STS, 15 de Junio de 1998
| Ponente | D. JUAN MANUEL SANZ BAYON |
| Número de Recurso | 3918/1994 |
| Procedimiento | RECURSO CASACIÓN |
| Fecha de Resolución | 15 de Junio de 1998 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a quince de Junio de mil novecientos noventa y ocho.
Visto por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida por los señores al margen anotados, el recurso de casación que con el núm. 3918/94 y acumulado 5877/94, ante la misma pende de resolución, interpuesto por las representaciones legales de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid y por la entidad Gorbea de Arrendamientos S.A. contra los autos dictados por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el 26 de octubre de 1993 y 15 de febrero de 1994. en la pieza separada de ejecución del recurso 796 y 796 bis de 1985. No habiendo comparecido ninguna parte como recurrida.
Los autos recurridos, acuerdan que no ha lugar a reponer sendas providencias de 13 de mayo y 1 de julio de 1993.
Notificados los anteriores autos se presentaron, por las parte recurrentes escritos ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid preparando el recurso de casación contra el mismo.
Recibidas las actuaciones, ante este Tribunal, la Sala por auto de 17 de diciembre de 1996, acuerda acumular el recurso de casación 5887/94 al 3918/94, las partes recurrentes, se personaron ante esta Sala y formularon escrito de interposición del recurso de casación, expresando los motivos en que se ampara, solicitando que, dicte resolución casando la recurrida, declarando la improcedencia de la ejecución de la sentencia dictada en estos autos al no ser firme.
Conclusas las actuaciones, para votación y fallo se señaló la audiencia el día TRES DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, en cuyo acto tuvo lugar, habiéndose observado las formalidades legales referentes al procedimiento.
La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia en el recurso núm. 796/85 el 18 de marzo de 1993, anulando parcialmente la licencia de obras otorgada para construir un edificio de nueva planta en la calle Rosario Pino C/v a Capitán Haya, de esta capital, ordenando la demolición de la parte del edificio que según la sentencia invadía espacio libre. Interpuesto recurso de casación contra dicha sentencia, la Sala "a quo" dictó el 13 de mayo de 1993, y el 1 de julio del mismo año, sendas providencias, en las que se tenía por formada la pieza de ejeucción de dicha sentencia, remitiéndose testimonio de la misma al Organismo de procedencia para su ejecución y cumplimiento. Tal providencia fue objeto de recurso de suplica tanto por la Gerencia Municipal de Urbanismo de Madrid como por la entidad Gorbea de Arrendamientos S.A., partes en el proceso, que fue desestimado por el Tribunal "a quo" por autos de 26 de octubre de 1993 y 15 de febrero de 1994 respectivamente a dichas partes, las cuales han interpuestos contra dichos autos recursos de casación números 3978/94 y 5877/94, que han sido acumulados por auto de 17 de diciembre de 1996 tramitándose conjuntamente en estos autos.
El problema aquí planteado por ambas partes recurrentes, en sus respectivos motivos casacionales se reduce a una cuestión ya resuelta por esta Sala, que es la atinente a la posibilidad de ejecución de una sentencia no firme --al estar pendiente de resolución el recurso de casación interpuesto contra ella-- y concretamente, si el Tribunal sentenciador puede acordar de oficio, sin previa instancia de parte la ejeucción de dicha resolución, dado que el articulo 98.1 de nuestra Ley Jurisdiccional dispone que la preparación del recurso de casación no impedirá la ejecución de la resolución recurrida.
Como bien dice el auto de esta Sala de 11 de enero de 1993, la interpretación de dicho precepto, o bien puede atenerse al texto literal del mismo, en el sentido de inferirse que el legislador ha querido apoderar al Tribunal de instancia, de facultades para una ejecución auténtica y definitiva de la sentencia recurrida en casación, o bien puede entenderse el citado precepto, en el sentido de que no nos hallamos ante una ejecución definitiva, de carácter preceptivo o automático para el Tribunal "a quo" sino ante potestades de ejercicio discrecional atribuidas a dichos Tribunales para adoptar, respecto a fallos recurridos en casación, medidas de ejecución provisonales y sujetas al régimen de las de esta naturaleza.
El recurso de casación contencioso administrativo, regulado en la Ley 10/1992 de 30 de abril tiene la misma naturaleza que el del resto de los ordenes jurisdiccionales, al tratarse de un recurso extraordinario --tasado en sus motivos-- contra una resolución no firme, y que proporciona al que lo interpone la posibilidad de modificar el fallo y la situación jurídica reconocida por éste.
