STS, 21 de Junio de 2004
| Ponente | D. AURELIO DESDENTADO BONETE |
| ECLI | ES:TS:2004:4299 |
| Número de Recurso | 5069/2003 |
| Procedimiento | SOCIAL |
| Fecha de Resolución | 21 de Junio de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social |
D. LUIS GIL SUAREZD. AURELIO DESDENTADO BONETED. BENIGNO VARELA AUTRAND. LUIS RAMON MARTINEZ GARRIDOD. JOSE MARIA BOTANA LOPEZD. JESUS GULLON RODRIGUEZ
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintiuno de Junio de dos mil cuatro.
Vistos los presentes autos pendientes ante esta Sala en virtud del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por D. Jose Luis, representado y defendido por el Letrado Sr. Prieto Bujan, contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de 17 de julio de 2.003, en el recurso de suplicación nº 5941/00, interpuesto frente a la sentencia dictada el 19 de octubre de 2.000 por el Juzgado de lo Social nº 3 de Vigo, en los autos nº 330/00, seguidos a instancia de dicho recurrente contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre jubilación.
El 19 de octubre de 2.000 la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia dictó sentencia, en virtud del recurso de suplicación interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 3 de Vigo, en los autos nº 330/00, seguidos a instancia de dicho recurrente contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre jubilación. La parte dispositiva de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia es del tenor literal siguiente: "Que estimando la demanda interpuesta por D. Jose Luis declaro su derecho a percibir la pensión de jubilación reconocida, en cuantía del 100% de una base reguladora de 236.250 ptas. mensuales, sin perjuicio de los límites legales o revalorizaciones en su caso".
La sentencia de instancia, de 19 de octubre de 2.000, dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 de Vigo, contenía los siguientes hechos probados: "1º.- D. Jose Luis, mayor de edad, nacido el 28-2-35, afiliado al régimen general de la seguridad social con el nº NUM000, vino prestando servicios por cuenta de Hijos de J. Barreras, S.A., hasta el 28-2-90 en que se extinguió su contrato, acogiéndose a la jubilación anticipada, por estar afecta la empresa al Plan de Reconversión Industrial y Plan de Reconversión Naval, previsto en el R.D. 1271/84, según expediente de regulación aprobado el 23-3-88. ----2º.- Solicitó el actor pensión de jubilación, que le fue reconocida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social en cuantía equivalente al 82% de una base reguladora, calculada sobre las bases de febrero de 1.988 a enero de 2.000, de 198.902 ptas. teniendo en cuenta 26 años de cotización, y con fecha de efectos de 29-2-00. ----3º.- Interpuesta reclamación previa, se le reconoció por el Instituto Nacional de la Seguridad Social el 100% de la misma base reguladora. ----4º.- La base de los dos últimos años trabajados es de 236.250 pts. mensuales".
El fallo de dicha sentencia es del tenor literal siguiente: "Que estimando la demanda interpuesta por D. Jose Luis declaro su derecho a percibir la pensión de jubilación reconocida, en cuantía del 100% de una base reguladora de 236.250 ptas. mensuales, sin perjuicio de los límites legales o revalorizaciones en su caso".
El Letrado Sr. Prieto Bujan, en representacion de D. Jose Luis, mediante escrito de 17 de septiembre de 2.003, formuló recurso de casación para la unificación de doctrina, en el que: PRIMERO.- Se alega como sentencia contradictoria con la recurrida la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 28 de septiembre de 2.002. SEGUNDO.- Se alega la infracción de la disposición primera, apartado 2º, párrafos 1 y 2 de la Ley 26/1985 de 31 de julio de Medidas Urgentes para la Racionalización de la Estructura y de la Acción Protectora de la Seguridad Social. Disposición Transitoria 3ª , apartado 3, párrafos 1 y 2 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/94, de 20 de junio. Asimismo infracción por no aplicación del artículo 7.1 del Real Decreto 1646/72, de 23 de junio.
