecto a actos o disposiciones de las Comunidades Autónomas, sólo serán susceptibles del recurso de casación cuando el recurso se funde en infracción de normas no emanadas de los órganos de aquéllas que sea relevante y determinante del fallo de la sentencia, y el artículo 96.2 de la Ley de la Jurisdicción, referido al escrito de preparación, establece que en el supuesto previsto en el artículo 93.4 habrá de justificarse que la infracción de una norma no emanada de los órganos de la Comunidad Autónoma ha sido relevante y determinante del fallo de la sentencia.
Pues bien, de acuerdo con lo declarado por esta Sala (por todos Autos de 18 de septiembre de 1995, 11 de enero y 5 de abril de 1999), del análisis del conjunto de los preceptos citados es obligado inferir lo siguiente: A) que el recurso de casación se ha de fundar en la infracción de normas no emanadas de los órganos de las Comunidades Autónomas; B) que esa infracción ha de ser relevante y determinante del fallo de la sentencia; C) que es el recurrente quien en el escrito de preparación del recurso de casación ha de justificar que la infracción de la norma no emanada de los órganos de la Comunidad Autónoma ha sido relevante y determinante del fallo de la sentencia.
En el presente caso, basta un somero examen del escrito de preparación del recurso de casación para apreciar que en modo alguno se han cumplido aquellas exigencias razón por la cual la Sala de instancia debió de tener por no preparado el recurso de casación. Así, el escrito de preparación del Abogado del Estado se limita a señalar, en lo que ahora importa: "4.- Que el recurso se interpone al amparo del art. 95.1-4º, y los preceptos que se consideran infringidos serán invocados en su día por el Servicio Jurídico del Estado ante el Tribunal Supremo al formalizar el correspondiente escrito de interposición (Auto Sala 3ª T.S. de 12 de noviembre de 1993).
Por tanto, es evidente que no se ha cumplido lo que exige el artículo 96.2 de la Ley de la Jurisdicción, pues no solo no se ha justificado que la infracción de normas no emanadas de los órganos de la Comunidad Autónoma haya sido relevante y determinante del fallo, justificación que, como ha dicho esta Sala, ha de ser acreditada por el que prepara el recurso de casación, con explicitación de cómo, por qué y de qué forma ha influido y ha sido determinante del fallo, sino porque ni siquiera se indica qué normas deben reputarse infringidas. Doctrina reiterada de esta Sala, sobre la que ha tenido ocasión de pronunciarse el Tribunal Constitucional en su Auto de 27 de enero de 1999, que inadmite a trámite un recurso de amparo, al decir " en términos estrictamente constitucionales no puede afirmarse que la interpretación efectuada por la Sala Tercera (Sección Primera) del Tribunal Supremo en su Auto de 20 de febrero de 1998 y que se enmarca en una línea jurisprudencial mas amplia, carezca de base legal suficiente, (art. 96.2 y 100.2.a) LJCA), o que resulte manifiestamente irrazonable o arbitraria en cuanto exige de quien interesa la utilización de la instancia casacional una especial diligencia que puede reputarse compatible con el carácter extraordinario del recurso de casación a que anteriormente hiciéramos mención".
En el mismo sentido, el Auto del indicado Tribunal Constitucional de 10 de enero de 2000, al decir, " que la interpretación del artículo 96.2 de la LJCA, que efectúa la Sala Tercera del Tribunal Supremo, -hacer explícitos el cómo, el porqué y la forma en que la infracción de la norma no emanada de los órganos de las Comunidades Autónomas ha influido en el fallo- no puede ser calificada de irrazonable o desproporcionada, habida cuenta de que a la condición de por si extraordinaria del recurso de casación se une el carácter aún más excepcional de dicho recurso cuando se interpone frente a Sentencias dictadas en única instancia por las Salas de lo Contencioso- Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia respecto de actos y disposiciones de la Comunidades Autónomas (art. 93.4 de la LJCA). En estos casos, la mayor restricción en el acceso a la via casacional responde, como es evidente, a la posición constitucional de los Tribunales Superiores de Justicia (art. 152.1 CE), posición que, a su vez, justifica las exigencias del tan citado art. 96.2 de la LJCA, destinadas a que tanto el Tribunal de instancia, en fase de preparación del recurso, como el Tribunal Supremo, en fase de interposición, verifiquen "a limine" si se da o no el presupuesto sobreañadido para la admisión de estos recursos, a saber: que el enjuiciamiento sobre disposiciones o actos de las Comunidades Autónomas se hayan infringido normas no emanadas de los órganos de dichas Comunidades". Y, mas recientemente, las Sentencias del Tribunal Constitucional 181/2001, de 17 de septiembre y 230/2001, de 26 de noviembre, que se pronuncian en los mismos términos que los anteriores Autos. En el mismo sentido, las Sentencias de esta Sala de 8 de junio y 3 de octubre de 2000, 28 de febrero, 7 y 20 de marzo, 5 y 24 de abril, 3 de mayo, 5 de junio, 18 de julio, 8 de octubre, 14, 19 y 21 de noviembre, 5, 10 y 11 de diciembre de 2001.
La estimación de la causa de inadmisibilidad obliga en este trámite de sentencia a desestimar el recurso de casación, y conforme a lo dispuesto en el artículo 102 de la LJCA, es procedente declarar no haber lugar al recurso de casación, con expresa condena en costas a la parte recurrente.
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la Administración del Estado, representada y dirigida por el Abogado del Estado, contra la sentencia de 5 de diciembre de 1995 de la Sección 5ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, recaída en el recurso contencioso administrativo nº 2428/93, con expresa condena en costas a la parte recurrente
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fué la anterior Sentencia, en audiencia pública, por el Excmo. Sr. D. Juan García-Ramos Iturralde, Magistrado Ponente en estos autos; de lo que como Secretaria, certifico.-
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ATS, 2 de Marzo de 2010
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