STS 699/1995, 10 de Julio de 1995
| Ponente | D. JOSE ALMAGRO NOSETE |
| Número de Recurso | 757/1992 |
| Procedimiento | RECURSO DE CASACIÓN |
| Número de Resolución | 699/1995 |
| Fecha de Resolución | 10 de Julio de 1995 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a diez de Julio de mil novecientos noventa y cinco.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, como consecuencia de autos, juicio de menor cuantía, seguidos ante el Juzgado de Primera instancia número uno de Arrecife, sobre reclamación de cantidad, cuyo recurso fue interpuesto por Don Alexanderrepresentado por el procurador de los tribunales Don Argimiro Vázquez Guillén y no habiendo asistido al acto de la vista, en el que es recurrido Don Carlos Jesúsquien no ha comparecido ante este Tribunal Supremo.ANTECEDENTES DE HECHO
Ante el Juzgado de Primera instancia número uno de Arrecife, fueron vistos los autos, juicio de menor cuantía, promovidos a instancia de Don Carlos Jesúscontra Don Alexandersobre reclamación de cantidad.
Por la parte actora se formuló demanda arreglada a las prescripciones legales, en la cual solicitaba, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que estimó convenientes, se dictara sentencia por la que se declare que el demandado adeuda al actor la cantidad de seis millones doscientas diez mil ochocientas pesetas, y condenando al demandado a pagar al actor la referida cantidad mas los interese legales desde agosto de 1985 y a las costas.
Admitida a trámite la demanda, el demandado la contestó alegando como hechos y fundamentos de derecho los que estimó oportunos, y terminó suplicando al juzgado la desestimación íntegra de la demanda con imposición de costas al actor.
Por el juzgado se dictó sentencia con fecha 5 de junio de 1990, cuya parte dispositiva es como sigue: "Que estimando la demanda presentada por el procurador D. Marcial López Toribio, en nombre y representación de Don Carlos Jesús, contra Don Alexander, debo condenar y condeno a ésta último a que abone al actor la cantidad de seis millones doscientas diez ochocientas pesetas (6.210.800.- pts.) más los intereses legales desde la fecha de interposición de la demanda, con aplicación de lo dispuesto en el artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y al pago de las costas procesales causadas".
Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación que fue admitido y sustanciada la alzada, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, dictó sentencia con fecha 1 de Julio de 1991, cuyo fallo es como sigue: "Desestimamos íntegramente el recurso de apelación formulado por la procuradora Dª Manuela Cabrera de la Cruz en nombre y representación de Don Alexandercontra la sentencia de fecha 5-6-90 dictada por el Juzgado de 1ª Instancia número uno de Arrecife en autos de menor cuantía 161/89 de que dimana este Rollo 39/91 y confirmamos de igual modo dicha resolución con imposición de las costas al apelante".
El procurador Don Argimiro Vázquez Guillén, en representación de Don Alexander, formalizó recurso de casación que funda en los siguientes motivos:
Quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras que rigen los actos y garantías procesales, siempre que se haya producido indefensión; párrafo 3º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No se cumple lo establecido en los artículos 503, 504, 612 y 613 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Inadmitido.
Infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia, que fueron aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate. Párrafo 5º del artículo 1.602 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Se infringe el artículo 1.598 del Código Civil y su Jurisprudencia.
Infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate. Párrafo 5º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Se infringe el artículo 1.256 del Código civil.
Infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate. Párrafo 5º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Se infringe el párrafo 1º del artículo 1.967 del Código civil.
Admitido el recurso de casación formulado y evacuado el traslado de instrucción conferido, se señaló para la vista el día 26 de junio de 1995, en que ha tenido lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JOSÉ ALMAGRO NOSETE
Aduce, en primer término, el recurrente quebrantamiento de las formalidades del juicio, al amparo del nº 3º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, originado, según entiende, por vulneraciones de los artículos 503, 504, 612 y 613 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Al efecto en la argumentación del motivo razona sobre la necesidad de determinados documentos y sobre la conveniencia de una prueba pericial que no se practicó. Mas compulsados los autos consta que la parte demandada, hoy recurrente propuso exclusivamente las pruebas de confesión y la documental, consistente en la aportación de determinados expedientes administrativos obrantes en el Ayuntamiento de Tías, "con las incidencias que afectaban a los mismos hasta culminar con la legalización de lo construido, ya sean actas, recursos, acuerdos de la Corporación, etc." La documental, al estar mal propuesta no fue admitida, sin que se interpusiera recurso, ni consignara protesta alguna. La prueba pericial, aunque no llegara a practicarse, no fue propuesta por el demandado sino por el actor, y, desdeluego, nada manifestó la contraparte sobre su pertinencia ni sobre el objeto de la pericia. Sólo se contienen referencias indeterminadas a la falta de algún medio de prueba en el escrito de conclusiones. Durante la segunda instancia, además, la recurrente que permaneció sin comparecer hasta el acto de la vista, no se personó antes, ni intentó el recibimiento a prueba. Sin duda que de una prueba documental denegada y consentida la resolución y de una pericial que no se propuso por la parte, aunque no se practicara, no cabe inferir ninguna indefensión que justifique el quebrantamiento. En ningún caso se ha procedido tal como ordena el artículo 1.693 de la Ley de Enjuiciamiento Civil a pedir subsanación de la falta o transgresión en la primera instancia si se ha reproducido la petición en segunda instancia. En consecuencia decae el motivo.
