STS, 7 de Junio de 2006
| Ponente | JUAN GONZALO MARTINEZ MICO |
| ECLI | ES:TS:2006:4908 |
| Número de Recurso | 2560/2001 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 7 de Junio de 2006 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
RAFAEL FERNANDEZ MONTALVOMANUEL VICENTE GARZON HERREROJUAN GONZALO MARTINEZ MICOEMILIO FRIAS PONCEMANUEL MARTIN TIMONJAIME ROUANET MOSCARDO
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a siete de Junio de dos mil seis.
Visto por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Sección Segunda, constituida por los Excmos. Sres. Magistrados anotados al margen, el presente recurso de casación que con el número 2560/2001 ante la misma pende de resolución, promovido por el Ayuntamiento de Onda y por la Federación Nacional de Asociaciones y Municipios afectados por Centrales Hidroeléctricas y Embalses, representados por Procurador y dirigidos por Letrado, contra la sentencia, de fecha 26 de febrero de 2001, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Séptima, de la Audiencia Nacional, en el recurso de dicho orden jurisdiccional seguido ante la misma bajo el num. 562/2000 . Se ha personado la Administración General del Estado representada y defendida por el Abogado del Estado.
Con fecha 26 de febrero de 2001, la Sala de instancia dictó sentencia , cuyo fallo es del tenor literal siguiente: "Que desestimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal del Ayuntamiento de Onda (Castellón) y de la Federación Nacional de Asociaciones y Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses, contra la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, de fecha 9 de septiembre de 1999, a que la demanda se contrae, la cual confirmamos como ajustada a Derecho. Sin efectuar expresa condena en costas".
Notificada dicha sentencia a las partes, el Ayuntamiento de Onda y la Federación Nacional de Municipios afectados por Centrales Hidroeléctricas y Embalses presentaron ante la Sala de instancia escrito por el que se preparaba recurso de casación y, teniéndose por preparado, se emplazó a las partes para su comparecencia ante esta Sala.
Dentro del plazo concedido los recurrentes formalizaron el recurso de casación. Sometida a deliberación de la Sala la admisibilidad o inadmisibilidad del recurso interpuesto, por Providencia de 4 de junio de 2003 se admitió el recurso interpuesto. Tramitado el recurso en debida forma, señalóse el día 6 de junio de 2006 para su votación y fallo, en cuya fecha tuvo lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Juan Gonzalo Martínez Micó, quien expresa el parecer de la Sala.
En el recurso de casación que enjuiciamos se impugna por los recurrentes la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, Sección Séptima, de fecha 26 de febrero de 2001 , que en sus Fundamentos Jurídicos, en lo que interesa destacar a los efectos del recurso de casación que enjuiciamos, valoró lo siguiente: "TERCERO: La misma sentencia (la del Tribunal Supremo de 15 de enero de 1.998, dictada en recurso de casación en interés de Ley -número 6614/97 ) se ocupó del problema de la sujeción del lecho del embalse, es decir, del terreno inundado. Se señala que según la definición del art. 9.2 de la Ley de Aguas de 1985 , el lecho del embalse es el terreno cubierto por las aguas cuando estas alcanzan su máximo nivel a consecuencia de las máximas crecidas de los ríos que lo alimentan. Y aunque un salto de agua es impensable en principio sin un embalse, y el mismo no es el resultado de un fenómeno de la naturaleza sino que responde a una obra de ingeniería integrada por tres elementos: la presa, el agua embalsada y el terreno inundado; sin embargo, los dos últimos elementos no pueden quedar comprendidos en un sentido técnico jurídico en el concepto de dominio público hidráulico al que se refiere el art. 64 a) de la Ley 39/88 , porque el concepto de dominio ha de ponerse en contacto con el contenido de los arts. 62 y 63 de la propia Ley , de modo que si el agua y el terreno no conforman el suelo, ni una construcción, es obvio que no se está ante la presencia de unos bienes inmuebles de los especificados en tales normas.- Así pues, parece deducir el Tribunal Supremo que el lecho del embalse no puede ser considerado bien inmueble ni urbano ni rústico, por lo que no está sujeto al IBI.- En cuanto a la posible aplicación de la exención prevista en el artículo 64 a) de la Ley 39/88 , la sentencia a la que nos venimos refiriendo, ha declarado la inaplicación de la exención, toda vez que, en el supuesto del artículo 64 a) se exige la nota de publicidad y gratuidad en el aprovechamiento, que no concurre cuando existe una concesión del aprovechamiento o uso privativo del dominio público hidráulico en favor de una entidad mercantil.- De todo lo expuesto la sentencia del Tribunal Supremo concluye que las presas se encuentran sometidas al IBI por constituir bienes inmuebles no exentos del impuesto, que el aprovechamiento mediante concesión no es público ni gratuito, y que el agua y los terrenos inundados no forman parte del inmueble gravado ni están, por tanto, sujetos al IBI. Así lo ha ratificado con posterioridad al Alto Tribunal en sus Sentencias de 21 de enero de 1999, y de 17 y 22 de julio de 2.000 , entre otras, añadiéndose en el segundo Fundamento, in fine, de esta última que "Naturalmente, estas consideraciones son válidas para las situaciones anteriores a la precitada reforma operada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre , de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que introdujo en el art. 62.b).2 de la Ley de Haciendas Locales la consideración de construcciones de naturaleza urbana, expresamente, para los saltos de agua y embalses, incluido el lecho de los mismos".
