STS, 24 de Abril de 1997
| Ponente | JAIME ROUANET MOSCARDO |
| Número de Recurso | 6947/1992 |
| Fecha de Resolución | 24 de Abril de 1997 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veinticuatro de Abril de mil novecientos noventa y siete.
Visto por la Sección Segunda de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo el recurso de apelación nº 6947/92, interpuesto por la representación procesal de Dª Estela contra la sentencia dictada, con fecha 23 de abril de 1992, por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, desestimatoria del recurso de dicho orden jurisdiccional número 115/90, promovido contra desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto contra liquidaciones giradas por el Ayuntamiento de El Sauzal -que ha comparecido en esta alzada como parte apelada-, por el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos.
En la indicada fecha de 23 de abril de 1992, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dictó sentencia en el recurso de dicho orden jurisdiccional número 115/90, con la siguiente parte dispositiva: "FALLAMOS: Desestimar, sin apreciar causa de inadmisibilidad, el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación de Doña Estela contra el acto impugnado al ajustarse el mismo a Derecho, sin expresa condena en costas".
Contra la citada sentencia, la representación procesal de Dª Estela interpuso el presente recurso de apelación que, admitido en ambos efectos, ha sido tramitado por esta Sala conforme a las prescripciones legales; y, formalizados por las dos partes personadas sus respectivos escritos de alegaciones, se señaló para votación y fallo la audiencia del día veintitrés del corriente mes de abril, fecha en la que tuvo lugar el acto.
La cuestión esencial planteada en las presentes actuaciones se contrae a dilucidar si la transmisión de la finca de autos está sujeta al Impuesto controvertido, en atención al dato técnico jurídico de que, al tiempo del devengo, año 1988, el terreno en que se ubica estaba calificado de "suelo de reserva urbana", por el planeamiento vigente.
Esta Sala tiene reiterado, como doctrina interpretativa especialmente válida para después de la entrada en vigor del Real Decreto 3250/1976 de 30 de diciembre, que no todos los predios situados en el ámbito territorial de un municipio están sujetos a este Impuesto, que tiene como soporte el suelo urbano o el urbanizable programado o el que vaya adquiriendo tal clasificación conforme a las normas urbanísticas porque, en definitiva, la sujeción, o no, al Impuesto viene determinada, a tenor de lo establecido en el artículo 350.2 del Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril -que era el vigente al tiempo del comentado devengo-, no por circunstancias de hecho, sino por la clasificación y calificación urbanísticas del terreno en el momento de la transmisión o hito final del período impositivo.
Asimismo, la pretensión de que se aplique el último párrafo del citado precepto -"o que vayanadquiriendo esta última condición, la de suelo urbanizable programado, con arreglo a lo dispuesto en la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana"- exige una serie de requisitos, destacados por la jurisprudencia de esta Sala, reconducibles, en esencia y especialmente, al dato -constatado- de que ese "ir adquiriendo" constituya, de presente, ya, una expectativa o vocación inmediata de transformación o de clasificación o reclasificación en la categoría específica, reseñada, de "suelo urbanizable programado".
Y, en el presente caso, de los datos que obran en las actuaciones de instancia resulta que el 19 de diciembre del año 1988, fecha del devengo, el suelo era de "reserva urbana" en virtud de lo previsto en el Plan General de Ordenación Urbana de 29 de enero de 1973, y que, en fecha 18 de octubre de 1988, el Secretario del Ayuntamiento de El Sauzal certifica que, según los datos y demás antecedentes obrantes en la Secretaría, resulta que las Normas Subsidiarias del Planeamiento de dicho Municipio se encuentran en redacción por el Arquitecto D. Carlos , por lo que quedarán sujetas a las mismas las previsiones urbanísticas de la Corporación.
