STS, 25 de Octubre de 2006
| Ponente | JOSE DIAZ DELGADO |
| ECLI | ES:TS:2006:6238 |
| Número de Recurso | 7431/2004 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 25 de Octubre de 2006 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veinticinco de Octubre de dos mil seis.
Visto por la Sección Séptima de la Sala Tercera del Tribunal Supremo el recurso de casación nº 7431/ 2004 interpuesto por el Abogado del Estado contra los Autos de 14 de enero de 2004 y 24 de febrero de 2004 sobre reconocimiento de extensión de efectos a la sentencia dictada con fecha 16 de octubre de 2000 por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, habiendo comparecido el Procurador don Jaime Pérez de Sevilla y Quitart, en nombre y representación de don Eloy .
Por escrito fechado de entrada en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 4 de diciembre de 2001, don Eloy solicitó la extensión de los efectos de la sentencia de fecha 16 de octubre de 2.000 dictada en el recurso nº 207/98 por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
El fallo de la sentencia cuya extensión se pretende dispuso literalmente: "Que estimando el presente recurso contencioso- administrativo interpuesto por don Juan Pablo, en su propio nombre y derecho, contra la resolución del Subsecretario de Defensa de fecha 9 de diciembre de 1997, debemos anular y anulamos las mentadas resoluciones por ser contrarias al Ordenamiento Jurídico. No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas en esta instancia".
El Abogado del Estado interpuso recurso de casación contra los Autos de 14 de enero de 2004 y 24 de febrero de 2004 de extensión de efectos de la sentencia dictada por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 16 de octubre de 2.000.
Se ha personado el Procurador don Jaime Pérez de Sevilla y Quitart, en nombre y representación de don Eloy, como parte recurrida, habiendo presentado escrito de oposición al recurso.
Cumplidas las prescripciones legales, se señaló para votación y fallo el día 18 de octubre de 2006.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. José Díaz Delgado,
El Abogado del Estado promueve el recurso de casación invocando la infracción del artículo 110.1.a) de la LJCA, al amparo de los artículos 87.2 y 88.1.d) de la LJCA.
En el caso examinado señalan los autos recurridos:
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En el Auto de 14 de enero de 2004 se indica:
(...) la Sala entiende que procede la extensión de efectos interesada toda vez que don Eloy se encuentra en la misma situación que el funcionario militar don Juan Pablo, demandante en el RCA nº 207/ 98.
En efecto, el solicitante de la extensión es Cabo Primero que tiene la consideración de militar profesional y que realiza funciones de Suboficial por lo que, según la doctrina que dimana de la sentencia recaída en el RCA 207/ 98, el solicitante de la extensión tiene derecho a disfrutar de la consideración de Suboficial en materia de acción social, recreativa y cultural mientras realice funciones de Suboficial.
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En el Auto de 24 de febrero de 2004 se rechaza la impugnación en súplica del Abogado del Estado
con los siguientes argumentos:
"En primer lugar, obra en la presente pieza la constatación documental de que el recurrente realizaba funciones de suboficial, lo que determina la identidad de situaciones exigida por el artículo 110 de la LJCA para la extensión de efectos de la sentencia.
En segundo término, la motivación del Auto recurrido se satisface mediante la manifestación de la concurrencia de ese hecho determinante de la identidad de situaciones jurídicas, sin que sea precisa la transcripción de los concretos documentos o el análisis particularizado de los elementos probatorios en que el Tribunal funda su decisión.
Por último, la alegación con que el recurrente en súplica finaliza su argumentación carece de eficacia alguna tras la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de julio de 2003 ."
En los motivos del recurso de casación, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley 29/ 1998
, señala el Abogado del Estado que el incidente de extensión de efectos ha de ser objeto de interpretación restrictiva, limitado a los actos administrativos dictados en masa excluyendo los casos en los que, para acreditar la similitud de situaciones, se precisa de una actividad probatoria que debería llevarse a cabo en un procedimiento ordinario y, en ningún caso, en un incidente de ejecución de sentencia como es el previsto en el artículo 110 de la Ley de la Jurisdicción . Entiende el Abogado del Estado que no hay la imprescindible identidad de situaciones jurídicas entre la del Cabo Primero al que se refiere la Sentencia de 16 de octubre de 2000 de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la del Sr. Eloy .