Contra la referida sentencia los recurrentes en casación, al formular su escrito de interposición, articularon un único motivo de casación, con amparo en el art. 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción 29/1998 en el que denuncian la infracción por la sentencia recurrida de los artículos 61, 62, 63 y 64 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre , reguladora de las Haciendas Locales, así como la doctrina legal sentada por esta Sala en su sentencia de 15 de enero de 1998, recaída en el recurso núm. 6614/97 .
El recurso de casación promovido se dirige únicamente contra el pronunciamiento de la sentencia recurrida en el que se declara no sujeto al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) el lecho del embalse por entender el recurrente que no está exento del citado IBI. La cuestión debatida se centra, pues, en determinar la naturaleza, urbana o no, a los efectos del Impuesto que nos ocupa, de los terrenos inundados por las aguas, esto es, del lecho o "vaso" del embalse, lecho que, según el artículo 9.2 de la Ley de Aguas de 1.985 , es "el terreno cubierto por las aguas cuando éstas alcancen su máximo nivel a consecuencia de las máximas crecidas de los ríos que lo alimentan".
La Sala ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre el extremo relativo a la sujeción del "vaso" de los embalses o presas al IBI y lo ha hecho sentando doctrina legal en dos recursos de casación en interés de ley -los núms. 6614/1977 y 6434/1998- que resolvieron las sentencias de 15 de enero de 1998 y 21 de enero de 1999 respectivamente , cuya tesis ha sido reiterada después en las sentencias de 17 y 22 de julio de 2000 (recursos núms. 6947/1994 y 7474/1994), 9 de junio y 13 de julio de 2001 (recursos núms. 2773/1996 y 4781/1996), 14 de febrero, 29 de mayo y 2 de octubre de 2002 (recursos núms. 1385/1997, 1184/1997 y 7624/1997 ) y, últimamente, en sentencia de 19 de junio de 2003 (recurso núm. 1400/1999 ).
Con arreglo a la doctrina sentada por el bloque jurisprudencial expuesto, correspondiente al marco normativo anterior a la reforma operada en el art. 62. b). 2 de la Ley 39/1988 , reguladora de las Haciendas Locales, por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre , de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, podemos hacer aquí las siguientes consideraciones respecto al problema planteado.
Aunque un salto de agua o un complejo hidroeléctrico es, en principio, impensable sin un embalse y tal embalse no es obviamente, de manera total, un fenómeno espontáneo de la naturaleza, sino el producto de una obra de ingeniería (en la parte conformada por el dique o la presa y demás componentes materiales complementarios), integrada por tres elementos físicamente indisociables -aunque individualizadamente diferenciables y conceptualmente independientes-, como son la presa o dique, el agua embalsada y el terreno inundado por la misma, estos dos últimos elementos -el agua embalsada y el terreno inundado por la misma- no pueden subsumirse ni quedar comprendidos, sin embargo, en un sentido técnico jurídico estricto, en el concepto de "dominio público hidráulico" a que hace referencia la segunda parte del art. 64. a) de la Ley 39/1988 , pues el contenido de tal precepto determina, "a sensu contrario", que cuando se esté ante la presencia de un aprovechamiento público pero no gratuito (como ocurre en los casos de existencia de una concesión administrativa de explotación de toda la estructura industrial del embalse hidroeléctrico), deba concluirse que procede la sujeción de la misma o de tal conjunto al gravamen del IBI, pero con un carácter y alcance exclusivo, reducido a la citada estructura industrial, ya que, en el caso del agua embalsada y del lecho del embalse, para resultar comprendidos en ese dominio público hidráulico sujeto al tributo, sería preciso, como presupuesto de la entrada en juego del citado art. 64. a), no solo que su aprovechamiento fuera, asimismo, y de una manera total, no gratuito, sino también que estuviesen contemplados -uno y otro-, además, conceptualmente, de un modo directo o indirecto, en los casos previstos en los arts. 62 y 63 de la propia Ley 39/1988 (en especial, en los del primero de ellos), de modo que, si el agua y el terreno cuestionados no conforman un suelo, ni una construcción, de las características concretas indicadas en los distintos apartados de dichos preceptos (como así acontece en la realidad, ya que en ellos no se habla de agua embalsada - sobre todo si la misma es la propia del río y demás corrientes confluyentes que nutren el embalse- ni de terrenos ocupados por la misma, ni pueden conceptuarse en consecuencia -el agua y, en concreto, el lecho-, técnica y jurídicamente hablando, como espacios descubiertos, ni como depósitos al aire libre, ni como anejos a las construcciones, por cuanto su estricta naturaleza no admite esas adscripciones calificativas y conceptuales), no resulta factible el poder someterlos, o entenderlos sujetos, al IBI objeto aquí de controversia, pues es obvio que no se está ante la presencia de unos "bienes inmuebles" de los especificados en tales normas, ni, mucho menos, de un dominio público hidráulico susceptible de quedar exento del IBI, al fallar, precisamente, las premisas determinantes, en la normativa reguladora de dicho tributo, del preciso concepto de dominio público hidráulico y de su posterior y potencial exención.
