STS 1554/2002, 19 de Septiembre de 2002

Se ha denunciado vulneración del derecho a la presunción de inocencia, al amparo de lo dispuesto en el art. 5,4 LOPJ. La impugnación se basa en los argumentos que se sintetizan en lo que sigue. Por lo que se refiere a la imputación a Alfredo , esencialmente, en que no se ha acreditado la utilización de un arma blanca, sino que en la sentencia se opera con base en una suposición; y, además, en la valoración de la credibilidad de los lesionados no se ha tenido en cuenta la existencia de malas relaciones entre ellos y la familia de los recurrentes. En fin, se pone de manifiesto la imprecisión en las declaraciones inculpatorias de aquellos que denotarían falta de claridad sobre la forma de producción de los hechos.

En lo que hace a Rosario se señala también la misma existencia de animosidad, fruto de las malas relaciones aludidas; e igualmente el dato de que la recurrente estaba atendiendo a su hija agredida, lo que excluye que pudiera estar haciendo otra cosa; sin contar que en ningún caso se ha acreditado que hubiera manejado un arma blanca.

Finalmente, a propósito de la condena de Carla , se reitera la circunstancia de la falta de acreditación de que hubiera manejado un arma.

El principio de presunción de inocencia, conforme resulta de bien conocida jurisprudencia del Tribunal Constitucional (por todas, sentencia 17/2002, de 28 de enero) y de esta sala (por todas, sentencia 213/2002, de 14 de febrero) se resuelve en el derecho a no ser condenado sin prueba de cargo válida, bien obtenida en el juicio oral (salvo las excepciones constitucionalmente admisibles) y debidamente valorada de forma expresa y motivada, conforme a las reglas de la experiencia y de la lógica. Se trata, pues, de ver si, en el supuesto a examen, se ha dado cumplimiento a tales exigencias.

El tribunal de instancia ha condenado al primero de los recurrentes como autor de un delito de homicidio intentado, por las lesiones causadas a Estefanía . Para ello parte del dato acreditado de que ésta sufrió una herida incisa que le perforó el intestino delgado y el ciego, de lo que infiere de forma irreprochable la utilización al tal efecto de un arma blanca con notable capacidad de penetración. De manera que la primera aseveración del recurso relativa a la supuesta falta de prueba de ese extremo es, desde luego, inconsistente. De este modo, puesto que existió, sin duda un arma blanca y su uso contra la citada fue la causa de tal herida, quedaría por determinar la autoría de tal acción. En este punto, la sala se apoya en lo manifestado por la propia víctima y por su padre, a los que tuvo ocasión de escuchar en el juicio, puesto que fueron examinados con detalle en régimen de contradicción y tomando en cuenta las declaraciones precedentes prestadas en la causa. Y lo cierto es que el tribunal consideró creíbles sus testimonios y no puede decirse que con falta de fundamento.

En efecto, de una parte, porque en calidad de afectados por las acciones agresivas, fueron los testigos más directos de las mismas; y, de otra, porque el tribunal advirtió en los dos declarantes una actitud, que razonadamente, estimó acreditativa de su disposición a decir la verdad, cuando, a propósito de la agresión de que fue víctima el segundo de ellos, reconocieron no estar en condiciones de identificar al autor, mientras que -de haber estado en disposición de mentir- hubiera sido lo más fácil poner ese acto a cargo de cualquiera de los acusados.

Otro tanto puede decirse de la atribución a Carla de las lesiones causadas a la misma Estefanía , cuando se hallaba en el suelo una vez sufrida la primera agresión. Este aspecto de la decisión cuenta con idéntico fundamento probatorio y valorado de la misma manera.

Y, en fin, algo semejante ocurre con la imputación a Rosario de la lesión causada (junto con otros acusados) a Soledad . Aquí se objeta cierta divergencia entre la manifestado por aquélla cuando se hallaba en el hospital y lo mantenido en su declaración en el Juzgado y en el juicio, cuestión que la sala resuelve decantándose por valorar con preferencia lo contenido en estas últimas, debido a que, en el momento de realizar la primera, la testigo se hallaba bajo el inmediato efecto de las lesiones y de las curas, y también a que con posterioridad fue oída de forma contradictoria, lo que hace más fiable el resultado de la apreciación. Por otra parte, también en este caso, el tribunal se decantó de forma razonada a favor de la veracidad de tales manifestaciones inculpatorias, a partir de la actitud de la testigo, que demostró ser favorable a la verdad cuando en referencia a las heridas padecidas por su hija y su esposo reconoció carecer de datos de observación al respecto.

