STS, 11 de Febrero de 2008
| Ponente | JESUS SOUTO PRIETO |
| ECLI | ES:TS:2008:2511 |
| Número de Recurso | 1306/2007 |
| Procedimiento | SOCIAL |
| Fecha de Resolución | 11 de Febrero de 2008 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a once de Febrero de dos mil ocho.
Vistos los presentes autos pendientes ante esta Sala en virtud de recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Abogado del Estado en nombre y representación del MINISTERIO DE DEFENSA, frente a la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, de fecha 10 de enero de 2007, dictada en el recurso de suplicación número 3863/05, formulado por Dª Silvia y otros, contra la sentencia del Juzgado de lo Social número 10 de Sevilla de fecha 27 de junio de 2005 dictada en virtud de demanda formulada por Dª Silvia, D. Rafael, D. Aurelio, D. Simón y Dª Marí Trini frente al MINISTERIO DE DEFENSA en reclamación de cantidad.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. JESÚS SOUTO PRIETO
Con fecha 27 de junio de 2005, el Juzgado de lo Social número 10 de Sevilla, dictó sentencia en la que consta la siguiente parte dispositiva: "Que desestimando la demanda interpuesta por Dª Silvia, D. Rafael, D. Aurelio, D. Simón y Dª Marí Trini".
En la citada sentencia se han declarado probados los siguientes hechos: "PRIMERO: Los actores prestan servicios, como personal laboral, para el Ministerio de Defensa, estando todos ellos destinados en el Hospital Militar. SEGUNDO: Como consecuencia de la reestructuración de la red sanitaria el Hospital Militar Vigil de Quiñónez deja de formar parte de la citada Red, habiéndose procedido por la Dirección General de Personal a reubicar provisionalmente a los actores en otros puestos de trabajo, así la Sra. Silvia pasa a desempeñar sus funciones en el Museo Marítimo Torre del Oro, el Sr. Simón, el Sr. Aurelio y la Sra. Marí Trini en la Residencia Militar de Acción Social de Estudiantes "San Hermenegildo" de Sevilla y el Sr. Rafael en la I.T. Intervención núm. 8. TERCERO: El Acuerdo Administración-Sindicatos para el período 2003-2004, para la modernización y mejora de la Administración Pública, aprobado por el Consejo de Ministros de 15 de noviembre de 2002 y publicado en el BOE núm. 276, de 18 de noviembre de 2002, establece en el Capítulo XIX, letra a) que durante la vigencia del Acuerdo se destinarán 29,57 millones de euros a medidas retributivas de carácter singular que tengan como objetivo la mejora de los servicios públicos de acuerdo con el Anexo. Indicándose que "estas medidas se orientarán, en primer lugar, al aumento de la productividad, la armonización horaria y la ampliación del horario de apertura de los servicios con atención al público. Se incluyen también las medidas para favorecer la movilidad de los funcionarios públicos. En segundo lugar se dirigirán a la mejora de la eficacia en la prestación de los servicios y de la eficiencia en la utilización de los recursos humanos. Se racionalizarán para ello las retribuciones complementarias del personal funcionario y laboral, de manera que la movilidad voluntaria de los empleados públicos tienda a ordenarse en función de las necesidades organizativas de la Administración". Estableciéndose en el Anexo una partida de 1.300.000 euros para "incentivos a la movilidad. Mejorar la cobertura en los servicios prioritarios, abonando al personal trasladado dentro de la localidad o área metropolitana 1.200 euros por una sola vez y 2.400 euros dentro de la provincia". Siendo la finalidad de las medidas. CUARTO: Los actores presentaron en diciembre de 2004, en la Delegación de Defensa de Sevilla, sendas solicitudes, con valor de reclamación de previa, de abono de la cantidad de 1.200 €, con motivo del traslado de su puesto de trabajo, habiendo sido las mismas expresamente desestimadas."