Por providencia de esta Sala de 17 de octubre de 2.003 se tuvo por personado al recurrente y por interpuesto el presente recurso de casación para la unificación de doctrina.
No habiéndose personado la parte recurrida, el Ministerio Fiscal emitió informe en el sentido de considerar improcedente el recurso, e instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente, se declararon conclusos los autos, señalándose para la votación y fallo el día 15 de junio actual, en cuya fecha tuvo lugar.
La cuestión que se plantea en el presente recurso consiste en determinar si un trabajador al que se le extinguió su contrato de trabajo en febrero de 1990 y pasó a la situación de jubilación anticipada conforme al plan de reconversión del sector naval, aprobado por el Real Decreto 1271/1984, puede beneficiarse del régimen de cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación previsto en el número 2 de la disposición transitoria primera de la Ley 26/1985 -hoy número 3 de la disposición transitoria tercera de la Ley General de la Seguridad Social-, que permite a los trabajadores comprendidos en planes de reconversión aprobados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 26/1985 acogerse a la legislación anterior a efectos del reconocimiento de las correspondientes pensiones de jubilación. La sentencia recurrida ha entendido que no es posible esta opción por la legislación anterior, porque considera que la misma sólo alcanza a los trabajadores que hubieran cesado con anterioridad a la entrada en vigor de la citada Ley, mientras que la sentencia de contraste, también de la Sala de Galicia, llega a solución contraria en un caso que presenta con el recurrido la necesaria identidad, pues el trabajador, también acogido al plan de reconversión del sector naval, extinguió su contrato de trabajo en 1989 y se le reconoció la pensión de jubilación en 1999.
Esta cuestión ya ha sido resuelta por la Sala en su sentencia de 26 de noviembre de 2003 (recurso 1272/2003), cuya doctrina ha sido reiterada por las más recientes de 17 y 18 de mayo de 2004 (recursos 4737 y 4815/2003). En estas sentencias se establece que el problema se centra en la interpretación de la disposición transitoria tercera , número 3, de la Ley General de la Seguridad Social cuando determina quiénes podrán acogerse a la legislación anterior a la entrada en vigor de la Ley 26/1985, y lo concreta en su apartado primero en los trabajadores que "tuvieran reconocidas, antes de la entrada en vigor de la Ley 26/1985 ayudas equivalentes a jubilación anticipada bien al amparo de planes de reconversión de empresas o de los programas de apoyo al empleo aprobados por Orden de 12 de marzo de 1985", señalando en su apartado segundo que "el derecho establecido en el párrafo anterior alcanzará a aquellos trabajadores comprendidos en planes de reconversión ya aprobados a la entrada en vigor de la Ley 26/1985, de 31 de julio, de acuerdo con las normas citadas en dicho párrafo, aunque no tengan solicitada individualmente la ayuda equivalente a jubilación anticipada". El punto más conflictivo en la interpretación se centra en dilucidar si el párrafo segundo incluye a todos los trabajadores por el solo hecho de encontrarse la empresa incluida en el ámbito de un plan de reconversión en agosto de 1985, que es cuando entró en vigor aquella disposición legal, o si lo que se desprende de dicho párrafo es que ha de tratarse de trabajadores no sólo al servicio de empresas en reconversión, sino incluidos en un expediente de regulación de empleo derivado de aquella reconversión. Esta cuestión debe resolverse en el sentido de entender que aquella previsión legislativa sólo puede alcanzar a aquellos trabajadores desde el momento en que pasaron a ser afectados por un programa de reconversión propuesto por su empresa, pues sólo desde ese momento puede entenderse que el concreto trabajador se había visto afectado por un programa de reconversión y, por lo tanto, incluido dentro de las previsiones de aquel párrafo segundo. En este sentido es cierto que el párrafo segundo de la transitoria mencionada habla de planes de reconversión y éstos se aprueban normalmente para un sector industrial, pero no es menos cierto que no cabe confundir los planes de reconversión con el programa que debe presentar cada empresa con la solicitud de incorporación al mismo y debe ser aprobado por el Ministerio, ni con el momento en que se concreta la aplicación de las medidas laborales de la reconversión a los trabajadores individualmente considerados, siendo a partir de ese momento cuando se puede hablar únicamente de la afectación por un plan de reconversión; razón por la cual debe entenderse aplicable la transitoria con este carácter restrictivo. El párrafo segundo del número 3 de dicha transitoria no es más que una ampliación del primero a fin de que el derecho de opción no sólo alcance a quienes "ya tenían reconocidas ayudas equivalentes a jubilación anticipada", sino también a aquellos trabajadores que aún no las habían solicitado individualmente, y estas ayudas individuales no se reconocían en los planes sectoriales sino a cada empresa y tras la aprobación de cada programa, por lo que el reiterado párrafo segundo sólo se podía referir a aquellos trabajadores que ya habían sido incluidos en un programa específico de reconversión a la entrada en vigor de dicha Ley 26/1985.
