STS, 30 de Octubre de 1993
| Ponente | JUAN MANUEL SANZ BAYON |
| Número de Recurso | 1052/1991 |
| Fecha de Resolución | 30 de Octubre de 1993 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a treinta de Octubre de mil novecientos noventa y tres.
Visto por esta Sala el presente recurso de apelación interpuesto por la Generalidad de Cataluña contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el 27 de septiembre de 1.990, en su pleito núm. 1433/88. Siendo parte apelada la representación legal de Recreativos Sotorra, S.A.
La sentencia apelada contiene la parte dispositiva del siguiente tenor: "FALLAMOS:Estimamos el presente recurso contencioso administrativo promovido contra la resolución del Departamento de gobernación de la Generalidad de Cataluña a la que se refiere la litis, y la anulamos, por no hallarse ajustada a derecho, declarando igualmente nula y sin efecto la sanción objeto de litigio; sin hacer especial condena en costas."
Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación por el Letrado de la Generalidad de Cataluña que fue admitido en ambos efectos, con remisión de las actuaciones a este Tribunal, previo emplazamiento de las partes, personándose en tiempo y forma como apelante el Letrado de la Generalidad de Cataluña y como parte apelada la representación procesal de Recreativos Sotorra, S.A.
Desarrollada la apelación por el trámite de alegaciones escritas, lo evacuo el Letrado de la Generalidad de Cataluña , por escrito en el que tras manifestar las que estimo pertinentes, terminó suplicando a la Sala, dicte en su día sentencia por la que, estimando en todas sus partes este recurso de apelación, se revoque íntegramente la sentencia recurrida y se declaren ajustadas a derecho las resoluciones recurridas de la Generalidad de Cataluña, objeto de impugnación.
Continuado el mismo por el Procurador Sr. Estevez Fernández-Novoa en representación de la parte apelada , lo evacuó asimismo por escrito en el que tras alegar las que estimó de aplicación, terminó suplicando a la Sala,dicte sentencia desestimando el Recurso de apelación interpuesto por la Generalidad de Cataluña y confirmando la sentencia apelada, con condena en costas a la parte apelante.
Se señaló para votación y fallo el día TREINTA DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES.
En esta apelación se impugna por la representación legal de la "Generalitat de Catalunya" la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 27 de septiembre de 1.990 que apreciando la prescripción de la infracción sancionada por el Departamento de Gobernación de la Generalitat de Catalunya en sus resoluciones de 7 de julio de 1.987 y 4 de julio de 1.988 con una multa de 1.500.000 ptas. y el comiso de lamáquina recreativa.
La temática objeto del presente recurso se limíta exclusivamente al cómputo del plazo de prescripción de las infracciones administrativas y como ya tiene declarado esta Sala en idéntico supuesto en sentencia de 4 de junio de 1.993, si bien no existe una norma jurídica especifica que fije nítidamente la distinción entre caducidad y prescripción, instituciones ambas que responden a la común razón de la presunción de abandono del derecho y de las acciones que son su consecuencia, la prescripción, como limitación al ejercicio tardío del derecho en beneficio de la seguridad jurídica, ha de acogerse en aquellos supuestos en que la Administración, por inactividad o laxitud, deja transcurrir el plazo máximo legal para ejercitar su derecho a exigir o corregir las conductas ilícitas administrativas, como así lo tiene declarado estas sentencias de 24 de marzo de 1.988 y 24 de mayo de 1.991 entre otras.
Sostiene la Administración apelante que en virtud de la delimitación contenida en los artículos 6 y 28 CP, las faltas administrativas que sean sancionadas con multa superior a 30.000 ptas. han de considerarse equiparadas a los delitos a los efectos de los términos de prescripción aplicables por el artículo 113 CP e incluidos dentro de la previsión del plazo de cinco años contenido en el párrafo 4º de dicho artículo aplicable a los delitos a los que que se señale cualquier otra pena, más tal alegación ha de ser rechazada pues tras una vacilante línea jurisprudencial sobre el plazo prescriptivo de las infracciones administrativas, la Sala Especial de Revisión de esta sentencia de 6 de abril de 1.990, vino a clarificar el tema, sancionando como correcta la tesis del plazo único prescrito de dos meses para todas las infracciones administrativas que no tengan en su regulación específica sobre esta materia señalado otro plazo distinto de prescripción, afirmando, categóricamente que ha de seguirse el criterio interpretativo de atenerse al plazo de prescripción previsto para las faltas en el artículo 113 CP, allí donde el legislador no ha previsto plazo especial, pues con ello se trata de evitar que cada Tribunal al resolver tenga que efectuar una apreciación subjetiva sobre la gravedad de la infracción, atendiendo por el contrario a un elemento objetivo y razonable, doctrina, además, que es expresión de una línea jurisprudencial apoyada en el artículo 25 de la C.E. y acorde con los principios de legalidad, tipicidad y proporcionalidad que materializan el principio de seguridad jurídica implícito en la institución de la prescripción, al no distinguir entre el carácter leve o grave de las infracciones administrativas allí donde el legislador no ha establecido un plazo especial de prescripción.
Por consiguiente, el instituto de la prescripción deviene aplicable n el campo del ilícito administrativo, pues, en otro caso, se producirían situaciones incompatibles con la seguridad jurídica y discriminatorias en supuestos en los que el reproche es menos intenso que en el ámbito penal, y, sin distingos de clase alguna, cuando no existe norma especifica al respecto -cual como acontece en el presente caso- procede el cómputo del plazo de dos meses establecidos en el CP para las faltas, aplicándose también dicho plazo de prescripción cuando el procedimiento administrativo se paraliza, más de dos meses, pues la prescripción opera asimismo cuando una vez incoado el procedimiento, el mismo queda paralizado durante el indicado plazo por culpa o no imputable al interesado, procediendo en consecuencia la desestimación del recurso de apelación deducido por la Generalidad de Cataluña y la confirmación de la sentencia apelada.
No se aprecia la concurrencia de las circunstancias exigidas por el artículo 131.1º de la Ley Jurisdiccional Contenciosa Administrativa a efectos de realizar una expresa declaración respecto de las costas producidas en la presente apelación.
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la Generalidad de Cataluña, contra la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 27 de septiembre de 1.990, dictada en el recurso núm. 1433/88, la que confirmamos y ratificamos, sin hacer expresa imposición de costas.
Así por esta nuestra sentencia, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente, el Excmo. Sr. D. Juan Manuel Sanz Bayón, en Audiencia Pública, celebrada en el mismo día de su fecha.- De lo que certifico.
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Consideraciones sobre las actuaciones previas y su incidencia en el procedimiento administrativo sancionador y en las garantías del administrado
...reservada a que se refiere el artículo 134-2 de la Ley de Procedimiento Administrativo, interrumpe el plazo de prescripción. 23 STS 30 de octubre de 1993 (RAJ 8018). 24 Véase sTsJ castilla La mancha ͕͖ de junio de ͖͔͔͔ ȋrJcA ͖͔͔͔Ȁ͖͖͔͔ȌǤ Documentación Administrativa 214 a d CONSIDERACIONES S......