STS, 21 de Abril de 2004
| Ponente | Jaime Rouanet Moscardó |
| ECLI | ES:TS:2004:2607 |
| Número de Recurso | 953/1999 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO CASACION |
| Fecha de Resolución | 21 de Abril de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. PASCUAL SALA SANCHEZD. JAIME ROUANET MOSCARDOD. MANUEL VICENTE GARZON HERREROD. RAMON RODRIGUEZ ARRIBASD. JUAN GONZALO MARTINEZ MICOD. ALFONSO GOTA LOSADA
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintiuno de Abril de dos mil cuatro.
VISTO ante esta Sección de la Sala Tercera el recurso de casación núm. 953/1999, interpuesto por la mercantil "Cargill España, S.A.", representada por el Procurador de los Tribunales D. Carlos Zulueta Cebrián, con la asistencia de Letrado, contra la sentencia dictada en 24 de Septiembre de 1998 por la Sección Sexta de la Sala de esta Jurisdicción de la Audiencia Nacional, en el recurso número 381/1996, sobre liquidaciones de Derechos Reguladores, habiendo comparecido como parte recurrida la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.
La Sala de esta Jurisdicción, Sección Sexta, de la Audiencia Nacional, con fecha 24 de Septiembre de 1998, en el recurso anteriormente referenciado, dictó sentencia con la siguiente parte dispositiva: "FALLAMOS: En atención a lo expuesto, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha decidido: DESESTIMAR el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de CARGILL ESPAÑA, S.A. confirmando la resolución administrativa descrita en el Fundamento Jurídico Primero de esta Sentencia, por considerarla ajustada a Derecho. Sin expresa imposición de costas.
Contra la anterior sentencia, la representación procesal de la mercantil "Cargill España, S.A", preparó recurso de casación y, emplazadas las partes y remitidos los autos, la recurrente lo interpuso mediante escrito fundado en un único motivo casacional al amparo del artículo 95, 1.4º de la Ley de esta Jurisdicción, por infracción del ordenamiento jurídico y de la Jurisprudencia aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, citando como infringidos el art. 153 de la Ley General Tributaria y el art. 47 de la Ley de procedimiento Administrativo, así como las sentencias del Tribunal Supremo de 20-2-1980, 9-6-1986, 24-10-1986, 20-12-1989 y 22-10-1990; terminando por suplicar sentencia en la que se case la recurrida y se declare el derecho de Cargill, S.A a que le sea devuelta la cantidad de 1.938.861.005 pesetas, ingresadas por derechos reguladores en las declaraciones números 3016-84, 85, 86, 87, 97, 98, 99 y 100 de las Aduanas de Tarragona, Cartagena y Bercelona, que amparaban sendas importaciones de cereales, por cuanto: a) siendo las liquidaciones nulas de pleno derecho por proceder de órgano manifiestamente incompetente, es imprescriptible su plazo de impugnación, y b) la devolución fue instada en el plazo de cinco años en que se mantuvo su provisionalidad, por tratarse de exacciones parafiscales; cantidad que deberá ser adicionada de los intereses legales devengados desde las fechas de los ingresos indebidos.
Dado traslado de las actuaciones al Abogado del Estado, presentó escrito de oposición al recurso, formulando los argumentos jurídicos que consideró convenientes a su derecho, suplicando a la Sala dicte sentencia por la que, con desestimación del recurso, confirme en su integridad la recurrida e imponga las costas a la parte recurrente.
Terminada la sustanciación del recurso, se señaló para deliberación, votación y fallo el día 20 de Abril de 2004, fecha en la que tuvo lugar el acto.
La recurrente formula un único motivo casacional, si bien lo fundamenta en diversos argumentos jurídicos, que dialécticamente actúan todos ellos como motivos casacionales, al amparo del artículo 95, apartado 1, ordinal 4º de la Ley Jurisdiccional, según la redacción dada por la Ley 10/1992, de 30 de Abril, de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, concretamente por infracción del artículo 153 de la Ley General Tributaria y el artículo 47 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de Julio de 1958, por haberse dictado las liquidaciones de que se trata por órgano manifiestamente incompetente, fundando esta tesis en que los Decretos 3221/1972, de 30 de Noviembre, de Regulación de las importaciones de productos agrícolas y 2332/1984, de 14 de Noviembre, sobre Derechos para la regulación del precio de los productos alimenticios, que establecieron los órganos competentes para practicar las liquidaciones de dichos Derechos reguladores, dichos Decretos, fueron declarados nulos de pleno derecho por esta Sala Tercera del Tribunal Supremo, lo cual provocó la nulidad de las disposiciones organizativas incluidas en las normas, o sea el que la Administración de Aduanas de Vigo fuera órgano manifiestamente incompetente.
