STS, 23 de Junio de 2004
| Ponente | D. GONZALO MOLINER TAMBORERO |
| ECLI | ES:TS:2004:4398 |
| Número de Recurso | 4739/2003 |
| Procedimiento | SOCIAL |
| Fecha de Resolución | 23 de Junio de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social |
D. LUIS GIL SUAREZD. ANTONIO MARTIN VALVERDED. LUIS RAMON MARTINEZ GARRIDOD. GONZALO MOLINER TAMBOREROD. JOAQUIN SAMPER JUAND. JOSE MARIA BOTANA LOPEZ
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintitrés de Junio de dos mil cuatro.
Vistos los presentes autos pendientes ante esta Sala, en virtud del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado D. Fernando Prieto Bujan en nombre y representación de D. Héctor contra la sentencia dictada el 27 de junio de 2003 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en recurso de suplicación nº 5765/00, interpuesto contra la sentencia de fecha 31 de octubre de 2000, dictada por el Juzgado de lo Social nº 5 de Vigo, en autos núm. 334/00, seguidos a instancias de D. Héctor contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL sobre prestación-jubilación.
Con fecha 31 de octubre de 2000 el Juzgado de lo Social nº 5 de VIgo dictó sentencia, en la que se declararon probados los siguientes hechos: "1º) Don Héctor, con DNI núm. NUM000, nacido el 24.12.31, afiliado a la Seguridad Social con el número NUM001, Régimen General, prestó servicios para la Empresa HIJOS H. BARRERAS S.A., extinguiendo su contrato con fecha 31.03.88, acogiéndose a la jubilación anticipada, al estar afectado y sometido al Plan de Reconversión Industrial previsto en la Ley 27/84 de 26 de julio, sobre reconversión y reindustrialización, así como al Real Decreto 1271/84 regulador del Plan de Reconversión Naval. Se incorporó al Fondo de Promoción de Empleo del Sector de la Construcción Naval el 1.4.88, según resolución de la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, de 23 de marzo. 2º) Solicitó pensión de jubilación, que le fue reconocida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social con efectos del 25.12.96 en un porcentaje del 100% y una base reguladora de 211.609 ptas. mensuales, por resolución de 17 de diciembre de 1996. Para el cálculo de la base se han tenido en cuenta los 8 años anteriores cotizados. 3º) Contra tal resolución, en 6 de abril de 2000, interpuso reclamación previa, que le fue desestimada por resolución de 25 de mayo, que se da por reproducido. En la reclamación previa pretendía la revisión de su base reguladora, en aplicación de la legislación anterior, ejercitando el derecho de opción, reconociéndosele la que resultare de tomar como base los dos años anteriores al hecho causante."
En dicha sentencia aparece la siguiente parte dispositiva: "Que desestimando la demanda deducida por Don Héctor, contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social, debo absolver y absuelvo a dichos demandados de las pretensiones de la demanda."
La citada sentencia fue recurrida en suplicación por D. Héctor ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, la cual dictó sentencia en fecha 27 de junio de 2003, en la que consta el siguiente fallo: "Que desestimando el recurso de suplicación interpuesto por el actor D. Héctor, contra la sentencia de fecha 31 de octubre de 2000 dictada por el Juzgado de lo Social nº 5 de Vigo, en los presentes autos tramitados a instancia del recurrente frente a los demandados Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social, debemos confirmar y confirmamos íntegramente dicha sentencia."
Por la representación de D. Héctor se formalizó el presente recurso de casación para la unificación de doctrina que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el 17 de septiembre de 2003, en el que se alega infracción de la disposición primera, apartado 2º párrafos 1 y 2 de la ley 26/1985 de 31 de julio de Medidas Urgentes para la Racionalización de la Estructura y de la Acción Protectora de la Seguridad Social. Disposición Transitoria Tercera Apartado 3 párrafos 1 y 2 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio. Asimismo infracción por no aplicación del art. 7-1 del Real Decreto 1646/1972 de 23 de junio. Se aporta como sentencia contradictoria con la recurrida la dictada el 28 de septiembre de 2002 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Rec.- 4478/99).
Por providencia de esta Sala de fecha 19 de febrero de 2004 se admitió a trámite el presente recurso, y no habiéndose personado la parte recurrida no obstante haber sido emplazada pasa lo actuado al Ministerio Fiscal a fin de que informe en el plazo de díez días sobre la procedencia o improcedencia del presente recurso.
Evacuado el traslado de impugnación por el Ministerio Fiscal se emitió informe en el sentido de considerar el recurso improcedente, e instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente se declararon conclusos los autos, señalándose para votación y fallo el día 16 de junio de 2004.
1.- El presente recurso de casación lo interpone el original demandante en el presente procedimiento y la sentencia recurrida es la dictada el 27 de junio de 2003 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en el recurso 5765/00. En dicha sentencia se desestimó la pretensión formulada por dicho demandante formulada en el sentido de que se le calculara la pensión de jubilación que el INSS le había reconocido por la legislación anterior a la reforma de 1985 por entender que, aun habiendo solicitado esta pensión en el año 1999 reunía al tiempo de publicarse la Ley 26/85 las exigencias requeridas por la misma para causar derecho a ese sistema de cálculo para él más beneficioso, en concreto por tratarse de un trabajador del sector naval que se acogió a un expediente de regulación de empleo en 1988 en una empresa sujeta a las normas reguladoras del Plan de Reconversión Naval, y que suscribió contrato de incorporación al correspondiente Fondo de Promoción de Empleo.
