STS, 11 de Julio de 2003
| Ponente | D. Juan García-Ramos Iturralde |
| ECLI | ES:TS:2003:4932 |
| Número de Recurso | 144/2002 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - CUESTION DE COMPETENCIA |
| Fecha de Resolución | 11 de Julio de 2003 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. PASCUAL SALA SANCHEZD. JUAN GARCIA-RAMOS ITURRALDE
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a once de Julio de dos mil tres.
Visto por la Sala Tercera (Sección Primera) de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, compuesta por los Magistrados expresados al margen, la cuestión de competencia negativa suscitada entre la Sala de lo Contencioso-administrativo (Sección 9ª; recurso 965/01) y el Juzgado Central nº 8 de dicho orden jurisdiccional (procedimiento de derechos fundamentales 4/01) para conocer del recurso contencioso-administrativo, seguido por el procedimiento para protección de los derechos fundamentales, planteado por la representación procesal de D. Miguel Ángel contra la resolución, de fecha 4 de septiembre de 2001, de la Real Federación Española de Balonmano que denegó la solicitud de otorgamiento de la licencia deportiva como jugador nacional o comunitario. Ha sido parte en este incidente el indicado recurrente, representado por el Procurador de los Tribunales D. Antonio Rafael Rodríguez Muñoz.
Trabada cuestión de competencia entre los órganos jurisdiccionales referidos para conocer del recurso contencioso-administrativo asimismo antes expresado, se remitieron las actuaciones a esta Sala, y una vez recibidas, se pasaron a dictamen del Ministerio Fiscal, que lo ha emitido en el sentido de que la competencia discutida corresponde a la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La representación procesal de D. Miguel Ángel , evacuando el trámite que le fué conferido, ha entendido que la indicada competencia corresponde al Juzgado Central.
Por Providencia de 28 de mayo de 2003, se señaló para la votación y fallo de esta cuestión de competencia el 26 de junio pasado, fecha en la que tuvo lugar el expresado trámite.
La presente cuestión negativa de competencia se plantea entre el Juzgado Central nº 8 de lo Contencioso-administrativo y la Sala de igual orden jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para conocer del recurso contencioso-administrativo, seguido por el procedimiento de protección de derechos fundamentales, planteado por la representación procesal de D. Miguel Ángel contra la resolución, de fecha 4 de septiembre de 2001, de la Real Federación Española de Balonmano que denegó la solicitud de otorgamiento de la licencia deportiva como jugador nacional o comunitario.
Esta Sala, en sus sentencias de 18 de junio y 10 de julio del corriente año, al examinar unas cuestiones de competencia similares a la ahora enjuiciada, ha declarado que la competencia discutida corresponde a la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dado lo dispuesto en el artículo 10.1.j) de la Ley de esta Jurisdicción. En dichas Sentencias se dice, en síntesis, lo siguiente: a), conforme establece el párrafo segundo del artículo 30 de la Ley del Deporte 10/1990, de 15 de octubre, "Las Federaciones Deportivas españolas, además de sus propias atribuciones, ejercen, por delegación, funciones públicas de carácter administrativo, actuando en este caso como agentes colaboradores de la Administración Pública", doble posibilidad de actuación ésta (privada y de gestión de intereses públicos) sancionada por la doctrina constitucional -vgr. STC 67/85, de 24 de mayo- y por la jurisprudencia de esta Sala -vgr. Sentencias de 8 de junio de 1989 y de 24 de junio y 5 de octubre de 1998-. b), los acuerdos de las Federaciones Deportivas en relación con las licencias, aun realizados por asociaciones o entidades privadas, son adoptadas por aquéllas en el ejercicio de funciones llevadas a cabo por delegación del poder público (artículo 30 de la Ley del Deporte antes indicado), por lo que no se está, en consecuencia, ante actos procedentes de órganos centrales de la Administración General del Estado en las materias a que se refiere el art. 8.2.b) de la Ley de esta Jurisdicción, ni tampoco ante "actos emanados de organismos públicos con personalidad jurídica propia" o de "entidades pertenecientes al sector público estatal con competencia en todo el territorio nacional", que serían los únicos deferidos, en cuanto aquí importa, a la competencia de los Juzgados Centrales de lo Contencioso- administrativo, según el artículo 9, aps. b) y c) de la referida Ley Jurisdiccional; y c), aun cuando el referido artículo 30 de la Ley del Deporte disponga que "las Federaciones Deportivas españolas, además de sus propias atribuciones, ejercen por delegación funciones públicas de carácter administrativo", no puede decirse que el otorgamiento o denegación de licencias deportivas por las expresadas Federaciones son actuaciones adoptadas por delegación del Consejo Superior de Deportes al no existir delegación de competencias administrativas en los términos regulados en el artículo 13, aps. 1, 3 y 4, de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, debiendo resaltarse que las resoluciones de dichas Federaciones son recurribles en alzada ante el Consejo Superior de Deportes.
Como resulta de lo ya expuesto, la cuestión de competencia de que se trata se refiere a un recurso contencioso-administrativo que tiene por objeto un acuerdo de la Federación Española de Balonmano que deniega el otorgamiento de una licencia federativa, y como dicho acuerdo, dada la doctrina sentada en las sentencias de este Tribunal referidas en el fundamento anterior, no puede entenderse que emana del Consejo Superior de Deportes, la competencia discutida, al no existir una regla competencial específica referida a un acuerdo como el antes expresado, corresponde, como ya se indicó en el mencionado fundamento anterior, a la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en virtud de lo dispuesto en el artículo 10.1.j) de la Ley de esta Jurisdicción.
No procede hacer expresa imposición de costas al no darse los presupuestos establecidos en el artículo 139.1 de la vigente Ley de esta Jurisdicción.
Que debemos declarar y declaramos que la competencia para el conocimiento del recurso contencioso-administrativo referido en el primer fundamento de esta sentencia, corresponde a la Sala de lo Contencioso-administrativo (Sección 9ª) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al que deberán remitirse las actuaciones, y no se hace expresa imposición de costas en este incidente.
Póngase esta resolución en conocimiento del Juzgado Central número 8 de lo Contencioso- administrativo.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fué la anterior Sentencia, en audiencia pública, por el Excmo. Sr. D. Juan García-Ramos Iturralde, Magistrado Ponente en estos autos; de lo que como Secretaria, certifico.-
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