La cuestión planteada en este recurso ha sido abordada por esta Sala en numerosas sentencias, entre otras, las de 30 de Mayo, 21 de Julio, 31 de Octubre y 14 de Noviembre de 2000 y 20 de Diciembre de 2002. Se dice en esta última:
"El grado de invalidez de las disposiciones generales es único: La nulidad absoluta, radical o de pleno derecho, ya se trate de un vicio de forma o sustantivo. En cambio, los actos administrativos singulares pueden incurrir, según los casos, en nulidad de pleno derecho, infracción manifiesta de la Ley, infracción no manifiesta de la Ley, irregularidades no invalidantes y, aparte, errores materiales, aritméticos o de hecho.
De esta distinción se deduce que el grado de invalidez de los actos administrativos singulares es consecuencia de las circunstancias que concurren en su génesis, sin que exista, como pretende la parte recurrente, transferencia o traslación del grado de invalidez (nulidad de pleno derecho) de la disposición general a los actos singulares de aplicación, pues lo contrario entraría en absoluta contradicción con el artículo 120 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que no podría mantener "ex lege" la subsistencia de los actos firmes, toda vez que frente a la nulidad de pleno derecho no puede esgrimirse la firmeza del acto. Esta cuestión ha sido tratada por esta Sala en numerosas sentencias, por ejemplo en la de fecha 9 de Noviembre de 1995 (Rc. Casación nº 7031/1993), de la cual reproducimos su Fundamento de Derecho Sexto:" En el escrito de interposición se mantiene por la mercantil recurrente una tesis jurídica que debe rechazarse. Se trata de la afirmación de que la nulidad de pleno derecho de una disposición general transmite a los actos administrativos que se dictaron a su amparo el mismo defecto de invalidez, o sea, la nulidad de pleno derecho, tesis de la que la mercantil recurrente deduce que las liquidaciones provisionales a que se refiere el presente recurso de casación no han adquirido firmeza, porque frente a la nulidad radical no hay plazo de caducidad para su impugnación o revisión. La premisa mayor de este razonamiento no es válida. Los actos administrativos de liquidación, dictados al amparo de una disposición general nula de pleno derecho, sólo incidirían en nulidad absoluta o radical (de pleno derecho) si en éllos, y sólo en éllos, concurriesen las circunstancias definidas en el artículo 153 de la Ley General Tributaria, que son, a saber: 1º) Los dictados por órganos manifiestamente incompetentes; 2º) Los constitutivos de delito; y 3º) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello, o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. Es evidente que tales circunstancias no se dan en las liquidaciones provisionales a que se refiere el presente recurso de casación, de modo que tales liquidaciones eran simplemente anulables, pero tal pronunciamiento sólo se podía lograr mediante su impugnación en plazo, hecho que no se ha producido, luego devinieron en consentidas y firmes".
"La entidad "Cargill España, S.A." no ha tenido más alternativa que alegar la única circunstancia que no choca frontalmente con la realidad jurídica y es la del "órgano manifiestamente incompetente" (letra a). 1. art, 153 L.G.T.), por darse la circunstancia especial de que los Decretos 3221/1972 y 2332/1984, además de regular la Tasa referida, señalaron los órganos competentes y el procedimiento de liquidación, y, por ello, con habilidad dialéctica indiscutible, alega que, siendo nulos dichos Decretos, son nulas las normas concretas sobre competencia, y, por tanto, las Delegaciones de Hacienda que practicaron las liquidaciones actuaron de modo manifiestamente incompetente. Este es esencialmente el meollo del presente recurso de casación.
