ATS, 18 de Febrero de 2003
| Ponente | D. IGNACIO SIERRA GIL DE LA CUESTA |
| ECLI | ES:TS:2003:1813A |
| Número de Recurso | 2540/2000 |
| Procedimiento | Inadmisión |
| Fecha de Resolución | 18 de Febrero de 2003 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
AUTO
En la Villa de Madrid, a dieciocho de Febrero de dos mil tres.ANTECEDENTES
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- El Procurador D. Roberto Sastre Moyano, en nombre y representación de FIOL LÓPEZ, S.A., presentó ante esta Sala escrito de interposición de recurso de casación, contra la sentencia dictada, con fecha 19 de abril de 2000, por la Audiencia Provincial de Cádiz, Sección Segunda, en el rollo 211/1999 dimanante de los Autos nº 718/1996 del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Jerez de la Frontera.
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- Entregadas las actuaciones al Ministerio Fiscal, éste las ha devuelto con la formula "Visto".
HA SIDO PONENTE EL MAGISTRADO EXCMO. D.Ignacio Sierra Gil de la Cuesta
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- Es criterio constante de esta Sala, desde que la Ley 10/92 dio al art. 1687-1º LEC su actual redacción, que la excepción final del art. 1687-1º b) LEC se aplica con carácter previo al incidente de fijación de cuantía previsto en el párrafo segundo del art. 1694 de la misma Ley Procesal y como excluyente del mismo. Por tanto sólo habrá lugar a tal incidente cuando las sentencias de primera y segunda instancia no sean conformes de toda conformidad, ya que, de serlo, el acceso a la casación queda cerrado inicialmente o de raíz. Precisando más, se añade, en primer lugar, que dicha excepción rige también si el juicio, por voluntad de las partes, se ha seguido como de cuantía totalmente indeterminada pese a ser determinable y, en segundo lugar, que la conformidad o disconformidad entre las sentencias de ambas instancias ha de resultar de la comparación de sus respectivos fallos, no de su fundamentación jurídica (así, AATS 7-4-98 en recurso 4372/97, 19-5-98 en recurso 1038/98, 9-6-98 en recurso 1719/98 y 16-6-98 en recurso 1225/98). Como ya se ha dicho, tal criterio se aplicó desde el momento mismo de la entrada en vigor de la Ley 10/92 incluso a recursos de casación preparados antes de dicho momento pero interpuestos después, y el Tribunal Constitucional desestimó los recursos de amparo interpuestos contra dos Autos que así lo hicieron (AATS 4-3-93 y 15-4-93 en recursos nº 1669/92 y 1883/92 respectivamente) en SSTC 202 y 231/94; e idéntico criterio han seguido en fase de decisión las sentencias de esta Sala de 29-2-96, 30-3-96, 12-4-96, 23-5-96, 26-7-96, 23-10-96, 18-11-96, 31-3-97, 17-4-97, 28-5-97, 22-7-97, 7-10-97, 22- 10-97, 24-10-97, 27-11-97, 22-12-97, 3-3-98, 12-3-98, 3-6-98, 7-7-98, 15-7-98, 28-9-98, 9-10-98, 4-12-98, 31-12-98, 2-2-99, 5-2-99, 27-2-99, 1-3-99, 29-6-99, 26-7-99, 28-2-2000 y 27-3-2000.
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- Dicho criterio aparece corroborado tanto por la STC 5/96, a cuyo tenor la aplicabilidad de dicha excepción final no cede ante el dato de que el afianzamiento exigido para acceder a la ejecución provisional de la sentencia sea superior a seis millones de pesetas (F.J. 2º), como por la STS 27-11-97, que en virtud de la citada excepción final declaró inadmisible el recurso de casación del que conocía pese a que la Audiencia, tras dictar sentencia íntegramente confirmatoria de la apelada y presentarse por el apelante escrito preparatorio de la casación, había abierto en su día el incidente del art. 1.694 II LEC y señalado la cuantía como superior a seis millones de pesetas, línea que se reitera en las SSTS 8-5-98 y 29-12-98, mientras que la aplicabilidad de la citada excepción final como previa y preferente al art. 1694 II se destaca en las SSTS 5-2-99 y 7-6- 99.
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- Además el rigor de la inadmisibilidad fundada en la citada excepción final no hace más que acentuarse en la jurisprudencia de esta Sala, que la declara aunque de las actuaciones pueda desprenderse que los intereses económicos en debate exceden de seis millones de pesetas (SSTS 22-7-97, 12-3-98, 21-11- 98, 27-11-98, 3-12-98, 24-4-99, 11-6-99, 26-6-99, 1-7-99, 22-7-99 y 26-7-99).
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- Examinado el presente recurso de casación con arreglo a lo anteriormente razonado procede inadmitirlo por aplicación de la regla primera del art. 1710.1,2ª, en relación con los arts. 1697 y 1687-1º b) LEC, porque la sentencia que se intenta recurrir en casación confirmó íntegramente la de primera instancia en un juicio declarativo ordinario que se siguió, desde un principio, como de cuantía indeterminada, puesto que en la demanda que inicia el procedimiento, instada por la parte hoy recurrente, no se determinó la cuantía del procedimiento, dado que la reclamación económica que se contiene en el suplico, en concepto de indemnización, habría de cuantificarse en trámite de ejecución de sentencia, cuestión no discutida por la parte demandada en su contestación en la que tampoco se efectúa referencia alguna a la cuantía del procedimiento, que se siguió, como se ha dicho, íntegramente como de cuantía indeterminada, máxime cuando además las partes nada manifestaron sobre la cuantía del procedimiento en el acto de la comparecencia (Folio 300), lo que supone su conformidad con la misma, sin que aparezca dato alguno en las actuaciones que permitan inferir una cuantía superior a los preceptivos 6.000.000 ptas., no siendo posible una extemporánea determinación de la cuantía litigiosa alegando en la interposición del recurso, que la cuantía del procedimiento aunque indeterminada es superior a seis millones de pesetas, máxime cuando el juicio se inició en el año 1.996, es decir, varios años después de haber entrado en vigor la reforma de la casación civil llevada a cabo por la Ley 10/92, y, por tanto, sabiendo ya ambas partes, o debiendo saber, que una eventual conformidad de las sentencias de ambas instancias les cerraría por igual el camino de la casación.
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- Procediendo por tanto la inadmisión del recurso las costas deben imponerse a la parte recurrente, con pérdida del depósito constituido, de conformidad con lo establecido en el art. 1710.1.1ª de la LEC.
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- NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Procurador D. Roberto Sastre Moyano, en nombre y representación de la entidad mercantil FIOL LÓPEZ, S.A. contra la Sentencia dictada, con fecha 19 de abril de 2000, por la Audiencia Provincial de Cádiz (Sección 2ª).
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- DECLARAR FIRME dicha resolución.
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- Imponer las costas a la parte recurrente, CON PÉRDIDA DEL DEPÓSITO CONSTITUIDO.
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- Y remitir las actuaciones al órgano de su procedencia.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, de lo que com Secretario, certifico.
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ATC 27/2008, 28 de Enero de 2008
...del testamento del causante. Se interpuso recurso de casación por los hermanos Sar Romero, que fue inadmitido por Auto del Tribunal Supremo de fecha 18 de febrero de 2003. Igualmente, a instancia de don José Luis Castiñeiras Lires, se tramitó ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de C......