La citada sentencia fué recurrida en suplicación por Dª Mª Valme Jiménez Hernández, en nombre y representación de Dª Silvia y otros, dictándose por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, sentencia con fecha 10 de enero de 2007, en la que consta la siguiente parte dispositiva: "Que debemos estimar el recurso interpuesto por Dª Silvia, D. Rafael, D. Aurelio, D. Simón y Dª Marí Trini, contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 10 de Sevilla, de fecha 27 de junio de 2005, recaída en autos promovidos a su instancia contra el Ministerio de Defensa en reclamación de derecho y cantidad y revocando la sentencia condenamos al Ministerio de Defensa a abonar 1.200 euros a Dª Silvia, 1.200 euros a D. Rafael, 1200 euros a D. Aurelio, 1.200 euros a D. Simón y 1.200 euros a Dª Marí Trini.
El Abogado del Estado, en nombre y representación del Ministerio de Defensa, mediante escrito presentado el 30 de marzo de 2007, formuló recurso de casación para la unificación de doctrina, en el que: PRIMERO.- Se alega como sentencia contradictoria con la recurrida la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de fecha 13 de diciembre de 2004 (recurso nº 759/2004). SEGUNDO.- Se alega la infracción de los arts. 37.1 de la Constitución y 82 y ss del Estatuto de los Trabajadores, en relación con el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de noviembre de 2002 (publicado en el BOE de 18 de noviembre de 2002).
Por providencia de esta Sala, se procedió a admitir a trámite el citado recurso, y no habiéndose impugnado, pasaron las actuaciones al Ministerio Fiscal, que presentó escrito en el sentido de estimar la improcedencia del recurso. E instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente, se declararon conclusos los autos, señalándose para votación y fallo el día 6 de febrero de 2008, en el que tuvo lugar.
En la sentencia que es objeto del presente recurso se estima el recurso de suplicación formulado por la parte demandante frente a la sentencia de instancia, que desestimó la pretensión actora de que se le abonara la cantidad de 1.200 euros en compensación por el traslado de instalaciones de que el trabajador fue objeto. Y todo ello en aplicación de lo dispuesto en el Acuerdo Administración y Sindicatos para la modernización y mejora de la Administración Pública 2003-2004 en relación con la movilidad dentro del área metropolitana. Dicho traslado afectó a los trabajadores demandantes pasando del Hospital Militar de Sevilla a nuevos destinos en la ciudad.
Recurre la parte demandada en casación para la unificación de doctrina, proponiendo como sentencia de contraste, a los efectos de abordar el juicio de contradicción, la sentencia dictada por la Sala homónima de Burgos de 13 de diciembre de 2004. Dicha sentencia confirma la de instancia que había desestimado la demanda de una trabajadora del Ministerio de Defensa que reclamaba el mismo concepto de incentivo por traslado de 1.200 euros que se reclama en el caso de autos, con base en el mismo Acuerdo entre Administración y Sindicatos.
Parece evidente la identidad de supuestos, tanto en los hechos como en los fundamentos y pretensiones esgrimidas en las sentencias sujetas a comparación, alcanzándose sin embargo fallos contradictorios, ya que mientras en la sentencia de contraste se confirma el fallo de instancia desestimatorio de la pretensión de la actora, por entender que el Acuerdo que establece el referido incentivo de traslado no era directamente aplicable por sí mismo sino que requería un ulterior desarrollo por parte del Gobierno, tal como se establece en el capítulo XVIII del repetido Acuerdo, en cambio la sentencia recurrida confirma el fallo estimatorio de la instancia por entender que se trata de una norma que por su claridad no precisa desarrollo alguno.