Por otra parte, tampoco puede prosperar la afirmación del recurrente en el sentido de que con la interpretación dada por la sentencia recurrida la disposición transitoria tercera 2 de la Ley 26/1985 habría perdido por completo su vigencia a partir del año 1990, cuando, sin embargo, tal disposición se incluyó en la Ley General de la Seguridad Social de 1994. A ello responde nuestra sentencia de 26 de noviembre de 2003, señalando, por un lado, que el artículo 23.3 de ley 27/84 protegía también a los trabajadores que tenían cumplidos solo 55 años en la fecha de cesar en la empresa al amparo de dicha Ley. Por consiguiente, como la Ley 26/85 entró en vigor el 1 de agosto de 1.985, es obvio que en 1 de septiembre de 1.994, fecha de vigencia de la Ley General de la Seguridad Social, (disposición final única), algunos de aquellos trabajadores aun no habrían cumplido los 65 años de edad, y para ellos el párrafo que se comenta seguía teniendo posibilidades aplicativas. Pero, aunque no hubiera sido así, la conclusión no sería la que alcanza el recurrente, sino la de que nos encontraríamos a lo sumo ante un caso de refundición de una norma que habría perdido aplicación práctica, pero que se incluye en el texto refundido porque formalmente no ha sido derogada. Que ello es así lo demuestra que el párrafo primero del número 3 de la transitoria tercera dejó de ser aplicable a partir del año 90. Porque si, de acuerdo con la Ley 27/84, las "ayudas equivalentes a jubilación anticipada" sólo podían solicitarse y concederse a quienes contaban "con sesenta o mas años de edad", y dicho párrafo se refiere exclusivamente a quienes las tuvieran ya reconocidas a la entrada en vigor de la Ley 26/85, es evidente que tales trabajadores habrían cumplido 65 años a mas tardar en 1.990, y por consiguiente tuvieron que jubilarse como máximo en ese año, en que dejaron de percibir tales ayudas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23.1.2 de la propia Ley 27/84. Y, sin embargo, también ese párrafo primero se incorporó a la Ley General de la Seguridad Social, lo que desvirtúa el argumento del recurrente".
Procede, por tanto, desestimar el recurso, de conformidad con lo informado por el Ministerio de Fiscal, sin que haya lugar a imposición de costas (artículo 233.1 de la Ley de Procedimiento Laboral). Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
Desestimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por D. Jose Luis, contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de 17 de julio de 2.003, en el recurso de suplicación nº 5941/00, interpuesto frente a la sentencia dictada el 19 de octubre de 2.000 por el Juzgado de lo Social nº 3 de Vigo, en los autos nº 330/00, seguidos a instancia de dicho recurrente contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre jubilación. Sin imposición de costas.
Devuélvanse las actuaciones y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ,con la certificación y comunicación de esta resolución.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN.- En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Aurelio Desdentado Bonete hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.