Para que pueda entrar en juego la "exención" del art. 64. a (y, también, del 64. b) de la LHL , referida a lo que constituye el complejo unitario del embalse hidroeléctrico (en el que, como se ha indicado, no pueden quedar incluidos el agua embalsada y el terreno inundado por la misma), ha de estarse ante la presencia de un dominio hidráulico que sea de aprovechamiento público y gratuito; en consecuencia, estando conferida la concesión del uso privativo del embalse hidroeléctrico que aquí analizamos -en el sentido de complejo industrial que se acaba de exponer- a una entidad mercantil, como es, en el caso presente, Hidroeléctrica de Cataluña, S.A., no puede considerarse, aún dando por supuesto que el embalse pueda formar parte del dominio público hidráulico, que su aprovechamiento sea gratuito, pues el hecho de la existencia de tal concesión, en favor de una entidad privada con ánimo de lucro, que explota, como beneficiada en exclusiva, el embalse de autos, elimina toda posibilidad de gratuidad.
En cambio, tanto el vaso o lecho del embalse (lecho que, tal como se infiere del apartado c, en relación con el b, del art. 2 de la Ley de Aguas de 1985 , es no sólo el del antiguo cauce público del río nutriente antes de construirse la presa o el dique sino también el de mayor extensión o superficie generado, después de dicha construcción, por el estancamiento de las aguas embalsadas) como también éstas últimas (en la parte de su caudal no adscrito específicamente al título concesional -parte del caudal que, cuando se trata de "usos industriales para producción de energía eléctrica", continúa siendo, en la práctica, el total del agua-), sí pueden seguir considerándose dominio público hidráulico de aprovechamiento público y gratuito (salvedad hecha de lo que económicamente puedan representar las licencias o autorizaciones, compatibles con la concesión, en su caso necesarias o susceptibles de ser otorgadas), por lo que, no integrando, tampoco, como tales elementos individualizados, unos inmuebles urbanos o rústicos susceptibles de estar sujetos al IBI, es obvio que, en cualquier caso, no sólo no están sujetos a dicho Impuesto sino que, a mayor abundamiento, de entender a los meros efectos dialécticos que sí lo estuvieran, devendrían exentos del mismo.
No estará de más recordar, después de la serie de precisiones que se dejan expuestas acerca de la naturaleza de los lechos de los embalses y del agua embalsada, como carentes de la condición de bienes inmuebles urbanos, que dicha cuestión ha sido objeto de especial atención en la reforma operada por el art. 18, 14º de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre , de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que ha establecido expresamente en el art. 62. b). 2 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales la consideración de construcciones de naturaleza urbana para las "presas, saltos de agua y embalses, incluido el lecho de los mismos".
En consecuencia, la doctrina que se expone en esta sentencia ha dejado de tener vigencia después de la entrada en vigor de la ley mencionada (1 de enero de 1999).
Por las razones expuestas se está en el caso de desestimar totalmente el presente recurso, con la imposición de costas a la parte recurrente, sin que la cuantía de los honorarios del Letrado de la parte recurrida exceda de los 2.500 euros.
Por lo expuesto, en nombre de Su Majestad el Rey y en el ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del Pueblo español, nos confiere la Constitución.
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Onda y por la Federación Nacional de Asociaciones y Municipios afectados por Centrales Hidroeléctricas y Embalses contra la sentencia dictada, con fecha 26 de febrero de 2001, por la Sala de esta Jurisdicción de la Audiencia Nacional, Sección Séptima, recaída en el recurso contencioso-administrativo seguido ante la misma bajo el núm. 562/2000 , con expresa imposición de costas a la parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección que edita el Consejo General del Poder Judicial, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Rafael Fernández Montalvo.- Manuel Vicente Garzón Herrero.- Juan Gonzalo Martínez Micó.- Emilio Frías Ponce.- Manuel Martín Timón.- Jaime Rouanet Moscardó.- Rubricados.- PUBLICACION.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, D. JUAN GONZALO MARTÍNEZ MICÓ, hallándose celebrando audiencia pública, ante mí, el Secretario. Certifico.
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