Sobre este punto, el artículo 110 de la Ley 29/1998 establece, respecto de las cuestiones de personal al servicio de la Administración Pública, la extensión de los efectos de una sentencia firme que hubiera reconocido una situación jurídica individualizada cuando concurra como primera circunstancia que los interesados se encuentren en idéntica situación jurídica que los favorecidos en el fallo, teniendo en cuenta que la disposición transitoria cuarta de la Ley 29/1998 establece que la ejecución de las sentencias firmes dictadas después de la entrada en vigor de dicha Ley se llevarán a cabo según lo dispuesto en ella.
Así, la Ley se preocupa de advertir que, en ningún caso, se podrá reconocer una situación jurídica distinta a la definida en la sentencia firme, pues lo contrario supondría desvirtuar la naturaleza de esta forma de entender la ejecución de la sentencia, ya que no se trata de una extensión automática de los efectos de la sentencia, teniendo en cuenta el principio de seguridad jurídica.
En las precedentes sentencias de esta Sala y Sección de 12 de enero, 25 de mayo y 13 de septiembre de 2.004, 21 de diciembre de 2.005 y 8 de febrero de 2.006 se subraya como el artículo 110.1 a) de la Ley 29/98 es terminante a este respecto y exige que sean no semejantes, ni parecidas, similares o análogas, sino idénticas las situaciones respecto de las que se pretende la extensión de efectos de la sentencia. Por tanto, es preciso operar con extremo cuidado a la hora de comprobar si existe o no esa identidad y tal requisito debe entenderse en sentido sustancial. Es decir, la Ley de la Jurisdicción está pidiendo que sean las mismas las circunstancias de hecho y las pretensiones jurídicas que sobre ellas se fundamentan en un caso y en el otro, pues lo único que estamos haciendo es cumplir lo que en dicho precepto, concretamente en su apartado 1 a), se establece: que sólo cabe esa extensión cuando las situaciones jurídicas sean idénticas.
En este sentido debe entenderse la alegación del Abogado del Estado, que esta Sala comparte pues, con independencia de que el incidente de extensión de efectos se refiera o no a los llamados actos masa (el artículo 110 de la Ley Jurisdiccional no dice nada al respecto), lo que sí resulta preciso es que la identidad de situaciones debe revelarse como evidente eludiendo la necesidad de realizar un análisis de la prueba que así lo confirme, por tratarse de la actividad propia de un procedimiento ordinario o abreviado, extremo que resulta improcedente en el recurso de casación.
Sin embargo, la Abogacía del Estado, en los motivos del recurso de casación, a la hora de combatir la apreciación de la Sala de instancia respecto de la existencia de "identidad de situación jurídica" se limita a cuestionar que la documentación aportada "no acredita ni la realización de un trabajo idéntico al desarrollado por la persona favorecida por el fallo, ni al de los destinos de los Suboficiales, realizándose, en definitiva, una interpretación extensiva de la figura de la extensión de efectos". En realidad, en este caso, lo determinante para la apreciación de la circunstancia de la que dependía el reconocimiento de la extensión de efectos no era la naturaleza material del trabajo realizado, sino verificar que el Cabo Primero desempeñaba con habitualidad tareas propias de Sargento, circunstancia que fue la tomada en consideración por la Sala de instancia en la sentencia cuyos efectos se pretenden extender a partir de la certificación acreditativa de la realización de aquellas, al igual que sucede con los Autos ahora recurridos.
En consecuencia, acreditado que el solicitante de la extensión de efectos reunía las mismas condiciones analizadas por la sentencia cuya extensión de efectos se pretende, ha de afirmarse la concurrencia del requisito de la plena identidad de situación jurídica, pues ni el Abogado del Estado justifica ni esta Sala aprecia que los Autos impugnados consideren otra razón de decidir que la indicada.
Los razonamientos expuestos conducen a declarar no haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado, con imposición de costas a dicha parte recurrente.
Debemos desestimar y desestimamos el recurso de casación nº 7431/ 2004 interpuesto por la Abogacía del Estado contra los Autos de fecha 14 de enero de 2.004 y 24 de febrero de 2.004, dictados en la pieza separada de extensión de efectos seguido ante la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con imposición de costas a la parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente, el Excmo. Sr. D. José Díaz Delgado, en audiencia pública, celebrada en el mismo día de su fecha, lo que Certifico. Rubricado.