Tal como se indica en el referido auto, solo respecto de las sentencias firmes se halla prevista y regulada la ejecución definitiva y automática, --articulo 117.3 de la Constitución, artículos 919 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 104 de nuestra Ley Jurisdiccional. Por ello, solo la firmeza de una sentencia lleva aparejada la ejecución regulada en los artículos 103 y siguientes de la Ley Jurisdiccional Contencioso Administrativo.
Todo lo expuesto es plenamente aplicable a la sentencia cuya ejecución aquí se cuestiona, al no ser firme, por lo que habrá de acudirse al concepto de ejecución provisional o anticipada regulada para la casación civil por los artículos 1722 y 1723 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con su artículo 385, y en base a ello, hemos de recordar que los requisitos de la ejecución provisional son, el impulso de parte, la constitución de fianza o aval bancario suficientes para responder de cuanto hubiere obtenido si se declarase procedente la casación.
La inobservancia de todos o alguno de dichos requisitos, situaría la ejecución acordada en términos semejantes a la ejecutoria de una sentencia firme, lo que no ha sido previsto ni querido por el legislador de la normativa de Ley 10/1992, en cuanto que no ha introducido previsión alguna que disponga que la casación será en un solo efecto.
Por todo ello, y reproduciendo la linea seguida por el citado auto de esta Sala, una ejecución acordada sin previa instancia de parte y la pertinente caución, es claro que infringe el recto sentido del articulo 98.1 no menos que el del 95.1.3 en conexión con el resto del ordenamiento procesal y no se atiene al mandato del articulo 117.3 de la Constitución, por cuanto la potestad de ejecución de lo juzgado ha de ajustarse a las normas de competencia y procedimiento que las leyes establezcan.
La ejecución acordada de una sentencia no firme y estando en curso la tramitación del correspondiente recurso de casación, sin los requisitos establecidos para ello en los artículos 1722 y 1723 en relación con el articulo 385, de la ley de Enjuiciamiento Civil, implica un quebrantamiento de las formas esenciales del juicio, al ser infringidas tales normas que rigen las garantías procesales establecidas para la ejecución provisional de una sentencia no firme, con la correspondiente indefensión para las partes negativamente afectadas por esa ejecución anticipada que ostenta toda ejecución provisional.
Por todo ello, y aunque no sea estimable el motivo primero alegado por Gorbea de Arrendamientos, S.A. en base al articulo 95.1.1º por abuso, exceso o defecto en el ejercicio de la jurisdicción, por cuanto que la Sala "a quo", si es competente para conocer de la materia de ejecución de sentencias, que entra dentro de los limites del ejercicio de su jurisdicción, es procedente estimar los demás motivos alegados por las partes y declarar haber lugar a la casación, ya que se ha apreciado la infracción del articulo 98.1 y 95.1.3 de la Ley Jurisdiccional lo que imponen tal solución, al tratarse también --artículo 102.2 y 3-- de normas reguladoras de la ejecución de la sentencia, y sin perjuicio, a que la parte interesada pueda instar ante la Sala "a quo" la referida ejecución provisional de la sentencia que ha de ser realizada conforme a la normativa referida.
No procede hacer expresa declaración sobre las costas procesales de la instancia debiendo satisfacer cada parte las causadas a su instancia en este recurso, a tenor de lo dispuesto en el articulo 102.3 de nuestra Ley Jurisdiccional.
Que con desestimación del motivo primero de casación aducido por la entidad "Gorbea de Arrendamientos S.A." y con estimación de su motivo segundo y del motivo alegado por la Gerencia Municipal de Urbanismo --Ayuntamiento de Madrid--, debemos estimar procedente y así lo estimamos la casación y anulación de los autos de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 26 de octubre de 1993 y 15 de julio de dicho año, respectivamente, dictados en la pieza separada de ejecución del recurso 796 y 796 bis de 1985, sin hacer expresa imposición de costas en la instancia y satisfaciendo cada parte las causados a su instancia en este recurso de casación, con devolución al Tribunal "a quo" de los citados rollos de las piezas separadas que remitió en su día.
Así por esta nuestra sentencia, firme , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACION.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente, estando la Sala celebrando audiencia pública, de lo que como secretario, certifico.
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