En resumen, hay que decir que las consideraciones expuestas ponen de relieve que la conclusión que se expresa en la sentencia a propósito de la imputación de los tres recurrentes no carece en modo alguno de fundamento, pues lo tiene y, además, está dotado de patente racionalidad. Así, el motivo no puede acogerse.

La objeción es de infracción de ley, de las del art. 849,1º Lecrim en relación con los arts. 138 y 16,1 y 147,1 Cpenal, en relación con el art. 24,2 CE. El argumento de apoyo es que en la conducta acreditada de Alfredo y de Rosario no se dieron los elementos típicos de imprescindible concurrencia para que la misma pudiera calificarse de homicida. En primer término, se reitera, debido a que no se acreditó que ninguno de ellos hubiera hecho uso de arma alguna; y luego, porque no consta que hubieran obrado con ánimo homicida.

Con carácter previo a cualquier otra consideración interesa señalar que el motivo que se estudia es de infracción de ley y que se trata de valorar si la subsunción de los hechos probados en los preceptos aplicados es o no correcta. Y siendo así, es patente que la reserva relativa a la existencia del arma no puede ser atendida, puesto que en el relato de aquéllos se da por cierta. Lo que no podía ser de otro modo, a tenor de la tipología de las heridas, que sólo pudieron producirse mediante el uso de algún instrumento inciso-cortante de cierta longitud. En efecto, en el caso de la principal de las sufridas por Estefanía , ya se ha dejado constancia de sus particularidades. Y las padecidas por Soledad están descritas como "penetrante, a nivel de 6º espacio intercostal izquierdo con hemoneumotórax; perforación y sección del riñón izquierdo; perforación del cólon, con evisceración; herida paraespinal izquierda a nivel de la primera vértebra lumbar".

La intención de matar, cuando existen datos sugestivos de que pudiera haber concurrido, dadas las particularidades de la acción y de su resultado lesivo, sólo puede obtenerse por inducción a partir de los elementos de juicio disponibles, tratados conforme a máximas de experiencia. Pues bien, al respecto, es un dato de conocimiento corriente, acreditado por una fundada generalización de saber empírico, que la aplicación violenta de un arma blanca, de la capacidad de penetración que evidencian las usadas en estos casos, a zonas tan sensibles como las afectadas, puede producir, con el más alto grado de probabilidad, traumatismos que comporten un elevado riesgo de muerte para el afectado.

Al ser éste un saber elemental, no resulta arbitrario, sino, en realidad, obligado, concluir que formaba parte del bagaje cultural de los recurrentes de que se trata y que obraron en función de él. Esto es, sabiendo que creaban un elevado peligro concreto para la vida, jurídico-penalmente desaprobado.

Esta sala, a través de reiterada jurisprudencia, ha subrayado la importancia de ciertos indicadores cuya concurrencia permite predicar la existencia del dolo homicida. Entre éstos se encuentran la clase de arma utilizada, la vulnerabilidad y relevancia de ciertas regiones anatómicas, la intensidad y el número de los golpes inferidos, la gravedad de las heridas. Pues bien, no cabe duda de que en este caso, tanto las lesiones padecidas por Estefanía como por Soledad , por el instrumento empleado, por la localización y por las consecuencias previsibles, denuncian claramente el ánimo homicida apreciado por el tribunal (por todas, STS 126/2000, de 22 de marzo). Puesto que, en ambos casos, los agresores conocían bien el peligro desencadenado y su modo de obrar denota una clara aceptación y conformidad con el resultado, tan fácilmente representable, y que habría sido de muerte, de no mediar las intervenciones quirúrgicas a que fueron sometidas las lesionadas (por todas, STS de 23 de abril de 1992).

Por tanto, la atribución de las acciones de que se trata a un dolo homicida de carácter eventual y la aplicación de los preceptos que se dice infringidos deben estimarse correctas y el motivo tiene que rechazarse.

Se ha alegado infracción de ley, de las del art. 849,1º Lecrim en relación con el art. 20,4 Cpenal. El argumento de apoyo es que los recurrentes habrían obrado impelidos por la necesidad de defenderse de quienes habrían tratado de agredirles.

El motivo carece ostensiblemente de fundamento, sólo con reparar en que todos los supuestos agresores sufrieron lesiones, en dos de los casos de extraordinaria gravedad, precisamente de manos de los supuestamente agredidos que, como hasta ahora se ha visto, en el caso de los recurrentes, tuvieron en su poder y usaron armas blancas de elevado potencial lesivo y resultaron ilesos.