La Sala no comparte este argumento, por las siguientes razones: Primera. Reiteramos que los recursos interpuestos contra los Decretos mencionados fueron indirectos, de manera que los únicos actos anulados efectivamente fueron los concretos actos de liquidación impugnados, no los Decretos que, simplemente, no se aplicaron. Segunda. La liquidación impugnada fue dictada e ingresada en los años 1985 y 1986, antes de la resolución de los recursos indirectos (Ss. 30-9-88, 3-11-88, 13-12-89 y 6-3-90, entre otras). Tercera. Los recursos indirectos plantearon la anulación de las liquidaciones, por considerar que los Derechos reguladores de precios agrícolas carecían de cobertura legal, pero no obviamente por incompetencia de las Administraciones de Aduanas. Cuarta. Se ha solido invocar, ante la pretendida nulidad de pleno derecho del Decreto 3.221/72 y del Real Decreto 2332/84, el que la competencia de las Administraciones de Aduanas se hallaba regulada y reconocida en el Real Decreto 489/1979, de 20 de Febrero, por el que se reorganizó la Administración Territorial de la Hacienda Pública, pero tal aseveración no es cierta pues este Real Decreto se limitó a disponer que las Administraciones de Aduanas e Impuestos Especiales tendrían el nivel orgánico de Dependencia, pero sin referirse a sus específicas competencias. No obstante, la invocación a este Real Decreto 489/1979, de 20 de Febrero, es intranscendente, porque como se ha explicado la estimación por esta Sala Tercera de los recursos indirectos interpuestos contra los Decretos 3.221/72 y 2332/84 no implicó nunca el que las Administraciones de Aduanas e Impuestos Especiales hubieran sido órganos manifiestamente incompetentes para liquidar los Derechos reguladores de precios agrícolas. Quinta. Las Administraciones de Aduanas eran, cuando se practicaron las liquidaciones, los órganos jerárquica, funcional y territorialmente competentes. Sexta. Además, hay que resaltar la contradicción en que incurre la mercantil recurrente, pues de una parte ha pedido la devolución a la Administración de Aduanas de Tarragona, Cartagena y Barcelona y de otra pretende que esas mismas Administraciones eran manifiestamente incompetentes para liquidar los actos que ahora discute.
Insistimos en que el argumento esgrimido por "Cargill España, S.A." es hábil, pero no es correcto lógicamente, porque en el fondo lo que pretende es trasladar la nulidad de pleno derecho de los Decretos referidos a los actos singulares firmes a través de la supuesta incompetencia de los órganos liquidadores, incompetencia basada en la nulidad de dichos Decretos, pero no derivada de la contemplación propia de los actos de liquidación y de sus circunstancias concurrentes, pudiéndose afirmar, por el contrario, que las Administraciones de Aduanas eran precisamente los órganos competentes.
Esta Sala Tercera resolvió un caso similar en su Sentencia de fecha 15 de Febrero de 1996 (Rec. de casación nº 7135/93)".
La entidad recurrente invoca a su favor, entre otras, la Sentencia de esta Sala Tercera de fecha 20 de Diciembre de 1989, que reproduce en parte, resaltando los dos siguientes pronunciamientos: El primero es que la nulidad de pleno derecho declarada del Real Decreto 412/1982, de 9 de Julio, por virtud del cual se atribuía a la Inspección de Hacienda las facultades de liquidación de los tributos implicaba la nulidad de pleno derecho de las liquidaciones giradas bajo su amparo; y, el segundo, que la acción procesal para impugnar actos nulos de pleno derecho es imprescriptible.
La entidad mercantil "Cargill España, S.A.", parte recurrente en casación, mantiene que el supuesto fallado en la sentencia de 20 de Diciembre de 1989 es análogo al de autos.
Sin embargo, no existe la pretendida analogía con el caso de autos, por las siguientes razones: Primera. La más importante es que los actos administrativos de liquidación no eran firmes, sino que se encontraban impugnados por la cuestión de fondo, de manera que la declaración de nulidad de pleno derecho del Real Decreto 412/1982, de 12 de Febrero, y de la Disposición Adicional del Real Decreto 1547/1982, de 9 de Julio, se convirtió en un motivo sobrevenido de anulación de los actos administrativos de liquidación. Segunda. En la sentencia citada por la entidad recurrente, se trataba de los efectos de un recurso directo, estimado, que anuló y expulsó del Ordenamiento jurídico las disposiciones generales, bajo cuya normativa se habían dictado los actos de liquidación impugnados, en tanto que en el caso de autos se trata de recursos indirectos, que no anularon las disposiciones correspondientes, sino simplemente las inaplicaron por entender que carecían de cobertura legal. Tercera. En el recurso directo que fue resuelto por la Sentencia de la Sala Quinta del Tribunal Supremo de fecha 24 de Abril de 1984, el objeto del recurso era precisamente la discutida competencia de los Organos de la Inspección de los Tributos, que la parte recurrente (Asociación de Técnicos de Hacienda) entendía que correspondía a las Dependencias gestoras, en tanto que en los recursos indirectos a que se refiere el caso de autos no se planteó cuestión alguna de competencia, sino simplemente la validez o no de los Decretos 3221/1972 y 2332/1984, de los Derechos reguladores de precios agrícolas, de modo que, en las sentencias que resolvieron los recursos indirectos, no hubo pronunciamiento alguno sobre la incompetencia de la Administración de Aduanas para liquidar la Tasa de doblaje, cuestión ésta que ha sido suscitada posteriormente para defender una pretendida nulidad de pleno derecho, por concurrencia de la causa establecida en el artículo 153, letra a) de la Ley General Tributaria. En cuanto a la pretendida imprescriptibilidad de la acción de impugnación de los actos nulos de pleno de derecho, esta Sala Tercera ha precisado que tal carácter sólo es predicable respecto de la acción que se ejercita en vía de la revisión de oficio (artículo 153) de la Ley General Tributaria, pero no cuando se ejercita a través de las reclamaciones económico-administrativas y posterior vía jurisdiccional.