En consecuencia, y de acuerdo con lo declarado por esta Sala en sentencia, entre otras, de 22 de abril de 1991, 11 de febrero, 1 de abril y 14 y 15 de mayo de 1992 y 4 de noviembre de 1994, es evidente que, en el caso de autos, la finca transmitida no está sujeta al Impuesto, como alega la apelante, habida cuenta que:
El artículo 350.2 del Real Decreto Legislativo 781/86 se está refiriendo al Texto Refundido de la Ley del Suelo aprobado por el Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, sobre Régimen del Suelo y ordenación Urbana, cuya disposición Transitoria primera establecía la obligación de adaptar los Planes generales de Ordenación vigentes entonces, en el plazo de cuatro años, a partir de la entrada en vigor de la Ley 19/1975, de 2 de mayo -de Reforma de la Ley del Suelo-, a las disposiciones del mencionado Texto Refundido; y, transcurridos dicho plazo y las dos prórrogas de un año -respectivamente concedidas por los Reales Decretos 544/1979, de 20 de febrero, y 990/1980, de 3 de mayo-, se creyó necesario completar el régimen transitorio del Planeamiento - hasta el momento en que, en cada caso, se aprobaren los nuevos Planes de Ordenación- mediante la publicación del Real Decreto-Ley 16/1981, de 16 de octubre, con el fin de fijar con carácter general los criterios que, con arreglo a los estrictos principios de la Ley del Suelo, habían de tenerse en cuenta para la determinación del régimen que corresponde a cada tipo de suelo.
Pues bien, cierto es que el artículo 3 del referido Real Decreto-Ley establece que "se consideran como suelo urbanizable los terrenos que, no reuniendo las condiciones señaladas en el artículo anterior, ni estando incluidos en la correspondiente delimitación del suelo urbano, se encuentren clasificados como urbanos o de reserva urbana en los Planes Generales", pero más cierto es, también, que ese término urbanizable que emplea el precepto transcrito no es bastante para hacer nacer la obligación tributaria de autos, que requiere, a tal efecto, que el terreno urbanizable reúna, además, la condición de programado, ya que, para alcanzar esta última categoría, con la consecuente sujeción al Impuesto aquí controvertido, se precisa que ese nivel de urbanizable, o sea, de suelo apto en principio de ser urbanizado -pero nada más-, actualice, ya, esa mera posibilidad o grado aditivo de programado, mediante la correspondiente aprobación de un Plan Parcial o de un Programa de Actuación urbanística (según los artículos 84 de la Ley del Suelo y 45 del Reglamento de Gestión urbanística de 1978).
Esta Sala ya ha dejado dicho, al respecto, que "el mero hecho de que los terrenos objeto del arbitrio están clasificados como suelo de reserva urbana no supone en forma alguna que tengan la condición de solar y ni siquiera de suelo urbanizable programado", pues "es necesario precisamente que se lleve a cabo la programación y se apruebe definitivamente el correspondiente programa, estando hasta ello (el suelo) sometido a verdaderas limitaciones en orden al uso y a las facultades de disposición, al igual que los terrenos clasificados como suelo no urbanizable (según los artículos 86 de la Ley del Suelo y 45 del citado Reglamento de Gestión urbanística)". Y "estas limitaciones justifican la no sujeción al Impuesto cuestionado, máxime cuando la base imponible ha de ser reflejo de un aumento de valor en razón a la realidad urbanística y no a meras conjeturas o hipótesis abstractas o indeterminadas cuantitativamente".
Como en el presente supuesto no ha resultado acreditada la existencia de un Plan Parcial o de un Programa de Actuación urbanística del que derive la programación del terreno considerado como meramente urbanizable, procede estimar el recurso, sin que haya méritos para hacer una expresa condena en costas.
Por lo expuesto, en nombre de Su Majestad el Rey y por la potestad que nos confiere el pueblo español,
Que, estimando el presente recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Dª Estela contra la sentencia dictada, con fecha 23 de abril de 1992, por la Sala de lo contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, debemos revocarla y la revocamos, y, en su lugar, con anulación de las liquidaciones controvertidas, declaramos que la transmisión de la finca de autos no está sujeta al Impuesto impugnado. Sin costas.
Así por esta nuestra sentencia, firme, que se publicará en su caso en el Boletín Oficial del Estado, y se insertará en la Colección Legislativa y definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, D. Jaime Rouanet Moscardó, hallándose celebrando audiencia pública, ante mí, el Secretario. Certifico.
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