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- Como sentencia de contraste ha aportado el recurrente una sentencia dictada por la misma Sala de lo Social en 28 de septiembre de 2002 (Rec.-4478/99) en la que, contemplando la situación de otro trabajador de la misma empresa y sometido al mismo expediente de regulación de empleo que el aquí demandante, con subsiguiente contrato de incorporación al mismo Fondo de Promoción de Empleo, reconoció a dicho trabajador la prestación de jubilación sobre las bases previstas en la legislación anterior a la de 1985.
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- La contradicción entre las dos sentencias comparadas es manifiesta en tanto en cuanto no solo se resolvió en ambas sentencias sobre idéntica pretensión de jubilación en relación a cuál fuera la normativa aplicable para el cálculo de la base reguladora, sino que se resolvió dicha cuestión en relación con trabajadores que se hallaban en idéntica situación e incluso pertenecían a la misma empresa, lo que hace que la distinta solución a la que se llegó en cada una de las dos sentencias indicadas no solo sea diferente, sino claramente contradictoria y necesitada por ello de unificación a los efectos previstos en los arts. 217 y sgs de la LPL.
1.- Denuncia el recurrente como infringido por la sentencia recurrida lo dispuesto en el apartado 2º, párrafos 1 y 2 de la Disposición transitoria primera de la Ley 26/1985, de 31 de julio de Medidas Urgentes para la Racionalización de la Estructura y de la Acción Protectora de la Seguridad Social, en relación con la Disposición transitoria tercera , apartado 3 párrafos 1 y 2 de la Ley General de la Seguridad Social de 1994, e infracción por no aplicación del art. 7.1 del Real Decreto 1646/1972, de 23 de junio. En base a tales disposiciones el recurrente sostiene que al tratarse de un trabajador del sector de la construcción naval que se hallaba en proceso de reconversión cuando se promulgó la Ley 26/1985 porque así lo había previsto el Real Decreto 1271/1984 reúne las condiciones previstas en el párrafo 2 de la Transitoria primera de dicha Ley para poder acogerse a la opción prevista en párrafo 1 de la misma, o sea, para poder optar porque su pensión de jubilación se calcule conforme a la normativa anterior a la introducida por dicha Ley, o sea, por la prevista en el art. 7 del Decreto de 1972, y todo ello aun habiendo quedado incluido en un expediente de regulación de empleo en fecha posterior.
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- En definitiva, la cuestión que se plantea en el presente recurso de casación unificadora consiste en determinar si un trabajador que se incorpora, tras la entrada en vigor de la Ley 26/1985, a un Plan de Reconversión aprobado con anterioridad a su vigencia queda sometido necesariamente a las previsiones de dicha Ley para el cálculo de la base reguladora de su pensión de jubilación o si, por el contrario, tiene derecho a optar por el sistema que regulaba la Disposición Transitoria Primera 2 de la Ley 26/1985, cuyo contenido quedó luego incorporado a la Disposición Transitoria Tercera 3 del Texto Refundido vigente de la LGSS.
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- La solución unificadora a dicha cuestión ya ha sido dada por esta Sala en sus sentencias de 26 de noviembre de 2003 (Rec.-1272/2003) y 18 de mayo de 2004 (Rec.- 4851/03), al resolver un recurso con el mismo contenido que el presente, en el que se había deducido la misma pretensión por un trabajador que también era de la misma empresa, había quedado sometido a los mismos avatares de empleo que el aquí demandante y había sido sometido al mismo expediente de regulación de empleo, dándose incluso la circunstancia de que era la misma la sentencia de contraste. Y lo que en aquella sentencia se dijo, en aplicación de la misma normativa aquí invocada, fue, en resumen, que el trabajador en tales condiciones no tenía derecho a optar porque la base reguladora de su prestación de jubilación se calculara conforme a la legislación anterior a la Ley 26/1985, por las razones que, resumidas, se concretan en las siguientes: a) El debate se centra en realidad en la interpretación que procede hacer de la Disposición Transitoria Tercera 3 de la LGSS vigente cuando establece quiénes podrán acogerse a la legislación anterior a la entrada en vigor de la Ley 26/1985, y lo concreta en su apartado primero en quienes "tuvieran reconocidas, antes de la entrada en vigor de la Ley 26/1985 de 31 de julio ayudas equivalentes a jubilación anticipada...bien al amparo de planes de reconversión de empresas...o de los programas de apoyo al empleo aprobados por Orden ....de 12 de marzo de 1985", y lo extiende en su apartado segundo al decir que "el derecho establecido en el párrafo anterior alcanzará a aquellos trabajadores comprendidos en planes de reconversión ya aprobados a la entrada en vigor de la Ley 26/1985, de 31 de julio, de acuerdo con las normas citadas en dicho párrafo, aunque no tengan solicitada individualmente la ayuda equivalente a jubilación anticipada"; b) El punto más conflictivo de dicha interpretación se centra en dilucidar si el párrafo segundo incluye a todos los trabajadores por el solo hecho de encontrarse la empresa incluida en un plan de