Siendo así, faltaría claramente cualquier atisbo de posible concurrencia del primer elemento y condición sine qua non de la circunstancia eximente invocada, es decir, la agresión ilegítima, de manera que este aspecto de la impugnación debe ser igualmente desestimado.

Se ha aducido quebrantamiento de forma, del art. 851,3º Lecrim, porque la sentencia no ha dado respuesta a todas las cuestiones planteadas, en concreto a la alegación de legítima defensa a que se ha hecho mención.

Es cierto que en el escrito de defensa de esta parte se planteó la cuestión que no ha sido atendida de forma expresa en la sentencia. Y es cierto también que existe conocida jurisprudencia que se pronuncia en el sentido que se ilustra en el escrito formulando el recurso. Es decir, sobre la necesidad de que los tribunales examinen y resuelvan las cuestiones planteadas, que en este caso se exige sean de derecho y hayan sido formuladas con claridad (por todas, STS 223/2000, de 21 de febrero).

Ahora bien, existe asimismo conocida jurisprudencia de esta sala que en el caso de situaciones como la que aquí se denuncia, de incongruencia por omisión de un pronunciamiento debido, ha apreciado la validez de la respuesta tácita, en determinadas condiciones. En particular, cuando del desarrollo de la motivación de la sentencia resulte que el tribunal ha tomado en consideración el asunto concreto sometido a su juicio y lo ha hecho objeto de estudio, de manera que quepa entender que bajo la falta de respuesta explícita no hay una simple omisión u olvido, sino una decisión reflexivamente adoptada, pero no suficiente o debidamente expresada (por todas, SSTS 77/1978, de 23 de enero y 417/1998, de 24 de marzo).

El examen de la resolución impugnada y lo que acaba de decirse al tratar del motivo anterior, evidencian que tal es el supuesto que aquí se contempla. En efecto, a lo largo del examen de la prueba y de las consideraciones jurídicas que le siguen, el tribunal ha puesto de manifiesto que la única hipótesis realmente atendible fue la de la agresión por parte de los condenados, cuya intensidad y lamentable eficacia ilustra con extraordinaria plasticidad sobre lo inaceptable de la propuesta de explicación alternativa. Por tanto, se está en presencia de un indudable defecto de expresión de ese aspecto de la decisión en la sentencia, en la que, no obstante, resulta claramente apreciable la ratio decidenci, esto es, la razón en virtud de la cual el tribunal excluyó que hubiera concurrido la circunstancia del art. 20,4ª Cpenal. En consecuencia, el motivo debe desestimarse.

Recursos de Juan Alberto , Montserrat y Carlos José

Este primer motivo se suscita a favor de los tres recurrentes y aparece formulado por infracción de ley, al amparo de lo que dispone el art. 5,4 LOPJ, por vulneración del derecho de presunción de inocencia, al haberse condenado sin el debido sustento probatorio a los dos primeros como autores de un delito de homicidio intentado y al tercero por un delito de lesiones.

En materia de presunción de inocencia, ya se ha dicho cuáles son las exigencias que de este principio se derivan en su calidad de regla de juicio. El recurrente recuerda, además, los conocidos parámetros de valoración de la credibilidad de los testigos, consagrados en bien conocida jurisprudencia de esta sala (ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud y persistencia en la incriminación), para cuestionar que hayan sido tenidos realmente en cuenta por la sala.

En particular, se objeta la decisión de esta última de dar valor a lo manifestado por la lesionada Soledad en el juicio, sin haber tenido en cuenta que antes, ante el instructor (folio 64) había atribuido la autoría de sus lesiones a Juan Alberto , Alfonso (Alfredo ) y los tres hijos de éste. Ahora bien, no puede perderse de vista que, como ya se dijo antes, esa primera declaración, en términos un tanto imprecisos, fue prestada a dos días de los hechos y cuando la testigo se hallaba de forma inmediata bajo el efecto de los traumatismos y de las subsiguientes intervenciones médicas, y, además, sin posibilidad de contradicción; mientras que la tomada en consideración lo fue en el juicio, en el que aquélla fue sometida a un intenso interrogatorio cruzado, a presencia del tribunal, que, así, pudo valorarlo en el contexto de las demás pruebas. Por otro lado, debe repararse en que esa segunda declaración no amplía, sino que, realmente, restringe el número de los imputados, en una actitud que no parece compatible con un ánimo indiscriminadamente culpabilizador. Y, en fin, que, como también se señaló antes, la testigo demostró un particular interés en declarar de forma veraz cuando, pudiendo haber contribuido a reforzar la prueba de cargo contra los agresores de su esposo y de su hija, respondió con franqueza a las preguntas que se le hicieron al respecto que no conocía la identidad de aquéllos.