Como quiera que en los primeros recursos llegados a esta Sala (2098/06, 289/06 y 1462/06 ) nada se expresaba, ni en la recurrida ni en los hechos de la de instancia, sobre la razón de haber instruido acerca de la procedencia del recurso de suplicación pese a la evidente falta de cuantía, esta Sala al resolver los indicados recursos (sentencias de 27/9/07, 14/3/07 y 28/6/07, respectivamente) estimó de oficio la nulidad de actuaciones por apreciar la incompetencia funcional del Tribunal de Suplicación por razón de la cuantía. Pero posteriormente se recibieron recursos en los que ya se hacía referencia a una notoria afectación general, aunque sin explicación alguna al respecto, y en otros, como ocurre en el presente caso, se dice expresamente (Fundamento Jurídico cuarto de la sentencia de instancia): "En atención a la petición formulada por las partes, por razón de la afectación general de la medida, de que se concediera pie de recurso se accede a lo solicitado conforme permite el art. 189.1.b) LPL." En consecuencia, debemos cambiar el criterio seguido en las tres sentencias a que se aludió anteriormente y aceptar que la cuestión tenía acceso al recurso de suplicación por razón de afectación general, pues el complemento de traslado regulado en el citado Acuerdo, con vocación de aplicación a un gran número de personas, presenta un indudable componente de generalidad, que en este caso, no sólo no ha sido puesto en duda por las partes litigantes sino que, como hemos visto, las propias partes afirman y el Juez recoge. Por otra parte, en este momento ya es notoria para la Sala la existencia de múltiples demandas sobre la misma cuestión ante los Juzgados de lo Social y elevado también el número de asuntos pendientes de recurso de casación para la unificación de doctrina.
En este sentido nos hemos pronunciado ya en las recientes sentencias de 29 de noviembre de 2007 (R. 2885/06), de 17 de enero de 2008 (R. 4914/06) y de 23 de enero de 2008 (R. 786/07 ).
En trance de resolver sobre el fondo del asunto, debe señalarse que la parte recurrente denuncia la infracción de los arts. 37.1 de la Constitución Española y art. 82 y ss. del E.T., en relación con el Acuerdo Administración-Sindicatos para el período 2003-2004, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de Noviembre de 2002 (BOE de 18 de Noviembre de 2002).
El objeto de la discusión se circunscribe a determinar si el incentivo de movilidad por traslado es o no directamente aplicable sin necesidad de actuación alguna al respecto por parte del Gobierno.
A este respecto entendemos que la unificación de doctrina debe producirse en favor de la tesis estimatoria mantenida en la sentencia que se recurre, puesto que si no se discute el traslado del actor en las condiciones que se fijan en el capítulo II del repetido Acuerdo y dentro de los Incentivos para la Modernización y Mejora de la Administración Pública (año 2003-2004) especificados en el ANEXO de ese Acuerdo figura un incentivo a la movilidad, como medida para mejorar la eficacia de los servicios y la eficiencia en la utilización de los recursos humanos, consistente en el abono, por una sóla vez, de 1.200 euros al personal trasladado dentro de la localidad, claro es que los elementos determinantes de la percepción están perfectamente delimitados en el caso del actor, sin que sea necesaria acción alguna gubernamental para hacerlo efectivo, y la mención genérica contenida en el Capítulo XVIII, relativa a que "el Gobierno promoverá las medidas necesarias para la ejecución de lo previsto en el presente Acuerdo" no puede referirse a ninguna acción que varíe lo pactado sino tan solo a las medidas necesarias (presupuestarias, técnicas, administrativas...) para que se cumplan y ejecuten los Acuerdos alcanzados.
Como dice el Ministerio Fiscal en su informe: ".... el incentivo a la movilidad está especificamente detallado en su cuantía, como hemos visto, por lo que, a diferencia de otros incentivos [que figuran en cuantías globales] no parece que necesite de ninguna medida complementaria" para su efectividad.
Todo ello comporta la desestimación del recurso interpuesto por la Abogacía del Estado, procediendo imponerle las costas de este recurso.
Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
Desestimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Abogado del Estado en nombre y representación del MINISTERIO DE DEFENSA, frente a la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, de fecha 10 de enero de 2007 dictada en el recurso de suplicación nº 3863/2005. Con costas.
Devuélvanse las actuaciones a la Sala de lo Social del Órgano Jurisdiccional correspondiente,con la certificación y comunicación de esta resolución.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN.- En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Jesús Souto Prieto hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.