reconversión en agosto de 1985 que es cuando entró en vigor aquella disposición legal, o si lo que se desprende de dicho párrafo es que se trate de trabajadores no solo al servicio de empresas en reconversión sino incluidos en un expediente de regulación de empleo derivado de aquella reconversión; c) Esta cuestión debe resolverse en el sentido de entender que aquella previsión legislativa sólo puede alcanzar a aquellos trabajadores en el momento en que pasaron a ser afectados por el Plan de reconversión propuesto por su empresa, pues solo desde ese momento puede entenderse que el concreto trabajador se había visto afectado por el plan de reconversión y por lo tanto incluido dentro de las previsiones de aquel párrafo segundo; d) En este sentido es cierto que el párrafo segundo de la transitoria habla de planes de reconversión y estos se aprueban normalmente para un sector industrial, pero no es menos cierto que no cabe confundir los planes de reconversión con el programa que debe presentar cada empresa con la solicitud de incorporación al mismo y debe ser aprobado por el Ministerio, siendo desde ese momento desde cuando únicamente se puede hablar de empresa afectada por un Plan de Reconversión, razón por la cual debe entenderse aplicable la transitoria con dicho carácter restrictivo; e) El apartado segundo de dicha transitoria no es más que una ampliación del primero a fin de que el derecho de opción no solo alcance a quienes "ya tenían reconocidas ayudas equivalentes a jubilación anticipada", sino también a aquellos trabajadores que aun no las habían solicitado individualmente, y estas ayudas individuales no se reconocían en los Planes Sectoriales sino a cada empresa y tras la aprobación de cada programa, por lo que el reiterado párrafo segundo solo se podía referir a aquellos trabajadores que ya habían sido incluidos en un programa específico de reconversión a la entrada en vigor de dicha Ley 26/1985.
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- Tampoco puede prosperar la afirmación del recurrente en el sentido de que con la interpretación dada por la sentencia recurrida la Disposición Transitoria Tercera 2 de la Ley 26/1985 habría perdido por completo su vigencia a partir del año 1990, cuando, sin embargo, tal disposición la incluyó el legislador en su versión del año 1994. Pero también a ello responde nuestra sentencia citada de 26-11-2003 con la siguiente argumentación literal que aquí se reitera: "A ello cabe responder, de un lado, que el art. 23.3 de ley 27/84 protegía también, como hemos dicho, a los trabajadores que tenían cumplidos solo 55 años en la fecha de cesar en la empresa al amparo de dicha Ley. Por consiguiente, como la Ley 26/85 entró en vigor el 1 de agosto de 1.985, es obvio que en 1 de septiembre de 1.994 fecha de vigencia de la Ley General de la Seguridad Social, (Disposición Final Única), algunos de aquellos trabajadores aun no habrían cumplido los 65 años de edad, y para ellos el párrafo que se comenta seguía teniendo posibilidades aplicativas. Mas aunque no hubiera sido así, la conclusión no sería la que alcanza el recurrente, sino la de que nos encontraríamos a lo sumo ante un caso de transposición mecánica de la transitoria de la Ley 25/85 a la LGSS. Que ello es así lo demuestra que el párrafo primero de la Transitoria Tercera dejo de ser aplicable a partir del año 90. Porque si de acuerdo con la Ley 27/84 las "ayudas equivalentes a jubilación anticipada" solo podían solicitarse y concederse a quienes contaban "con sesenta o mas años de edad", y dicho párrafo se refiere exclusivamente a quienes las tuvieran ya reconocidas a la entrada en vigor de la Ley 26/85, es evidente que tales trabajadores habrían cumplido 65 años a mas tardar en 1.990, y por consiguiente tuvieron que jubilarse como máximo en ese año, en que dejaron de percibir tales ayudas, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 23.1.segundo de la propia Ley 27/84. Y sin embargo también ese párrafo primero se incorporó a la LGSS, lo que desvirtúa el argumento del recurrente."
De lo hasta ahora razonado se desprende que ha sido la sentencia recurrida y no la referencial la que ha aplicado la buena doctrina. Procede por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto en el art. 226.3 LPL y con el precedente informe del Ministerio Fiscal, desestimar el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto. Sin condena en costas (art. 233.1 LPL).
Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
Desestimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por D. Héctor contra la sentencia dictada el 27 de junio de 2003 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en recurso de suplicación nº 5765/00, interpuesto contra la sentencia de fecha 31 de octubre de 2000, dictada por el Juzgado de lo Social nº 5 de Vigo, en autos núm. 334/00, seguidos a instancias de D. Héctor contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL sobre prestación-jubilación. Sin costas.
Devuélvanse las actuaciones al Organo Jurisdiccional correspondiente ,con la certificación y comunicación de esta resolución.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN.- En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Gonzalo Moliner Tamborero hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.