La Sala considera necesario reproducir el compendio de la doctrina jurisprudencial sobre dicha cuestión, que ha llevado a cabo en la sentencia de 2 de Diciembre de 1999 (rec. casación nº 2291/1995): "Pues bien, es cierto que la expresada doctrina, que reclama la imprescriptibilidad y consiguiente ausencia de sujeción a plazo, de la acción impugnatoria, en via jurisdiccional, de los actos administrativos y disposiciones generales, a los que se atribuya vicio de nulidad radical , absoluta o de pleno derecho y por lo tanto insubsanable, ha sido mantenida por esta Sala en Sentencias de 24 de Septiembre de 1980, 15 de Julio de 1983, 25 de Septiembre de 1984, 18 de Abril de 1986, y 15 de Diciembre de 1987, citadas por la Asociación recurrente, e incluso en otras posteriores, como las de 24 de octubre de 1994, 8 de Abril y 7 de Noviembre de 1995, 20 de Febrero de 1996, 1 de Febrero y 16 de Diciembre de 1997.
Sin embargo, es más reiterada y constante la doctrina contraria. Así en Sentencias de 27 de Julio y 25 de Septiembre de 1992, 23 de Noviembre y 7 de Diciembre de 1993, 11 de octubre 2 y 11 de Noviembre, 14 y 16 de Diciembre de 1994, 30 de Junio y 28 de Noviembre de 1995, 4 de Enero de 1996, 5 de Febrero de 1997, y más recientemente en las de 20 de Enero y 6 de Febrero de 1999.
La mayoritaria doctrina jurisprudencial, de la que son muestra las Sentencias relacionadas, puede resumirse diciendo que la imprescriptibilidad de la impugnación de actos o disposiciones administrativas viciadas de nulidad radical sólo se produce en el ejercicio de la acción prevista en el art. 109 de la antigua Ley de Procedimiento Administrativo ( hoy art. 102 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), cuando se ejercita ante la propia Administración, ya que puede serlo "en cualquier momento"; por el contrario, en el caso de acciones jurisdiccionales, el recurrente ha de someterse a los plazos procesales correspondientes, ya ejercite directamente la acción de nulidad ante los Tribunales, ya acuda a ellos contra la resolución denegatoria de la Administración a quien se reclamó que la declarara".
La Sala rechaza el argumento esgrimido por la entidad recurrente.
Desestimado el recurso de casación, procede de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102, apartado 3, de la Ley Jurisdiccional, la imposición de las costas causadas en este recurso.
Por las razones expuestas, en nombre de Su Majestad el Rey y por la potestad de juzgar, que nos ha conferido el Pueblo español en la Constitución,
Desestimar el recurso de casación nº 953/1999, interpuesto por la mercantil "Cargill España, S.A."., contra la sentencia, s/n, dictada con fecha 24 de Septiembre de 1998 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo -Sección Sexta- de la Audiencia Nacional, recaída en el recurso contencioso-administrativo, nº 381/1996, interpuesto por la misma entidad mercantil.
Imponer las costas causadas en este recurso de casación a la parte recurrente "Cargill España, S.A.", por ser preceptivo.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en su caso en el Boletín Oficial del Estado, y, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, D. Jaime Rouanet Moscardó, hallándose celebrando audiencia pública, ante mí, el Secretario. Certifico.
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