Así, por lo expuesto, no cabe sino concluir que la sala dispuso de prueba de cargo bien adquirida en el acto del juicio y que la hizo objeto de una valoración racional y expresa. Es por lo que el motivo debe rechazarse.

Lo que se objeta en este caso es la existencia de error de derecho en la calificación de los hechos como constitutivos de un delito de homicidio en grado de tentativa, por lo que se refiere a Montserrat y a Juan Alberto .

Ya se ha hecho referencia al tratar del anterior recurso a los indicadores que reiterada jurisprudencia de esta sala viene tomando en consideración para determinar la posible concurrencia de una voluntad homicida cuando se trata de lesiones que no produjeron la muerte de la víctima.

En este caso el primer dato a tener en cuenta es el de la calidad y localización de los traumatismos y del medio empleado para producirlos. En cuanto a lo primero, vale la pena recordar que se constató una herida penetrante en el tórax, a nivel del 6º espacio intercostal izquierdo, con hemoneumotorax, perforación del riñón izquierdo y del cólon con evisceración, y herida paraespinal izquierda a nivel de la primera vértebra lumbar. Esto es, afectación a zonas anatómicas muy sensibles, cuyo efecto inmediato, de no haber sido por la rapidez de la atención médica, habría sido de muerte, por la incidencia en los mecanismos cardio-circuilatorios y respiratorios, en correcta apreciación del tribunal. Por otra parte, la naturaleza de las heridas confiere plena racionalidad a la atribución de su causa al uso de armas blancas dotadas de notable capacidad de penetración.

Se cuestiona en el recurso la atribución de la autoría a varias personas mediante la utilización a posteriori de la suma total de las actuaciones imputables a cada uno de ellos. Es decir, como si lo producido hubiera sido una sucesión de intervenciones desconectadas entre sí y que no fueran reducibles a unidad de acción sin forzar la realidad de los hechos. Pero no es tal lo que sucedió, como se desprende de los que se han declarado probados. En efecto, los recurrentes actuaron de manera coordinada y simultánea, contribuyendo de forma eficiente y actual al resultado que se conoce. De modo que la suma de factores lesivos no es fruto de una arbitraria opción del tribunal, sino que se dio en el modus operandi de los agresores, ya que todos ellos concurrieron con sus aportaciones, a debilitar la capacidad de resistencia de la víctima y a hacerla más vulnerable.

A lo expuesto se ha de añadir -retomando las mismas consideraciones que se han hecho al tratar de similar delito con ocasión del examen del anterior recurso y remitiendo a la jurisprudencia allí citada- que los tres implicados en esta acción, al incidir con sus armas blancas en las regiones anatómicas que consta, de una persona desarmada, asumieron de forma consciente un alto riesgo concreto, así claramente desencadenado, de acabar con su vida. Pues no cabe duda de que obraron con un conocimiento empírico sobre el particular que está al alcance de cualquiera. De este modo, en contra de lo que se sugiere, en el modo de razonar del tribunal no hay una inadmisible extensión y objetivación de la responsabilidad, sino una ajustada valoración en derecho de lo que significa obrar de manera concorde, realizando acciones de una eficacia lesiva equivalente en daño del mismo bien jurídico. Por eso, la apreciación que hizo la sala de un supuesto de coautoría directa de todos los imputados, con razonado apoyo jurisprudencial, debe estimarse correcta. Así, el motivo debe ser rechazado.

Lo objetado es infracción de ley, de las del art. 849,1º Lecrim, al haberse calificado los hechos enjuiciados como constitutivos de un delito de lesiones, por lo que se refiere a Carlos José . El argumento es que no existe base probatoria en que fundar la atribución a aquél del delito por el que ha sido condenado.

Pues bien, el examen de la sentencia en este punto, pone de relieve que la sala sí contó con prueba de cargo bastante y bien obtenida, puesto que dispuso de la declaración de la víctima, Estefanía , y también de la de su padre. Testigos a los que el tribunal atribuyó credibilidad de forma razonada, por lo ya expuesto al tratar de otros motivos de este recurso, de manera que sólo cabe el reenvío a tales consideraciones, en virtud de las cuales procede asimismo desestimar este motivo.

III.