Inadmitido el segundo de los motivos, el tercero plantea por la vía del 1.692-5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (redacción legal anterior) la infracción por la resolución recurrida del artículo 1.598 del Código civil. Según la tesis que mantiene el recurrente la obra se convino que se haría a satisfacción del propietario, por lo que la aprobación se considera reservada, a falta de conformidad al juicio pericial correspondiente. Pero la parte incurre en el vicio de razonamiento que denominamos "hacer supuesto de la cuestión" pues soslaya que de acuerdo con la declaración de hechos probados de la sentencia impugnada "es imposible venir en conocimiento de si se convino la realización de la obra a satisfacción del propietario (sentencia de 24-4-81) cuestión que, por el contrario, ha de presumirse resuelta en el sentido opuesto al pretendido en tanto si se recibió la obra sin manifestación de disconformidad -se entregó aquélla en 1.985- se han creado los presupuestos necesarios que permiten afirmar haberse practicado a satisfacción, pues lo contrario supondría dejar indeterminado en el tiempo el normal efecto producido del contrato de arrendamiento de obra después de aceptado sin manifestación de dicha discrepancia". Obviamente el motivo sucumbe.
El cuarto de los motivos conducido por igual cauce que el precedente, denuncia la infracción del artículo 1.256 del Código civil. Mas la cuestión conforme está formulada no se concreta en un problema de dejación al arbitrio de uno de los contratantes de la validez o del cumplimiento de un contrato, sino que se manifiesta en un tema probatorio, pues reconocida la existencia de la relación contractual y la realidad de las obras, que comenzaron en noviembre de 1984 y culminaron el mes de julio de 1985, ni se han acreditado los defectos que se dice motivaron el impago de la deuda, ni el desajuste entre lo proyectado y lo realmente construido, ni se ha intentado probar la extinción de la obligación mediante el pago o la demostración del menor coste o excepción de plus peticion, todo ello, de conformidad con la distribución de la carga probatoria que impone el artículo 1.214 del código civil. En definitiva, el motivo perece.
El quinto motivo, al cobijo del reiterado ordinal, acusa la infracción del párrafo 1º del artículo 1.967 del Código civil, al propugnar una interpretación extensiva del referido número, en cuanto entiende el recurrente que el enunciado del párrafo hay que ampliarlo hoy en día a todos los profesionales, incluido el contratista como perito en las artes de la construcción. En el caso, desdeluego, no se ha seguido un criterio ampliatorio que, además, pugna con la institución de la prescripción que según reiterada jurisprudencia no es de justicia intrínseca y, por ello, debe suscitar una interpretación rigorista, sino que, con apoyo en la sentencia de este Tribunal de 31 de marzo de 1943, que consideró inaplicable la prescripción trienal a los que contratan, obligándose a la ejecución de construcciones con materiales propios y valiéndose de obreros supeditados a los mismos, el juzgador ha buscado la "ratio" normativa en el sentido de la resolución. Sostiene, en efecto, el Tribunal de instancia que el criterio referido ha de mantenerse en tanto la razón ínsita en la mentada resolución no es otra que la necesidad de diferenciar entre las deudas ocasionadas por el trabajo personal del reclamante y las que devienen de un contrato de obras en que el contratista pone el trabajo de los demás operarios, merced ello al carácter restrictivo con que ha de ser interpretado el precepto, sin que el hecho de haber puesto los materiales venga a influir de la manera pretendida en la verdadera "ratio" de la exclusión, siendo por tanto de aplicación el plazo marcado por el artículo 1.964 y no el que señala el precepto invocado. Y la verdad es que no falta razón a la sentencia recurrida, pues la prescripción trienal guarda relación con los conceptos de honorarios o estipendios debidos y generados por una actividad directa o personal del sujeto que los devenga, mas si como en el caso ocurre el mayor componente del costo viene originado por pagos hechos en favor del dueño de la obra por actividades ajenas aunque condicionados por la actividad propia del contratista como empresario, aquella razón desaparece y, en consecuencia, no se puede aplicar la prescripción trienal. Por ello se desestima el motivo.
La desestimación de los motivos trae consigo la declaración de no haber lugar al recurso con imposición de las costas al recurrente y pérdida del depósito constituido (artículo 1.715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españolFALLAMOS
Declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Don Alexandercontra la sentencia de uno de julio de mil novecientos noventa y uno, dictada por la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canarias, Sección Primera, recaída en apelación de los autos de juicio de menor cuantía número 161/89, instados por Don Carlos Jesúscontra el recurrente y seguidos ante el Juzgado de Primera instancia número uno de Arrecife, con imposición de costas al recurrente y con pérdida del depósito constituido al que se dará el destino legal; y líbrese a la mencionada Audiencia, la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. José Almagro Nosete, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
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